Un cuento de locos

La subasta de la Villa 31: venta de tierras públicas para seguir tomando deuda

 

Hace pocos días, un artículo del periodista Ari Lijalad en El Destape filtró la noticia de la probable subasta de las tierras donde hoy se asienta el Barrio Carlos Mugica (Villa 31-31 bis).[1] Salvo algunos medios alternativos, la prensa no se hizo eco de un hecho que revela a las claras el método puesto en práctica por el gobierno amarillo que consiste en usar a la Ciudad de Buenos Aires como un fastuoso botín para los negocios inmobiliarios. Nos estamos quedando sin tierra pública. No quedan reductos para construir escuelas, clubes, destacamentos, hospitales, institutos de enseñanza o lo que fuera necesario para el bien de todos los ciudadanos de la ciudad. Ahora parece tocarle a la Villa 31. En esta nota revelamos el entretejido detrás del cual se esconden negocios espurios para beneplácito de los amigos del poder.

 

El entramado amarillo

El Estado Nacional tomó deuda por 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar parcialmente la construcción del Paseo del Bajo. Esta obra, que el intendente de la ciudad a ultranza quiere terminar antes de las elecciones de 2019, vincularía la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Ilia.

La obra del tramo A le fue adjudicada a CorsanCorviam Construcciones S.A por $1.500 millones. Tiempo después el Gobierno de la Ciudad anuló esa concesión por las sospechas de pago de coimas a cambio de obras públicas en América Latina por parte de su firma controlante, la española IsoluxCorsán. Transfirió la responsabilidad del proyecto a Autopistas Urbanas SA (AUSA), empresa privada con mayoría accionaria de la Ciudad de Buenos Aires desde 2007, cuyo CEO es Carlos María Frugoni, un integrante de la llamada “Barra del Newman”. A AUSA, múltiple beneficiaria de la obra pública en la ciudad, se le acaba de prolongar la concesión —octubre de este año— hasta en 2049, treinta años más.

El tramo B fue adjudicado a Green-CEOSA por $1.600 millones. Green. S.A.,de Carlos Arroyo y Carlos Amprino, tiene contratos de la Ciudad por un total de $ 5.395 millones, (entre ellos, los sectores 6 y 3 del barrio Papa Francisco y el viaducto del Ferrocarril San Martín).

El tramo C, el más caro de todos, está en manos de la empresa IECSA por $3.100 millones que, al momento de la adjudicación, pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del Presidente Maurizio Macri. El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado por irregularidades en la licitación para beneficiar a IECSA, empresa que hoy comparten el primo Calcaterra y Marcelo Mindlin. La denuncia fue presentada por Cecilia Segura Rattagan, a cargo de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Las maniobras denunciadas, tal como reveló Lijalad en El Destape, están vinculadas a la manipulación del proceso de licitación para que Calcaterra y Mindlin se quedaran con el tramo más jugoso de la obra, un negocio de más de 3.000 millones de pesos. El caso será investigado ahora por una fiscalía anticorrupción, por lo que “Rodríguez Larreta tendrá que poner a funcionar todo su aparato de blindaje mediático para tapar este escándalo.” [2]  La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (anticorrupción), que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez. Además de Rodríguez Larreta, fueron denunciados el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia, el presidente de AUSA Carlos María Frugoni y la jefa de compras de AUSA Natalia Bustos.

 

Más deuda para proyectos faraónicos

El 23 de noviembre de 2018, el Gobierno de la Ciudad firmó un convenio con el Estado Nacional donde la Ciudad de Buenos Aires se obliga a absorber 175 millones de dólares de la deuda de 400 millones tomada por el Estado Nacional. Como contraprestación, la Agencia de Bienes del Estado (AABE) le transfiere al Gobierno de la Ciudad 12 predios costeros que suman unas 87 hectáreas. Entre ellos se encuentran los ocupados por el Barrio Carlos Mugica (Villa 31 y 31 bis, 35,5 hectáreas; el barrio Containera (3,8 hectáreas) creado a partir de las viviendas nuevas de familias relocalizadas del Barrio Carlos Mugica; y, entre otros, los predios del Mercado Nacional de Hacienda (30,4 hectáreas).

