La muerte de un joven anestesiólogo en Buenos Aires, hallado con una vía intravenosa colocada y restos de propofol y fentanilo en su organismo, además de activar una investigación judicial, puso en escena algo que, para muchos dentro del campo de la salud, difícilmente pueda considerarse una novedad.
Los fármacos involucrados en este caso no son medicamentos de circulación clandestina, sino que son los mismos que se utilizan de forma combinada para la sedación en múltiples intervenciones, incluso en pacientes pediátricos, y que requieren protocolos estrictos, monitoreos permanentes y sistemas de trazabilidad. El énfasis mediático puesto en el abuso de estas sustancias tiende a individualizar el problema, a delimitar y aislar la trama puntual de actores y de responsabilidades particulares involucradas. Sin embargo, la apropiación y circulación de insumos y equipos hospitalarios fuera de los circuitos institucionales muestra cierta tolerancia en la organización, reconocida por pares, como prácticas recurrentes en el funcionamiento organizacional de los servicios de anestesiología. Las llamadas “Propo fest”, en las que se consumían anestésicos por vía intravenosa, con bombas de infusión continua y dispositivos de asistencia respiratoria, no emergen como una invención aislada, sino que son prácticas que, según múltiples testimonios, circulaban desde hace tiempo en ciertos entornos profesionales.
La pregunta que surge es: ¿se trata de un caso que atravesó los mecanismos formales de control sin ser detectado o, más bien, de una práctica sistemática que no es efectivamente problematizada por las instituciones del campo de la salud? Porque si algo revela este caso es que la frontera entre lo regulado y lo tolerado puede ser, en determinadas condiciones, notablemente porosa.
Lejos de tratarse de conductas excepcionales, el uso problemático de fármacos entre las y los anestesiólogos se remonta a los inicios de su propia práctica. Alberto Gonzáles Varela, un activo dirigente institucional de la Asociación Argentina de Anestesiología, en su libro Por el camino de la anestesia, señala que ya en las décadas de 1830 y 1840 se había generalizado la inhalación de éter, gas óxido nitroso y cloroformo en Europa y Estados Unidos. Más de un siglo después, la literatura científica sobre el tema muestra que la anestesiología constituye una de las especialidades con mayor prevalencia de consumo de sustancias, con un perfil particularmente asociado a opioides y al uso intravenoso. Una investigación realizada en la Argentina, en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz y publicada en la Revista Argentina de Anestesiología en 1992, revela el uso de cocaína, opiáceos, hipnóticos, sedantes, anfetaminas, marihuana, ácido lisérgico y pegamentos inhalantes. Según un estudio publicado en Anesthesia & Analgesia, a diferencia de otras especialidades, donde predomina el alcohol como sustancia principal, en anestesiología, el consumo se concentra en drogas de uso clínico. El 55% de los casos se vincula a opioides, frente al 32% en otras especialidades, mientras que el alcohol ocupa un lugar significativamente menor. A esto se suma otro dato decisivo: el 41% de los anestesiólogos presenta antecedentes de uso intravenoso, en contraste con apenas el 10% en el resto de los médicos.
Estos números no describen simplemente una mayor frecuencia de consumo, sino un patrón cualitativamente distinto, caracterizado por el uso de sustancias que no son consumos “externos” a la práctica médica, sino que se trata de una prolongación de los mismos fármacos utilizados en el trabajo cotidiano del quirófano.
Y frente a este escenario: ¿qué lugar ocupa, al interior de las organizaciones, la salud de los trabajadores de la salud, quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento de las instituciones? ¿Qué dispositivos existen para detectar, acompañar y prevenir situaciones de usos problemáticos entre profesionales con acceso a sustancias de altísimo riesgo?
Un estudio sobre la salud de los trabajadores de la salud en hospitales de la provincia de Buenos Aires mostró que casi uno de cada diez trabajadores identifica las adicciones como uno de los problemas con mayor impacto en su vida laboral. La Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAR) reconoce el problema y describe el contexto epidemiológico y clínico, aunque sin datos empíricos sobre la Argentina. La escasez de investigaciones locales no refleja la ausencia del problema, sino que expone el desinterés estructural: la información epidemiológica no es utilizada para la evaluación y monitoreo de prácticas clínicas, ni de las condiciones de salud de las y los trabajadores.
