Una democracia en crisis

Solidaridad con Cristina del Grupo Definición de Agosto

En la tarde del sábado 25 de agosto, un conjunto de intelectuales, docentes, militantes, investigadores y referentes de la cultura y la educación de distintas zonas del país –CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, Neuquén, entre otras–, se reunieron en la Librería Caburé de la Ciudad de Buenos Aires, para presentar una declaración sobre la coyuntura cuyo título es «Crisis democrática en Argentina». Durante la presentación se discutieron los puntos más salientes del texto que se empezará a difundir esta misma semana y que pueden leer como anticipo en esta edición.
Uno de los objetivos centrales del encuentro que produjo su primera síntesis en esta declaración es el de promover un espacio de intercambio intelectual y articulación federal que haga lugar a las particularidades de los conflictos, luchas y problemáticas que se despliegan actualmente en todas las provincias del país, y a los diversos posicionamientos que se van configurando a la hora de denunciar y enfrentar “el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri”. En uno de los tramos, el documento denuncia «el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados». El otro objetivo, tan fundamental como aquel, remite a encontrar las mejores formas de enunciar y trabajar para “profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías”, tal como sostienen lxs firmantes del texto.

 

La economía está en crisis, la salud está en crisis, la educación está en crisis, el trabajo está en crisis, la democracia está en crisis. Como trabajadoras y trabajadores de la educación y la cultura observamos con preocupación y alarma esta situación y la utilización de resortes estatales para atacar conquistas y derechos democráticos elementales, así como el recrudecimiento de la persecución política contra opositores que viene llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri.

El ajuste dictado por el FMI y el capital financiero no ha hecho más que acentuar una tendencia generalizada (que ya se había preanunciado en medidas como la reducción de jubilaciones a través de la reforma previsional votada por el Congreso Nacional en el pasado diciembre, mientras se desplegaba un violento operativo represivo sobre quienes se manifestaban), arrastrando a vastas capas de la sociedad a una situación en la que el empobrecimiento general amenaza aún más la precaria paz social. Esa tendencia que condujo a la crisis, es preciso subrayar, no es obvia ni natural, sino que es producto de las decisiones políticas tomadas por el actual gobierno. Se extiende así la certeza de que el macrismo y todo lo que él expresa carece de Patria, o de alguna noción cierta de bien común que vaya más allá del enriquecimiento de una minoría favorecida. Sólo eso explica la liviandad con la que llevaron al país a una situación de altísima vulnerabilidad económica, cuando es más que sabido que las élites de las principales potencias del mundo –que ellos admiran– exigen estas políticas para los países periféricos, pero las evitan en sus propios Estados.

Es en estas condiciones que Macri ha decidido no tomar medidas contra la crisis, sino contra la oposición. Optando siempre por la fuerza y el chantaje contra la razón y la sensibilidad, haciendo de la provocación una política, y en alianza con las fuerzas más oscuras de los poderes mediáticos y judiciales, Cambiemos opera para encerrar dirigentes sociales y políticos e intervenir partidos opositores, al tiempo que multa sindicatos y persigue manifestaciones disidentes con una saña y una belicosidad que no se habían visto desde la recuperación democrática en 1983. Este uso de la sanción judicial puede generar un punto de no retorno en la democracia argentina. Si esta máquina punitiva triunfa, le dará forma a una herramienta política “legal” de supresión y domesticación de la oposición que disolverá los principios básicos de la independencia de poderes y la construcción plural de la sociedad. Una democracia no puede durar con este tipo de herramientas políticas. El gobierno que las crea se verá pronto obligado a defender su monopolio, inventando otros atajos y mecanismos institucionales que pondrán en serio riesgo la vida democrática. Ese es el peligro que abre la construcción mediático-judicial del linchamiento de toda práctica social, cultural y política que no responda a los mandatos gubernamentales. Peligro que se incrementa con el decreto que autoriza a las FF.AA. a volver a ocuparse de asuntos de seguridad interior y le da un carácter aún más siniestro a aquella belicosidad, en tanto lesiona acuerdos mínimos de la convivencia legal que tan trabajosamente se construyeron durante los primeros años de la posdictadura.

