Un guión para Netflix

Trama narco de alta gama con protagónico del Poder Judicial: el caso del fiscal Scapolán

Lo acontecido en estos días con la cocaína envenenada no es otra cosa que un problema que se arrastra: la relación entre dealers, territorio, consumidores y Estado. No es posible pensar, a esta altura, en que el tráfico de drogas en los barrios exista sin la asociación espuria y dinámica con sectores políticos, de las fuerzas de seguridad y de la justicia. ¿Cómo interviene el Estado? El caso Scapolán, tal vez el más paradigmático de los últimos tiempos, revela en su parate judicial actual cómo el aparato político sigue protegiendo a un fiscal que cayó en picada cuando se descubrieron sus gravísimos delitos como funcionario de Estado, al ser jefe de una asociación ilícita. Y en territorios cercanos a Puerta 8.

– Los casos de la cocaína adulterada tienen una relación estrecha con el caso Scapolán.

¿Cómo es eso?

– En lo de Scapolán, hay un Estado que opera directamente desde adentro del Estado, y no desde un territorio narco paralelo. Empleados del Estado, como un fiscal en el rol de líder, políticos, policías y secretarios judiciales, en connivencia para extorsionar a los narcotraficantes. Y ahora, lo de Puerta 8 revela que el Estado no está para nada ausente, sino que sigue muy presente, controlando y regulando el narcotráfico, vigilando, privilegiando la visión punitiva y participando directamente en el negocio. Sobre todo, miembros de las fuerzas de seguridad.

¿Y qué relación sigue existiendo entre lo legal y lo ilegal?

– Los agentes del Estado, en el terreno, “saben” casi todo lo que pasa. Y lo saben no porque sean buenos espías, sino porque son parte de eso que el Estado está criminalizando. Lo clandestino y lo legal conviven, se yuxtaponen. Uno no puede vivir sin el otro, esas conexiones clandestinas son rutinarias. Cuando se dice que la guerra contra las drogas ha fracasado, es un engaño. El propio Estado está involucrado de pies a cabeza en eso que dice combatir.

Un especialista en el caso de Claudio Scapolán, el fiscal de Delitos Complejos de San Isidro acusado de narcotráfico que aún sigue gozando de inmunidad por sus influencias políticas, caso paradigmático del crimen organizado de los últimos tiempos, reflexiona en diálogo con este medio sobre la dramática noticia de esta semana, en la que más de veinte personas murieron por el consumo de cocaína adulterada en un pequeño barrio de Tres de Febrero. No es un nexo antojadizo ni arbitrario. Cada vez que surge una novedad del narcotráfico en los medios, se habla de Claudio Scapolán, una de esas sagas judiciales con final imposible de conocer. Es difícil de entender a esta altura cómo el fiscal, otrora protegido de Sergio Massa, sigue dando la pulseada en Tribunales de forma tal de entorpecer una y otra vez el expediente que lo tiene como el cabecilla de una asociación ilícita. O sí: en realidad, todas sus batallas no son otra cosa, según el mismo especialista, que manotazos de ahogado contra la investigación judicial pero que, a la vez, encuentran sólidos resortes de amparo en el campo de la política.

La última victoria de Scapolán ha sido descabezar la investigación al conseguir apartar a la jueza Sandra Arroyo Salgado de la causa a fines del año pasado. Cuatro veces había esquivado su indagatoria, hasta que en marzo del año pasado la jueza consiguió interrogarlo. A instancias de la investigación del fiscal Fernando Domínguez, lo procesó en octubre de 2021 como cerebro de una banda dedicada al armado de causas, la extorsión a narcos y el robo de drogas para comercializarla por canales propios. A la vez, le había trabado un embargo de 2.000 millones de pesos.

