Una cura para la anomia

Los casos de incapacidad pública para hacer cumplir la Ley se multiplican y enferman a la sociedad

 

Diversos episodios ocurridos en las últimas semanas nos muestran una creciente tendencia a la anomia –el no cumplimiento de leyes o convenciones que regulan la vida social— en diversos planos de la realidad nacional, que vuelve más difícil la convivencia en el país y realimenta nuevos impulsos en una dirección destructiva.

Los síntomas se encuentran diseminados, desde las más pequeñas acciones de la micro política hasta las más importantes cuestiones institucionales, y se dan en el contexto de una áspera lucha entre un gobierno que busca asentarse y encaminar la situación económica-pandémica y social, y un diverso abanico opositor que busca en principio evitar que tal encaminamiento se produzca.

El problema de la anomia no es una cuestión teórica, que deba preocupar exclusivamente a lxs sociólogxs o politólogxs,  de interés para ser debatida en foros académicos o conferencias internacionales.

Es un tema de primera importancia política, porque la persistencia de ese fenómeno augura días complicados para el país y nuevos sofocones políticos para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Veamos algunas situaciones recientes.

 

 

La batalla del country Ayres de Pilar

Imaginemos por un segundo estos títulos: “Una turba impide que se cumpla un fallo de la Justicia” o “Una patota violenta impide que un ciudadano pueda ingresar a su propio domicilio a pernoctar”. Serían dos títulos que generarían sorpresa y preocupación en una sociedad normal.

Sin embargo, en el distorsionado clima social argentino, estos dos hechos no sólo no merecen repudio social, sino que son considerados una victoria de la “decencia” frente a la “corrupción”. Ambos hechos son en realidad uno, y ocurrieron cuando el Tribunal Oral Federal Nº 4 decidió hacer lugar a la prisión domiciliario de Lázaro Báez, empresario convertido por obra de la publicidad mediática-macrista en emblema de la corrupción K.

Esa noche, nuestro país pudo observar por televisión cómo las fuerzas públicas encargadas de ejecutar la orden judicial fracasaban en su cumplimiento y se rendían frente a un grupo de “vecinos exaltados” que no querían permitir la concreción de la disposición de uno de los poderes del Estado.

Fue evidente la incapacidad de los oficiales a cargo de llevar adelante la decisión del Poder Judicial, y de amparar a una persona que debía seguir cumpliendo prisión en su propio domicilio.

El derecho y el poder del Estado naufragaron por televisión, como si se tratara de un espectáculo más de los que observamos cotidianamente lxs argentinxs. ¿Dónde están las causas del fracaso de ese trámite administrativo menor? ¿No están en condiciones las diversas fuerzas de seguridad de hacer cumplir una orden oficial? ¿Qué impidió que aplicaran razonablemente la fuerza en resguardo de derechos elementales, frente a un grupo que realizaba una acción ilegal?

Esa noche se expresó, una vez más, la inhibición de todo el aparato estatal frente al poder de un sector social reducido, de situación acomodada, que parece el único que detenta una ciudadanía a prueba de la Ley. Es un sector social de elevados ingresos, fuertemente derechizado, y que se muestra en una actitud de abierto desafío —en la práctica— a toda disposición que lo contraríe.

Se encuentra empoderado por una ideología individualista militante, que se viene difundiendo promovida desde los principales medios y desde la Alianza Cambiemos. Es la convicción de que ese sector de la derecha social es la única fuente de legitimidad, la única vara desde la cual se debe medir al resto de la sociedad. No se les aplica la Ley común, porque por sus méritos –expresados u objetivados en su riqueza— no corresponde que sean molestados. Serían la encarnación misma de la libertad, y por lo tanto, si se les aplicara la Ley, sería en realidad autoritarismo. Quien osase intentar aplicar la Ley a este sector social, fuertemente ideologizado y en estado de agitación activa, estaría realizando una agresión a “las libertades” y cayendo, como era de esperar, en leso chavismo.