En este sentido, enumerar algunos de los hitos de la progresiva degradación del Estado de Derecho a la que asistimos en los últimos dos años y medio es inevitable: desde la prisión ilegal de Milagro Sala y todas las vejaciones que aún sufre, pasando por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, los casos de gatillo fácil que se repiten a la vez que se consagra la doctrina Chocobar, la represión a la protesta social que empieza a instalarse como paisaje “normal”, hasta el encarcelamiento injustificado y circense de referentes opositores, donde no sienta jurisprudencia el derecho sino la venganza. En esta larga y no exhaustiva serie, el último episodio es el intento manifiesto de proscribir y encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la oposición, que tiene la adhesión incluso militante de una parte muy importante de la sociedad, y que ha denunciado tanto el empeoramiento de las condiciones de vida de la población como la subordinación de importantes sectores de la política institucional al gobierno de los grupos concentrados. Tal como hicieron con Lula en Brasil y como quieren hacer con Correa en Ecuador, se agitan “causas de corrupción” que privilegian el impacto mediático sobre las pruebas y transgreden toda garantía procesal: así, la derecha y las clases dominantes se proponen dejar sin expresión electoral a millones de argentinos y argentinas, y a la vez disciplinar las disidencias más activas del colectivo social. Si Cristina Kirchner es impedida de participar en condiciones legítimas, democráticas y transparentes, Argentina se habrá convertido en lo que ya fue durante buena parte del siglo XX: una ex democracia con mayorías populares proscriptas.

Por eso no hay que engañarse: la persecución apunta a los líderes, pero también a las organizaciones y los ciudadanos. Las universidades e institutos de formación docente protestan por las condiciones de enseñanza y reciben recortes presupuestarios, avasallamiento institucional y amedrentamiento policial; un multitudinario movimiento feminista reclama por la legalización del aborto y su presentación amplia y transversal es denegada por los votos de un grupo de senadores y senadoras; los gremios piden paritarias y son multados con montos millonarios por el Ministerio de Trabajo; los sectores de la economía popular reclaman por los trabajadores desocupados y precarizados mientras no deja de subir la carestía de vida; los hospitales públicos carecen de insumos y de la cantidad de profesionales necesarios para la adecuada atención de la población; la ciencia argentina es rematada por falta del financiamiento prometido; las escuelas públicas son abandonadas y se derrumban, igual que los comercios y la producción industrial. Sólo crecen la inflación, los tarifazos, la desesperación del pueblo y la falsa moralina de las élites, que se sienten más allá de toda ley porque tienen decenas de jueces adictos y más allá de toda crisis porque acuñan sus ganancias en moneda extranjera, y que escriben el presente más oscuro porque aplican la mano dura de los medios concentrados.

Esto que describimos debería entenderse también como una advertencia. Desoír las protestas sociales, negarles incluso la mera existencia desde la alianza –estrecha como pocas veces– entre un gobierno y los grandes medios de comunicación; tratar como trasnochados o delincuentes a quienes nos oponemos a un modelo que condena a generaciones a un endeudamiento que ya es una nueva prisión; todo esto asegura más y más desgarramientos en nuestro país que, irremediablemente, se encamina a un proceso de encendidas luchas sociales y políticas. Lo que siembran hoy en su afán de venganza, tarde o temprano se volverá contra ellos.

Por eso llamamos a todos los actores con incidencia en la vida pública argentina a sostener la democracia en su más amplio sentido. La democracia es creación de libertades, de derechos y garantías individuales y colectivas –fundamentalmente– para la expresión del disenso y la manifestación de posicionamientos antagónicos, junto con el sostenimiento de condiciones equitativas de disputa electoral para todos y todas. Exigimos entonces el restablecimiento de las plenas funciones del Estado de Derecho y el fin de la persecución a opositores políticos y luchadores sociales. Es mucho lo que se pierde si gana el autoritarismo persecutorio, la estigmatización y el odio. Pero, además, responder a la crisis actual con ajuste, denegación del otro y violencias de todo tipo es ahondar las injusticias y ocultar las verdaderas causas de nuestros problemas. Entendemos que profundizar la democracia como forma de elección libre e invención de condiciones de vida cada vez más justas para las mayorías es el único camino ante la crisis: esta es la enseñanza más convincente que nos ha dado la historia argentina.

