Un hábito del alma

La justicia es un hábito del alma, observando en el interés común, que da a cada cual su dignidad

 

No sé si comenzó de repente, pero al menos yo me di cuenta lentamente. En mi memoria son flashes de cosas que iban sucediendo y quedaban ahí, en mi memoria sin un hilo que los uniera. Eran recuerdos de puteadas aisladas. En mi defensa –inútil a esta altura, por cierto—, alego que venía de ganar junto con los demás abogados del Estado la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estaba enamorándome de alguien de quien no debí enamorarme. Lo supe desde el principio, pero no quise evitarlo. Fue un error. Sé por experiencia grabada en a fuego en la piel, que a la locura y al maltrato hay que huirles. Pero no hui, decidí quedarme y pagué con sangre esa decisión con el paso de los años.

En el 2012 casi me había muerto en una terapia intensiva. Sobreviví. Y diciembre de 2013 me encontró entonces viva, feliz y desatenta. Leía sobre las denuncias que le hacían a los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández. Un poco me reía. Tildando de paranoicos querulantes a los denunciantes, cuyos nombres se repetían hasta el paroxismo. Registré con preocupación el levantamiento de las policías provinciales y un sordo runrún en los pasillos de los Tribunales, que de pronto comenzó a sonar cada vez mas fuerte. Pasó poco más de un año y el runrún se volvió estruendo. Un día de lluvia marcharon por un fiscal que todos ellos detestaban y que había muerto en circunstancias que aún deben esclarecerse. Y fue la presentación en sociedad de lo que ya conocíamos como Partido Judicial. También el blanqueo de una relación que ya era carnal a esas instancias. El del Partido Judicial con la dirigencia de Cambiemos y con los medios de comunicación.

 

 

 

 

He dedicado muchas notas a contar lo que pasó después de diciembre de 2015. Sobre todo, respecto a —y en– el Poder Judicial. El domingo que escribí mi primera nota en El Cohete a la Luna, fue para hacerle un homenaje a Enrique Petracchi, juez de la Corte Suprema que había fallecido. Lo homenajeé desde uno de sus mejores votos, tal vez la mejor defensa de la presunción de inocencia que ha escrito alguien alguna vez, que fue su voto en disidencia en el caso “Ricardo Francisco Molinas contra Nación Argentina”. Señalé en aquella oportunidad la presión sobre los jueces de este país que ejercía el gobierno de Cambiemos, y cómo la presión de los medios había convertido en prisioneros a los propios jueces, impedidos por las portadas de los diarios de aplicar las normas y respetar derechos y garantías de las personas.

Cuando escribí aquella nota, yo estaba muriéndome desangrada de dolor, de humillación y de furia, por no haber huido a tiempo de mi propia terquedad, Volver a escribir fue tal vez el primer acto de energía vital que pude realizar en meses. Escribir me salvó la vida y como un reiterado milagro, lo sigue haciendo aun hoy.

Aquella alianza nefasta de miembros del Poder Judicial, sectores políticos y medios de comunicación, exhibida sin pudores desde el año 2014 y destinada perseguir opositores políticos, no logró quebrarse siquiera con la derrota electoral del 2019. En estos días hemos vuelto a sentir el runrún despiadado y las celebraciones vergonzantes e impúdicas. Ocurrió cuando el nuevo gobierno dio a conocer las primeras medidas para corregir algunos de los hechos más cuestionables en materia judicial que sucedieron en el gobierno anterior y los lineamientos de la reforma judicial que impulsa a los fines de curar a la Nación Argentina de la pandemia de injusticia que asoló y asuela este país.

Vimos cómo dos tribunales de apelaciones dictaron acordadas tachando como inconstitucional un proyecto de ley. Por absurdo que parezca, dos Cámaras de Apelaciones decidieron, firmaron e hicieron pública semejante barbaridad jurídica.