Después de eso, sobrevinieron semanas sombrías para el fiscal. Scapolán sufrió, tal vez, el revés más duro e impensado: el procurador general de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, solicitó formalmente que se destrabara el jury de enjuiciamiento con el propósito de quitarle los fueros, única barrera que lo separa de la prisión preventiva solicitada por el fiscal Domínguez y dictada luego por Arroyo Salgado. En pocas palabras: su jefe judicial le soltó la mano. De puño y letra, Conte Grand escribió: “La gravedad institucional de las conductas atribuidas al agente fiscal Claudio Scapolán se muestra, a todas luces, evidente”. Los delitos que ha comandando con su banda, subraya su jefe, son en rigor de “extrema gravedad”.

Pero la solicitud de Conte Grand, como todo lo que ocurre en la causa Scapolán, sigue trabada en los pantanos de la Justicia. “Todo parece tan obvio como patético: de su expediente se excusaron los integrantes de la Corte provincial y los del Tribunal de Casación. Todos con excusas desopilantes. En un dictamen de diciembre, se aceptó la excusación de 12 jueces que declinaron presidir el jury de enjuiciamiento contra el fiscal. Fue un dictamen sin precedentes”, dijo a este medio una fuente del expediente.

En una apelación reciente contra el apartamiento de Arroyo Salgado, firmada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se expresa: “Los delitos imputados al conjunto de los procesados e imputados, configuran un sinfín de vulneraciones a los derechos humanos de las personas damnificadas y un incumplimiento manifiesto y flagrante de los deberes asignados por ley en su calidad de funcionarios públicos, constituyendo una organización criminal de notable envergadura en el seno mismo del Estado provincial y con posible alcance nacional e internacional”.

Y luego, para enfatizar por qué el de Scapolán constituye el proceso más escandaloso de corrupción policial y judicial de los últimos años: “Nos encontramos frente a un caso de gravedad institucional significativa, configurado por distintos hechos de corrupción y violencia institucional manifiesta, considerando que las personas involucradas, y en muchos casos procesadas y confirmadas por este Tribunal en el marco de la presente, fueron o son funcionarios públicos encargados de perseguir los delitos que cometieron”.

Por ahora, Scapolán sigue oculto de la prensa en su guarida del norte de Buenos Aires, cobrando el ciento por ciento de su abultado suelto y con una licencia que se le renueva cada 90 días. ¿Qué dijo el fiscal hasta el momento? Sólo que las acusaciones en su contra surgieron de una venganza derivada de su antiguo enfrentamiento con su colega Washington Palacios por el sonado caso del robo a la casa de Sergio Massa en 2013. En pocas palabras: gambeteó hábilmente las categóricas pruebas que la pesquisa ha acumulado sobre él en estos años.

Como El Cohete a la Luna viene contando hace varias notas, el expediente de “la banda del fiscal” se inició en 2016, cuando un denunciante anónimo tiró la punta del ovillo: “El fiscal Scapolán es el jefe de una organización compuesta por policías que se dedican a extorsionar narcotraficantes fraguando causas”. El funcionario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita con alcances internacionales, que operó al menos entre 2012 y 2015 en Quilmes, San Isidro, Morón y San Martín, especialista en el robo de cargamentos de droga secuestrados en procedimientos judiciales y de extorsionar a familiares de narcotraficantes.

Por ese arsenal de delitos, el fiscal Domínguez lo acusó por asociación ilícita en carácter de jefe, como coautor. “Instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal; uso de documento público falso como coautor; falsedad ideológica de documento público; sustracción de medio de prueba, como coautor; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por haber intervenido tres o más personas organizadas para cometerlos y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de este delito, como coautor. Falsedad ideológica de documento público como instigador; cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada; extorsión en calidad de coautor, la que concurre materialmente con el delito de asociación ilícita. Y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

¿Por qué, con tanta prueba acumulada, el fiscal Scapolán no cae? ¿Es posible que todo se diluya con el paso del tiempo y las demoras judiciales? –preguntó este medio al especialista del caso.

– No lo creo, porque hay muchísima prueba, pero que tratan de empantanar todo no hay dudas. Todo ha sido para demorar, entorpecer, embarrar. La cobertura política que tienen es inmensa. Prueba se sigue obteniendo. Detenciones nuevas, no por ahora. Lo que resta resolver en las próximas semanas es el avance del procesamiento, su posible detención y el tema del jury. Lo de Arroyo Salgado también está en instancia de apelación y hay posibilidades de que se revierta. El campo judicial, en temas de narcotráfico, es mucho más disputado y de idas y vueltas que con cualquier otro asunto.

