Antes de privatizar y entregar las centrales hidroeléctricas por 30 años en una nueva concesión [1], es necesario que el Estado asuma y determine las deudas pendientes de las represas (que implican embalsamiento de agua), que no sólo deben servir para remitir energía a ese mega-consumidor llamado Área Metropolitana de Buenos Aires o AMBA.
Soberanía no solo implica el control de los recursos sino la potestad de invertir por indicación de los intereses cruzados entre comunidad y Estado. La comunidad debe organizarse como en espejo del Estado, en parte, y como conducción de las políticas energéticas. El crecimiento económico, en el largo plazo, tiene como condición ineludible el consumo de cada vez mayor cantidad de energía, junto con el reemplazo gradual de aquellas fuentes no renovables por otras renovables. Regar no es como una energía renovable: es energía renovable.
Así lo entendió en su momento Juan Domingo Perón. Si algo caracterizó la política económica del peronismo en su etapa inicial, fue la creación en 1946 del mecanismo de la Dirección Nacional de Energía, con sus cuatro entidades: Gas del Estado, Combustibles Sólidos y Minerales, Combustibles Vegetales y Derivados, y Centrales Eléctricas del Estado. Esta última sería fusionada con la Dirección General de Irrigación, para dar nacimiento a la empresa autárquica Agua y Energía.
Esto no ocurre con la privatización de los seis embalses de los ríos Limay y Neuquén, que suman más de 4.000 MW y posibilitan una renta del orden de los 500 millones de dólares. Sólo con disponer de un pequeño porcentual de la misma (5 o 10 millones de dólares por año) es posible construir en varias etapas derivaciones de agua de los embalses.
Esa función es prioritaria a la generación, según establece en su artículo 32 el Código de Aguas de la Provincia de Río Negro (ley 2.952 del año 2009). Ello permite extraer legalmente de cada embalse un porcentaje de agua que posibilite el riego en los alrededores de cada presa. Para sortear los vaivenes del nivel de cada embalse es posible insertar un caño de salida cerca de la superficie y otro a cinco o diez metros, según la presa, por debajo del nivel de diseño.
En conjunto, el caudal que se escurre por presas del Limay y del Neuquén se acerca a 800.000 m3/segundo. Usar sólo un 1% del caudal para irrigación (8 m3/segundo) implicaría cerca de 28.800 m3/hora, unos 68 millones de litros/día. Ello posibilitaría destinar 0,5 litro diario por metro cuadrado al riego por gravedad de 13.600 hectáreas. Es decir que el 1% del agua extraída de las represas puede, por el método de riego por gravedad, llegar a incrementar en un 20% la superficie actual de riego del Alto Valle del Río Negro, que alcanza una superficie de 58.882 hectáreas.
Esto podría estructurar una producción adicional de frutas y legumbres a las del valle actual. Por ejemplo, solo con la papa, es posible obtener 20 a 30.000 Kg/ha. Un agroindustria de jugos de legumbres multiplica por 10 o por 20 el valor de la tierra árida, donde el agua de las represas del Comahue implicaría energía renovable por excelencia.
La primera parte de estas obras puede realizarse por cañerías. Luego, donde los niveles lo permitan, por canales de riego típicos, a cielo abierto. Del embalse de El Chocón es posible sacar agua al nivel de 300 metros sobre el nivel del mar (msnm). Gran parte de las barrancas y mesetas cercana al valle del Río Negro llegan en promedio a 150 msnm. Es posible entonces que en el territorio cercano se desarrollen nuevas granjas (miles de nuevos empleos y ocupaciones en territorios hoy inhóspitos). Ello conllevaría trasladar a miles de habitantes de las ciudades y sus conurbanos a zonas con enormes posibilidades de crecimiento económico agrario y agroindustrial.
La privatización de las represas en danza no especifica ninguna obra de extracción de agua para riego. Continuar con las privatizaciones de las centrales del Comahue es antieconómico, antifederal y antidemocrático. Es como pegarse un tiro en los pies. Por 30 años de concesión, nada se va a hacer en relación al riego. No tienen obligación alguna. A los nuevos concesionarios no se les va a sacar ni un metro cúbico de agua de su generación sin entablar demandas o eventuales pagos extras.
El Estado está en deuda con la región por las obras de riego canceladas que estaban en los proyectos de Hidronor, que por míseras monedas se anularon. Por ello debemos extremar el cuidado y colocar en las concesiones o en la actividad futura en manos del Estado las obras de salida de agua para riego. Pensemos que implicará para el territorio posibilidades de nuevos emprendimientos y de nuevos habitantes mediante chacras ad hoc. Los pocos dólares que se van a obtener de las represas se van a fumar en Buenos Aires y en el exterior. Habría que notificar al ministro Luis Caputo sobre su responsabilidad por no cumplir con el Código de Aguas.
No cumplir con la obligación de facilitar la extracción de agua para riego por parte del Estado, o en las futuras concesiones, puede ser motivo suficiente de demandas que le dan a este proceso de privatización una inseguridad evidente.
[1] Al cierre de esta edición se conocieron las ofertas para la concesión de cuatro represas en Neuquén y Río Negro.
* El ingeniero Andrés Repar es vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).
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