Bien, señores, resulta que esos tribunales no pueden hacer semejante cosa. Hay un principio básico en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos y los miembros de las cámaras lo son, sin dudas— que establece que, en tanto funcionarios públicos, sólo pueden hacer lo que está legal o reglamentariamente permitido. Emitir opiniones sobre proyectos de ley en tratamiento no es algo que las Cámaras de Apelaciones tengan como competencia atribuida por ley o reglamente alguno.

Los organismos públicos ejercen sus funciones conforme las leyes y reglamentos que así se lo permiten. La capacidad de actuación de los organismos públicos es lo que en derecho administrativo conocemos como “competencias”, esto es capacidad de actuación. Las personas de carne y hueso, según el artículo 19 de la Constitución, tenemos la plena capacidad de hacer lo que se nos cante, siempre que no haya una norma expresa que nos lo prohíba. Por eso los abogados decimos que, en el caso de las personas físicas, la capacidad es la regla. Con las personas jurídicas de derecho público la situación es bien distinta. Porque su capacidad, esto es su “competencia” o capacidad de actuación, debe estar autorizada por una ley o norma reglamentaria. Si no existe dicha norma habilitante, la persona jurídica de derecho publico simplemente NO tiene capacidad de actuación, esto es carece de competencias para actuar. Por eso los abogados decimos en materia de capacidad de organismos públicos que “la competencia es la excepción». Básicamente porque el organismo en cuestión sólo será competente si existe una norma que así lo autorice.

Cada uno de los poderes del Estado tienes sus propias competencias. Así el Poder Ejecutivo administra, el Poder Legislativo hace leyes y el Poder Judicial juzga. Esas son sus misiones primarias. Mas allá de estas misiones primarias, cada organismo público, no importa a que poder pertenezca, tiene funciones de administración, de legislación y de juzgamiento en la órbita de sus propias competencias. Voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando el Poder Judicial contrata a un empleado no lo hace mediante una sentencia, lo hace mediante un acto administrativo, porque está ejecutando una función administrativa. No judicial. Cuando el Poder Judicial despide a un empleado, supongamos que por incumplir el régimen de asistencia, también lo hace con un acto administrativo, que aunque aplica una sanción lo hace en ejercicio de la función administrativa sancionadora y no con una sentencia .Es lo que llamamos el poder administrativo sancionador. Cuando el Poder Judicial establece un reglamento, digamos el régimen de horarios para el funcionamiento del Poder Judicial, está legislando, es decir creando una suerte de ley, que será de cumplimiento obligatorio para todos quienes trabajen en relación al Poder Judicial. Sean sus empleados o los abogados Tampoco lo hace bajo forma de sentencia. El acto administrativo que establece normas generales de conducta dictado por el Poder Judicial se llama «acordada» y es la función legislativa que la ley le concedió al Poder Judicial.

Podrán ver que el Poder Judicial carece de competencias para opinar sobre proyectos de ley. Su función primaria es la de juzgar, y sus otras funciones son orden administrativo y no vinculadas al proceso de creación de las leyes. Distinto es el caso del Poder Ejecutivo, al cual la Constitución sí le atribuye arte y parte en el proceso de sanción de las leyes a través de la posibilidad de vetarlas o promulgarlas. No es que la Constitución discrimine al Poder Judicial, sino que le asigna otra función específica respecto a las leyes: su control posterior.

Si los órganos del Poder Judicial admiten convertirse en meros dictaminantes de proyectos de ley, declinan al hacerlo su facultad de control posterior sobre dichas leyes. Por la sencilla razón que, al haber opinado sobre las mismas, no a titulo personal, sino como órganos jurisdiccionales, su imparcialidad como jueces y como órganos ha quedado comprometida de aquí en adelante y ya no podrán intervenir en cualquier tema vinculado su aplicación.

