Un Estado privado… de derechos

 

La confrontación entre escuela presencial versus escuela online deja entrever varias cuestiones. La primera es sobre lo que debe decidir detener el gobierno nacional con el objetivo de frenar la circulación del Covid-19 y evitar el desenlace trágico de más muertes. Alberto Fernández recibió un país devastado por el tsunami de Macri, al que sobrevino la pandemia con todas sus implicancias sobre la economía. Frente a la exponencial suba de casos, el Presidente sabe que no puede parar el aparato productivo porque eso detendría la recuperación económica y aumentaría la pobreza. El pase a la educación online por un periodo de tiempo responde a eso. Mientras tanto, el Jefe de Gobierno de la Ciudad encontró por donde encauzar su campaña electoral. Para eso defiende a capa y espada, y sin ponerse colorado, la educación presencial sin alternativas, en nombre de toda la educación. Sin embargo, en su distrito, el más rico del país y que gobierna su partido desde hace casi 14 años, realizó una drástica poda al presupuesto destinado a esta área, favoreciendo la escolaridad privada.

La herencia de cuatro años de gestión macrista en la Nación implica que la Argentina debe sostener su aparato productivo funcionando porque de otro modo no puede sostener los costos financieros de la pandemia. Hoy, frente a la gravedad de la situación, el país se ve obligado a elegir. Al no poder mantener la movilidad plena debe decidir qué actividades se mantienen y cuáles no, o en qué grado cerrarlas. En este sentido, todo está detrás del aparato económico, que debe seguir funcionando sí o sí porque las condiciones socioeconómicas no permiten detener la creación de producto, que redistribuye ingresos mediante empleo y evita un aún más brutal crecimiento de la pobreza.

Dicho esto, hay que evidenciar que el gobierno de Larreta es, en CABA, la continuidad de lo que Mauricio Macri fue en la Ciudad y después trasladó a la Nación. Los números lo demuestran contundentemente. Y suman a otro condimento. La operación que Larreta montó alrededor de la presencialidad y la importancia de la educación, convencido de que esa bandera le permite interpelar a sectores sociales más amplios que los de su base electoral, no oculta al observador atento su concepción privatista de los derechos ciudadanos, que le hace perder de vista la realidad de los sectores menos favorecidos de la Ciudad, a quienes el Estado debería garantizarles las protecciones sociales adecuadas.

El presupuesto es el ADN de un gobierno, establece en qué se gastarán los recursos, y eso lo define sin escapatoria. Es la radiografía que nos permite verlo desde muy adentro, sin discursos edulcorantes. El PRO viene enflaqueciendo el presupuesto destinado a la educación en CABA desde sus inicios de gobierno. En el 2010 era del 27,4% del total. Cuando Macri entregó el gobierno a su heredero Larreta era del 22%. Hoy, en 2021, a pesar de palabras rimbombantes sobre la importancia de la educación, los números muestran que el porcentaje que la Ciudad le asigna es el 17,2%. Medido desde 2010 significa un retroceso de 37,2%, y desde que Larreta gobierna, un retroceso de 21,8%. El presupuesto no miente, lo hacen las autoridades.

 

 

Para obtener una muestra sólo hace falta un botón. Para definir la vocación del gobierno de CABA por los derechos ciudadanos, a los que entiende directamente asociados a la capacidad de la billetera, hay más botones para mirar.

Los números de la inversión presupuestaria en mantenimiento de las escuelas son muy importantes, especialmente en un año pandémico. Pero, oh sorpresa, el Jefe de Gobierno decidió bajar significativamente el presupuesto destinado al mantenimiento de las escuelas para 2021. La caída de fondos entre el año anterior y el actual representa un 6,5% menos en valores nominales. Si agregáramos la depreciación producto de la inflación, que fue de 36,1% en 2020, la caída mostraría números de catástrofe. Una poda que deja resultados a la vista: baños que no funcionan, canillas de las que no sale agua, ventanas que no abren (y no ventilan), techos que se caen, bancos y sillas rotos, insumos de limpieza, barbijos y alcohol que no llegan o lo hacen en cuenta gotas. Un territorio perfecto para la reproducción del Covid-19 e indigno para garantizar los derechos de niñas y niños.

 

 

Por otro lado, no podemos perder de vista que el breve regreso a la presencialidad marcó una gran diferencia entre la educación pública y privada. Si alumnas y alumnos de la educación de gestión privada fueron, aunque menos tiempo, todos los días, y cuando no completaron con clases online, los que “cayeron en la educación pública” estuvieron siempre lejos de esa situación: la vuelta presencial fue dos o tres veces por semana, o una semana sí y otra no, y poco o nada de clases online en los momentos sin presencialidad.

