Fue una casualidad, pero descubre el estado de la seguridad pública en Santa Fe. La presentación de un informe que documenta abusos y prácticas irregulares de la policía provincial coincidió el miércoles pasado con la difusión de un fallo judicial que concedió el deseo del gobernador Maximiliano Pullaro y absolvió al oficial del Comando Radioeléctrico Luciano Mariano Nocelli, “el Chocobar rosarino”, condenado en primera instancia por el asesinato de una pareja de ladrones a los que baleó por la espalda. La publicitada disminución de los homicidios dolosos en Rosario tiene como reverso la multiplicación de ilegalidades por parte de la policía.
¿Paz para quién?, el informe elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, surge de talleres realizados en seis barrios de la ciudad atravesados históricamente por la violencia. El documento releva procedimientos de la policía provincial y de fuerzas federales “en un contexto de recrudecimiento de los abordajes estatales punitivos en materia de seguridad pública”, en particular las detenciones masivas que la policía de Rosario lleva adelante por averiguación de identidad y los allanamientos ilegales, robos y hostigamientos contra jóvenes y vecinos que perpetra en barrios populares.
El miércoles por la tarde, mientras los investigadores exponían el informe en la Facultad de Ciencia Política de la UNR, se difundió el fallo que absolvió a Nocelli por los asesinatos de Maximiliano Rosasco y Jimena Gramajo. El hecho ocurrió el 21 de mayo de 2019 en la Plaza Che Guevara, de Buenos Aires y 27 de Febrero, cerca del estadio del club Central Córdoba; Nocelli y el oficial Hugo Leone procedieron cuando la pareja intentó robar la cartera de una mujer.
Los policías presentaron la ejecución como un enfrentamiento. Rosasco intentó escapar e hizo un disparo con un revólver en mal estado, que impedía la rotación del tambor. El 26 de abril de 2022 Nocelli fue condenado a 25 años de prisión por doble homicidio agravado y un Tribunal de Apelación Oral confirmó la sentencia el 10 de marzo de 2023. El episodio parecía cosa juzgada, pero apenas asumió la gobernación de Santa Fe, en diciembre de 2023, Pullaro reclamó por la situación del policía “que cumplió con su deber”.
No fue un gesto aislado del gobernador de Santa Fe: en 2012, siendo diputado provincial defendió al comisario Alejandro Druetta, un policía de mano dura que terminó condenado a diez años de prisión por narcotráfico; entre 2017 y 2018, el Ministerio de Seguridad que conducía pagó con fondos reservados la defensa de policías acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato del albañil Franco Casco, cuyo cuerpo fue arrojado al río Paraná; y en 2022 resaltó como ejemplo al suboficial Luis Alberto Pais, detenido entonces por ingresar ilegalmente a un estudio jurídico en la ciudad de Cañada de Gómez con el pretexto de detener a un infractor de tránsito y ahora imputado en catorce causas (e involucrado en quince más), por robos y otros delitos como integrante de una peligrosa patota del Comando Radioeléctrico de Rosario.
Entre otras evidencias, los jueces que condenaron a Nocelli evaluaron pericias de Policía Federal y de Gendarmería y un video de la doble ejecución; el oficial disparó dos veces por la espalda y a menos de un metro de distancia contra Gramajo, quien estaba esposada y semierguida, con una moto encima, y otras dos veces y también por la espalda contra Rosasco, quien se encontraba en el piso, boca abajo y herido, ya que había recibido siete disparos del otro oficial que intervino, Hugo Leone.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia dio el primer paso en 2024 al anular la condena de Nocelli y ordenar un nuevo juicio; un tribunal integrado por Gabriela Sansó, Juan Pablo Lavini Rosset y Alfredo Ivaldi Artacho acaba de cerrar el círculo con la absolución del acusado. Ya no hará falta el indulto que había considerado Pullaro, y quizá tampoco el proyecto anunciado en abril por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni y el senador provincial Ciro Seisas para que jueces, fiscales y defensores se capaciten antes de evaluar a policías que, como Nocelli, matan por la espalda a personas en el piso o esposadas. Este proyecto es llamado “ley Luciano”, por Nocelli, quien además fue incorporado como asesor a la planta del Estado provincial.
