Legal pero absurdo
El lunes 24 de agosto por la mañana amarró en el puerto intervenido de Ushuaia el VS Promise, un buque tanque destinado al transporte de petróleo crudo que se mantuvo 24 horas en el puerto para realizar tareas de reaprovisionamiento. El buque navegaba bajo la bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Provenía específicamente de la Isla de Man, una dependencia autónoma de la Corona británica donde el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tiene declarada la mayor parte de su patrimonio.
La particularidad del caso radica en que el buque británico venía de realizar actividades en el Consorcio Cuenca Marina Austral 1 (CM1-1), integrado por la francesa TotalEnergies (37,5%), la británica Harbour Energy (37,5%, operada hasta septiembre del 2024 por la alemana Wintershall Dea Argentina S. A.) y la argentina Pan American Energy (25%). En tal sentido, el buque provenía de prestar servicios a un consorcio internacional dedicado a la explotación de una cuenca que se encuentra bajo la soberanía efectiva de la Argentina, como muestra el mapa. Es decir, se trata de una explotación que fue adjudicada por las autoridades argentinas y regida por las leyes argentinas.
Esto contrasta diametralmente con lo que sucede en las cuencas Malvinas Norte y Malvinas Este, que se encuentran bajo ocupación colonial y militar del Reino Unido. En estas cuencas, la potencia colonial avanza con el otorgamiento ilegal e ilegítimo de permisos de explotación a empresas israelíes, británicas y canadienses que, financiadas con capitales occidentales, desarrollan proyectos que lesionan diariamente los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos correspondientes (ver el siguiente mapa). Estas acciones van en contra de las resoluciones de Naciones Unidas relativas a la necesaria descolonización del Atlántico Sur.
En este punto, dado que el buque británico participaba en actividades vinculadas con la explotación de la cuenca austral, su amarre en el puerto intervenido de Ushuaia debió requerir un permiso de la Secretaría de Energía de la Nación, de la Aduana nacional, un despacho de entrada y salida de la Prefectura Naval Argentina y el conocimiento de la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia. Además, el hecho de que el buque británico haya operado en yacimientos bajo soberanía efectiva argentina hace que no pueda ser aplicada la Ley 852 “Gaucho Rivero” de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esto se debe a que dicho instrumento legal prohíbe explícitamente “la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina”. Es decir, la ley contempla las cuencas de las Islas Malvinas, pero no la cuenca austral (indicada en el primer mapa).
En definitiva, la presencia del buque británico VS Promise constituye un hecho legal, pero absurdo. La legalidad radica en que ninguna ley prohíbe su amarre en un puerto argentino. Lo absurdo es evidente: un buque con bandera de la potencia colonial que usurpa el 25% del territorio argentino contribuye a las actividades económicas de la provincia argentina que se encuentra ocupada por dicho actor.
¿Por qué nos molesta?
Este hecho debe molestar a los argentinos no solo por su carácter absurdo, sino también por el escenario político-estratégico en el que tiene lugar. Esto es, en un marco en donde el gobierno nacional insiste con la cooperación política, diplomática y militar con el Reino Unido, al mismo tiempo que avanza con lo que Luciano Anzelini identifica como “desnacionalización estratégica”. En relación con el Atlántico Sur, esto implica la realización de acciones que debilitan la capacidad del Estado argentino de tomar decisiones en función de sus propios intereses y objetivos en dicho escenario geoestratégico.
Con respecto a la cooperación política, la administración Milei ha avanzado en diálogos secretos que buscan generar un vínculo de confianza y previsibilidad militar con el Estado que mantiene una ocupación militar sobre territorio argentino. En materia diplomática, la Argentina ha buscado revitalizar, con la Declaración Conjunta Mondino-Lammy de septiembre del 2024, los acuerdos que buscan aumentar la cooperación antártica, comercial y logística con la potencia invasora, fortaleciendo de esta forma el statu quo en el Atlántico Sur. A esto se le suma el vínculo de la persona encargada de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina con los resortes británicos que operan dentro del país. En relación con la dimensión militar, el país, desde el 2024, ha aprobado por Decretos de Necesidad y Urgencia ejercicios militares en los que participó el Reino Unido. Cabe agregar que antiguas autoridades del Ministerio de Defensa, antes de asumir sus cargos en la administración Milei, mencionaron la posibilidad de realizar patrullajes conjuntos con la potencia colonial en el territorio invadido. Asimismo, plantearon la conveniencia de que, en última instancia, los Estados Unidos de América puedan impedirle a la Argentina adquirir armamento con una capacidad de daño que resulte inaceptable para el Reino Unido en el Atlántico Sur.
