Una falsa tormenta

 

Lo que en los medios se trató con desmesura –la frase “por debajo de la mesa”, llamativamente vulgar en la boca de una intelectual de refinado lenguaje–, ocasionó editoriales y tapas de diarios que se cayeron una vez que las pruebas salieron a la luz y que la propia Beatriz Sarlo se rectificara. En la Justicia quedó claro su insignificancia: fue un testimonio sin interés ni importancia alguna para la causa que investigan el fiscal Eduardo Taiano y la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Casi a contramano de lo que suele suceder en estos tiempos –sin ir más lejos, periodistas como Luis Majul lo movieron a más no poder–, el caso dejó una cierta enseñanza: no siempre lo que se agita en los medios y en las redes sociales tiene un impacto de igual fuerza en la Justicia. El Cohete a la Luna pudo reconstruir que la declaración de Sarlo no estaba guionada ni fue espontánea: era una de las personas que el fiscal apuntó como testigo en el posible armado de un vacunatorio para privilegiados. Los dichos públicos de la escritora acerca de un ofrecimiento para vacunarse, que dijo rechazar éticamente, y su posterior afrenta de “lo voy a contar si un fiscal me lo pregunta”, motivaron el llamado para su testimonial.

Una fuente judicial lo resumió del siguiente modo: “Presumimos que por lo que había declarado en los medios, algo importante tenía para decir en la causa y por eso la citamos. Pero lo que aportó no significó nada. El ruido mediático era inevitable porque es una figura conocida, aunque si lo decía Piñón Fijo en esos términos nadie lo iba a tomar en serio”.

La expectativa, en efecto, se esfumó por los aires. Sarlo presentó mails que a los pocos minutos se filtraron a la prensa –Comodoro Py actúa con sigilo para ciertos amigos– y no dijo mucho más: el testimonio duró breves minutos y cuando el fiscal terminó de escucharla y leyó los correos electrónicos, se desilusionó.

¿Eso era todo lo que tenía para decir? ¿Dónde estaba el ofrecimiento VIP que se daba por hecho en los medios?

“No sumó ninguna prueba a una supuesta irregularidad. Es decir, ella se negó a participar, y estuvo en todo su derecho, en una campaña de vacunación que había pensado el gobierno de Buenos Aires, que fue por derecha y no por debajo de la mesa, incluso ya se había anunciado de forma pública. No hay razón para pensar una posible ilegalidad, una falsedad ideológica o una falla moral en el ofrecimiento que ella rechazó a título personal”, amplió la misma fuente, desde adentro de los pasillos judiciales.

En pocas palabras: se comprobó, ya en sede judicial, que no hubo nada “al margen de la ley”, como la intelectual había anticipado. Sarlo habló por demás en los medios, sembró un falso misterio y sobreactuó una gravedad institucional que llegó a la tapa de Clarín. Sin embargo, a la hora de quedar asentadas en el expediente, sus palabras cayeron por su propio peso.

A pocas semanas de recibir cerca de veinte denuncias por el posible desvío de dosis, la fiscalía de Taiano no ha podido probar ningún delito. Lo de Sarlo no es, en rigor, una excepción. Por ahora, mucho ruido y pocas nueces, como proclama el dicho popular. Algunas de esas denuncias, incluso, la fiscalía las derivó a otras jurisdicciones, porque había casos, por ejemplo, de conjeturadas anomalías en provincias como Mendoza. La competencia jurídica de Taiano es Capital Federal.

El foco sigue puesto en las declaraciones del personal del Hospital Posadas y del Ministerio de Salud. Las medidas de prueba consisten en cruzar esas declaraciones con imágenes de cámaras de seguridad y el movimiento de los teléfonos de funcionarios y empleados de salud. Se intenta determinar un patrón, una cadena de mando y responsabilidades. Según fuentes de la fiscalía, lo que primero debe quedar claro son los hechos, para determinar futuros tipos penales como malversación de caudales y abuso de autoridad. Sin embargo, la evidencia recabada no permite hasta el momento procesar penalmente a ninguna persona. Como tampoco suponer la presunción de delito alguno.

“Todos se apuraron a hacer denuncias, en algunos casos para ganar protagonismo mediático tras la renuncia del ministro de Salud Ginés González García. Lo cierto es que pocas presentaciones se basaron en hechos concretos y estamos descartando expedientes que en su contenido no aportaron más que rumores o dichos sacados de noticias dudosas”, resume otro especialista.

