Un disparo en la nuca

A un año del crimen de un joven entrerriano los policías acusados siguen en actividad

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“Gabriel tenía 20 años. Su familia éramos nosotros: sus padres, sus hermanos, sus sobrinos y algún par de amigos. Recién estaba comenzando a hacer su vida, como se merece todo pibe que sale a laburar, que tiene una pareja”. Alejandra López hizo silencio, no pudo hablar por unos segundos, de pie frente al Palacio de Tribunales de Paraná, Entre Ríos. Luego continuó con voz más firme: “No fue enfrentamiento, fue gatillo fácil. El patrullero 1021 no tiene ningún rasguño y sigue circulando en las calles. Lo mataron de espaldas, a diez metros, quince metros. Un tiro en la nuca”.

Alejandra es la mamá de Gabriel Gusmán, un joven asesinado el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de esta ciudad, una zona humilde y con múltiples necesidades insatisfechas. Ella encabezó una protesta al cumplirse un año de un crimen que no tuvo avances de parte del sistema de justicia. Los funcionarios de la División 911 de la Policía de Entre Ríos señalados como los autores del hecho, Diego Íbalo y Rodrigo Molina, siguen en funciones, aún no han sido llamados a prestar declaración indagatoria y la causa permanece en un estado de estancamiento absoluto, que incluso imposibilita a la querella a contar con herramientas legales para hacer su tarea.

 

Alejandra López (der.) Foto: Juan Casalla – @mirarentrerios

 

Hay dos versiones sobre lo que ocurrió ese día. La policial es que el sargento Íbalo y el agente Molina se defendieron de un ataque a tiros de parte de Gusmán, cuando intervinieron en un conflicto entre bandas. Íbalo dijo a los medios locales que fue él quien mató al muchacho al repeler la supuesta agresión. El jefe de la fuerza, Gustavo Maslein, avaló la actuación de sus subordinados y dijo que actuaron “en defensa propia”. Ambos funcionarios estuvieron demorados alrededor de 36 horas y al salir, una caravana de patrulleros los escoltó con hurras y sirenas encendidas, en un macabro festejo que mereció el repudio de la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

 

 

 

La otra hipótesis es la que señala la familia y sostiene con testimonios de vecinos: que Gabriel acató la voz de alto y fue fusilado por la espalda. La prueba fundamental es que la bala ingresó por la nuca y salió por la frente y que el patrullero 1021 no recibió impactos. Por eso, Alejandra repite: “No fue enfrentamiento. Fue gatillo fácil”.

Los abogados querellantes, Lucía Tejera y José Iparraguirre, pertenecientes al movimiento de derechos humanos local, pidieron ya en diciembre de 2018 la imputación de Íbalo y Molina. En esa oportunidad hicieron referencia a los proyectiles 9 mm recolectados en el lugar, pertenecientes a las armas de los policías, y enumeraron una cantidad de indicios que daban cuenta de la intervención que hubo en el sitio del crimen a fin de obstaculizar la investigación. Si bien los peritajes estuvieron a cargo de Gendarmería, las muestras sobre las que se efectuaron fueron recogidas por la propia fuerza provincial. Fue así que se hizo mucho por borrar las evidencias: aunque se recogieron proyectiles de ambas armas, las mangas de la camisas de los funcionarios no tenían residuos de pólvora y la pistola de Molina no presentaba restos de deflagración. Y algo más: no pudo realizarse el dermotest, porque las muestras de las manos se levantaron con cinta scotch.

 

Foto: Juan Casalla – @mirarentrerios

 

Por la ausencia de avances, familiares, amigs, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de izquierda se manifestaron frente a Tribunales para exigir que los fiscales a cargo del caso, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, llamen a indagatoria a los sospechosos.

“Pedimos que la Fiscalía nos acompañe en la imputación o que decida archivar la causa para que nos permita apelar esa decisión. Mientras sigamos en este limbo, nos quitan las herramientas a nosotros y afectan la efectiva tutela judicial de la familia de la víctima”, remarcó la abogada Tejera en las escalinatas del edificio ubicado en el centro cívico de la ciudad. “Hay testimonios y pruebas periciales que dan cuenta de que se trata de una ejecución, de un caso de gatillo fácil. La Policía de Entre Ríos tiene que ceñirse a los estándares internacionales de derechos humanos, tiene que respetar la vida sobre cualquier otra situación”.

Mientras transcurría la protesta, un grupo de mujeres y hombres vestidxs de negro y con viseras en sus cabezas se dejaba caer al piso de la explanada de los Tribunales al ritmo de la canción “La bala”, de Calle 13.

La intervención urbana, convocada por H.I.J.O.S. Paraná, terminó con la lectura de un documento que denunció la persecución de los jóvenes de los sectores humildes de la ciudad. En uno de sus párrafos expresó: “No nos condena un policía. No nos condena un patrullero rondando intimidante. No nos condena nuestra visera, ni nuestro color de piel, ni la música que escuchamos, ni nuestro barrio ni nuestras necesidades”.

Y finalizó así:

«No queremos llorar más muertos por las balas que el Estado pone en las manos de funcionarios policiales. Queremos que respeten nuestros derechos humanos, que son los mismos para todos y todas, sin importar si llevamos o no una gorra cubriendo nuestras cabezas.

¡Basta!

!Ni un gurí menos por la bala policial!

Verdad y Justicia por Gabriel Gusmán.

Gabriel Gusmán ¡Presente!”

 

Muy atareados

Luego de la manifestación, el fiscal Ramírez Montrull recibió a los familiares y abogados. Ante los pedidos de avances, expuso dos argumentos. El primero, que es una causa muy compleja. El segundo, que habían estado muy ocupados con audiencias y no habían podido coordinar con su colega Badano para sentarse juntos a analizar la causa. Después de un año de parálisis, la respuesta a la madre de una víctima de violencia institucional fue que habían estado muy atareados.

Antes de irse, con firmeza, Alejandra le extendió la mano y dijo:

–Espero justicia.

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