Una semana después de la artera intervención militar conjunta de Estados Unidos e Israel a Irán, en plenas negociaciones, el Presidente Trump reunió a los jefes de Estado de su patio trasero, afines ideológicamente a él, en el Trump National Doral Miami (hotel y campo de golf). Cobijados bajo el lema “Escudo de las Américas”, participaron del evento los Presidentes de la Argentina, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guyana, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago y el Presidente electo de Chile. La reunión se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que busca fundamentalmente reordenar el hemisferio bajo un mando unificado para enfrentar la competencia con China y militarizar la lucha contra el narcotráfico, tal como ocurrió esta semana en Ecuador en una operación conjunta, pero inconstitucional, de la fuerza armada ecuatoriana con el Comando Sur. La Constitución del país andino no permite participación de fuerzas militares de otro país ni bases militares extranjeras. En noviembre, el Presidente Daniel Noboa intentó modificar la Constitución vía un plebiscito que no fue aprobado, por lo que, siguiendo los pasos de su mentor, Donald Trump, optó por pisotear la legalidad.
Su discurso frente a los doce mandatarios de derecha de la región, a quienes dijo que necesitaba su ayuda, se concentró en la lucha contra el crimen organizado. Señaló que “el corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”. Quizás por la proximidad de su visita a Pekín, programada para fines de mes, Trump eligió para el podio términos como “interferencia extranjera” y “fuerzas externas”, en lugar de referencias directas a China. Así, en clara referencia a ese país, dijo que “no permitiremos bajo esta nueva doctrina que ninguna fuerza hostil extranjera ponga el pie en nuestro hemisferio, lo que incluye al canal de Panamá. Juntos protegeremos nuestra soberanía y nuestra seguridad, así como nuestra preciada libertad e independencia”. Sin embargo, la cumbre se convocó para coordinar también acciones regionales que limiten la creciente presencia de China en el hemisferio occidental, vista como un riesgo para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos. Estos temas se trataron con menos show durante la reunión de ministros de Defensa, donde participaron 18 países de la región. La tarea para llevar adelante el proyecto fue econmendada a Kristi Noem, a quien este jueves despidió como secretaria de Seguridad Nacional.
En efecto, la Cumbre presidencial estuvo precedida por una reunión (4 y 5 de marzo) de los ministros de Defensa de 18 países, que tuvieron como anfitriones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller. En su discurso, Miller adelantó que Estados Unidos “no cederá ni una pulgada de territorio del hemisferio” a sus “enemigos o adversarios”, y admitió que el gobierno de Donald Trump está usando “poder duro, poder militar y fuerza letal para defender la patria americana”.
Ambos funcionarios presentaron en el Comando Sur, en Miami, lo que el Pentágono denominó como la primera “Conferencia de las Américas contra los Cárteles”. En la declaración final, las autoridades calificaron a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que permite el uso de fuerza letal, e inclusive operaciones unilaterales en sus territorios. Asimismo, acordaron proteger infraestructuras críticas y unirse a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental. El problema es que depender de las fuerzas armadas para sustituir el papel que tradicionalmente desempeñan las fuerzas civiles del orden conlleva riesgos en una región donde las instituciones militares y la supervisión son débiles y las fuerzas armadas muchas veces cargan con el legado de abusos de derechos humanos. Rebecca Bill Chavez, presidenta del Diálogo Interamericano y ex subsecretaria adjunta de Defensa para asuntos del hemisferio occidental, considera que, sin instituciones sólidas de Estado de derecho y supervisión civil, militarizar la lucha contra los cárteles puede debilitar a las mismas instituciones necesarias para derrotarlos.