Con el objeto de absorber estos 175 millones de dólares de deuda, el gobierno de Larreta presentó el Proyecto de Ley N° 3.504-J-2018 con el fin de:

  • Solicitar a la Legislatura tomar deuda por dicho monto.
  • Pedir autorización para vender a través del procedimiento de subasta pública las 86,7 hectáreas que el Estado Nacional le transfirió en compensación a los 175 millones de dólares que la ciudad absorbe.
  • La solicitud de autorización para vender los predios del Barrio Carlos Mugica y el Barrio Containera se hace sin realizar ninguna mención en relación a que dichos predios serían destinados para la regularización dominial a favor de las familias de dichos barrios. La autorización de venta de los predios de estos barrios violaría la Ley Nacional N° 27.453 que reconoce el derecho a la integración socio-urbana de estos Barrios y el derecho de las familias a la regularización dominial de sus viviendas. Mismos derechos que son reconocidos por la Ley de la Ciudad N° 3.343.

A tener en cuenta: la subasta pública no es un mecanismo de adjudicación de terreno para vivienda única y familiar en un proceso de integración socio-urbana de Barrios Populares, donde la tierra se entrega a quién la habita y no a quién oferta más dinero.

 

Otra vez Werthein

Gracias a la Ley N° 5.558 (2016), se autorizó la venta de los predios del Tiro Federal. Esta venta obligó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a otorgarle a la Asociación Tiro Federal Argentino, en un usufructo, 15 hectáreas de la Costanera Norte por 75 años. Lo que significó una gran pérdida de un pulmón de espacio verde tan necesario para la ciudad atiborrada de cemento.

Para legitimar la venta del Tiro Federal y conseguir los votos de la oposición en la Legislatura, la Ley N° 5.558 había establecido que el 20% de la venta del Polígono A del Tiro Federal debía destinarse para la re-urbanización del Barrio Carlos Mugica.

Sin embargo, el Polígono A fue vendido en subasta pública el 20 de noviembre de 2018 por 151,5 millones de dólares ($5.600 millones) a la familia Werthein, entre otros. Cabe recordar que Gerardo Werthein es un acaudalado empresario, traficante inmobiliario y presidente del Comité Olímpico Nacional.[3] El modo de pago es en cómodas cuotas en pesos (¡) hasta completar el valor total recién a los 24 meses una vez concluida la subasta. Ergo: ese dinero no estará disponible para la supuesta reurbanización de la Villa 31.

Esto explica la ominosa venta de tierras que está realizando en estos días el gobierno de la Ciudad con ayuda de una legislatura donde el partido gobernante tiene mayoría. Por un lado, el gobierno de la ciudad se endeuda por U$ 175 millones para financiar parte del llamado Paseo del Bajo. Por el otro y para saldar esa deuda, solicita autorización a la Legislatura para poner en venta 80 hectáreas , (la mayoría de ellas linderas a la costa del Río) de las cuales más de 30 le pertenecen al proceso de integración social y urbana del Barrio Carlos Mugica, ex Villa 31-31 bis.

 

 

Hasta el día 5 de diciembre pasado se estaba discutiendo en la Legislatura qué hacer con el Barrio Carlos Mugica. El siniestro proyecto de subasta establecía fehacientemente que el destino de los suelos de la ex Villa 31, uno de los asentamientos más grandes y conflictivos de la ciudad, pasaría a manos de la especulación inmobiliaria a través de remate público.

Frente a las protestas masivas de los habitantes del Barrio, presentes en dicha reunión de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, el bloque del PRO decidió modificar el articulado. La nueva fórmula exceptúa de la subasta pública a los predios necesarios para la re-urbanización, pero sin identificar cuáles son. El PRO se reserva la facultad de determinar cuáles predios no se venden y quedan para el barrio y cuáles se subastan. Plena incertidumbre para las familias que deberán seguir resistiendo para que el mercado inmobiliario se apropie de sus suelos con el apoyo del gobierno. Sea como fuere, la resolución deja todo en aguas de borrajas. De todo este aquelarre se puede inferir lo siguiente: todos los rimbombantes anuncios anteriores de buena voluntad en materia de urbanización de Villas quedan al descubierto. Cuando la tierra es rentable, la gente no importa. Cuando la tierra es rentable, bien vale satisfacer el deseo de la especulación inmobiliaria y venderle a los amigos tierras caras en cómodas cuotas.