 

 

Firman: Ábalo, Facundo / Andermann, Jens / Bacci, Claudia / Barba, Julia / Bernini, Emilio / Biset, Emmanuel / Bruzzone, Pablo / Cámara, Mario / Cano, Virginia / Capelli, Darío / Caramés, Diego / Casullo Amado, Mariana / Catanzaro, Gisela / Ciucci, Juan / Ciucci, María Rita / Cosoy, Irene / Cristófalo, Américo / D’Iorio, Gabriel / Dipaola Esteban / Echeverría, Carlos / Espeche, Ximena / Farías, Matías / Farrán, Roque / Fernández Mouján, Alejandro / Gainza, Mariana / García, Luis / García Laval, Francisco / Garrido, Juan / Guiñazú, Luciano / Giorgi, Gabriel / Glozman, Mara / Gomez Florencia / González, Horacio / Habra, Adriana / Habra, María / Ipar, Ezequiel / Jacoby, Roberto / Jalil, Oscar / Kaufman, Alejandro / Kesselman, Violeta / Korn, Guillermo / Lewkowicz, Mariana / López, María Pia / Makedonsky, Diego / Mallach, Nelson / Manacorda, Julián / Mancinelli, Elena / Martínez, Marcela / Miletti, Mauro / Mirto, Rodrigo / Molina, Mariano / Mucillo, Carla / Nosetto, Luciano / Ramallo, Carolina / Ravazzani, Alejandro / Rinesi, Eduardo / Rodeiro, Matías / Rogovsky, Cinthia / Romé, Natalia / Julia Rosemberg / Rossi, María José / Russo, Sebastián / Sague, Lisandro / Selci, Damián / Taccetta, Natalia / Tartaglia, Leandro / Tatián, Diego / Trímboli, Javier / Varela, Gustavo / Vergalito, Esteban / Vilela, Nicolás / Wasserman, Fabio / y siguen las firmas.

 

 

 

9 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimados:
    Totalmente de acuerdo con lo manifestado.
    No obstante, cabe considerar la participación necesaria de otros sectores políticos, en especial el Partido Justicialista (el peor enemigo de Cristina), que acompañó todas las medidas que destruyeron al insipiente país soberano que se estaba pergeñando. Nada de lo ocurrido podría haberlo sido sin dicha colaboración (masa, picheto y siguen las firmas).
    No sólo es la ideología empresaria de eternas prebendas, cuyas fortunas, no cabe duda se las brindó todo el pueblo a través de los dineros del Estado, con la aquiescencia política que lo permitió y una justicia extraviada desde casi sus albores, ya que es la garantía final de statu quo.
    Sin una reforma constitucional que impida que los traidores de la patria y/o empobrecedores del pueblo puedan ocupar bancas legislativas, estaremos siempre en problemas. Un traidor vale más que unos cuantos. A esta altura de la historia no haría falta precisar lo dicho.
    En dicha reforma, habrá que aclarar mejor el artículo 29 y el 36 de la Constitución, incluyendo en la traición a la patria la transferencia de recursos a los grupos económicos locales y/o internacionales a través de medidas económicas que con los eufemismos ancestrales resulten funcionales. Igualmente el comportamiento de los legisladores colaboracionistas en dicho cometido.
    Sin una reforma de raíz del Poder Judicial, todo intento será en vano, ya que hoy día sólo responden a los intereses del poder real. Aquellos jueces cuyas sentencias hayan resultado violatorias de la Constitución y/o tratados internacionales deben ser enjuiciados políticamente y desplazados de sus cargos de por vida. La elección de los jueces debe ser puesta a disposición del voto de todas las representaciones institucionales de un país (gremios, universidades, asociaciones profesionales, asociaciones empresariales, etc.).
    Sin una reestructuración del ejército con clara inspiración sanmartiniana y delimitaciones constitucionales, tampoco sería posible cambio alguno.
    En igual orden, la reestructuración de las fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios es imprescindible, ya que en su interior se encuentran los nexos necesarios del crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y demás delitos, al que no escapan el gatillo fácil funcional al régimen y la mano de obra desocupada para trabajos puntuales.
    Un replanteo profundo, depuración y reestructuración de los servicios de inteligencia también resulta imprescindible, ya que actualmente responden a los poderes fácticos y/o trasnacionales. Su tarea más concreta era evitar los atentados que hubo en el país, pero seguramente formaron parte de los mismos, así como de hostigamientos y carpetazos de disidentes, al servicio de sus amos.
    El movimiento obrero debe también reestructurarse, eligiendo conducciones más semejantes a Agustín Tosco, que a quienes sucedieron a aquellos defensores del trabajador.
    Va de suyo, que es necesario una nueva ley de medios de comunicación que imposibilite efectivamente el monopolio de la palabra y el adoctrinamiento social. Desde los experimentos Milgran y Zimbardo sabemos cómo funciona y darles ese poder es condenarnos de por vida.
    Al poder real vernáculo, representado por el gran empresariado -diría que bastaría con las 500 principales, pero se puede discutir o graduar la escala-, le exigiría constitucionalmente, o por ley impositiva, que el 82% de la ganancia no invertida, pase al Estado en forma de impuesto. Se consideraría inversión, naturalmente, la ampliación de las fábricas, las compras nacionales, los salarios, y toda otra inversión que se genere en el país, menos los aportes de campañas electorales, de los cuales deben estar exentos como personas jurídicas o físicas. Amén de otras reformas impositivas en beneficio del país todo.
    El artículo 39 de la Constitución, que sigue pintada, deberá ser radicalmente modificado, ya que sus limitaciones van en el sentido querido por el statu quo. Habrá que buscar la forma operativa más expedita para que ante la concurrencia de todos los poderes formales a la violación constitucional y/o traición a la patria, pueda restablecerse por voluntad del soberano.
    Una de las cláusulas constitucionales que debería incluir una nueva constitución, como garantía de que el pueblo (al menos sus grandes mayorías) no quede a merced de los grupos de privilegio, en su calidad de vida, sus recursos, su honor y sus derechos, sería precisamente, aquella que los resguarde, sencillamente determinando que si el poder adquisitivo del salario se ve disminuido producto de la política económica implementada, el soberano, a través del ejercicio constitucional consagrado, pueda pedir el inmediato restablecimiento de dicho desfasaje o exigir el adelantamiento de las elecciones para que otro administrador preserve sus condiciones de dignidad de vida.
    Al actual gobierno, que se llena la boca con la eficiencia, transparencia y demás eufemismos indemostrables, no les debería resultar extraño, ya que siendo Ceos o grandes empresarios, saben perfectamente que en las grandes empresas, si las ganancias no crecen o al menos se mantienen, les costaría el cargo. Manejar los destinos de un país, es infinitamente más importante y, por tanto, el control sobre el particular debería resultar más estricto.
    En fin, algunos esbozos apurados que podrían colaborar para pretender cambios en serio.