La gestión de la violencia
La gestión de Pullaro exhibe un logro impactante: en 2024 hubo 169 homicidios en la provincia de Santa Fe, lo que representó un descenso del 65,5 % en la tasa respecto del año anterior. Entre enero y septiembre de este año se registró un incremento: hubo 153 homicidios, diecinueve más que en el mismo periodo de 2024.
El logro aparece sin embargo deslucido por el sistema de recaudación clandestina descubierto en el mes de mayo en la cúpula de la regional Rosario con el dinero destinado al combustible de los patrulleros, la complicidad de policías rosarinos con la banda narco Los Menores y múltiples denuncias por allanamientos y detenciones ilegales, robos y falsificación de documentos públicos por parte de policías que se amparan en las nuevas atribuciones que impulsó el gobierno provincial. Si las balaceras y los enfrentamientos callejeros disminuyeron, en la ciudad de Rosario aumentó en cambio la violencia policial.
La investigación del equipo de la UNR y la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, coordinada por Eugenia Cozzi, se realizó durante el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 con jóvenes de entre 15 y 30 años en seis barrios correspondientes a cuatro distritos de la ciudad: barrio Tablada, en el distrito Sur; barrios Triángulo y Moderno, Alvear y Toba, en el distrito Oeste; barrio Las Flores, en el distrito Sudoeste y barrio Empalme Graneros, en el distrito Noroeste.
El informe ¿Paz para quién? recuerda que entre diciembre del 2023 y los primeros meses de 2024 el gobierno de Pullaro obtuvo la sanción express en la Legislatura provincial de un conjunto de leyes para abordar la “crisis de seguridad pública”. Entre esas normas, la llamada ley de microtráfico implicó que la tenencia y comercialización de estupefacientes pasaran a ser de competencia provincial y el artículo de la Ley Orgánica de la Policía que habilita las detenciones por averiguación de identidad fue modificada para agregar la “resistencia a ser identificado en la vía pública” como nuevo supuesto que autoriza procedimientos. A partir de entonces se registra “el aumento exponencial de detenciones por averiguación de identidad” en Santa Fe no solo por la modificación en la ley sino por “directivas del Ministerio de Seguridad hacia las policías de calle de detener a una cantidad de personas por día”.
Las detenciones por averiguaciones de identidad deben ser informadas al Servicio Público Provincial para la Defensa Penal. A mediados de julio de 2024, el Servicio comenzó a recibir entre setenta y ochenta notificaciones por día. “Las detenciones no estaban fundamentadas en situaciones que podrían ser generadoras de sospecha, tal como exige la norma, sino que se realizaban para cumplir con una cantidad diaria exigida por el Ministerio de Seguridad”, puntualizó el informe.
La metodología del Ministerio de Seguridad se modificó y empezó a generar una cifra negra después que el SPPDP presentó un hábeas corpus colectivo: “Las detenciones por averiguación de identidad continuaron siendo masivas y habituales en la ciudad de Rosario, aunque se han reducido significativamente las notificaciones a la defensa pública”. Un relevamiento del mes de marzo registró un promedio de veinte notificaciones diarias, “pero de las inspecciones a comisarías y el cotejo de los registros internos de las dependencias policiales, surgió que el número real siguió cercano a las cien detenciones diarias”. Por otra parte el SPPDP mantiene en reserva desde hace cinco meses un informe sobre violencia institucional en Santa Fe que contendría mayores precisiones; según se informó, a la espera del nuevo diseño en la web del organismo.
La reconfiguración del mercado
La mano dura policial no erradica los puntos de venta de estupefacientes sino que más bien estaría ordenando el mercado rosarino, de acuerdo a los testimonios recopilados en la investigación de la UNR y la Multisectorial contra la Violencia Institucional. “En todos los talleres señalaron que no había mermado la venta de drogas ilegalizadas en sus barrios; sino, al contrario, pareciera haber más puntos de venta en kioscos y casas o directamente en las esquinas. Hay menos tiros y más venta, detallaron más de una vez las personas que participaron de los encuentros”, señaló el equipo coordinado por Cozzi, por otra parte autora de un estudio clave sobre el fenómeno, De ladrones a narcos: violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento.