Por lo tanto, en nuestra realidad actual, la medida de la aplicabilidad de la Ley pasaría por la furia que son capaces de desplegar los sectores más acomodados, incitados y al mismo tiempo protegidos por un poder comunicacional que los organiza y representa.

El caso del country, como veremos, es uno más entre muchos otros casos. La técnica consiste en movilizar grupos en un estado de furia irracional, por lo general con una percepción fuertemente distorsionada de la realidad, uno de cuyos ingredientes es la completa tergiversación de los objetivos de las medidas gubernamentales. Por lo general, las autoridades terminan cediendo frente al enloquecimiento promovido intencionalmente por los medios y los agitadores que responden a algún poder concentrado.

Lo novedoso de esa situación es que se trata de grupos de derecha movilizada, que fuerzan situaciones violentas, y que actúan el relato anti-gobierno, anti-Alberto y anti-k de los medios.

Todo esto está ocurriendo en forma creciente, y no aparece una clara contestación pública frente a esta “nueva forma de hacer política” que está ejercitando la derecha furiosa.

La derecha local ya hace tiempo leyó a Gramsci, y ensayó con bastante éxito un discurso –la decencia, el trabajo, el esfuerzo individual— capaz de convocar a  diversos sectores que no comparten los grandes intereses de su núcleo básico. La validez de su superioridad moral está plenamente expresada en la distancia entre las palabras de Mauricio Macri (República, transparencia, decencia) y sus acciones de gobierno.

 

 

La batalla de la Quinta de Olivos

Otra demostración de anomia fue el episodio de la rebelión policial de la semana pasada. Montados en diversas demandas legítimas del personal policial, diversos punteros macristas y personal con oscuros prontuarios acaudillaron una protesta, que sorpresivamente se extendió hasta provocar el rodeo de la Residencia Presidencial en Olivos.

En una demostración de la falta total de reglas, medidas y límites, numerosos móviles policiales y personal armado de la policía bonaerense, luego de concentrarse en el perímetro del predio, reclamaron que el Presidente de la Nación saliera a negociar con la turba policial, que carecía de representatividad alguna.

Con el correr de las horas, lo insólito de la situación empezó a hacerse sentir. La reacción oficial fue muy limitada, ya que se optó por hacer como si no pasara nada grave. No se instó a los patrulleros a retirarse inmediatamente del lugar. El Presidente actuó prefiriendo disolver gradualmente el episodio atendiendo a las razones legítimas del reclamo. A medida que pasaban las horas, factores externos al sistema político convencieron a los políticos opositores para expedirse en contra de la continuidad del asedio a la Residencia presidencial.

Los responsables del evento no pueden ser ajenos al significado político de la acción. Y los participantes, como servidores públicos, no pueden tener tal nivel de ignorancia o de indiferencia democrática. Pareciera que así como se están haciendo capacitaciones con perspectiva de género en diversos niveles de la administración pública, se debería volver a explicar a la policía bonaerense que un funcionario armado no es un pistolero, sino que tiene una enorme responsabilidad, precisamente para defender a la sociedad de los pistoleros. Que los auxiliares de la Justicia no pueden violarla. Y que los representantes del Estado no pueden andar prepoteando al representante de toda la Nación. Reglas básicas, que parecen no estar rigiendo.

Son hechos que requieren una reacción que marque con claridad que existe Ley, que la Ley debe ser cumplida, y que si no se cumple hay sanciones claras y concretas. No debe tratarse de una acción oculta, porque lo que se debe restaurar públicamente es la autoridad del Estado democrático.

 

 

Un problema viejo

Durante los gobiernos kirchneristas, también ocurrieron episodios donde el Estado no pudo hacer respetar la Ley. Un caso famoso fue el corte durante 3 años y 6 meses del puente internacional General San Martín que une la Argentina con Uruguay, por parte de numerosos vecinos de Gualeguaychú. El tema que ocasionaba la protesta era grave, porque se temía por la salud y el bienestar de ciudad a partir de la construcción de una planta procesadora de papel. Pero la forma que tomó la protesta excedió lo razonable, cerrándose un paso internacional que es de absoluta incumbencia del Estado nacional. Ningún sector particular puede disponer de parte de la frontera del país, por la razón que sea. La masividad de la protesta seguramente pesó en que no se usara la fuerza pública para abrir el paso.