  2. Marina Arias dice

    Adhiero a la declaración y quisiera que se incluya mi firma. Abrazos!

  3. Damian Calvo dice

    Adhiero a todo lo expresado en el documento

  4. Cintia Ini dice

    Hola! Saludo al documento elaborado x los compañeros. Puntualizan la verdadera tragedia que en este momento sufrimos el pueblo argentino y la Nación toda.
    Es cierto que en un documento no se pueden abarcar todos los aspectos, pero considero que no podemos hacer un análisis de nuestra coyuntura sin establecer claramente la relación entre esta devastación del proyecto Nacional y Popular, con la alianza servil y cipaya que este gobierno estableció con los poderes más concentrados internacionales, cuya punta de lanza más activa está llevada a cabo por sectores ligados a Estados Unidos e Israel, hoy el actor visible es el FMI pero es un instrumento de este pacto de subordinación y entrega de la patria y sus recursos, a los poderes internacionales, tal como lo dice claramente en más de una oportunidad, el cuervo Larroque por nombrar a un compañero de vuestra estima. Los análisis quedan muy incompletos si no incluímos la raíz en la que asienta este proyecto de un país o desguazado y comprometido a ser entregado a dichos intereses corporativos internacionales. Necesitamos convocarnos a esta lucha democrática con la mira puesta en defender a la patria entregada a su exacción. Este es un punto de convocatoria fuerte alrrededor del cual unirse para luchar.
    Uds mencionan a Lula y a Correa, y ahí situan bien que vienen por Latinoamérica, pero insisto, no queda tan claro en el documento la relación de todo el deterioro que sufre el país, con el plan de entrega implicado en ello.
    Estuve en Ensenada, en la comisión de política Internacional, y allí hubo alta coincidencia entre todos los participantes, acerca de esta perspectiva.
    Gracias. Es sólo un deseo de interlocución. Es una opinión personal que no responde a mis lugares de pertenencia. Soy miembro de la coordinación de Carta Abierta, y asimismo de Participación Popular.
    Cordialmente.
    Cintia Ini.

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