El vocablo “cosplayer” proviene de “cosplay”, que significa disfrazarse e interpretar un personaje. Además, el cosplayer “reproduce gestos y formas de hablar”. A partir de esta definición, puede sostenerse que Luis Petri se disfrazó de ministro de Defensa y de Tom Cruise, reproduciendo hasta el hartazgo las icónicas imágenes de Top Gun, para enmascarar las ineficiencias en su gestión, cuya frutilla del postre fue la publicación en la red social X del “balance”.
Presentamos los principales hitos de gestión del Ministerio de Defensa en 2025, que materializan la hoja de ruta trazada por el Presidente Javier Milei de fortalecer a las Fuerzas Armadas para hacer grande a la Argentina otra vez. pic.twitter.com/E2XyQDDD0Q
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 9, 2025
Tres días más tarde, en una ceremonia cargada de simbolismos, asumió como nuevo ministro de Defensa el teniente general Carlos Presti con su uniforme reglamentario. Toda una novedad en 42 años de democracia, aunque no en la historia argentina ni en una visión comparada contemporánea a nivel global, que abre, al menos, una certeza y varias incógnitas. En primer lugar, estas últimas pueden derivar en:
1) El peligro de una deriva hacia el “control civil subjetivo” [1] —apreciación que se refuerza con las actuaciones payasescas del jefe del Regimiento 1 Granaderos a Caballo y con la colocación de un sticker de un león, violando el Decreto n.º 1084/2024, en uno de los laterales de un F-16— que ya vivió la Argentina en su historia, pero cuyo caso más resonante es el de Bolivia (2006-2019).
2) La destrucción de la cadena de mandos debido a un potencial “cuoteo” de poder, lo cual ya fue estudiado por Roberto Russell cuando analizó el proceso de toma de decisión en la política exterior argentina durante la última dictadura (1976-1983). Ese trabajo muestra que dicho diseño “no respondió a criterios funcionales o de especialización, sino más bien a decisiones arbitrarias impulsadas por la obsesión de cada [fuerza] de no perder espacios de poder en beneficio de las otras”. De esta manera, los funcionarios designados, civiles y militares, colocaron sus lealtades, “conforme a la más elemental lógica castrense, en sus respectivas fuerzas” y no en sus inmediatos superiores. A consecuencia de esto, los decisores estuvieron sometidos a vetos cruzados que maniataron sus decisiones y dificultaron “alcanzar niveles mínimos de coherencia interna y racionalidad” en el diseño e implementación de políticas. Y, asimismo, produjo, a la larga, que las Fuerzas Armadas se convirtieran en “prisioneras y víctimas de sus intereses corporativos”. [2]
3) La conversión de las Fuerzas Armadas en Small Armed Forces, dando continuidad al proyecto de Luis Petri y de los colaboradores de la periferia, de acuerdo con los intereses de Estados Unidos.
4) La tentación del doble rol. Presti no es el primer ministro de Defensa o de Guerra o de Marina de origen militar en la Argentina, pero la figura de un ministro de origen militar que, además, continúa en actividad y ostenta la mayor jerarquía en el Ejército, plantea un problema serio de diseño institucional. No se trata de juzgar intenciones personales ni trayectorias individuales, sino de analizar qué ocurre cuando una misma persona concentra simultáneamente dos niveles de decisión que deberían controlarse entre sí. Si bien el general de División Oscar Santiago Zarich ha sido designado como nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino (JEMGE), el mando tenderá a ejercerlo, en una organización donde la obediencia y la jerarquía priman, quien tenga antigüedad, jerarquía y capacidad de poder, más allá de la formalidad. En consecuencia, se pueden presentar los siguientes problemas:
a) Descender de nivel: El ministro desciende del nivel estratégico nacional al estratégico militar u operacional o táctico; o sigue la tentación de intervenir en las cuestiones administrativas y rutinarias de la Fuerza. O peor aún: se convierte en un vocero del Ejército ante el Poder Ejecutivo y no en un ejecutor de las políticas del Presidente.
b) Autocontrol inexistente: El ministro debe evaluar el desempeño del Ejército; el jefe del Ejército debe responder por ese desempeño. Dada la jerarquía del ministro en la Fuerza, la evaluación es una mera ficción.
