Un comisario sin derecho

La Cámara del Crimen condenó a René Derecho por un caso de torturas de 1988

 

Después de 31 años de idas y vueltas, la Cámara del Crimen condenó al ex comisario René Derecho por las torturas que, junto a otro policía, le aplicaron a un detenido en el Departamento Central de Policía para que incriminara a su abogado.

La decisión fue tomada por dos de los jueces de la Sala V de la Cámara, Hernán Martín López y Ricardo Matías Pinto. Su colega Rodolfo Pociello Argerich votó en disidencia. Se trata de un caso por el que el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2007.

 

El caso

Francisco Bueno Alves era artesano, trabajaba con mármol y en 1988 arrancó una transacción de compraventa inmobiliaria con una pareja. Terminó mal y se cruzaron denuncias por estafa. Cuando finalmente habían acordado desistir la operación, la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal (PFA) hizo un allanamiento en el estudio de su abogado, Carlos Pérez Galindo, y se los llevó a los dos detenidos.

Abogado y cliente fueron trasladados en la noche del 5 de abril de 1988 al Departamento Central de Policía. Terminaron en la División de Estafas, que estaba a cargo del comisario Norberto Cándido Ruiz.

Derecho y otro policía que no lograron identificar empezaron a hostigar a Bueno Alves para que declarara en contra de Pérez Galindo. Derecho le pegó en el oído con la mano ahuecada. Su compañero lo golpeaba en el estómago y le apoyó un arma en la sien. Le dijo que lo iba a matar. Todo sucedía ante los ojos de otro de los integrantes de la brigada, Horacio Oscar Soto, que le decía a Bueno Alves que declarara si quería dormir esa noche en casa.

Los golpes le rompieron el tímpano a Bueno Alves y le dejaron una hipoacusia moderada. En ese momento, él pidió que lo atendieran por el dolor de estómago. Tenía una úlcera y los policías no le dejaban tomar su medicación.

Días después, Bueno Alves denunció los golpes en el oído. Esa demora y la imposibilidad de los peritos para establecer la fecha exacta de la herida en el oído fueron los argumentos que tomó la jueza de primera instancia para absolver a los policías en marzo de este año.

“En la sentencia impugnada se ha efectuado una errónea valoración de las diversas declaraciones prestadas por la víctima”, sostuvieron los camaristas en un fallo que se conoció a fin de la semana pasada.

 

Las penas

López y Pinto consideraron que tanto Derecho como Soto debían ser condenados por las torturas a Bueno Alves, a quien también durante su detención insultaban por ser de nacionalidad uruguaya.

Según consignaron los jueces, el delito de imposición de torturas puede ser penado con un rango que va desde ocho a 25 años, pero decidieron darles las penas más bajas por no tener antecedentes penales y por el tiempo que insumió el proceso. A Derecho lo condenaron a nueve años y a Soto, a ocho. Dispusieron que, cuando esté firme la sentencia, se los detenga inmediatamente.

Ruiz tuvo más suerte. Los camaristas sostuvieron la absolución que había dictado la jueza Ángeles Gómez Maiorano. “Ninguna de las evidencias del legajo permiten sostener con la certeza que el dictado de una condena demanda que Ruiz determinó al personal a su cargo cometer el delito de tortura”, escribieron.

 

Una larga travesía

Bueno Alves denunció su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1994. En 2006, el caso fue girado a la Corte. El Estado argentino reconoció responsabilidad por no haber investigado y sancionado a quienes habían torturado al artesano.

En 2007, la Corte Suprema había declarado la prescripción de la causa, pero cuatro años más tarde ordenó que se reanudara el proceso – en sintonía con un fallo de la Corte IDH.

Derecho siguió haciendo carrera hasta 2004, cuando el entonces Presidente Néstor Kirchner ordenó una purga policial. Participó de la represión de diciembre de 2001 y tuvo vinculación con la masacre de Floresta. En abril de 2004, Derecho subió hasta la jefatura de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA para reemplazar a Jorge “Fino” Palacios, desplazado por un supuesto vínculo con los secuestradores de Axel Blumberg. A Derecho el cargo le duró un par de semanas. Tuvo mejor suerte con la justicia.

 

 

 

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