En este marco debe comprenderse la pasividad argentina frente a las fuertes señales hostiles del Reino Unido. Sin pretensiones de exhaustividad, podemos destacar, además de la vigente ocupación militar, tres hechos. En primer lugar, el despliegue del Offshore Patrol Vessel HMS Medway, que opera en Malvinas. En segundo lugar, el vuelo ofensivo de los Eurofighter Typhoon, cuyo objetivo fue amedrentar a la Argentina luego de la llegada de los primeros aviones F-16. En tercer lugar, los provocadores ejercicios militares realizados el 2 de abril –aniversario de la recuperación militar argentina de las Islas del Atlántico Sur– por las fuerzas de ocupación británica (British Forces South Atlantic Islands) en el territorio argentino ocupado.
En este marco, el gobierno nacional lleva adelante una serie de acciones que debilitan la gravitación geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur. Por un lado, intervino el Puerto de Ushuaia mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en enero de 2026, arrogándose la potestad de administrar el puerto y adoptando una clara orientación cooperativa con el país invasor. Por el otro, puso a la venta terrenos bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, cercanos a la futura Base Naval de Ushuaia. En esta línea, también debe destacarse la anuencia política de la Secretaría de Energía de la Nación ante la adquisición, en 2024, de los activos de la alemana Wintershall Dea por parte de la británica Harbour Energy para operar en la cuenca austral. Esto resulta especialmente dado que Wintershall Dea era titular de las licencias ilegales para operar con una participación del 65% en la cuenca Malvinas Norte. De hecho, esta participación fue vendida en 2022 a la israelí Navitas Petroleum, empresa que actualmente resulta clave para el desarrollo ilegal del yacimiento León Marino. Por último, debe destacarse la severa crisis industrial que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, también producto de las decisiones políticas nacionales, y que contribuye al debilitamiento de la gravitación geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur.
¿Qué tenemos que aprender de esto?
Una posible lección de este hecho legal y absurdo es que cualquier proyecto político que busque recuperar seriamente las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur debe incorporarlas de forma clara a un proyecto de desarrollo nacional. El carácter absurdo del amarre del VS Promise en el Puerto de Ushuaia evidencia que la Argentina puede desarrollar económicamente la Patagonia sin que ello necesariamente la posicione mejor frente a la ocupación británica de nuestras islas.
La presencia del buque del Reino Unido nos molesta porque muestra que el desarrollo petrolero y gasífero de la cuenca Austral, por sí mismo, no contribuye a los intereses nacionales. La explotación de recursos y el crecimiento económico sin planificación estratégica en la Patagonia son inocuos para los intereses nacionales vinculados con la recuperación de las Islas Malvinas. ¿De qué manera la explotación de la Cuenca Austral está incomodando al régimen colonial británico en el Atlántico Sur? ¿De qué manera las actividades económicas de la Patagonia le generan costos a la dinámica económica colonial de las Islas Malvinas? Estos interrogantes son especialmente relevantes si consideramos que es esta dinámica la que sostiene la tasa demográfica de la población implantada en nuestras islas ocupadas.
Desarrollar la Patagonia sin hacernos estas preguntas termina en lo que el amarre del buque británico refleja con contundencia: tenemos capitales británicos participando en actividades económicas de nuestra provincia más austral y eso no incomoda para nada al Reino Unido. Lo más preocupante es que esto viene sucediendo desde hace tiempo. Lo que hace este hecho legal y absurdo es funcionar como un recordatorio. El 25 de agosto, el VS Promise dejó el puerto argentino de Ushuaia. Sin embargo, lo incómodo no fue solamente su presencia, que duró solo un día. Lo verdaderamente incómodo es que evidenció de manera contundente que la Argentina mantiene una dinámica económica continental que tiene efectos políticos muy débiles, por no decir nulos, frente a nuestro principal interés nacional: la recuperación de las Islas Malvinas.
Con esto en consideración, la inclusión de nuestras islas en un proyecto de desarrollo nacional debería comenzar por pensar de qué manera su dimensión patagónica puede contribuir a incomodar al régimen colonial y a generarle costos a la dinámica económica de las islas. Dicho de otra manera, la orientación de una planificación de esta envergadura debe tener como objetivo principal la revisión del statu quo político-militar en el Atlántico Sur. El proyecto de desarrollo nacional patagónico debe ser revisionista.
* Ezequiel Magnani es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Profesor de Relaciones Internacionales en la UTDT, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Austral.
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