En el conflicto de las entidades agropecuarias contra el gobierno nacional por la Resolución Nº 125, el sector entró en un estado semi insurreccional contra las autoridades públicas, cortando rutas y atribuyéndose la capacidad de regular quiénes pasaban y quiénes no por las carreteras de diversas regiones del territorio nacional, violando explícitamente uno de los derechos constitucionales básicos. Además de ello, se buscó conscientemente provocar el desabastecimiento en los grandes centros urbanos y el consiguiente efecto de penurias generalizadas e inflación. La derecha social hizo sentir violentamente su desapego a las leyes, su desconexión con sus compatriotas, y el precario estado de paz que reina en la Argentina cuando no se gobierna en función de sus intereses sectoriales. El gobierno optó por no reprimir.

Se puede entender que en determinada circunstancia histórica la atribución del Estado a hacer cumplir la Ley no se ejerza por atendibles razones políticas, para evitar males mayores o preservar la vida de los ciudadanos, pero esa prudencia no puede ser transformada en una práctica permanente que convalide la impunidad de los sectores privilegiados para bloquear las disposiciones que no les satisfacen.

Recientemente, cuando el Estado Nacional decidió la intervención de la empresa Vicentin, en medio de una situación delictiva de la que se conocen día a día más detalles escabrosos, se encontró con una especie de “pueblada” prefabricada por los dueños de la propia empresa, que impidió a las autoridades del Estado acceder a las instalaciones para comenzar las primeras tareas de salvaguarda del patrimonio público. Nuevamente, otra movilización furiosa en función de la defensa de una corporación que ha estafado a productores, trabajadores, bancos públicos y bancos extranjeros, recibió una bendición mediática como si encarnara el “bien común”. Otra vez el Estado actuó como si careciera de poder y los funcionarios se retiraron ante la indecisión de aplicar la Ley, aunque eso implicara ceder ante el poder movilizador de la delincuencia.

Los casos de incapacidad pública para hacer cumplir la Ley se multiplican, y enferman a la sociedad. En el ámbito de la economía, la maniobras ilegales con el dólar que crean incertidumbre y malestar, las remarcaciones ilegales de precios que observamos todos los días, los desalojos que están prohibidos pero ocurren, son formas de anomia que perjudican a la mayoría de la sociedad y develan una inhibición de los diversos niveles institucionales para ejercer el poder legal.

 

La anomia se cura con Ley

Alguien, desorientado por una postura estrictamente legalista, podría preguntar por qué no ejercer entonces la violencia legal contra los movimientos sociales y laborales que reclaman por sus derechos en la calles, infringiendo alguna norma urbana.

La respuesta es elemental: mientras los movimientos populares reclaman por derechos conculcados de facto por el funcionamiento de una economía excluyente, rentista y especulativa, lo que los movimientos violentos de derecha hacen es reclamar para cristalizar privilegios inadmisibles, despojar de derechos a otros ciudadanos o para retroceder en el ordenamiento social hacia una sociedad oligárquica y estratificada.

La furia desplegada por los sectores de derecha parecería ser un argumento suficiente para que se suspenda el orden legal y el Estado se abstenga de aplicar la Ley, por miedo a herir la sensibilidad delirante de los grupos movilizados, o a ser catalogado como “represivo” por la derecha comunicacional.

Pero el gobierno no puede aparecer intimidado por los medios de comunicación y los grupos civiles violentos que actúan en conjunción, simplemente porque estos no tienen límite y pueden empujar a un cuadro de ingobernabilidad. Debe comenzar a trazar una clara línea roja sobre lo que se puede y no se puede hacer en un sociedad civilizada.