El informe ¿Paz para quién? cita testimonios de referentes barriales sobre la participación de menores en el narcomenudeo y niveles crecientes de consumo: “Cada día hay más kioscos y los pibes consumen cada vez más basura, la policía molesta a los pibes, pero no avanza para que los narcos dejen de vender”. En los barrios de Rosario se extiende hoy la cocaína mezclada con bicarbonato o virulana, una versión más económica de la droga.
“Si bien en algunos barrios reconocen mayor tranquilidad, ligada a la disminución de tiroteos y heridos y muertos por armas de fuego”, la intensificación del patrullaje es el marco de hostigamientos, actos de violencia y delitos. El informe detalla el caso de un allanamiento en el que los policías robaron el dinero que encontraron a mano: “Los y las policías suelen ingresar de manera extremadamente violenta a las viviendas, maltratar a las personas en su interior, romper objetos y/o muebles y, en algunos casos, robarse celulares, dinero y/u otros objetos de valor”; los robos de objetos personales “no se dan únicamente en contextos de allanamientos, sino también en las interacciones en el espacio público”.
El informe también diferencia niveles de corrupción y violencia entre las distintas fuerzas. “La policía provincial apareció como participante activa en redes delictivas, desde las más precarias a las más complejas”, mientras que en las fuerzas federales esa participación sería ocasional. “Las relaciones entre los jóvenes de sectores populares con la policía, pero también con las fuerzas federales, está signada por la naturalización de la injusticia, y ese dato es clave a la hora de entender a la policía como un espacio de corrupción generalizado”, afirman los investigadores.
El informe permite visibilizar los delitos de la policía de Rosario como prácticas extendidas y no ya como episodios aislados. El patrón tácito de los procedimientos policiales consiste en abordar a jóvenes de barrios periféricos y a personas conocidas por tener conflictos con la ley. Estos episodios no siempre son denunciados y ocasionalmente tropiezan con la desconfianza de los encargados de investigar, como reconoció el fiscal José Luis Caterina en una entrevista reciente con Radio 2: “Mantenemos esa cuota de escepticismo de decir: no puede ser. Pero nos tenemos que acostumbrar, porque lo vemos” (https://ar.radiocut.fm/audiocut/fiscal-jose-luis-caterina-a-cargo-investigacion-a-dos-policias-por-apremios-ilegales/).
Los casos que suele abordar el Ministerio Público de la Acusación de la provincia son los que escapan al patrón policial y afectan a víctimas de clase media, empresarios o comerciantes. Entre los más recientes, un policía de Asuntos Internos y otro del Comando Radioeléctrico fueron imputados por robar 19 millones de pesos al dueño de una fábrica de plásticos, donde se presentaron con una falsa orden de allanamiento el 29 de septiembre; dos policías del Comando Radioeléctrico le robaron 28 mil dólares el 28 de agosto a una persona domiciliada en una zona residencial de Rosario después de pedirle documentos y someterlo a apremios y vejaciones.
Entrevistado en el reciente libro Rosario, perfil de una ciudad al límite, de Arlen Buchara, el ministro Cococcioni reivindica el video de presos exhibidos “a lo Bukele” en marzo de 2004 que provocó como represalia los asesinatos de cuatro trabajadores elegidos al azar en Rosario. “Fue la forma de hacer saber que no había trato” con las organizaciones criminales, se justifica Cococcioni.
El video inauguró una política de comunicación que continúa con otras prácticas del gobierno provincial y el MPA explotadas en función de la demagogia punitiva: las demoliciones de puestos de venta de drogas, difundidas en redes sociales, ya exhibida durante el gobierno de Antonio Bonfatti (2011-2015); la obligación de que los presos de alto perfil (categoría creada por el gobierno actual, sin control judicial) vistan uniforme de color naranja, como en las cárceles estadounidenses; la confección de una lista de “los diez más buscados” al estilo del FBI. Sin embargo, los tratos entre la policía de Santa Fe y las bandas criminales continúan.
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