Podrían haber opinado como podemos todos los ciudadanos de este país, comunicando su opinión al Congreso de la Nación. Pero declinaron hacerlo como ciudadanos que conocen bien el tema y decidieron hacerlo como jueces, dictando acordadas. Decidieron hacerlo a través del dictado de un acto para cual carecen de competencias, para hacer algo que no pueden hacer como jueces, esto es intervenir en el proceso de formación de las leyes. Al hacerlo declinaron su posibilidad de actuar como jueces en lo que refiere a dicha ley. Un acto tan bochornoso para ellos, como inútil para todos.

La pregunta que subyace y persiste es qué interés o fuerza tan poderosa hay detrás de evitar a toda costa que prospere la iniciativa de reforma judicial, que ha reeditado la nunca disuelta alianza de Cambiemos, sectores del Poder Judicial y medios de comunicación, cuya respuesta ha sido unánimemennte en contra.

Los representantes de Cambiemos se opusieron a discutir el proyecto antes incluso de conocerlo. Lo mismo hicieron los medios de comunicación. Y sectores del Poder Judicial dictaron un acto para el cual son manifiestamente incompetentes para oponerse.

La respuesta a esa pregunta tiene múltiples aristas, pero que simplificaré, a riesgo de dejar de lado otros aspectos, diciendo que lo que se está discutiendo es el Poder. Por un lado, el poder de la Constitución, que establece las reglas de funcionamiento del Estado argentino, y por otro lado el poder de sectores que hoy creen que pueden estar por sobre esa Constitución.

El artículo 99, inciso 4 de la Constitución dice expresamente que el Poder Ejecutivo “nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. Con el paso de los años se desdibujó esta regla tan claramente expresada en la Constitución Nacional, y consagración de un derecho fundamental, esto es el de juez natural. (Artículo 18: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado… o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.) A veces sucede que un tribunal se queda sin juez por diferentes causas. Ante la ausencia de juez se designaba un subrogante, siempre provisoriamente, una suerte de suplente de juez. Nunca un juez provisorio podría convertirse en un juez definitivo sin acuerdo del Senado de la Nación. Y para cubrir las vacantes de los tribunales, desde 1994 en adelante debe llamarse a concurso. Es lo que exige la Constitución, que es ley suprema de la Argentina.

Si hay una vacante en algún tribunal y mientras se sustancia el concurso para cubrir dicho lugar, se habilitó que el lugar fuese cubierto mediante el traslado de un juez de otro tribunal. Pero —y este es un pero no menor— si el juez trasladado quisiese quedarse para siempre en el nuevo lugar, el Senado de la Nación debería darles el acuerdo. Porque de otro modo estaríamos frente a un país con dos tipos de jueces, los que tienen acuerdo del Senado y los que no. Busco y busco en la Constitución la posibilidad de jueces sin acuerdo del Senado. No la encuentro.

Hubo leyes y reglamentos que en diversos momentos de la historia permitieron estos traslados, pero siempre faltaría el acuerdo del Senado para que un juez fuese designado en un nuevo cargo. Como recordó la propia Corte Suprema al dictar la acordada 4/18, remitiendo a un voto del enorme Enrique Petracchi junto a Belluscio: “El nombramiento es para un cargo específico y no consiste en cambio en la atribución genérica del carácter de ‘juez’ sin adscripción concreta a un cargo […] si bien es cierto que en el decreto presidencial se disponía el ‘traslado’ […] dicha medida es, en realidad, el ‘nombramiento’ del citado juez en un nuevo cargo judicial […] se está produciendo un nuevo nombramiento”.

Se establecieron una serie de condiciones para que ocurriese el traslado de los jueces. Hace poco el Consejo de la Magistratura ordenó revisar 10 traslados, señalando que tales jueces no habían sido trasladados conforme dichas condiciones y recomendando que las designaciones en dichos cargos fuesen sometidas al tramite dispuesto por el artículo 99. inc. 4 de la Constitución.

¿Quién puede considerar agravio que se cumpla con la Constitución?