 

Conclusión

  1. La ciudad de Buenos Aires bajo Rodríguez Larreta toma una deuda de U$ 175 millones para financiar el Paseo del Bajo, una obra de amigos y parientes del presidente Maurizio Macri: IECSA, Calcaterra, Mindlin.
  2. Por otra parte, Rodríguez Larreta subasta tierras públicas de gran valor, por ahora 50 hectáreas.
  3. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de destinar los ingresos que obtuvo por la venta del predio del Tiro Federal (151,5 millones de dólares) para no tomar deuda por 175 millones de dólares a cambio de tierras nacionales, decide destinar el monto restante (80%) para subsidiar la infraestructura del Parque de la Innovación en el mismo Barrio de Núñez, en el Polígono C del Tiro Federal, que será un predio privado y no público.
  4. Es decir, se toma deuda para financiar obras faraónicas sumamente costosas (Paseo del Bajo) construidas por empresarios amigos del gobierno, se pone en venta más tierra pública para financiar la obra (Catalinas Norte 2) y saldar la deuda subastando dominio público (las más de 50 hectáreas referidas).
  5. Un cuento de locos.

 

 

Agradecemos al Observatorio del Derecho a la Ciudad

Y a la invalorable investigación de la arquitecta Sandra Inés Sánchez, Investigadora del Conicet.

 

 

[1] https://www.eldestapeweb.com/villa-31-el-plan-larreta-y-macri-subastarla-beneficio-calcaterra-y-mindlin-n52839

[2] Ari Lijalad, “Paseo del Bajo: denunciaron a Rodriguez Larreta por los beneficios para Mindlin y Calcaterra”

https://www.eldestapeweb.com/paseo-del-bajo-denunciaron-rodriguez-larreta-los-beneficios-mindlin-y-calcaterra-n52016

[3] Véase nuestra nota “Blanco en el corazón del negocio. A Gerardo Werthein se le hace agua la boca” en este sitio: https://www.elcohetealaluna.com/blanco-en-el-corazon-del-negocio/

6 Comentarios
  1. Charly dice

    Vos querés que la tierras públicas se regalen al que las ocupa?
    No sé entiende la nota. Es un poco tendenciosa.

  2. Miguel dice

    Muy bueno el artículo , quería consultar si están al tanto de la entrega de los «Certificados de Vivienda en Barrios Populares» que entrega el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ahora «coordinada «por Desarrollo Social , en dónde tiene ALTÍSIMA PARTICIPACIÓN ABEE) y cómo se relacionaría con la venta de terrenos de «villas» a privados o el destino de éstas a la especulación/negocio inmobiliario.

  3. Gabriela Massuh dice

    Cecilia, gracias por tu comentario.
    Respecto de Ausa, en la nota se dice lo que es: una empresa privada con mayoría de acciones del estado.
    Un abrazo

  4. Cecilia Alvis dice

    Exp 2907 -J- 2018-12-04
    MODIFÍCASE LA LEY Nº 3060, (TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY Nº 5666), CONCESIÓN AUSA.-

    Buen día Diputados/as y amigos/as

    Mi nombre es Cecilia Alvis, soy docente e investigadora del Instituto Superior de Urbanismo de la FADU UBA:

    Hace algunos años luego de sancionada la Ley 3060 se realizaron sendas presentaciones judiciales solicitando la nulidad de varias licitaciones llevadas adelante por la empresa AUSA: Parque Central Norte, Túneles a 30 m de profundidad bajo la Avenida 9 de Julio, el Puente Roca Patricios y pasos a nivel de Cuenca y Lavallol entre otras.

    Cada una de estas licitaciones incumplía un promedio de 25 artículos de la Constitución de la CABA.

    Resultado del primer amparo realizado en 2009 se archivó la licitación para realizar Parque Central Norte y unos años más tarde Túneles Bajo la 9 de Julio.

    Los dos amparos presentados en el año 2010 por el Puente Roca Patricios están aún en la CSJN ya que el diseño licitado por AUSA impide la navegación del Riachuelo incumpliendo así la Constitución Nacional (art 14 y 26).

    Consecuencia del amparo presentado para los pasos bajo a nivel en las calles Cuenca y Lavallol se realizó el túnel en la Av. San Martín, es decir donde la lógica urbana y leyes anteriores indicaban.

    En todos estos amparos no solo se objetaron cuestiones relativas al transporte, ambiente, planeamiento urbano, participación ciudadana, género e inclusión sino fundamentalmente la “cuestión de fondo” que también vengo a observar hoy.

    Esta Legislatura por el art 84 de la Constitución no puede delegar sus funciones.