Las operaciones mediáticas alrededor de las palabras de Sarlo parecieron estar a la orden del día. Algunos analistas sugirieron que fue el desvío perfecto para ocultar otro verdadero escándalo en la Capital, apenas levantado por la prensa hegemónica: el colapso del Luna Park. Fue otra postal del caos de los vacunatorios porteños: cientos de adultos mayores pasaron horas bajo el sol y amontonados cuando fueron a inmunizarse. El maltrato se extendió a la cancha de San Lorenzo, con imágenes estremecedoras de personas de 80 años sentadas en el suelo, sin asistencia de ningún tipo.

El abogado Yamil Castro Bianchi, que ya había presentado una denuncia por la discriminación y la humillación contra las personas de tercera edad en Capital Federal, volvió al ruedo judicial y planteó una nueva demanda. “Las personas que se encontraban en el lugar y los medios de comunicación comenzaron a documentar lo que sucedía en las inmediaciones del estadio, lo que evidenciaba el total incumplimiento por parte de la autoridad sanitaria en la aplicación de los protocolos para proteger la vida de nuestros abuelos”, dice un fragmento de su presentación.

Para el letrado, no existió control ni protección para las personas que fueron a obtener la aplicación de la vacuna. Una vez más, horas y horas de cola bajo el sol y filas que seguían por cuadras y cuadras, hasta la escena de una mujer de 84 años que se desmayó en medio del operativo.

“Se reflejó el acumulamiento de personas adultas mayores con una distancia inaceptable, y hasta me atrevería a decir ‘asesina’. Lo graficado por los presentes tenía más similitud a una vacunación en corral de animales de campo que la aplicación de la vacuna para la subsistencia de la población”, se expresa en la denuncia, que además constata que el PAMI y el gobierno nacional habían ofrecido su ayuda para abrir más puestos de vacunación y no recibieron respuesta.

El juzgado de Ariel Lijo continúa investigando al gobierno porteño sobre el reparto, la distribución y la privatización de las vacunas. A eso le agregó el destrato sistemático a los jubilados, desde la pésima organización en turnos –con páginas caídas y proezas para conseguir una mínima atención– y la exclusiva prioridad a quienes cuenten con medicina prepaga, a los vacunatorios reservados para militantes, como ocurrió con la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, un comité radical.

Si bien el juzgado no aceptó como querellantes a Natalia Salvo y a Yamil Castro Bianchi –los abogados particulares que presentaron las denuncias contra Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós–, ambos funcionarios fueron imputados por el fiscal Carlos Stornelli y hoy están comprometidos por numerosas irregularidades en la campaña pública de vacunación. Lo que tramita en despacho judicial, en estos momentos, son los documentos que fueron allanados hace pocas semanas y probarían la existencia de varios convenios con instituciones privadas, que privilegiaron a sus socios para el acceso a la vacuna.

A la vez que se identificó una maniobra para distribuir una buena parte de las dosis en comités partidarios, amigos y familiares del poder, el juez Lijo investiga la hipótesis de la comercialización de un bien público, despejándole el camino a un club selecto de obras sociales, mutuales y hospitales privados. No sería la primera vez que el reino de Rodríguez Larreta está vinculada con negocios de salud, tal como sucedió recientemente con el barbijo gate. Es por eso que Lijo apuntó a determinar la totalidad de los lotes de vacunas, pidió un informe sobre los centros de vacunación habilitados para la campaña, la totalidad de dosis aplicadas, la totalidad de solicitudes de turno y la recepción de los mismos. Le interesa, en definitiva, saber en qué condiciones se firmaron los convenios.

A la omisión del PAMI en el plan inicial de vacunación, se sumaron con el tiempo las quejas del personal de salud mental de los hospitales Pirovano, Alvear, Moyano y Durand, un reclamo de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, un pedido de informe aún no respondido de Amnistía Internacional y, en estos días, un duro comunicado de la CTA de los Trabajadores que exigió la renuncia de Quirós dado “el fracaso total de su gestión sanitaria”.

El texto gremial es elocuente: “Al desvío de dosis a empresas de medicina prepaga como el Hospital Italiano, a la que pertenece el mismo Quirós, y a la demora en la aplicación de vacunas a mayores, se suma un operativo desastroso en que se expone a personas mayores de 80 años a realizar largas colas y permanecer de pie en las afueras del Luna Park, la sede del club San Lorenzo de Almagro y otros vacunatorios”.

Mientras la televisión se colmó con el affaire Sarlo, es posible que aparezcan nuevos capítulos para distraer la enorme cantidad de fallas del operativo porteño, que sigue acumulando escándalos semana a semana y maltratando a los ancianos, a la espera de que el juzgado de Lijo profundice la pesquisa y cite a declarar a Rodríguez Larreta y Quirós, máximos responsables del desastre sanitario.

 

 

 

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