Quien escribe esta nota está convencida de que, como no hay dos tipos de formas de designar jueces en la Argentina, corresponde entonces concluir el acto federal complejo establecido por la Constitución para la designación de los jueces. Y a estas designaciones les falta el acuerdo del Senado. No son menos jueces que antes, pero sí son jueces que para consolidar su situación en el tribunal al que fueron trasladados requieren el acuerdo de Senado de la Nación. Como señaló Bidart Campos, «un nombramiento se refiere un cargo judicial determinado […] de manera que ‘cada’ acuerdo debe acompañar ‘cada’ cargo”. Porque como señalara la Corte Suprema en el caso Aparicio, “el nombramiento de los jueces de la Nación con arreglo al sistema constitucionalmente establecido se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes sobre el que se asienta la República”.

Lo que no es atendible es la pretensión de que el Poder Judicial inhiba a los otros poderes de ejercer sus atribuciones constitucionales. Todos los jueces de la Nación Argentina deben pasar por el acuerdo del Senado de la Nación. Porque no hay dos Constituciones, ni dos tipos de jueces. No en la República Argentina.

Este es el país que tenemos hoy. Donde quienes están obligados a hacer cumplir la Constitución, piden no ser alcanzados por sus disposiciones. Donde quienes se supone son los custodios del cumplimiento de la Ley Suprema, la vulneran dictando actos para los cuales son incompetentes manifiestamente. Un país donde los diarios del domingo pasado trasmitían presuntas amenazas de miembros de la Corte Suprema sobre las consecuencias en materia de fallos contrarios al gobierno que saldrían, si la Comisión que asesora al Presidente decide aconsejar la ampliación de los miembros que integran la Corte Suprema. Voy a decir esto porque lo pienso: no sé si las amenazas que leímos son de la propia Corte o de la prolífica imaginación de ciertos medios de comunicación, que más que adelantar dichos fallos, los exigen. Porque pienso que, si el Poder Judicial va a declinar su poder de juzgar, como ya hicieron dos cámaras de Apelaciones, y se va a limitar a dictaminar, entonces alguien va a juzgar. Y hoy parecen ser ciertos medios de comunicación los que pretenden dictar sentencias.

En lo personal, me importan tres quinotos cuántos miembros tiene o tendrá la Corte Suprema. Lo que sé a ciencia cierta es que los casos sometidos a consideración de los tribunales, y de la propia Corte Suprema, no pueden ser espadas de Damocles sobre los gobiernos y los justiciables. Porque señalo: ¿quién creerá en la justicia de los fallos que emitan los tribunales argentinos en estos días?

Lo que me preocupa es que el runrún que ya conozco volvió a sonar con fuerza. Espero que los tres poderes que conforman el Estado sepan escucharlo y actúen para evitar las horribles consecuencias de ese runrún que, a los efectos institucionales, es como el ruido de las langostas que sienten los cosechadores en verano. El ruido de cosas malas para todos, menos para las langostas.

Ese ruido ya ha precedido inmensas injusticias, muchísimo dolor y esta sensación de amargura con la que cierro esta nota. Para exorcizarla voy a recordar una de mis citas favoritas, que es de un señor que se llamó Cicerón y que supo decir «la justicia es un hábito del alma, observando en el interés común, que da a cada cual su dignidad”. Todos sabemos qué tenemos que hacer para cumplir la ley. Y todos sabemos qué hacer para que haya Justicia.

