UN FUSILADOR ARGENTINO EN MIAMI

Familiares de víctimas de la Masacre de Trelew demandaron al ex marino Roberto Guillermo Bravo

Un tribunal de Comodoro Rivadavia condenó en 2012 a prisión perpetua a tres marinos retirados por los 16 homicidios y las tres tentativas durante la Masacre de Trelew, como pasó a la historia el fusilamiento de los presos políticos que en 1972 lograron fugarse del penal de Rawson y no llegaron a tomar el avión que les aseguraría la libertad. El gran ausente de ese juicio fue Roberto Guillermo Bravo, a quien Estados Unidos acogió a pedido de la Armada meses después de la masacre y se negó a extraditar antes del juicio oral. El ex oficial naval y exitoso hombre de negocios fue detenido el año pasado a partir de un segundo pedido de extradición del gobierno argentino y recuperó la libertad luego de pagar una garantía de 4 millones de dólares y otro millón de dólares de fianza. Mientras ese proceso está pendiente de certificación en el Distrito Sur de Florida, cuatro familiares de víctimas presentaron esta semana una demanda civil, que le notificaron el jueves en su casa de North Miami. Compartimos a continuación el comunicado que difundió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como querellante en la causa penal:

 

Masacre de Trelew: nueva demanda contra Bravo en EEUU

 

San Francisco, California, 21 de octubre de 2020 – El Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés, Center for Justice and Accountability), los estudios de abogados Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron hoy una demanda en contra del ex oficial naval argentino Roberto Guillermo Bravo por su presunta participación en el asesinato de presos y presas por motivos políticos en una base militar en Trelew, Argentina ocurrido en 1972.

La demanda civil fue presentada en una Corte de Distrito del Sur de Florida en Estados Unidos a nombre de las familias de cuatro de las víctimas. Bravo se fue de la Argentina en 1973, cuando fue nombrado agregado militar de la Embajada argentina en Estados Unidos. Se radicó en los Estados Unidos después de jubilarse de la Marina y actualmente reside en la ciudad de North Miami, Florida. Es un ciudadano estadounidense naturalizado y un exitoso hombre de negocios.

Después de la Masacre de Trelew, el régimen militar intentó encubrir los hechos y persiguió a quienes demandaban justicia y rendición de cuentas por los delitos ocurridos esa noche, incluidas las familias de las víctimas y sus representantes legales. Posteriormente, tres sobrevivientes de la masacre fueron asesinados o desaparecidos. Los miembros de las familias de las víctimas sufrieron amenazas por escuadrones de la muerte. Algunos eventualmente huyeron de la Argentina, incluidas dos de las demandantes.

“Mi padre sobrevivió a la masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero fue asesinado antes de que pudiera hacer justicia”, dijo la demandante Raquel Camps. “Espero que el sistema de justicia de los Estados Unidos pueda ayudarnos a lograr su objetivo, hacer justicia y, finalmente, cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina y poner fin a los 50 años de impunidad de Bravo”.

En 2012, casi tres décadas después del regreso del país a la democracia, se logró realizar un juicio penal contra varios de los responsables de la Masacre de Trelew. Tres de los oficiales que participaron con Bravo fueron condenados por sus delitos en ese juicio. Sin embargo, Bravo permanece fuera del alcance de las autoridades argentinas, quienes actualmente buscan, por segunda vez, la extradición de Bravo para que sea juzgado por su participación en la masacre. El primer intento de extradición de Bravo fue en 2010 y no tuvo éxito.

“La Masacre de Trelew fue el preludio de los horrores que se darían más tarde, y en particular durante el Proceso”, dijo la abogada de CJA, Claret Vargas. “La impunidad empoderó a los militares y allanó el camino para años de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras atrocidades que continuaron hasta 1983. Esta demanda brinda la primera oportunidad en casi medio siglo para responsabilizar a Bravo”.

“Estamos orgullosos de ser parte de un esfuerzo para dar voz a las familias cuyos seres queridos han sido silenciados por Bravo y el régimen militar argentino”, dijo Ajay Krishnan, socio del estudio jurídico Keker, Van Nest & Peters. “Continuaremos avanzando hasta que Bravo rinda cuentas ante los tribunales”.

“Una persona que actúa como juez, jurado y verdugo de presos políticos debe enfrentar a la justicia, y acogemos con agrado la oportunidad de ayudar en este esfuerzo largamente retrasado para responsabilizar a Bravo”, dijo Margot Moss de Markus / Moss PLLC.

Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, verdad y justicia del CELS ve en esta demanda un hito importante porque “demuestra que, a pesar de los obstáculos para juzgar a Bravo en la Argentina, las y los familiares de víctimas de la Masacre de Trelew no se detendrán hasta obtener justicia».

Para obtener más información sobre el caso, entrá acá. Para una copia de la demanda, visitá https://cja.org/what-we-do/litigation/camps-v-bravo/.

 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA)
Keker, Van Nest y Peters
Markus / Moss PLLC

Contacto CJA (Estados Unidos): Claret Vargas, [email protected]
Contacto CELS (Argentina): Myriam Selhi, [email protected] [15.56383107]

 

 

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1 comentario
  1. Lujan dice

    Ha pasado medio siglo… Hacer los máximos esfuerzos que puedan corresponder desde el mismo Gobierno nacional, tal el criterio de la coordinadora del área de la Memoria del CELS, para poder ahora extraditar a este criminal.

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