Un Conurbano sin obras

Las posturas de las jefaturas comunales ante la paralización dispuesta por el gobierno nacional

 

Cada marzo, al igual que en el Congreso y en la Legislatura bonaerense, los municipios inauguran las sesiones ordinarias de sus Concejos Deliberantes con el discurso de quien esté a cargo de la Intendencia, en los que es habitual un balance de lo realizado en el año. Sin embargo, esta vez fue diferente: el común denominador fue la preocupación por la cantidad de obras que quedaron inconclusas a partir del plan motosierra que bajó desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Así, el titular del PEN, Javier Milei, se llevó todas las diatribas salvo en municipios no peronistas, casi excepcionales, como San Isidro o Vicente López, los más ricos.

En los más pobres, como la sureña Florencio Varela, el intendente Andrés Watson mandó a poner carteles que anuncian que las obras han sido paralizadas por las políticas nacionales.

 

 

Desde la zona norte, el intendente de Pilar embistió directo contra el plan de ajuste: “No van a convencernos de que el ajuste que propone el gobierno nacional es el único camino. En sólo 90 días, el gobierno nacional tomó medidas que afectan a la gente, pero en Pilar no miramos para otro lado. Vamos a poner el hombro para acompañar a cada vecino que lo necesite”.

Federico Achával se refirió a la proyectada casa de altos estudios: "El gobierno decidió poner freno al nacimiento de la Universidad Nacional de Pilar, el sueño colectivo más importante de la historia de nuestro distrito. Si piensan que con una resolución de espaldas a la gente van a frenarlo es que no conocen al pueblo de Pilar, vamos a defenderla".

Achával abordó un tema que no suele formar parte de las atribuciones de las comunas al garantizar “el acceso a los medicamentos a toda persona que tenga prescripción médica y no pueda pagar. En las dificultades, es con más Estado y no con menos. Queremos salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas".

 

 

No es un tema menor: las ventas en farmacia se desplomaron 39% anual, a precios constantes; llevan una baja de 42,4% en los primeros dos meses del año, en relación con ese periodo de 2023. En el contraste intermensual, descendieron 8,8%, según estadísticas empresariales.

También en la zona norte, desde Tigre, Julio Zamora hizo valer la relegitimación de su desempeño para anunciar cómo se harán cargo del nuevo contexto. En una visita a la obra del Hospital de Alta Complejidad de Adultos, con más de 2.700 metros cuadrados de hormigonado, detalló: “Es una primera etapa que iniciamos con fondos íntegramente municipales”. Agregó que, si bien hay un “proceso inflacionario muy complicado”, desde Tigre, “esta obra se complementará con el trabajo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires en el Hospital de General Pacheco”.

En otro momento, al inicio del ciclo lectivo, llamó a poner en valor la educación pública. Días después de que el temporal se llevara el techo de siete escuelas, en una recorrida con la concejal Gisela Zamora, anticipó: “Estamos culminando dos escuelas nuevas y refacciones en otras”, al tiempo que hacía foco en el incremento de la matrícula del sistema educativo público.

Sin embargo, el problema que vislumbra como más serio es el de la inseguridad, ya que “la crisis genera condiciones para un aumento de los índices delictivos”. En una entrevista con el medio provincial La Tecla, criticó: “La crisis económica y la exclusión generan condiciones que pueden significar un aumento en los índices delictivos. Lo hemos comprobado”.

Sobre el recorte del fondo destinado a la Policía, precisó: “La decisión del Poder Ejecutivo de crear el FOFOFI para Buenos Aires tuvo origen en una injusta retribución salarial que venían padeciendo los agentes provinciales, además de contribuir al fortalecimiento de seguridad de los municipios, por ejemplo, con paradas seguras (que, en una clara discriminación del Ministerio de Transporte del gobierno anterior, en Tigre no aportó ninguna). La quita de ese fondo puede tener impacto en las políticas de seguridad. Con el actual gobierno nacional no hemos tenido la posibilidad todavía de establecer una mesa de discusión. Con la provincia venimos trabajando con buenos resultados”.

En cambio, a su vecina de Vicente López, Soledad Martínez (Juntos por el Cambio), no le quedó otra opción que cuestionar la gestión del gobernador, para alinearse con el gobierno nacional: “Los argentinos pidieron un cambio y desde el distrito vamos a acompañar las ideas que sean beneficiosas para todos”, a la vez que le bajó el tono a la crisis social y económica: “No vamos a echarle culpas a un gobierno que asumió hace tres meses”, dijo este jueves.

Más sugerente fue el párrafo donde adelantó: “Los intendentes podemos y tenemos que hacernos cargo de la educación de nuestros municipios”. Lo dijo luego de destacar que “la mayor parte de los recursos del municipio son propios, producto de la recaudación de tasas municipales. No dependemos de la coparticipación ni de la voluntad del gobernador de turno para llevar nuestro plan de gobierno”.

Soledad Martínez fue la única candidata del Conurbano que no afrontó internas y concilió los apoyos de Mauricio Macri, Horacio R. Larreta y Patricia Bullrich.

 

Soledad Martínez, de Vicente López.

 

Quien puso la cuestión presupuestaria en su contexto nacional fue Mayra Mendoza, desde Quilmes, cuando este martes advirtió que los problemas presupuestarios que enfrenta la provincia son consecuencia de la desigual distribución establecida por la coparticipación: “Los bonaerenses somos quienes más recursos generamos, pero los más discriminados. Somos el 38% de la población del país y aportamos el 40% de los recursos coparticipables, pero se nos devuelve sólo un 22%”. Por eso consideró “imprescindible que los intendentes, legisladores y la comunidad defendamos la posición de nuestro gobernador para lograr una justa recuperación de fondos. No en detrimento de otra provincia, pero sí en defensa de los bonaerenses”.

