En menos de dos semanas arranca en Doha, Catar, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. Convocatoria marcada por la crisis del multilateralismo, así como por una fatiga inevitable tras tantos eventos de las Naciones Unidas con relativamente pocos resultados. A pesar de algunos avances sociales, los esfuerzos de dicha organización lucen frágiles debido a los estragos causados por la persistente pobreza mundial.
Esta será la segunda cumbre, a treinta años de la de 1995 en Copenhague, y entre el 4 y el 6 de noviembre reunirá a miles de representantes de gobiernos e instituciones internacionales y de la sociedad civil. El programa incluye una sesión oficial y una paralela. Esta última, con un día para el Foro de la sociedad civil y otro para el Foro del sector privado.
Hasta la tercera semana de octubre, los medios de información poco se interesaron en la dinámica preparatoria de la Cumbre de Catar, desde ya eclipsada por una coyuntura mundial donde los conflictos en Palestina y Ucrania, así como la imposición unilateral de aranceles por Washington, parecen definir otras prioridades.
Desde Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que tres décadas después de Copenhague esta nueva convocatoria busca evaluar el progreso alcanzado y definir nuevas estrategias para los desafíos actuales. Según la CEPAL, “persisten problemas como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en un contexto de crisis globales y cambios acelerados”, de allí la esperanza de que esta cumbre ofrezca una oportunidad clave para fortalecer compromisos y promover políticas que garanticen mayor cohesión social y movilidad económica. “América Latina y el Caribe, con una larga trayectoria en el debate sobre desarrollo social”, anticipa la CEPAL, “presentará propuestas para reducir la desigualdad y mejorar la inclusión social”. Como expresión de deseos esta organización latinoamericana espera que la cumbre sirva como plataforma para consolidar una perspectiva común que refuerce la gobernanza, la cooperación internacional y el papel de la sociedad civil en la implementación de políticas efectivas para el desarrollo sostenible.
Tibios progresos, enormes deudas civilizatorias
Con la mirada puesta en Catar, la segunda quincena de octubre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó la campaña “Esto es justicia social”,mediante una serie de videos con historias humanas que muestran el impacto de la justicia social en la vida de trabajadores, empleadores y comunidades.
Algunas semanas antes, a fines de septiembre, en su Informe sobre el Estado de la Justicia Social en 2025, la OIT reconoció varios logros desde Copenhague 1995 hasta el presente. Por ejemplo, la disminución del trabajo infantil del 20,6% en 1995 al 7,8% en 2024 y el aumento del índice de finalización de la escuela secundaria en 22 puntos porcentuales desde 2000 hasta la fecha. Además, el hecho de que la pobreza extrema pasara de 4 de cada 10 personas en 1995 a 1 de cada 10 en 2023 y que la proporción de trabajadores pobres se redujera del 27,9 % en 2000 al 6,9 % en 2024.
Sin embargo, la propia OIT reconoce enormes tareas pendientes y deudas sociales no resueltas. Fundamentalmente, que no se haya logrado erradicar la pobreza, como lo evidencian estos datos tan preocupantes: 800 millones de personas aún viven con menos de 3 dólares al día y una de cada cuatro carece de acceso al agua potable. El desequilibrio resultante sigue siendo una constante planetaria: el 1% más rico de la población mundial posee el 20 % de los ingresos y el 38% de la riqueza. En paralelo, la brecha entre la fuerza de trabajo masculina y la femenina mejoró muy poco desde 1995 y el índice de informalidad laboral se redujo apenas dos puntos porcentuales desde 2005, con un 58% de los trabajadores aún en empleo informal. Si de derechos humanos fundamentales se trata, la OIT constata un deterioro del derecho de asociación y de negociación colectiva, para mencionar tan solo dos.
Fatiga de cumbres
A fines de mayo pasado, la agencia informativa IPS publicó un comentario analítico titulado “La Cumbre Social Mundial de 2025 no debe ser una oportunidad perdida”. Escrito a seis manos por Isabel Ortiz, Odile Frank and Gabriele Koehler, tres dirigentes femeninas de prestigio en instituciones internacionales miembros de la organización Justicia Social Global, el análisis señala que “en la sede de la ONU circulan rumores de que hay poca ambición en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social… [y que] diplomáticos y expertos hablan de una ‘fatiga de cumbres’ tras un calendario repleto de reuniones globales: la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023, la Cumbre del Futuro de 2024 y la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 2025”.
Además deslizan que el Borrador de la Declaración Política de la Cumbre Social “carece de la ambición necesaria para enfrentar las múltiples crisis sociales que atraviesa nuestro mundo”.
Para estas tres coautoras, la realidad es contundente: “Hay demasiado en juego. El mundo ha cambiado dramáticamente desde la histórica primera Cumbre Social de 1995 en Copenhague. En aquel entonces, los líderes mundiales reconocieron la necesidad de un desarrollo centrado en el ser humano. Hoy, la urgencia ha crecido exponencialmente en un mundo fracturado y volátil”.
El punto clave del comentario es el análisis de la actual situación mundial, con una población que debe enfrentar múltiples crisis superpuestas: una policrisis pospandémica, una crisis del costo de vida que ha empujado a millones a la pobreza, la priorización del bienestar corporativo sobre el de las personas, un rápido deterioro democrático que agrava las desigualdades, una creciente emergencia climática y una prolongada crisis de empleo que, con toda probabilidad, se deteriorará drásticamente debido al uso de la inteligencia artificial (IA). Por otra parte, la confianza en los gobiernos y en las instituciones multilaterales se está erosionando, el descontento social y las protestas se multiplican y las desigualdades, tanto internas como internacionales, han alcanzado niveles grotescos. Por todo ello, coinciden, “una declaración tímida [en la Cumbre de Catar de noviembre] … sería una traición a quienes siguen viendo en las Naciones Unidas un modelo de justicia y dignidad humana”.
¿Cómo evitarlo, se interrogan? Según ellas, la Declaración debe definir acciones vinculantes y compromisos explícitos para construir sociedades que funcionen para todo y que generen prosperidad para todos. Esto implica, entre otras iniciativas, “reducir las desigualdades de ingresos y riqueza que socavan profundamente la cohesión social, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible”. Además, reconocer la justicia de género como un pilar fundamental, sin la cual se estaría traicionando a la mitad de la humanidad y fracasando en su misión de promover los derechos humanos, la dignidad y el desarrollo sostenible.
Por otra parte, insisten Ortiz, Frank y Koehler, se debe garantizar servicios públicos universales y de calidad a través de sistemas financiados y gestionados con fondos públicos para proteger a los trabajadores, eliminar barreras a los servicios de calidad mediante una sólida inversión pública basada en una financiación más justa y proteger el desarrollo social de los recortes presupuestarios y la privatización.
Con respecto a la creciente precariedad de ingresos, proponen abordarla mediante la inversión en trabajo decente con derechos/estándares laborales y la extensión de sistemas y niveles de protección social universales. Y promover una economía del cuidado que apoye a la mujer y priorice el bienestar sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Conceptualmente, sostienen, se debe reconocer las limitaciones de los paradigmas centrados en el crecimiento y en cambio adoptar políticas orientadas a la sostenibilidad ecológica y el desarrollo equitativo. No menos esencial en este panorama reivindicatorio es el combate contra los movimientos anti-derechos y anti-género y la reafirmación de los compromisos globales con los derechos humanos y la democracia.
El avance hacia la justicia social mundial confronta al planeta a sus propias contradicciones sistémicas, entre un ideal de mayor redistribución --con Estados sociales más fuertes – y un sistema hegemónico centralizador en lo económico y excluyente y discriminatorio en lo social.
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