UNA ELECCION CRUCIAL

 

El Poder Judicial no es una estructura que camina, es un órgano integrado y compuesto por varones y mujeres de carne y hueso; y a esa integración, permanencia y movilidad interna (o carrera judicial), contribuye el Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano que selecciona mediante concursos públicos a los magistrados y administra los recursos de ese poder del Estado. No es ocurrencia, lo establecen el artículo 114 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Ley 24.937.

En nuestro país, el poder judicial –desde su génesis y hasta la actualidad, con matices que no alteran su identidad—, ha sido un poder clasista, conservador y de espíritu corporativista irremediable. La familia judicial, en otras palabras. El ingreso, la permanencia y la movilidad estuvieron y están minado del nepotismo más obsceno. Es un secreto a voces, en una institución que en la actualidad goza del desprestigio más grande de la historia argentina.

Es, al mismo tiempo, un rasgo que pone en evidencia el pensamiento único que impera en materia judicial.

El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene a su cargo la selección de jueces de tribunales inferiores a través de la propuesta de ternas vinculantes de candidatos/as, y la administración presupuestaria del Poder Judicial de la Nación.

Si esas funciones se ejercen desde una visión aristócratica y clientelista del derecho, la integración del Poder Judicial y la administración de Justicia no estarán signadas por el conocimiento y ejercicio práctico del derecho sino por los designios de una casta ungida en nombre de la ley. Las abogadas y abogados que ejercemos la profesión vemos este estado de cosas en el divorcio absoluto entre nuestros reclamos, inquietudes y propuestas y las modificaciones (cosméticas) que motoriza el poder.

Por ejemplo, se asignan grandes partidas presupuestarias a la “oficina de escuchas legales” (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado dependiente de la mismísima Corte Suprema), que luego filtra a los medios lo que oye, mientras hay edificios judiciales cayéndose a pedazos, que no cuentan con el personal adecuado para el cúmulo de causas que en ellos se tramitan. La búsqueda de estigmatizar abogadxs laboralistas hablando de una “industria del juicio” fue tanto para instalar una agenda mediática previa al ajuste brutal y recorte de derechos sociales que efectúa el gobierno de Cambiemos, como una consecuencia del ahorcamiento presupuestario de los fueros donde se dirime el reconocimiento de estos derechos. El ejercicio de un derecho jamás importa una acción mafiosa o clandestina, menos aún cuando se trata del derecho humano del trabajo, que es la última de las prioridades del actual gobierno.

El estado actual de atomización y anquilosamiento del Poder Judicial, lejos de ser consecuencia de un fenómeno climático, es una decisión política que se apoya sobre una resistencia corporativa, percibida —tanto por los justiciables como por las y los abogados—, en el reconocimiento selectivo de sus derechos de acuerdo a su procedencia, la dificultad en el acceso a la justicia y la demora en la obtención de una sentencia.

Hoy en día, en lugar de procurar las transformaciones que la sociedad reclama, se utiliza al Consejo de la Magistratura de la Nación como tribunal inquisidor, premiando a jueces con traslados o permanencias cuando sus sentencias son favorables a las políticas de exclusión del gobierno actual, aunque sean contrarias al bloque de constitucionalidad, o sosteniendo absurdos pedidos de juicio político en un intento de disciplinar a jueces y juezas que pretenden poner los límites que la ley establece a las acciones del gobierno.

La desnaturalización de las funciones constitucionales del Consejo de la Magistratura de la Nación, la de las representaciones por los estamentos de abogadas/os y jueces/zas y la pretensión de un Poder Judicial como sujeto aséptico, llevan irremediablemente a desoír la función del derecho que no es ni más ni menos que centrarse en el sujeto real, que trabaja, que consume, que se enferma y que precisa de la intervención del Estado.

Si a través de sus sentencias el Poder Judicial pretende desconocer los conflictos que está llamado a solucionar, posterga indefinidamente esas soluciones y funciona como garante de los sectores concentrados, pierde su razón de ser y sumerge a lxs ciudadanxs que a él recurren y a lxs profesionales del derecho que instrumentamos los pedidos de Justicia que a la postre encontrarán su respuesta de un modo menos sano.

 

Natalia Salvo es candidata suplente al Consejo de la Magistratura de la Nación por el estamento 
de los abogados y abogadas de la Capital Federal en la lista 11 “Compromiso con la  Constitución”,
que lleva como candidato titular a Ricardo Nissen.

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