Podría esperarse –sería lógico— que una parte de la oposición, desesperada por lo que comienza a conocerse de las irregularidades institucionales y económicas de su gestión, no vea otra alternativa que incitar a situaciones de alta conflictividad para tratar de eludir el rumbo de decadencia política en la que está sumergida. Eso no puede cambiarse.

Lo que sí conviene precisar es cómo se para el poder político frente a las manifestaciones de anomia, hoy protagonizadas por una derecha violenta, acostumbrada a la impunidad y amparada por la “opinión pública” formada por los medios opositores.

Esa revisión implica clarificar públicamente la diferencia abismal existente entre el ejercicio legítimo de la autoridad pública —que confiere la Constitución y las leyes—, con el inventado “autoritarismo oficial” por parte de quienes reclaman la inmovilidad de modelo social macrista.

Si la sociedad argentina fue capaz en su momento de comprender que las Fuerzas Armadas no tenían facultades legales para remover a ningún Presidente constitucional, también deberá comprender hoy que un Estado impotente para hacer cumplir la Ley no deja el vacío para ser llenado por la libertad de los individuos, sino por el autoritarismo al servicio de las corporaciones.

 

 

 

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14 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Ricardo:
    Impecable análisis, que comparto.
    Al parecer, todavía siguen presentes aquellas palabras de Jean-Jacques Rousseau en el “Discurso sobre el origen de la desigualdad”: “…Si tenemos un príncipe -decía Plinio o Trajano- es con el fin de que nos preserve de tener un amo…”.
    En dicho discurso también refería: “…Hubiera, pues, querido que nadie en el Estado pudiese pretender hallarse por encima de la ley, y que nadie desde fuera pudiera imponer al Estado su reconocimiento; porque, cualquiera que sea la constitución de un gobierno, si se encuentra un solo hombre que no esté sometido a la ley, todos los demás hállanse necesariamente a su merced (1); y si hay un jefe nacional y otro extranjero, cualquiera que sea la división que hagan de su autoridad, es imposible que uno y otro sean obedecidos y que el Estado esté bien gobernado.
    Yo no hubiera querido vivir en una república de reciente institución, por buenas que fuesen sus leyes, temiendo que, no conviniendo a los ciudadanos el gobierno, tal vez constituido de modo distinto al necesario por el momento, o no conviniendo los ciudadanos al nuevo gobierno, el Estado quedase sujeto a quebranto y destrucción casi desde su nacimiento; pues sucede con la libertad como con los alimentos sólidos y suculentos o los vinos generosos, que son propios para nutrir y fortificar los temperamentos robustos a ellos habituados, pero que abruman, dañan y embriagan a los débiles y delicados que no están acostumbrados a ellos. Los pueblos, una vez habituados a los amos, no pueden ya pasarse sin ellos. Si intentan sacudir el yugo, se alejan tanto más de la libertad cuanto que, confundiendo con ella una licencia completamente opuesta, sus revoluciones los entregan casi siempre a seductores que no hacen sino recargar sus cadenas. El mismo pueblo romano, modelo de todos los pueblos libres, no se halló en situación de gobernarse a sí mismo al sacudir la opresión de los Tarquinos (2). Envilecido por la esclavitud y los ignominiosos trabajos que éstos le habían impuesto, el pueblo romano no fue al principio sino un populacho estúpido, que fue necesario conducir y gobernar con muchísima prudencia a fin de que, acostumbrándose poco a poco a respirar el aire saludable de la libertad, aquellas almas enervadas, o mejor dicho embrutecidas bajo la tiranía, fuesen adquiriendo gradualmente aquella severidad de costumbres y aquella firmeza de carácter que hicieron del romano el más respetable de todos los pueblos.”.