    Y este sería el caso tanto de la Ley 3060 y el proyecto de Ley que se discute hoy.

    Esta Legislatura tiene entre sus atribuciones “controlar la gestión y gastos de gobierno” y “legislar en materia de obra pública”.

    Claramente ambas leyes delegan en la empresa AUSA la planificación, el tipo de obras, costos y consiguiente control administrativo.

    Una Comisión de Seguimiento de la cual se desconocen actas, taquigráficas o informes no reemplaza las atribuciones de la Legislatura.

    La nueva Ley de AUSA dispondrá de millonarios recursos (U$S 4000 mil millones solo por peajes) y no se entiende qué obras viales o “encargadas por el GCABA” realizará en los próximos 20 años.

    Es completamente difuso el concepto de “Red de Autopistas y Vias Interconectadas”.

    No se enumeran en el listado de vías interconectadas las obras recientes como pasos bajo nivel y puentes.

    Se incluye a la Av. 9 de Julio que claramente no es una autopista y se excluye llamativamente el tramo de la AU Balbín sobre el Asentamiento Lamadrid de la Boca desde la Av. Brasil hasta el borde del Riachuelo.

    Asimismo, contradice las medidas que el gobierno nacional y las empresas constructoras anuncian impulsar modificando la matriz de contrataciones y el control sobre la obra pública tal como puede leerse en la columna de hoy del diario La Nación del mismo periodista, Diego Cabot, que investigó la mediática causa de los cuadernos.

    Por todo lo expuesto, solicito el archivo del presente proyecto y el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución impone a esta Legislatura.

    Gracias,

    Arq. Cecilia Alvis
    ISU -FADU-UBA

  5. Cecilia Alvis dice

    AUSA no es una empresa privada ! Es una sociedad anónima cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.e Integra el Sector Público de la Ciudad cuya concesión fue renovada hasta el 2049 por la Legislatura el pasado jueves 6 /12 sin plan de obras. La Audiencia Pública fue el martes 4 de diciembre. Comenzó a las 12 hs y terminó a las 12-.15. De los 4 inscriptos/as pudieron exponer dos. La Legislatura omitió enviar el listado de expositores e inscriptos 24 hs horas antes. La nueva Ley de AUSA, inconstitucional como la 3060 por delegación de las atribuciones de la Legislatura. Para llegar a los 40 votos necesarios, Cambiemos contó con el bloque del PJ. Toda distraídas con los Códigos y se les pasó el “elefante” de AUSA. Si había objeciiones contra AUSA, había que ir a la Audiencia Pública el martes pasado. Si había objeciones con obras específicas, el momento indicado para “escribir”, amparos en vez de “notas domingueras”, era antes del cierre de las licitaciones. Así se hizo y con éxito con las licitaciones Túneles Bajo la Av. 9 de Julio a 30 m de profundidad (2009), Parque Central Norte (2009), Pasos a Nivel Cuenca y Lavallol (2010) y el nefasto Puente Roca Patricios sobre el Riachuelo (2010).

  6. Cecilia Alvis dice

    AUSA no es una empresa privada ! Es una sociedad anónima cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.e Integra el Sector Público de la Ciudad cuya concesión fue renovada hasta el 2049 por la Legislatura el pasado jueves 6 /12 sin plan de obras. La Audiencia Pública fue el martes 4 de diciembre. Comenzó a las 12 hs y terminó a las 12-.15. De los 4 inscriptos/as pudieron exponer dos. La Legislatura omitió enviar el listado de expositores e inscriptos 24 hs horas antes. La nueva Ley de AUSA, inconstitucional como la 3060 por delegación de las atribuciones de la Legislatura. Para llegar a los 40 votos necesarios, Cambiemos contó con el bloque del PJ. Toda distraídas con los Códigos y se les pasó el «elefante» de AUSA. Si había objeciiones contra AUSA, había que ir a la Audiencia Pública el martes pasado. Si las había objeciones con obras específicas, el momento indicado para «escribir», amparos en vez de «notas domingueras», era antes del cierre de las licitaciones. Así se hizo y con éxito con las licitaciones Túneles Bajo la Av. 9 de Julio a 30 m de profundidad (2009), Parque Central Norte (2009), Pasos a Nivel Cuenca y Lavallol (2010) y el nefasto Puente Roca Patricios sobre el Riachuelo (2010).

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