UNA COSA Y LA OTRA

Sin justicia tributaria no hay justicia social

 

Carlos Heller es redactor y asesor de Máximo Kirchner en temas tributarios y bancarios y autor de de una frase memorable acerca de las rupturas y transformaciones entre fases de un capitalismo que ya dura casi cuatro siglos: “El estado neoliberal es la forma del capitalismo de recuperar la inversión o el gasto hechos durante el estado de bienestar, son parte de una misma secuencia con crisis más o menos profundas, pero perdurable en el tiempo”. La pronunció en la presentación del libro La recaída neoliberal de Claudio Scaletta y debería ser remera. Por estos días le confió a este escriba cuál es el equilibrio a cuidar con el diseño del impuesto a los milmillonarios del país y que es a la vez la principal dificultad para dar a conocer la letra definitiva del proyecto: “Buscamos gravar la menor cantidad de contribuyentes, obteniendo el máximo de recaudación y al menor costo de desgaste o confrontación social”. Esto vendría a ser entre 12 y 14 mil personas físicas y jurídicas con más de u$s 3 millones en su haber, con una alícuota de entre 2 y 3,5%  y por única y excepcional vez, que reportarían entre U$s 2.500 y u$s 3.800 millones. Esto vendría a ser que el 1,1% de los que pagan bienes personales o el 0,08% de la PEA (Población Económicamente Activa) pagará por única y pandémica vez una alícuota irrisoria del patrimonio que tienen declarado, o sea en blanco.

“No es una persecución ni confiscatorio de nada, nadie que tenga 3 millones de dólares va a ser menos rico por este impuesto”, asegura Carlos Heller.

Chequeado off the record con varios asesores de la City y on the record con Hernán Arbizu, los millonarios argentinos tienen declarado aproximadamente un 25% de sus patrimonios reales. O sea que estarían financiando a un Estado fundido por el gobierno que mayoritariamente votaron y sostuvieron para hacer negocios repletos de irregularidades, con un 3,5% máximo de un cuarto de sus patrimonios reales. Entonces, más allá de tranquilizar a la opinión pública (que respalda indudablemente al gobierno de Todes) y enfrentar la agresividad con que se defienden del impuesto los ricos y  los medios que los expresan y de los que son dueños en muchos casos…¿qué estaríamos discutiendo?

Fugan en moneda dura, subdeclaran patrimonio y rentabilidad empresaria, hacen imposible que la AFIP tenga una base actualizada y fiel de su capacidad contributiva, obligan a un complejo y también impreciso cruce de datos entre organismos del estado para definir una muestra razonable de un universo desconocido y piden que no se los grave o que se considere el Patrimonio Neto contabilizando deudas para bajar aún más la cantidad de alcanzados y la alícuota a imponer (porque por eso se llaman impuestos y no contribuciones voluntarias, una de las diferencias entre justicia social y caridad).

Los equilibrios inversamente proporcionales que enunciaba Heller tampoco parecen alcanzar y es entonces cuando la decisión política del binomio presidencial se torna decisiva. Alberto hizo todos los números y consultó a varios economistas y tributaristas al modo en que Néstor resolvía este tipo de cosas. Con eso y un poderoso sentido común, para descartar de plano la baja de salarios para funcionarios políticos y apoyar un impuesto que resulta polémico y utópico sólo en países donde la política renuncia a ejercer la conducción de las naciones y se resigna a garantizar el enriquecimiento corporativo de sus millonarios. Hubo varias concesiones (no combina patrimonio y rentabilidad empresaria, no serán 20 mil sino casi la mitad, serán dos alícuotas y no una progresiva de un punto cada millón de dólares y no será una vez por año sino por única vez).

Hernán Arbizu —que alguna vez fuera consultado por Kiciloff y Alvarez Agis para cortar el contado con liqui como un instrumento para fugar divisas— manejó durante muchos años carteras de empresas y personas físicas con un piso de u$s 200 millones (entre los que figuraban Nardelli y Padoán de Vicentín) y conoce perfectamente el ADN de los 50/100 millonarios y asegura que si pudiese darles un consejo sería “juntarse y ofrecer voluntariamente al Estado un impuesto como éste, o bien ponerse a la orden y sacar chapa de solidarios y patriotas” pues el costo material es ridículo comparado con el beneficio simbólico y político que obtendrían. Especialistas en maximizar ganancias a costo bajo o cero, no son capaces de hacer esta cuenta sencillamente porque están acostumbrados a beneficiarse sin límite ni pudor de la impunidad económicas, tributarias y judiciales. O como dijese Michal Kalecki porque cualquier concesión ante un Estado intervencionista implica una derrota cultural y política que sienta precedentes indeseables y amenaza sus posiciones de privilegio.