c) Sesgo corporativo: Ante disputas presupuestarias, doctrinarias o disciplinarias, es altamente probable que favorezca a su institución en desmedro de las otras Fuerzas.
d) Responsabilidad diluida: Cuando una decisión fracasa, resulta imposible distinguir si el error fue político o militar. Esto debilita la rendición de cuentas, que es uno de los pilares del sistema republicano. Al respecto, Peter White plantea que “cuando los oficiales militares ocupan cargos típicamente civiles, puede ser un indicador de que el poder está siendo compartido y que se difumina la autoridad de toma de decisión entre civiles y militares”, lo cual podría incrementar los riesgos de decisiones subóptimas o conflictivas.
e) Politización de la cadena de mando: Los subordinados saben que su jefe inmediato es, a la vez, una autoridad política. Eso incentiva la lealtad personal y política por sobre la profesional. Por ello, Morris Janowitz [3] sostiene que la politización del estamento militar no comienza con discursos ideológicos, sino con la confusión de funciones.
5) Inefectividad militar. Nicole Jenne y Kai Michael Kenkel sostienen que la delegación de la definición de la política de defensa en los militares “es un factor clave que contribuye a la evaluación deficiente de amenazas y a la disminución de la efectividad militar”.
Finalmente, y no existen dudas, es que el nuevo ministro deberá enfrentar un desafío enorme para revertir la peor gestión del Ministerio de Defensa en la reciente historia democrática argentina desde 1983.
El problema presupuestario
Tal como planteamos en el libro Desarme argentino, la política de defensa entre 1983 y 2023, el sistema de defensa nacional estuvo marcado por un desarme de hecho, especialmente entre 1990-2003 y 2015-2019; es decir, básicamente, administraciones gubernamentales que implementaron políticas neoliberales y alinearon la política exterior —en menor o mayor medida— con Estados Unidos. La irrupción de Javier Milei no parece modificar esta lógica de las derechas argentinas que adhieren a los lineamientos de la política de defensa estadounidense, ya anunciada por Robert McNamara en 1968. Esta última se tradujo durante la Guerra Fría (1947-1991) en la persecución del “enemigo ideológico interno” y en un intento de policiamiento del instrumento militar a partir de 1991 para que se adoptaran como hipótesis de empleo las nuevas amenazas, amenazas emergentes y cualquier galimatías de interés para los norteamericanos.
Esta abrupta reducción presupuestaria se detuvo entre 2003-2015 y 2019-2023, e incluso se aprobó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) en el año 2020, el cual permitió establecer un horizonte de previsibilidad para la reconstrucción del sistema de defensa nacional. De esta manera, se aprobó el primer plan de mediano plazo desde el implementado entre 1965 y 1975: el PLANCAMIL 2023. Si un plan sin presupuesto es un mero ejercicio académico y un presupuesto sin plan deriva en una modernización asistemática, los años que ha gobernado la derecha en nuestro país se han caracterizado por una tercera alternativa: sin plan y sin presupuesto. En ese contexto, las Fuerzas han presionado por compras de oportunidad que no han permitido la recuperación plena de capacidades; tales han sido los casos de los 36 A4-AR, los SEM, entre otras... y veremos.
La inversión en defensa según SIPRI (1983-2024)
Inversión en la función defensa (1990-2025)
Los dos gráficos precedentes merecen una breve explicación. En primer lugar, los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) corresponden al total del Ministerio de Defensa, que incluye las funciones de defensa, salud, seguridad social, inteligencia, ciencia y tecnología, transporte y educación. En otras palabras, abarca más que lo que muestra la función defensa. Asimismo, el dato del año 2024, publicado en abril de 2025, corresponde a la prórroga del presupuesto realizada a inicios de ese año, lo cual será ajustado en la publicación que realizará esta institución en abril de 2026.
Hechas estas aclaraciones, el Informe de SIPRI muestra claramente la caída presupuestaria durante los años '90, durante el gobierno de Mauricio Macri y durante el primer ejercicio presupuestario del actual gobierno, llevando el presupuesto de defensa a su cifra más baja con relación al PBI desde 1983.