  2. Manuel Marí dice

    Muy bueno lo del autoritarismo de las corporaciones

  3. apico dice

    Larreta reprime. Los votos de los ciudadanos Capitalinos, lo habilitan para reprimir a la marcha por Santiago, a los enfermeros en su día y todo aquel que reclame algún derecho. En cambio no está autorizado a reprimir a quienes se cagan en la cuarentena, a quienes queman barbijos, etc. Lo que hace Larreta es ejercer su legitimidad obtenida en las urnas. AF opta por lo contrario, …..¿quien tiene razón?. El poder debe ejercerse, porque si no se lo delega en quien representa a las minorias…..¿que no hay que caer en la provocación, ser prudentes,,etc, etc ? Eso es verso, si no hay decisión política, no existe el modo de ejercer el mandato popular. Es declinar el poder otorgado por los ciudadanos y abdicar ante los ricos y mafiosos. Es el mal camino. Un saludo peronista.

  4. HERNÁN DE ROSARIO dice

    El profesor Aronskind comienza su artículo de la siguiente manera:

    “Diversos episodios ocurridos en las últimas semanas nos muestran una creciente tendencia a la anomia –el no cumplimiento de leyes o convenciones que regulan la vida social— en diversos planos de la realidad nacional, que vuelve más difícil la convivencia en el país y realimenta nuevos impulsos en una dirección destructiva.
    Los síntomas se encuentran diseminados, desde las más pequeñas acciones de la micro política hasta las más importantes cuestiones institucionales, y se dan en el contexto de una áspera lucha entre un gobierno que busca asentarse y encaminar la situación económica-pandémica y social, y un diverso abanico opositor que busca en principio evitar que tal encaminamiento se produzca.
    El problema de la anomia no es una cuestión teórica, que deba preocupar exclusivamente a los sociólogos o politólogos, de interés para ser debatida en foros académicos o conferencias internacionales.

    Es un tema de primera importancia política, porque la persistencia de ese fenómeno augura días complicados para el país y nuevos sofocones políticos para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Veamos algunas situaciones recientes”.

    ¿Por qué al Estado argentino le cuesta tanto hacer respetar la ley? Me parece que una razón fundamental es porque el Estado argentino no da el ejemplo, es el primero a la hora de no respetar la ley. Aquí uso el término Estado como sinónimo de gobernantes. En consecuencia, cualquier ciudadano de a pie se pregunta: ¿por qué voy a obedecer la ley si el presidente X no lo hace? La ejemplaridad es muy importante. No es lo mismo Arturo Illia o Raúl Alfonsín que Mauricio Macri a la hora de exigir el cumplimiento de la ley. En esta grave cuestión juega un rol gravitante el Poder Judicial. Es fundamental que existan jueces dignos y probos que obliguen con sus sentencias a los ciudadanos de a pie y a los gobernantes a obedecer la ley. ¿Los tenemos?

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir parte de un ensayo de Hilda Eva Chamorro Greca de Prado (Profesora Emérita de la universidad Nacional de Córdoba) titulado “El concepto de anomia, una visión en nuestro país” (discurso de recepción como académica de número pronunciado el 3 de mayo de 2005, en la Academia Nacional de Derecho y ciencias sociales de Córdoba)

    Los Valores

    Sebastián de Gracia llamó «anomia aguda» cuando hay un deterioro o desintegración del sistema de valores que dan por resultado una marcada ansiedad. Los juicios de valor, cualesquiera sean ellos, ya éticos, estéticos, económicos, políticos, educativo, religiosos y morales trasuntan las ideas que la sociedad genera. Por ello pueden variar de sociedad en sociedad o de tiempo en tiempo, aún de un grupo a otro y a nivel social al que el individuo pertenece. Los cambios en las valoraciones pueden explicarse en función de cambios históricos y de las cambiantes necesidades funcionales. La obsolescencia que rápidamente sufren las ocupaciones y los conocimientos especializados que requieran el cambio permanente de tecnologías apropiadas ayudan a la intranquilidad o cuando no a la angustia y temor por el futuro. «Para sociología los valores son hechos constituyentes de la estructura social. El sociólogo, no pretende valorar su equivalencia intrínseca, sino que los trata como objetos poco frecuentes del deseo socialmente condicionado, desigualmente distribuidos indiferentemente condicionados». Durkheim consideró que el valor es un hecho y la sociología estudia los hechos tal cual son, y por tanto, a la hora de juicios de realidad al ser hechos sociales son datos determinados para cada persona y limitan el comportamiento social hacia ellos. Para algunos autores los valores son meras construcciones subjetivas. Simian decía: «los valores son los que se resisten a nuestra espontaneidad personal». A nivel teórico durante mucho tiempo se sostuvo que los valores inmutables y absolutos competían más a los moralistas, teólogos y filósofos que a los sociólogos. Al respecto Karl Mannheim dijo: «la justificación teológica y filosófica de los valores apela a los hábitos mentales de hombres acostumbrados a obrar bajo la autoridad, mientras que el punto de vista sociológico apela al hombre educado democráticamente porque la obligación social puede ser experimentada razonablemente».