 

 

 

 

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14 Comentarios
  1. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo la doctora Peñafort expresa con bronca lo siguiente:

    “Este es el país que tenemos hoy. Donde quienes están obligados a hacer cumplir la Constitución, piden no ser alcanzados por sus disposiciones. Donde quienes se supone son los custodios del cumplimiento de la Ley Suprema, la vulneran dictando actos para los cuales son incompetentes manifiestamente. Un país donde los diarios del domingo pasado trasmitían presuntas amenazas de miembros de la Corte Suprema sobre las consecuencias en materia de fallos contrarios al gobierno que saldrían, si la Comisión que asesora al Presidente decide aconsejar la ampliación de los miembros que integran la Corte Suprema. Voy a decir esto porque lo pienso: no sé si las amenazas que leímos son de la propia Corte o de la prolífica imaginación de ciertos medios de comunicación, que más que adelantar dichos fallos, los exigen. Porque pienso que, si el Poder Judicial va a declinar su poder de juzgar, como ya hicieron dos cámaras de Apelaciones, y se va a limitar a dictaminar, entonces alguien va a juzgar. Y hoy parecen ser ciertos medios de comunicación los que pretenden dictar sentencias”.

    Este párrafo es de una extrema gravedad. Advierte que en un futuro no tan lejano la función propia de los jueces, el juzgamiento, será ejercida por los grandes medios de comunicación. Ello significa que las sentencias serán dictadas por Joaquín Morales Solá y compañía, ante el silencio cómplice del Poder Judicial. Lamentablemente ya nada significa-o muy poco- la expresión “Estado de Derecho”, tan cara al liberalismo jurídico. Si se profundiza esta degradación de la función judicial en algún momento dejará de tener sentido la enseñanza del derecho constitucional.

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir parte de un magnífico ensayo del doctor Ricardo A. Guibourg (profesor emérito de Filosofía del Derecho de la UBA) titulado “La función judicial”.

    Sobre las virtudes judiciales

    El oficio de juez ha sido reiteradamente calificado como augusto, o sagrado, por varios motivos: a) porque consiste en juzgar a sus semejantes, función que a veces se ha considerado poco menos que divina; b) porque su juicio tiene mucho de subjetivo y, por lo tanto, de impredecible como el de pensar en derecho un oráculo; c) porque, en esas condiciones, la garantía judicial depende de las virtudes de quienes la toman a su cargo. ¿Cuáles son esas virtudes? Más allá de algunas divergencias periféricas, parece haber un centro de acuerdo bastante general y tradicional acerca de ellas. Pero esto no implica que esta coincidencia alcance definiciones precisas ni detalles de aplicación. La primera es la imparcialidad. Un juez puede cumplir su función mejor o peor, pero si no actúa con imparcialidad no puede cumplirla en absoluto. Algunos llaman a esto neutralidad, y observan que nadie es realmente neutral, puesto que tiene preferencias morales y políticas. Es verdad: la neutralidad absoluta sólo se encuentra en los cementerios, y eso siempre que no leamos las lápidas. Pero a ningún juez se exige que esté muerto a las emociones, sino que sepa sobreponerse a ellas hasta cierto punto y, desde luego, que carezca de preferencias personales acerca de las partes individualmente. Esto es serio, porque la neutralidad o, si se prefiere, la imparcialidad, es la mejor y a veces casi la única garantía que los jueces pueden ofrecer. Hay magistrados expertos, pero ¿quién lo es hasta tal punto que conozca todos los temas que puedan dar lugar a un conflicto? Hay jueces prudentes, pero ¿cómo podríamos estar seguros de que su prudencia se aplica del mismo modo que la nuestra, o que su juicio de relevancia acerca de las condiciones de cada pleito coincide con el que nosotros sostendríamos? Hay juzgadores de corazón noble; sin embargo, ¿los llevará acaso su nobleza de corazón a entender y decidir las causas del modo como nosotros quisiéramos que lo hicieran? Es relativamente fácil advertir, en materia ética, la peligrosa ficción de objetividad que se esconde bajo las blandas y complacientes palabras morales, de modo que, si no nos dejamos llevar por la magia emotiva del lenguaje, veremos que las valoraciones, constantes y necesarias para todos, no reposan sino en los impulsos internos del observador, modelados por la historia personal del individuo, que incluye su educación pero no garantiza uniformidad. Eso sí, un juez que falla la causa de sus amigos, o que acepta dádivas para decidir en un sentido determinado, es rechazado por todos y despreciado incluso por quien lo corrompe.