Por otro lado, los datos de la Función Defensa reflejan también la caída significativa de los recursos, pero con el agravante de que esta apertura muestra la inversión específica para las operaciones, adiestramiento, sostenimiento y alistamiento de las Fuerzas Armadas [4]. Si consideramos como valor 100 al año 1989, podemos observar que, hasta el 10 de diciembre de este año, el devengado representó solo el 69,79% de lo invertido con relación al último año del Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989)[5] en términos reales. Si bien el gobierno proyecta un aumento en el proyecto de ley que envió al Congreso de la Nación, teniendo presente lo ocurrido durante el presente año, la visión es más bien pesimista para el año 2026.
Ahora bien, si profundizamos el análisis y nos concentramos en qué se gastó, se aprecia que los recursos destinados a los bienes de consumo (combustible, lubricantes, textiles, productos ferrosos, material de guerra, entre otros) se desplomaron al 10 de diciembre de 2025. Esto se observó en los múltiples anuncios de la Operación Roca y en la baja en el adiestramiento. El déjà vu de los A4-AR se cierne sobre los F-16.
Evolución de la inversión en el inciso 2 en dólares
A esta desastrosa situación debemos agregar lo que ha sucedido con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En el año 2024 se asignó solo el 48,59% y el 32,57% en el 2025 de lo que correspondía por ley.
En cuanto a 2024, el artículo 2.º de la Decisión Administrativa 5/2024 estableció que “la totalidad de las asignaciones presupuestarias destinadas a financiar gastos de capital y adelantos a proveedores y contratistas de la jurisdicción, entidades y empresas que operan bajo la órbita del Ministerio de Defensa (…) integran el FONDEF”. Ahora bien, mientras el proyecto de ley del Presupuesto 2025 suspendía el financiamiento del FONDEF, el dictamen del oficialismo de la ley de Presupuesto 2026 directamente propone derogarlo en su inciso d) artículo 30. Otro déjà vu que en esta oportunidad nos remite a la derogación del artículo 27 de la Ley n.º 24.948 en manos de la derecha en el año 2001.
Cabe rescatar que, a través del FONDEF entre 2020 y 2023 (que se puede consultar aquí), se puede constatar que la mayor parte del equipamiento presentado por la actual gestión (por ejemplo, el TAM 2C A2, el IA-63 Pampa III y el P-3 C/N Orión) fue adquirido nacional o internacionalmente o bien modernizado durante la gestión anterior de los ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana (2019-2023).
Bienestar militar
Una tarea que tendrá que abordar el nuevo ministro es el atraso salarial de un 18 al 35% de los efectivos de las Fuerzas Armadas que, además y de acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa, ha provocado que muchos de ellos se encuentren bajo la línea de la pobreza y que, en consecuencia, hayan buscado un trabajo adicional en aplicaciones o hayan dejado la carrera militar; como han hecho 18.657 efectivos desde diciembre de 2023 para sumarse, por ejemplo, a la Policía de la provincia de Córdoba. Asimismo, esta situación de pobreza ha culminado en situaciones trágicas en nuestras Fuerzas Armadas.
Efectivos militares bajo la línea de pobreza (promedio)
A esta situación debe agregarse que Luis Petri suspendió la equiparación salarial de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad iniciada por Agustín Rossi (2019-2021), como se muestra en la siguiente tabla, por lo cual acumulan un atraso adicional en promedio del 19%.
Diferencia salarial de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería Nacional Argentina/Prefectura Naval Argentina [6]
Asimismo, la obra social ha sido vaciada en estos dos últimos años. En efecto, el IOSFA acumularía, luego de tres gestiones fallidas, un déficit de 150.000 millones de pesos —aunque algunas fuentes militares arriesgan que ascendería a los 250.000 millones—, a lo que hay que agregar prestadores de servicios cancelados, manteniéndose la atención únicamente en unidades hospitalarias militares.
Por último, Luis Petri ha desfinanciado todo el sistema industrial y científico-tecnológico del sistema de defensa. Tanto FADEA, Tandanor, Fabricaciones Militares como CITEDEF —al que se le suma un potencial caso de corrupción por el uso de sus instalaciones durante un evento privado— se encuentran al borde de la quiebra. Esos negocios poco claros con el sector privado también han afectado al Regimiento 1 de Patricios y al Comando Conjunto de Ciberdefensa, que ha sido desalojado de su predio en Avenida de los Italianos y que hoy se encuentra inactivo en su potencial nueva localización, lo que deja vulnerable al sistema de defensa ante cualquier ciberataque.