Adiós a las Cumbres de las Américas
La Cumbre “Escudo de las Américas” marca un quiebre con las Cumbres de las Américas que se realizaban cada tres años desde 1994, cuando el Presidente Clinton las inició en Miami, donde se lanzó oficialmente la propuesta para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Aquellas eran menos imperativas, las directivas más disimuladas y hasta se buscaban consensos. En la Cumbre de las Américas de 2015 sus miembros se elevaron a 35 al admitirse la participación de Cuba, a cuya ciudadanía el Presidente Trump le está infringiendo un castigo inhumano con la crueldad del embargo petrolero, que da lugar a recortes masivos del suministro eléctrico en todo el país. La agresión es multifacética. El 4 de marzo el Presidente ecuatoriano expulsó a todo el personal diplomático de la embajada de Cuba en Quito. A fines de febrero, el recientemente elegido Presidente de Honduras, Nasry Asfura, con gran apoyo de Trump, rescindió un acuerdo de cooperación médica con Cuba, lo que provocó la salida de más de 170 médicos cubanos que atendían a comunidades de bajos recursos.
Las Cumbres las organizaba la OEA y buscaban ser inclusivas (a pesar de las tensiones), mientras que la última es un bloque de correligionarios del actual Presidente de Estados Unidos. La OEA, que era la Secretaría de dichas Cumbres, ha sido desplazada por el Comando Sur, por lo que su agenda es más militar y poco diplomática. Asimismo, la ausencia de tres economías importantes de la región refleja la diferencia entre un bloque que busca una política exterior más autónoma y otro incondicional con Estados Unidos. Los Presidentes de México, Brasil y Colombia fueron excluidos por mantener posturas críticas o divergentes respecto a las políticas de intervención y seguridad de la actual administración estadounidense. Cuba, Nicaragua y Venezuela también han sido excluidos. A pesar de que la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiene canales abiertos en temas energéticos, en el ámbito de seguridad son considerados el "objetivo" a neutralizar, por lo que tampoco fueron invitados.
Así, la reunión de los 12 alineados con Trump busca consolidarse como un bloque regional de aliados estratégicos bajo una nueva agenda de seguridad y geopolítica que tiene como puntos centrales la lucha contra el terrorismo; frenar la creciente influencia económica y política de China en el hemisferio occidental, asegurando el acceso a recursos estratégicos para Estados Unidos y sus aliados; reducir los flujos de migración irregular hacia la frontera estadounidense; restablecer el predominio estadounidense en la región mediante el llamado “Corolario Trump de la Doctrina Monroe” y promover mercados libres y un comercio “justo” entre las naciones participantes que comparten la afinidad ideológica de la administración actual.
A los países que han firmado este acuerdo, Estados Unidos los va a premiar dándoles asistencia letal vía créditos militares, con tasas de interés casi nulas, para que los aliados renueven su equipo militar, siempre que sea de origen estadounidense; incentivos fiscales para que empresas de Estados Unidos que abandonen China se instalen en los países firmantes del acuerdo y un Fondo de Infraestructura Crítica consistente en dinero fresco para modernizar puertos y aeropuertos, con el fin de evitar que estos países dependan de préstamos chinos que Washington considera “trampas de deuda”.
Sombras de la China
La Declaración de Doral suscrita el sábado le ha permitido a Trump tener la foto con sus 12 invitados y pronunciar el discurso que define su estrategia. A pesar del compromiso de los participantes de alejar a China de la región, estos no deben estar muy convencidos. Los gobiernos no siempre han podido cumplir con las directivas de Washington de impedir que su élite empresarial realice inversiones conjuntas. Fue el caso de Chancay en el Perú, donde un grupo de empresarios peruanos buscaban capitales para invertir en ese puerto de aguas profundas que en 2007 habían identificado ex marinos que luego se incorporaron a la empresa peruana Volcán. Así, apareció la estatal china Cosco Shipping y en 2019 encaminaron conjuntamente el proyecto, que ha convertido ese puerto en hub de América del Sur con la ciudad de Shanghai, vía una empresa mixta donde la peruana tiene una participación del 40% y la china el resto.