La paralización momentánea del expediente ha sido otro logro de Scapolán. A la fecha hay 34 imputados con procesamiento firme, muchos de los cuales están detenidos, hay entre cuatro y cinco prófugos, y unos cuantos con falta de mérito pero de los cuales sobran elementos para pedir nuevamente su procesamiento. “Pedimos la indagatoria de un comisario general que hoy está a cargo de la policía en Miramar y también solicitamos la elevación a juicio de un comisario inspector por encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra”, dijo una fuente que trabaja sobre los últimos movimientos de la causa.

La pata policial es clave. El Gordo Baeta, policía bonaerense que integraba la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes, eslabón clave de la banda también conocido como Palermo, fue detenido el año pasado después de varios meses prófugo. El rol de Baeta es fundamental en el caso Anacona –uno de los tantos que componen la megacausa Scapolán–, conocido también como Leones Blancos, por el que existe sentencia firme de la Corte Suprema de Nación. Allí quedó demostrado su estrecho vínculo con el financista Diego Guastini –que fue acribillado por un sicario luego de declarar como arrepentido–, donde no sólo habían planeado el robo de una parte de la cocaína sino su destino final y su modo de comercialización. Y todo con el fiscal Scapolán vigilando los movimientos desde su torre de control.

Después fue el turno de uno de sus amigos predilectos, el comisario y jefe de la Unidad de Drogas Ilícitas de Quilmes, Carlos Alberto Medina, de 47 años. La Justicia comprobó que había sido el protector del Gordo Baeta en los meses que estuvo prófugo, refugiado en un barrio privado de Tigre. Y así asestó otro duro golpe al complejo rompecabezas del grupo de Scapolán.

Por todos esos ingredientes, el del fiscal es uno de los casos de narcocriminalidad más rimbombantes de los últimos tiempos, con tintes cinematográficos, que además involucra y conecta a dos territorios por excelencia del narco bonaerense: la zona Sur con la zona Norte. Es por eso que las defensas de los acusados se la han pasado recusando al fiscal Domínguez y a la jueza Arroyo Salgado, con quien lograron un momentáneo triunfo, poniendo trabas a la pesquisa y ostentando un poder que aún no quiere renunciar a sus prebendas.

El fiscal Domínguez, con una carga de evidencias descomunal –con pruebas directas e indirectas en las tareas de reconstrucción–, fundamentó el procesamiento de Scapolán con las siguientes palabras: “No nos encontramos frente a un simple caso de tenencia de estupefacientes o un robo (…) por el contrario, es un caso cuyas complejidades tornan en sí misma muy difícil su investigación, se trata de acontecimientos que encierran abusos funcionales y la consecuente cerrazón que se desenvuelve en maniobras de ocultamiento difícil de sortear”.

Fiscal y secretarios judiciales, policías, miembros de otras fuerzas de seguridad, personal de inteligencia y civiles corruptos que actuaron mancomunadamente. Una maquinaria perfectamente aceitada, que usó el aparato estatal con el despliegue de una inmensa asociación ilícita. Allí donde cada rol comprendía su función, donde estaba claro quién ordenaba y quién ejecutaba en engranajes diseñados con minucia y precisión. Hasta cómo se repartía la torta.

– Después que pase la conmoción de Puerta 8, más allá de lo que se compruebe como hipótesis, nada será comparado en su complejidad al caso Scapolán –concluye el especialista del caso–. Y los argentinos se siguen fascinando con las mafias colombianas, mexicanas y norteamericanas por Netflix, cuando a pocas cuadras una banda operó durante años con los mismos procedimientos en el máximo nivel del crimen organizado. Y sin que muchos todavía lo sepan, ayudado por el descomunal aparato de encubrimiento político, judicial y mediático.

 

 

 

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