    Como lo señalamos oportunamente Talcott Parsons consideraba a los valores y las guías generales para la conducta intencional. Los valores ejercen una forma de dominio sobre las normas, las que definen las relaciones de la colectividad. La realidad social está orientada por múltiples obligaciones, todos los cuales se apoyan en valores sociales específicos. Las personas guían su acción según una escala de valores, podemos afirmar que la realidad social es una realidad constituida por las acciones humanas orientadas por ciertos valores. Los antivalores que tienen relación con la anomia existente en una sociedad y en un momento determinado pueden referirse en forma general y sólo para citar algunos: a la deshonestidad; la irresponsabilidad en el accionar sin medir las consecuencias que aquella origina; la apropiación de los derechos intelectuales, subrayan la frivolidad, la falta de cuidado del medio ambiente en múltiples expresiones, la no aceptación de la diversidad y el disenso. Aceptar más las imágenes que las ideas y la defensa de los derechos grupales más que los derechos individuales. Lo que se relaciona con la violencia. Los valores tienen una vinculación racional con las normas y el comportamiento se rige primero en las normas las que deben estar fundadas en respetar los valores. Son las normas las que ejercen la presión de la realidad sobre la población. Son las normas las que se consolidan mediante las sanciones. Es muy frecuente oír comentarios en nuestra realidad social que no se respetan los valores. En forma indirecta y en el lenguaje común se están refiriendo a la anomia social. Es decir, cuando a las normas y a su cumplimiento no se las considera importantes, o cuando las normas o las reglas no están claramente establecidas, o cuando se produce una falta de consenso de cuáles son las reglas importantes o como deben interpretarse. También es común que la opinión pública general y los medios de comunicación, en particular, se refieren no a la existencia o la falta de normas o reglas sino que no se ejerce el control sobre cumplimiento de las normas existentes. Los valores tienen diferentes grados de importancia: el heroísmo, patriotismo, la justicia, el honor personal y nacional siguen siendo apreciados. Por la razón inversa se las descalifica a las personas que no cumplen. Los valores que se refieren a la familia, a las agrupaciones políticas, económicas, religiosa, educativas y recreativas son generalizables a todas las sociedades aunque en algunas de ellas se les da más importancia a unas que a otras. Para algunos teóricos como en el caso de Max Weber los principios de racionalidad eran el valor más importante. Y así lo estudia en relación a la economía, la religión y el derecho. Los valores son los criterios que guían el accionar para lograr ciertas metas u objetivos, son guías para el desempeño y jerarquización de los roles sociales. Los roles sociales tienen que ser valorados tanto por quienes los desempeñan como por las personas o los grupos que los evalúan. El proceso de modernización también implica el cambio o surgimiento de los status, en esto contribuyen las nuevas tecnologías. Los valores para la sociología no son sólo comportamientos sino motivaciones coadyuvantes a los comportamientos.