De hecho, en el marco de la expansión del complejo médico-industrial, la introducción de nuevas técnicas, fármacos y procedimientos en el campo de la anestesia hicieron de esta especialidad una ocupación estresante y riesgosa. Los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos se consideran actualmente lugares de trabajo insalubres, con diversos riesgos y peligros potenciales, que incluyen exposición a ruido y vibraciones (la aparatología de un quirófano, en ocasiones, puede generar hasta 100 dB, algo similar al ruido ambiental de una autopista); exposición a radiaciones ionizantes y no-ionizantes por procedimientos de estudios diagnósticos; exposición a inhalación de gases químicos como el óxido nitroso, halotano, etc., al que se habitúan con facilidad, según relata el ex presidente de la Asociación Argentina de Anestesiología, Alberto González Varela, en su excelente libro Por el camino de la anestesia. A su vez, también se suma la exposición a agentes biológicos, tal como el terror que generó la exposición al Covid-19, que implicó centralmente a profesionales de anestesiología por la necesidad de manejar la vía aérea; o la exposición a efectos ergonómicos sobre el cuerpo por largas horas de posturas inadecuadas, monotonía, repeticiones y cambios circadianos por la emergencia de la tarea rutinaria. Esa tensión entre la naturaleza artesanal de su trabajo y la demanda corporativa de rentabilidad genera burnout, trastornos psicosociales y la búsqueda en el consumo problemático de sustancias legales e ilegales, en el intento de extender al máximo las jornadas laborales para maximizar los ingresos o de procurar instancias de recreación artificial.
Y en ese sentido, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto ciertas prácticas dejan de ser objeto de intervención no porque pasen inadvertidas, sino porque resultan funcionales para sostener la productividad del sistema? La ausencia general de información del impacto de los anestésicos sobre la salud de las y los trabajadores muestra una distribución selectiva de lo que el sistema decide medir y problematizar: existe más información de la trazabilidad de estos fármacos y del costo económico que representan que sobre la salud de los trabajadores. Según estudios en diversos países, los fármacos anestésicos concentran entre el 5% y el 13% del presupuesto de farmacia hospitalaria. Esta proporción, además, resulta poco eficiente. Entre el 20% y el 50% de los medicamentos preparados para procedimientos críticos no llega a utilizarse y termina siendo descartado. Entre estos medicamentos descartados, el propofol es uno de los más caros y perjudiciales para el medioambiente.
La investigación sobre la muerte del joven anestesiólogo vuelve a tirar de un hilo que deja al descubierto que los protocolos normativos y la responsabilidad sobre el cuidado de los pacientes pierden centralidad frente a la exigencia imperiosa de que el sistema siga funcionando, aun a costa de sus propias condiciones de seguridad. Lo que emerge no es una falla puntual, sino una racionalidad organizacional donde el control no desaparece, sino que se intensifica en función de garantizar la eficiencia y se diluye allí donde podría obstaculizar la continuidad del proceso. En ese desplazamiento, el cuidado, tanto de trabajadores como de pacientes, queda subordinado a la lógica de la reproducción del capital.
Y, en este contexto, ¿a qué grado de desprotección quedan expuestos las y los pacientes cuando quienes administran estos fármacos operan en contextos donde el control institucional puede volverse laxo o selectivo? En ese cruce, el problema deja de ser únicamente el de individuos que transgreden normas para inscribirse en una trama más amplia. La desatención de la salud de las y los trabajadores y la fragilidad de las garantías para los pacientes no solo son estructurales. Sino que permanecen tan naturalizadas que incluso quedan fuera del campo de lo problematizable en el discurso mediático.
En el caso de la Argentina, las prácticas monopólicas y el poder corporativo de las asociaciones de anestesiología se han hecho públicas por la imposición de honorarios y su capacidad de presión sobre las instituciones de salud. En 2025, la suspensión de más de 30 cirugías diarias en un hospital público de Salta por falta de anestesistas puso de relieve el control de las asociaciones de anestesiología para regular la oferta de profesionales y detentar así el poder de negociación exclusivo sobre sus honorarios y condiciones de trabajo, lo que llevó al ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, a denunciar los “monopolios extorsivos” de estas asociaciones. A la par, la Cámara de Senadores provincial señalaba a la misma "corporación" de anestesiólogos por imponer costos elevados, que eran imposibles de pagar por el sector público, situación que se repite en otras provincias.
Un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, basado en entrevistas a directores y jefes de servicio de 17 hospitales porteños, señala que “la regulación del número de anestesiólogos queda en manos de una asociación corporativa, impidiendo a las autoridades la planificación de la actividad quirúrgica”. La regulación de los lugares en los que se abren residencias en anestesiología, el valor de las prestaciones, la segregación de los anestesiólogos que no se ajusten a estas prácticas institucionales son parte central de este problema.
En este contexto, los medios de comunicación y las redes sociales que retoman una y otra vez el caso de la muerte de un joven anestesiólogo en Buenos Aires privilegian los nombres propios, los detalles escabrosos y todas aquellas escenas que capturen la atención. Pero en esa misma operación, la noticia como espectáculo eclipsa la gravedad del problema, dejando fuera de cuadro las condiciones que hacen posible estas prácticas, la desprotección de quienes sostienen las instituciones de salud.
* Hugo Spinelli, Viviana Martinovich y Andrés Trotta forman parte del Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús.
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