Con la autoridad que le da ser el segundo gobierno quilmeño que revalida su mandato y el primero que lo hace superando el 50% de los votos, la primera mujer en lograrlo, con mil obras en su haber, se refirió a los efectos de estos primeros meses: “Si el gobierno continúa, por instrucción del FMI, con el ajuste sanguinario sobre las provincias, sobre los municipios y sobre el pueblo, los años que se vienen serán muy difíciles para resolver las tareas pendientes”.

Frente “al brutal ajuste del gobierno de Milei”, resaltó la cantidad de proyectos posibles, recurriendo a fondos municipales, provinciales y de organismos internacionales. Ratificó su decisión de continuar con el plan de pavimentos, de infraestructura deportiva y la construcción de una bajada de la autopista en Ezpeleta.

Como “parte de una nueva generación política”, llamó a construir una nueva mayoría popular ante los problemas estructurales: “Salgamos a escuchar y a hablar en todos los barrios, con cada vecino y vecina. Demos cuenta de lo que pasa en cada club, en cada escuela, en cada fábrica, en cada parroquia, en cada centro de estudiantes y en cada plaza”.

 

 

 Cerca de allí, el más longevo de los barones, Juan José Mussi, planteó: “Estamos sumamente preocupados por las obras iniciadas con fondos nacionales. Pasaron dos meses y no tenemos noticias. Hemos tenido gobiernos opositores que nos llamaron y nos dijeron ‘esto no se va a hacer’, pero nos llamaron”, y enumeró las iniciativas en espera: “El Centro Cívico de El Pato; la Escuela Técnica Profesional; la Secundaria 46; las .1400 viviendas del Plan Procrear, la Universidad en Berazategui; el Polo Tecnológico, y la repavimentación de Camino General Belgrano”. Enfatizó: “No llegan fondos nacionales, como el Fondo de Fortalecimiento. ¿Qué vamos a hacer con los que tienen hambre? Los fondos de seguridad no llegan; los fondos coparticipables no llegan, no llegan fondos para la obra pública”. Y entreabrió una puerta al diálogo: “Hubiéramos acompañado al gobierno en todo aquello que no perjudicara a los ciudadanos; pero cuando perjudican a nuestros vecinos, alzamos la voz”.

 

 

 

En uno de los pocos distritos no peronistas, como San Isidro, donde la familia Posse perdió una administración que llevaba más de cuatro décadas, aquella gestión se llevó las críticas de su sucesor Ramón Lanús: “No imaginábamos este grado de abandono”, resumió.

El nuevo intendente detalló este miércoles que encontró a la ciudad “muy comprometida” con una deuda de más de 8.000 millones de pesos y una caída de los ingresos de más del 25% por el atraso en las tasas. Detalló: “En 2023 la inflación fue del 211% y el ABL, que es el ingreso más importante del Municipio se ajustó un 85%. Así se retrasó el valor real de la recaudación”. Por eso, la semana anterior había anunciado un aumento de tasas para este mes del 45%.

Su discurso concitó el mayor rebote cuando se refirió al festival internacional Lollapalooza: “En 2023, generó ingresos por 20 millones y gastos por 60”, aunque con “un centenar de entradas de cortesía para funcionarios municipales”. A partir de ahora planea recaudar 200 millones.

Más preocupante fue su señalamiento de que “funcionarios cargaban nafta en sus autos y usaban las cuentas de las patrullas; patrulleros VIP se encargaban de custodiar casas; las denuncias de ventas de droga eran enviadas a un correo electrónico no oficial…”.

No obstante, también expresó: “Nos esperan meses turbulentos y haremos lo que esté a nuestro alcance para que transcurran en paz y amortiguar la crisis, pero también haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar y aprovechar, desde San Isidro, lo bueno de este cambio de época”.

 

 

El mismo miércoles, desde Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi apuntó al recorte, en palabras de Milei. “Para hacer una Argentina distinta, es imposible cambiar con los mismos de siempre. Y nos encontramos con que los mismos de siempre, los que pusieron a la Argentina de rodillas en 2001 y endeudaron al país de manera catastrófica y criminal entre 2015 y 2019 van a hacer las cosas distintas, pero seguro harán cosas parecidas”.

Recalcó que de “los recursos de este año, el 88% son propios y el 12% producto de la coparticipación, pero no hay forma de sostener la inversión pública que ha hecho el gobierno en los últimos años”. Señaló que “las consecuencias de los primeros 90 días de gobierno son la paralización de 27 obras; se han paralizado 1078 viviendas”, y hay “3.284 millones de deuda de la nación con el municipio”.

Luego de enfatizar el “deterioro de los más vulnerables”, indicó que “el gobierno (nacional) no entrega alimentos”, por lo que “hay que estar atentos a la situación social de manera que el municipio pueda sostenerlo”. Para el cierre planteó: “Es muy difícil de planificar en función de los indicadores económicos, de la deuda que va generando la nación con la coparticipación de la provincia, el abandono de la obra pública. Repartir agua en Villa Inflamable se ha dejado de hacer, ojalá podamos reordenarlo. Seguimos sosteniendo que los mejores años de la gestión fueron los doce con Néstor y Cristina”.

 

 

 

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