Sale o sale, pero así las cosas habrá que sesionar con la ventana abierta a impugnaciones y aprietes de todo tipo y defender un proyecto justo, razonable y que tal vez deba sufrir algunos afeites para poder sumar las sanciones de las dos cámaras legislativas.

 

 

 

No hay peor ley que la que no se aplica

Muy lejos del ideal noeoliberal de mercado vivo y estado bobo, estaríamos en condiciones de afirmar que este estado keynesiano en guerra contra la pandemia es un estado de gracia y contención pero también de una notable impotencia para disciplinar a los factores de poder que nos prestan el país para vivir como argentinos. Y el que preside Alberto Fernández es claramente el gobierno de todes les argentines, por vocación, por convicción, por gestión concreta y expuesta (aunque algunos sectores queden momentáneamente fuera del manto protector por problemas logísticos o de recursos). Este es el gobierno de todes menos de AEA, ADEBA, la Mesa de Enlace, la Cámara de Supermercados occidentales y orientales, la corporación clínico-sanatorial, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y el lobbysta masivo de todos ellos: las empresas multemediales que en muchos casos son parte de sus dispositivos de negocios integrados horizontal y verticalmente.

El botón de muestra de la semana, que opone la generosidad y valores humanos e ideológicos con los que se maneja el gobierno y los ricos corporativizados del país, es el del sostén crediticio para empresas Micropymes y Pymes ante la imposibilidad de afrontar parcial o totalmente el pago de salarios en blanco (en un país donde el trabajo no registrado alcanza el 43% y si sumamos las modalidades de fraude laboral asciende al 63%):

  • El gobierno releva esta problemática de primera mano y dispone créditos a una tasa del 24% anual para empresas de menos de 100 trabajadores, con los que deberían afrontar pagos de salarios. A tal fin se emite la Comunicación A6964 del Banco Central que modifica la A6937, ambas de marzo y distantes una semana entre sí, es decir: correcciones rápidas y certeras y sustentadas en la Carta Orgánica del Central, que le confiere al Central facultades regulatorias y sancionatorias (artículo 4, incisos b y c).
  • El Estado que protege la vida de los argentinos y trata de minimizar los daños económicos de esta excepcionalidad emite pesos para canjear las posiciones en Leliqs que poseen los bancos privados y dotarlos de mayor liquidez para afrontar la medida.
  • La banca privada resiste la medida por idiosincrasia, afán de lucro y justificándose en una desatención inicial: muchas empresas no tienen avales suficientes para solicitar los montos que requieren.
  • El Estado reacciona y el 1° de abril emite del Decreto 326/2020 haciéndose cargo de garantizar esos préstamos a través del FOGAR (Fondo de Garantía Argentino).
  • Con FOGAR y todo las empresas son casi exclusivamente financiadas por la Banca Estatal (Central, Nación, BIND, Hipotecario) y al 15 de abril representan el 80% del crédito otorgado por el sistema bancario, lo que motiva otra declaración certera del presidente: «Necesitamos que los Bancos trabajen de Bancos y dejen de hacer negocios prestando plata al Banco Central. Si quieren financiar al Estado que lo hagan para obra pública, pero no con letras como las Leliq, por las que cobran una tasa exorbitante y después pagan 24% un plazo fijo (…) Hemos hecho todo para que los Bancos entiendan que este no es un momento para ganar, si no para apoyar, pero no entienden. Estoy indignado, pero con Martín (Guzmán) y (el presidente del Banco Central Miguel) Pesce vamos a poner las cosas en orden”.
  • Quedamos a la espera de que se ejecuten las atribuciones sancionatorias que le confiere al Estado la Ley de Entidades Financieras (artículo 41 legado por la última dictadura militar) a través de la Carta Orgánica del Central.

Y aquí viene punto clave para el periodismo que se dedica al análisis político: para situar análisis y críticas, aportes generosos y egomanías. El Estado conducido por el Frente de Todes diagnostica bien (los elementos que faltan pueden ser aportados y tienen efectos claros en la corrección de errores y olvidos), señala y califica claramente a los sectores e individuos que se desmarcan para proteger negocios e intereses particulares, diseña herramientas apropiadas para los problemas que busca resolver y las implementa rápidamente. El problema no es el Estado, son los que conducen el Mercado los que se burlan del refranero solidario de la pandemia y las estatuas parlantes del comercial de YPF. La era de la ingenuidad real o impostada va llegando a su fin, los pueblos saldrán emprobrecidos y sensibilizados, más solidarios, menos racistas tal vez, pero el capitalismo será humanista y de inclusión o será lo mismo de siempre, conviene saberlo porque ya está pasando, porque las profecías teleológicas son de papel y arena, aunque las mejores virtudes de la condición humana nos impidan aceptarlo rápida y nuevamente.

 

 

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