A esto se suma que el Gobierno que “planifica”, “toma decisiones en base a datos” y siempre tiene varios “planes alternativos” decidió, frente al inicio del año escolar, vacunar a los psicólogos que atienden en consultorios privados y por zoom antes que a los maestros que debían enfrentar la presencialidad tan declamada. Los porcentajes de vacunación en los trabajadores de las escuelas porteñas avergüenzan.

No sólo los consultorios privados fueron favorecidos, también algunas prepagas, y todos en desmedro de los educadores. No es casual, es un concepto. La caída en el mantenimiento escolar contrasta con la defensa del presupuesto destinado a la Educación de Gestión Privada, que creció del 2020 al 2021 en un 28 % de valor nominal en línea con el crecimiento presupuestario total.

 

 

Esa misma coherencia tuvo el Gobierno de la Ciudad a la hora de otorgar, hace pocos días, respiradores “a préstamo” al sistema privado de salud para luego pedirle al Estado Nacional que reponga ese faltante en el sector público. Fue poco antes de salir a anunciar que seguían las clases presenciales, el domingo 18 a las 22.30. Larreta solicitó 60 respiradores a la ministra Carla Vizzotti “porque la ciudad tiene su terapia intensiva colapsada”, remarcó un funcionario nacional, que no apuntó al pedido en sí sino a la política que tiene Larreta hacia la circulación y las clases presenciales: “A pesar de esto, el jefe de gobierno siguió jugando a la política electoral con alumnas, alumnos y docentes de CABA”. Incluso le siguió otra medida más representativa aún del gobierno de los slogans: el pedido para armar salas exclusivas para el sector que paga la medicina privada en los hospitales públicos. Siempre queda claro que “en todo estás vos…”, que podés garantizarte tus derechos en forma privada y sorteás la desigualdad que no cesa de crecer en la Ciudad de Buenos Aires.

Dicho todo esto, lo cierto es que la escuela en condiciones pandémicas se ha enfrentado a un desafío que no tuvo nunca en su historia. Las nuevas tecnologías son un camino de auxilio pero para intervenir en las brechas de desigualdad en países como el nuestro resultan prioritarias. En 2020 se puso prontamente de manifiesto que muchxs alumnxs se desacoplaron de la escuela en el distrito CABA. El Jefe de Gobierno dijo el lunes último en el programa que Carlos Pagni conduce en LN+ que el abandono escolar en 2020 fue el equivalente al “doble de lo que sucede cada año”, para concluir en la importancia de “la presencialidad”. En su argumentación esconde que fue “el doble” en gran medida porque muchísimas familias carecen de conectividad y/o dispositivos adecuados. Niñas y niños pertenecientes a los estratos de menores ingresos familiares enfrentaron la escuela en cuarentena con un teléfono celular con datos móviles prepagos. El alcalde porteño no lo dice porque es responsabilidad de su gobierno garantizar los derechos.

En vez de resolver la falta de dispositivos y de conectividad adecuados, la respuesta de las autoridades del distrito fue una oferta de presencialidad en plazas y patios, que ni siquiera pudo cubrir las expectativas de la foto política de rigor por lo disparatado de la propuesta. ¿Repartir equipamiento adecuado y garantizar conectividad gratuita entre alumnas y alumnos? “Esa te la debo”. Un pensamiento estratégico, con decisiones “basadas en datos” como gusta decir el Jefe de Gobierno, hubiera previsto que 2021 iba a ser muy difícil para la educación pública, de la que es responsable.

Los números de acceso a la tecnología que el INDEC registra el último trimestre de cada año indicaron para 2019 las carencias de muchos hogares porteños en materia de conectividad y presencia de computadoras, instrumentos indispensables para la educación contemporánea, con o sin pandemia. Casi un 20% de los hogares no contaban con computadoras y un 8% carecía de acceso a Internet. Habría que agregar que dentro del 92% que posee conexión muchos carecen de una velocidad de navegación adecuada a los fines educativos. Con más de un año de pandemia cursado, la única solución que ofrece el sistema educativo de CABA a este problema es forzar la presencialidad con argumentos de mercadotecnia de salón. Un gobierno de una sola alternativa que no puede esconder en quiénes piensa a la hora de gobernar.

 

 

Cuando estos datos los visualizamos por estratos de ingresos totales familiares la situación es mucho peor. Según datos que procesamos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en los que componían a fines de 2019 el estrato de más bajos ingresos familiares (3 deciles) sólo un 57% tenían acceso a computadoras. En la otra punta, en el decil de ingresos familiares más altos de CABA, el 100% tenía acceso. Estos números, evidencias de una brecha digital que debe ser resuelta, son resignificados por el Gobierno de CABA para justificar la presencialidad y la ausencia de políticas orientadas a la igualdad digital.