    En esto no hay dudas: nadie osa defender la conducta de tal magistrado, salvo negándola. ¿De dónde procede tanta unanimidad en los valores procesales, cuando convivimos con tantas divergencias en lo sustancial? Puede intentarse una respuesta simple. La figura del juez ha sido ideada para reemplazar la guerra privada, en la que cada uno es parte, juez y verdugo. Si el magistrado ha de cumplir su función, es fundamental que sea ajeno a los intereses que se contraponen en el conflicto a decidir. Que decida bien o mal, rápidamente o con demora, de acuerdo con la ley o en forma arbitraria es algo de gran importancia, especialmente en el llamado estado de derecho. Pero aun el más arbitrario e ignorante de los magistrados es capaz de alguna virtud si puede dictar su fallo con prescindencia de la identidad de las personas a quienes haya de afectar. Para hablar de neutralidad, pues, es preciso referir el concepto a un conflicto determinado, del mismo modo como nadie puede ser tío si no tiene un sobrino. Así como no se puede ser neutral sino en relación con un conflicto, tampoco es posible la neutralidad generalizada, frente a todos los conflictos, porque la vida es, en sí misma, una sucesión de conflictos. Esta virtud de la imparcialidad suele discutirse acaloradamente bajo el nombre de independencia. La independencia de los jueces es un principio obvio de la división constitucional de los poderes, pero el uso que suele hacerse de esta expresión, a menudo teñida de política, no contribuye a la claridad del discurso y, lo que es peor, genera divergencias innecesarias. A nadie se le ocurriría que los jueces deban ser independientes de las leyes y de la Constitución que ellos juran hacer cumplir. En la medida en que las reglas del derecho sean aplicadas consecuentemente en sede judicial, los derechos de los ciudadanos estarán mejor garantizados que si quedan sujetos a interpretaciones imprevisibles. En la discusión cotidiana –y como consecuencia de las condiciones descritas en el apartado precedente– se sostiene que los jueces deben actuar con independencia de las opiniones, intereses o presiones del poder ejecutivo. Desde el otro lado, se invoca que deben serlo de los intereses económicos y de los reclamos opositores. Las dos opiniones son correctas: lo incorrecto es suponer que esas independencias puedan ser contradictorias entre sí.

    También se destaca que cada juez, como cualquier ciudadano, tiene una ideología. Cierto, pero no es un buen juez quien pone esa ideología (genérica o, lo que es peor, partidaria) por encima de la ley para decidir las causas a su cargo. Los jueces, se sabe, crean derecho; pero su función no es semejante a la que se atribuye a los legisladores, sino circunscripta al marco de las normas generales y, en principio, aplicada a casos particulares. Los límites de la discrecionalidad judicial, por eso, constituyen un tema crucial, sobre el que convendría a los ciudadanos reflexionar al ejercer su soberanía. Más adelante volveré sobre este tema, pero conviene por ahora recordar que en el siglo XIX predominaba la idea de que el juez es la “boca de la ley”, la voz que aplica el derecho preexistente, sin margen para sus propios sentimientos. Esto era un mito, ya que aplicar la ley implica interpretarla; pero ese mito influía ideológicamente para sofrenar las iniciativas judiciales y subordinarlas a la legislación. Desde entonces, mucho ha cambiado. La postulación de los derechos humanos, incorporada a la práctica del control constitucional, ha ampliado crecientemente la discreción que se reconoce a los jueces para encauzar, modificar o incluso desestimar los contenidos fijados por la autoridad legislativa. Muchos ven este fenómeno con satisfacción, porque esperan de él una mayor justicia. Es preciso, pues, pensar con cuidado la extensión que convenga asignar a la discrecionalidad de los jueces. Reducirla mediante amenazas personales, instrucciones particulares o lealtades partidarias es sencillamente nefasto. Permitir que se corrompa por medio de dádivas o compromisos de amistad o de grupo es igualmente suicida. Restringir su capacidad de ejercer el control constitucional es por demás peligroso para las instituciones republicanas. Es menester preservar su independencia, respetar su indispensable valentía y procurar acuerdos en la cultura jurídica, tales que el activismo judicial no consista en procurar una revolución desde la iniciativa individual, que la legislación respete la Constitución y merezca el respeto (aunque no la aprobación) de todos y que cada ciudadano conozca lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, como quería Mariano Moreno.