Finalmente, y en lo que respecta a las instituciones educativas, los docentes de estas arrastran aún, como muestra el cuadro, un retraso respecto a sus pares provinciales.
Diferencia salarial entre docentes de las FF.AA. con CABA y provincia de Buenos Aires
El neoastizismo de la gestión de Petri
La gestión de Luis Petri y sus colaboradores de la periferia son “neoastizistas”. Se ha rendido como hiciera Alfredo Astiz en 1982. Han decidido renunciar a diseñar nuestras Fuerzas Armadas para que contribuyan a la defensa de nuestros intereses vitales y estratégicos, tal como está previsto (todavía) en la DPDN 2021, que fue guía del diseño plasmado en el PLANCAMIL 2023, en cuanto a que “la persistente presencia militar, ilegítima e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, el Reino Unido) en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes obliga a tomar los recaudos de planificación de capacidades, despliegue y organización acordes por parte de nuestro sistema de defensa”.
Esta rendición también fue internalizada por algunos oficiales militares. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, afirmó, de acuerdo a un oficial de la Fuerza Aérea Argentina, que le "chupaba un huevo la reescritura de la DPDN porque el Presidente ya definió el alineamiento con Estados Unidos y Gran Bretaña”.
Claramente, este no es un proceso nuevo. La rendición no se produjo el 14 de junio de 1982, sino que la desmalvinización a la que se sometió a la sociedad, a la Cancillería, al Ministerio de Defensa, en particular, entre 1983 y 2003, ha provocado una rendición en cuotas que hace que civiles y militares no percibamos la amenaza que representa el Reino Unido en el Atlántico Sur, en nuestras Islas, en la Patagonia y en la Antártida, como muestran los siguientes mapas. Al punto tal que, en el segundo de ellos, pueden observarse tres flechas que indican la “dirección potencial para la proyección de poder” que “apuntan” a los espacios que hemos indicado precedentemente.
Asimismo, esta apreciación se refuerza por el análisis de la NSS 2025 efectuado por Luciano Anzelini y su inmediata implementación que The Washington Post informó el pasado 16 de diciembre. En efecto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Claine, está preparando con su equipo la reforma más importante en décadas de los comandos combatientes. En esta, además de reducir el estatus de los Comandos Central, Europeo y Africano, colocándolos bajo el control del Comando Internacional. Además unifica el Comando Sur con el Comando Norte en el Comando de Estados Unidos para las Américas, que abarcaría desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, incluyendo a nuestros espacios marítimos, a nuestras islas, la Patagonia y nuestro sector antártico.
Afortunadamente, existen muchas excepciones en la sociedad civil y entre los militares que coinciden con el coronel Jorge Durán (RE), que al presentar su solicitud de retiro en enero de 2024 consideró: “La nueva orientación del nivel estratégico en materia de defensa nacional me genera un problema de conciencia, ya que entiendo que no existen otras amenazas a los intereses vitales de la nación (…) que la ocupación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y la Antártida Argentina, entendiendo que cualquier desviación de ese objetivo resta capacidad para el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas”.
[1] El control subjetivo se alcanza partidizando a las Fuerzas Armadas, lo cual provoca el faccionalismo de estas con la consecuente pérdida del profesionalismo; es decir, la destrucción de las Fuerzas Armadas. Huntington, S. (1964 [1957]). El soldado y el Estado. Buenos Aires: Círculo Militar, p. 117.
[2] Russell, R. (1990), “El proceso de toma de decisiones en la política exterior argentina (1976-1989)”. En Russell, R. (Ed.). Política exterior y toma de decisiones en América Latina. Buenos Aires: GEL, pp. 15-16.
[3] Janowitz, M. (1990 [1960]). El soldado profesional. Madrid: Ministerio de Defensa.
[4] Se muestran solo los datos a partir del año 1993 porque la Ley de Administración Financiera Nº 24.156 fue promulgada en el año 1992.
[5] Algunos podrían criticar que no incluyéramos en el análisis al gobierno alfonsinista, pero existe un consenso importante en la academia de que el control civil de las Fuerzas Armadas se alcanzó en el año 1990 cuando se reprimió el último alzamiento carapintada. Por tal motivo, y dado que todavía no estaba claro que la transición democrática se consolidara, es que tomamos los valores a partir del año indicado.
[6] La diferencia con la Policía Federal Argentina es aún mayor.
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