China se ha consolidado como el primer socio comercial de la mayoría de los países de América del Sur y Trump no cuenta con los medios para reemplazarla. Por ello aplica aranceles inclusive a países que tienen vigentes Tratados de Libre Comercio (TLC). En esos tratados, aprobados por los Congresos, los países se comprometen a liberar recíprocamente su universo arancelario, con algunas excepciones previstas en el mismo. Sin embargo, Trump utiliza el arancel como arma de coacción masiva, ignorando la seguridad jurídica de los TLC. Esta violación de los tratados no es respondida con fuerza por los gobiernos, a pesar del daño que ocasiona a los exportadores. Parecen olvidar que, en aras de lograr previsibilidad en el acceso al mercado de ese país, tuvieron que ceder ante exigencias estadounidenses dolorosas en aspectos como propiedad intelectual (que dio lugar a medicinas y agroquímicos más costosos), eliminación de requisitos de desempeño a las inversiones, apertura de las compras públicas, entre otras. El gobierno estadounidense instrumenta una diplomacia de extorsión arancelaria e imprime un retroceso en las relaciones internacionales, donde el fuerte impone su voluntad.
Para el empresariado latinoamericano y caribeño, la presencia y negociación con ambas potencias hegemónicas, Estados Unidos y China, representan un elemento de supervivencia lógica y pragmática. Pero para los gobiernos estadounidenses, en particular para la actual administración, la libertad de elegir es interpretada como una traición al “hemisferio occidental”, acompañada de las más diversas y desopilantes narrativas, que la mayoría de medios terminan instalando como ciertas.
El presente te condena
El proyecto del Escudo de las Américas no tiene futuro. Estados Unidos atraviesa una crisis económica, social y moral que, en el corto plazo, le ocasionará al gobierno una derrota aplastante en las elecciones de medio término. Solo 27% de los ciudadanos de ese país aprueba la incursión militar a Irán. Trump ha pedido incrementar el presupuesto del Pentágono en un 50% cuando la deuda, con un crecimiento en espiral imparable, se acerca a los 40 billones de dólares, un déficit fiscal crónico del 6% anual, una caída del valor de los Bonos del Tesoro y pérdida de hegemonía del dólar. Estos factores, en particular la deuda, son los grandes limitantes de la Doctrina Donroe. Sus promesas de inversión suenan a menudo huecas frente a proyectos tangibles como el tendido de un cable submarino de fibra óptica desde Valparaíso a Hong Kong, a cargo de una empresa china, que Chile ha tenido que suspender por presión del gobierno estadounidense y las amenazas de retirar el programa de la visa weiber que tienen los ciudadanos chilenos; la suspensión de la concesión de dos puertos operados por una empresa china radicada en Hong Kong en los extremos del canal de Panamá, bajo la amenaza de Estados Unidos de recuperar el canal, o el impedimento a empresas chinas en Costa Rica para que participen en licitaciones para la instalación de tecnología 5G.
La mayoría de los Presidentes convocados conoce perfectamente la situación económica de Estados Unidos. Pero validarán la narrativa oficial estadounidense sobre el narcoterrorismo y “la herencia cristiana” que une al hemisferio, como señala Pete Hegseth, porque ese discurso les sirve para legitimar el uso de sus fuerzas armadas en sus respectivos países. Irónicamente, al no exigir una contrapartida económica real, están aceptando que el vínculo con Estados Unidos sea puramente extractivo y militar. Washington pone las reglas (y vende las armas) y ellos ponen el territorio y la obediencia.
Trump no cuenta con recursos para financiar ese plan. Su error de evaluación al invadir Irán, pensando que la población de ese país iba a plegarse a las bombas liberadoras de un ejército extranjero que asesinó a sus líderes religiosos y militares, prolongará la guerra con el consiguiente incremento de los precios del petróleo, alza de la inflación, contracción económica y pérdida de capital político. En un escenario de crisis bélica y derrota electoral inminente de Trump, los países latinoamericanos que asistieron a Doral enfrentarán a un vacío económico que China podría llenar con más facilidad.
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