    Otra virtud obvia que se exige a los jueces, implicada por la imparcialidad, es la honestidad. La mayoría de la gente traduce esto como no pedir ni recibir sobornos, pero esta es sólo la primera y más visible capa de la honestidad. La segunda consiste en resistir halagos, amenazas y presiones, no sólo de las partes sino también de los poderes públicos y privados, de los medios de comunicación y hasta de la opinión pública, si su conciencia jurídica se lo indica. Pero hay una tercera capa, que a menudo es inadvertida: la de la selección y el manejo del personal. Es extremadamente común que funcionarios y empleados judiciales sean nombrados o ascendidos en atención a su parentesco o amistad con magistrados antes que por su mayor idoneidad comparativa. Este fenómeno tiene otras variantes, fuera del nepotismo puro y duro. A lo largo de mi desempeño judicial he peleado siempre (y digo bien, peleado) por la adopción y uso leal del sistema de concursos para todas las categorías de funcionarios y empleados. Siempre encontraba los mismos argumentos y propuestas a modo de obstáculos. El más común, que los cargos son de confianza del juez. Pero el juez que se hace cargo de un juzgado no puede prescindir del personal existente para poner el propio. De aquí se desprende que el agente no debe tener la confianza del juez, sino merecer la confianza del Poder Judicial, lo que es diferente.

    Sobre la composición del Poder Judicial

    En una democracia, el pueblo gobierna por medio de sus representantes. Los funcionarios, como operadores del estado y en última instancia en nombre del pueblo, ejercen funciones en distintos niveles de autoridad y delegación. Los legisladores han de representar directamente las preferencias populares. Cuando se trata de magistrados, de acuerdo con lo ya expresado, lo fundamental es que sean honrados, imparciales, expertos en derecho y hábiles en la aplicación de las leyes. Por esto, el componente político de su selección, aunque nunca se halla ausente, ha de reducirse sensiblemente para asegurar una administración de justicia segura y permanente. Aquel criterio fue burlado en ocasiones hasta el ridículo. El hijo de una tarotista presidencial fue designado fiscal y luego propuesto como juez federal, cuando no contaba con título de abogado; una juez, incapaz de hacer su trabajo, tercerizaba la redacción de sus sentencias. Abusos tales provocaron una reacción, que terminó en la inclusión del Consejo de la Magistratura en la Constitución de 1994. En la composición de dicho consejo, encargado de la selección de los jueces mediante concursos de oposición y antecedentes, debía procurarse el “equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, cláusula con la que los constituyentes esperaban reducir la influencia exclusivamente política. Pero la ley sancionada por el Congreso multiplicó esta clase de representación distinguiendo entre diputados y senadores y, además, agregó un representante del Poder Ejecutivo, con lo que aquel equilibrio nunca se cumplió cabalmente. A pesar de todo, en los primeros tiempos las cosas no anduvieron tan mal. No todas las designaciones eran buenas, pero al menos los concursos eran bastante serios y los abusos anteriores ya no podían repetirse. Sin embargo, el tiempo fue corrompiendo las prácticas y una nueva ley empeoró el desequilibrio de la anterior.