En todo caso, es obligación de todo gobierno generar las condiciones para enfrentar una temporalidad pandémica como la que atravesamos. Para lo cual deben dotar a alumnas y alumnos de los instrumentos que les garanticen la escolaridad, con o sin aulas. También hay que reconocer que en esta línea cientos de miles de maestros y profesores sostuvieron la educación durante 2020 con sus equipamientos personales, pagando sus conexiones a la red, utilizando sus teléfonos celulares, todo con sus magros salarios. Y la escuela funcionó.

El mundo entero tuvo que ser creativo y reinventar el proceso educativo durante 2020. Los países más desarrollados, igual que el resto, tuvieron que ensayar todo tipo de piruetas para sostener la escolaridad y al mismo tiempo garantizar la salud pública. Y la experiencia de un año dejó enseñanzas.

Un artículo reciente de la prestigiosa revista científica The Lancet, titulado “La reapertura de la escuela sin una sólida mitigación del COVID-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia”, aclara algunos puntos respecto a las peligrosas decisiones que tomó el Gobierno de la Ciudad. El estudio llevado a cabo en escuelas de Inglaterra concluye que, si “bien regresar a la escuela lo antes posible es imperativo para la educación, el desarrollo social y el bienestar mental y físico de los niños”, ese objetivo no es alcanzable si no “se ha hecho nada para que las escuelas sean más seguras para los estudiantes y el personal”. Afirma que abriendo las escuelas “sin mitigaciones adicionales, es probable que aumente la transmisión, esta vez con variantes más infecciosas y posiblemente más virulentas, lo que resultará en más bloqueos, cierres de escuelas y ausentismo”.

Frente a la ciencia, Larreta y el coro de Juntos por el Cambio afirman que “la escuela no contagia”. El Jefe de Gobierno esgrime osadamente, para justificar su proceder, cifras y porcentajes del orden de las décimas, construidos en sus usinas de marketing. Una justificación de la presencialidad cuanto menos temeraria. El mismo grupo político que para aplicar una vacuna exigía una demostración puntillosa, de prestigio internacional, basada en la mirada de la ciencia, eleva a la voz pública una cifra generada en la más absoluta oscuridad, empujando irresponsablemente a la ciudadanía a la desorientación y el descuido.

Saliendo del Twitter que tanto gusta al paladar PRO y volviendo a la seriedad de la ciencia y los razonamientos de más de 280 caracteres, hay un acuerdo casi pleno respecto a la dificultad para aislar las variables que miden los niveles de contagio en las escuelas independientemente de su contexto. Ello motivó una investigación que se propuso dilucidar justamente ese punto del debate. Fue Polly Matzinger, una inmunóloga de origen francés reconocida como una de las científicas más relevantes en su campo, quien realizó junto a Jeff Skinner, el año pasado, un estudio tendiente a determinar quiénes estaban más cerca de la razón científica respecto a si la escuela aumenta o no los contagios entre personas y las muertes sucesivas. El estudio, que puede leerse aquí, demostró mediante técnicas estadísticas que “los cierres de escuelas redujeron las tasas de infección a la mitad, los encierros redujeron las tasas de 3 a 4 veces, y otras acciones (como el cierre de bares y la imposición de máscaras tapabocas) redujeron aún más las tasas”.

El estudio es concluyente respecto de los principales puntos del debate que hoy arden en las pantallas y los tribunales. La cuarentena completa sigue siendo la mejor solución a la propagación veloz del virus, pero es una solución imposible de practicar después del bombardeo que Macri practicó sobre la economía. Entonces hay que tocar otros aspectos, entre los cuales deben considerarse escuela y esparcimiento, que son conductos importantes de transmisión comunitaria y expansión del virus. La destrucción practicada por Juntos por el Cambio dejó a la Argentina sin posibilidad de hacer lo que europeos y estadounidenses practican: poner miles de millones de moneda local en las manos de sus pueblos para sostener los cierres que hagan falta. Nuestras opciones son pensables a partir de mantener sí o sí en marcha el núcleo del aparato productivo.

Ante una sociedad atravesada por la incertidumbre y el miedo, que busca ser conducida a un puerto seguro, con racionalidad y sin clichés, con derechos garantizados para todos, el Jefe de Gobierno esgrimió un discurso “ricachonista”, plagado de carteles tribuneros del tipo “lo último que hay que cerrar son las escuelas, yo sostengo esta convicción, el aula más peligrosa es la que está vacía”; o “incluso si se agrava la situación epidemiológica tenemos preparados planes que reducen la movilidad sin afectar a los chicos que más necesitan estar en la escuela”. Todos slogans que, con los datos a la vista, dejan en claro que el Jefe de Gobierno sólo piensa en los derechos de aquellos niños y niñas que conforman el 43 % de quienes asisten a las escuelas privadas. Una vez más, coherencia por sobre todas las cosas en los casi 14 años del PRO en la ciudad, siempre en la misma línea de un Estado privado… de derechos.

 

 

 

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