    La Alienación

    Además de la desorganización social y los valores como conceptos vinculados al de anomia también hay que considerar que en el presente, se ha usado como sinónimo la alienación o enajenación, unas veces referidas a las personas, otras veces a las características de la estructura social. Algunos autores han seguido el significado primigenio que dio Karl Marx, cuando se refería al fenómeno que se originan en la explotación del hombre por el hombre y que lo lleva a no tener el sentido de su propia identidad por la inseguridad moral y material. Por la producción permanente de objetos el individuo se convierte en un mero engranaje de una enorme organización. La alienación de origen personal emana del horizonte psicológico del sujeto y éste puede tener comportamientos opuestos a los deseados racionalmente. Frente a este tipo de reacciones están los que sostienen que la alienación no es de carácter individual sino social y cultural. Las fuentes de la alienación social se originarían por la falta de adhesión a los valores significativos para la cultura de cada sociedad, por la falta de adhesión a las normas o a la conformidad con ellas. También coadyuvaría el incumplimiento de los diferentes roles, los que pondrían en evidencia un nivel de irresponsabilidad social que llevaría a que cada uno tenga un sentimiento de soledad e individuación aún cuando se viva en una sociedad multitudinaria y compleja. La alienación como una manifestación de la frustración o de la desesperanza fácilmente se la relaciona con el comportamiento desviado. Éste también se vincula con la desorganización social y con el tema de los controles sociales que se ejercen en cada sociedad para tratar de encausar los comportamientos y lograr, en cierta forma, una actuación modal con respecto a la conformidad.

    El comportamiento desviado

    A dos ciencias le interesan principalmente los comportamientos «etiquetados», desviados. Una de ellas es la sociología que en particular busca las causas de esos modos de obrar tanto en la estructura de la sociedad o del grupo del que forma parte el individuo. Cuando estudia al individuo lo hace generalmente a partir de las interacciones que éste mantiene con sus semejantes y con quienes comparte formas de obrar y de valorar lo que la cultura aprueba o desaprueba. La otra ciencia es la Psicología que considera al desviado con especial referencia a la estructura de la personalidad, por ello trata con los comportamientos correspondientes a psicóticos, neuróticos, «desajustados» o de otra forma patológica, desde un punto de vista psiquiátrico. En el estudio sociológico del comportamiento desviado la personalidad no es algo irrelevante sino que aún dicho comportamiento puede referirse a personas clínicamente normales. En la sociología hay una tendencia al especializarse en el estudio de los comportamientos desviados vinculados con la criminología y la sociología del derecho y con ramas específicas de esta última. Se considera como desviado cualquier comportamiento que viole reglas que lo comprendan y estén ampliamente aceptadas en la cultura básica de la sociedad. El comportamiento desviado significa, en cierto modo, no aceptar las normas e instituciones que regulan y disciplinan el obrar social. De ahí su vinculación de este tema con la anomia. El comportamiento desviado puede referirse a una simple transgresión o llegar a una ofensa social importante que entra en la órbita de lo delictual. Más que los desviados individuales, a la sociología le han interesado los grupos desviados que forman subculturas y como se producen los comportamientos divergentes en diferentes estructuras sociales, de ahí que también le interese la prevención, la reducción y la eliminación de esta clase de comportamientos. La existencia de delitos y sobre todo cuando éstos alcanzan una frecuencia significativa, ligeramente se atribuyen a la pobreza, a la desorganización familiar, a la falta de instrucción o a la psicopatología individual; dichas variables no son totalmente congruentes con los resultados alcanzados por estudios empíricos realizados para aproximarse a conocer la etiología de los actos ilícitos. El universo total del accionar delictivo comprende a los diferentes niveles sociales, también se hace necesario conocer las disposiciones oficiales al respecto, el grado de adecuación del derecho penal a la realidad existente y cómo obran los organismos que controlan o deberían hacerlo, cuáles son las actitudes públicas y como se imponen las normas para lograr su cumplimiento. Como la destaca oportunamente Howard Becquer «los grupos sociales crean la desviación al hacer las reglas cuya infracción constituyen la desviación». Cada uno de los temas sucintamente aludidos han tenido en diversos tratados una elaboración especial y autónoma, a la que se han dedicado esfuerzos teóricos para explicarlos, sea en sus elementos universales como los que presentan un carácter histórico particular.

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