    Desde entonces, el procedimiento de designaciones judiciales ha caído en el descrédito. Los concursos se hacen, pero los jurados se sortean entre un pequeño número de candidatos y ha habido denuncias, nunca investigadas hasta el fin, sobre irregularidades y trampas en los exámenes. Cuando, a pesar de esto, los resultados no son enteramente del agrado de los poderes políticos, el trámite se demora indefinidamente. Por lo menos en un caso se llegó al extremo de designar una “comisión revisora” de los resultados de un concurso, cuyo dictamen también fue puesto en larga espera por no contener los nombres apetecidos en los lugares principales. Pero, más tarde, los resultados del concurso ya no fueron determinantes: el Consejo convoca a los candidatos para interrogarlos y, con pretexto de esa entrevista, decide por su cuenta variar el orden de méritos y anteponer unos candidatos muchos puestos por encima de otros. Estas decisiones, que no encuentran justificación objetiva en las pruebas de oposición, son a veces impuestas por cálculos políticos a cargo de consejeros también políticos. Cuando finalmente se confecciona la terna y se la remite al Poder Ejecutivo, llega el tiempo de las impugnaciones. El procedimiento es excelente, porque da a cualquier ciudadano la oportunidad de elogiar o criticar fundadamente a cada uno de los candidatos y, de ese modo, ilustrar la decisión de la máxima autoridad política. Pero ese trámite también acabó por viciarse. Es tan pública la influencia de la política en las designaciones judiciales, que los propios candidatos se someten (a veces entusiastamente) a la humillación de pedir avales a quienes los conocen en vez de quedar a la espera del juicio espontáneo de sus conciudadanos. El resultado es una competencia para juntar firmas en la que los más audaces aventajan a los más austeros. Y el final depende, al parecer, no tanto de cuántas firmas haya reunido cada uno sino especialmente de cuán cerca del poder se hallen las personas que den su apoyo.

    En definitiva, el mal que se quería corregir ha vuelto a enseñorearse del sistema de designación de magistrados, ahora con la pátina de legitimidad que proporcionan unos concursos cuyo resultado se vuelve previsible de antemano gracias al recurso discrecional de las entrevistas con los candidatos. El papel del Senado, que debería limitar y corregir estos abusos, sigue siendo el tradicional, normalmente fundado en el toma y daca. Estas reflexiones podrían considerarse a su vez políticas, si no fuera porque la función judicial excede largamente ese ámbito para constituir una base indispensable de la organización institucional de la República. Los legisladores y los presidentes vienen y van, pero los jueces permanecen con la garantía última de la legalidad y del aseguramiento imparcial de los derechos de todos. Si el acceso a la magistratura se convierte en premio a la militancia o en soborno por algún apoyo circunstancial, y si la permanencia en ella empieza a depender de amistades y lealtades antes que de la corrección de su comportamiento, los efectos nocivos de estas prácticas, aunque ellas cesen, están destinados a perpetuarse por generaciones.

    http://www.derecho.uba.ar

  2. Gustavo dice

    EL PODER JUDICIAL FUE COMPLICE EN TODOS LOS GOBIERNOS DE FACTO
    En la mayoría participó activamente, escondió y blindó el accionar de genocidas y cómplices.
    Una purga ejemplar en necesaria y debería ser períodica ,… todo organismo funciona mejor con una purga …

  3. Graciela Gigli dice

    Me duele creer, a esta altura del partido, que no tenemos salida, y eso que sigo ilusionandome todo el tiempo, pero es en vano. Igual renuevo mi fe en los gobiernos nacionales y populares, pero enfrente hay gigantes de piedras, a los que ni muescas le provocamos.

  4. gerardo senderowicz dice

    Gracias Graciana por tan clara explicación de la situación del poder judicial en este momento.
    Ojalá tengamos cada vez mas abogados de esas Universidades donde los pobres nunca llegan para cambiar el eje de lo que es esa familia detestable que solo piensa en su propio ombligo.

  5. Graciela dice

    Gracias Graciana por tanta conceptuosa claridad. El poder judicial es resaca de la fusiladora….salvó honrosas excepciones. En fin esperemos se pueda hacer la reforma.

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