Una jueza convertible para Milagro Sala

La historia de la jueza Carolina Pérez Rojas en la feroz represión de 2011 con cuatro muertos en Ledesma

 

Ana Carolina Pérez Rojas estuvo a cargo del juzgado que ordenó el desalojo de julio de 2011 en Ledesma. Murieron cuatro personas porque no impidió la salida del Cuerpo Especial de Operaciones de la Policía de la Provincia contra 700 personas. Hubo balas de plomo, caras deformadas por cartuchos de goma, quema de colchones y de carpas. Nunca se esclarecieron los crímenes. No hubo investigación sobre responsabilidades políticas, jurídicas y operativas. La represión de 2011 levantó una explosiva ola tomas de tierras, totalmente descontrolada, en toda la provincia. Milagro Sala fue convocada por el gobierno, desesperado para parar el incendio de miles de pobres que desconocían todo dominio territorial de cualquier representante de la clase política. Hay que buscar en esos días el salto de la Túpac Amaru al campo de los partidos políticos. Milagro recorrió toma por toma, sin dormir, para apagar ese fuego. Hoy aquella jueza que descargó las responsabilidades en su antecesor, integra el Tribunal de un juicio demencial y a puertas cerradas contra quien en ese entonces comenzó a ser nombrada como la Evita negra.

Casi no se conoce el verdadero rol de Ana Carolina Pérez Rojas aquel 28 de julio de 2011. Hoy es vocal del Tribunal encabezado por una presidenta que no aprobó los exámenes. Ella no desaprobó. Apenas aprobó con 21, un punto arriba del mínimo de 20. El examen pedía la revisión de un caso de tentativa de violación. Los mejores promedios estuvieron entre quienes absolvieron. Ella condenó, un dato que tal vez anticipa una mirada. Su calificación fue pobre, pero no por la condena porque llegó al resultado de modo razonable. El problema fueron los argumentos, escuetos, lacónicos y confusos, una de las características de la jueza.

Pérez Rojas tiene una intensa vida en las redes sociales. Allí es simplemente Carolina sin el nombre de Ana. O Caro, para sus amigos más fans. Se presenta como egresada de la universidad de Tucumán, divorciada y deambula con aires de modelo. Con generosos lentes de sol, siempre espejados de plateado, anda con sombreros y bikinis variadas, en fondos de mares azul caribe, hamacas y sonrisas. Hay una foto en Miami, a bordo de un convertible rojo fulminante. Ella sonríe sentada en el coche, con sombrero y sus lentes.

 

—¡¡¡Diosa!!!

Comenta Silvi en tono de fan.

—¡Bella!

Le dice Adri.

—¡Que linda isla! —suelta de pronto Pablo Walter—. Ja. Ja. Un beso, doctora.

Pablo Walter tiene el único diálogo con algún ida y vuelta más prolongado, en esa larga lista de saludos de fondo de playa, soles y mares de 2016.

—¡Muy! —le dice la jueza en tono de estrella.

Y el otro, responde:

—¿Quién es la modelo?

La jueza sigue. Dibuja un pulgar para arriba. Y luego, sigue la vida. Reposeras, más anteojos y un brindis desbordado de algún año nuevo con su hermana, fan muy anti-k.

 

 

Nada de esto importaría demasiado, si en el medio no estuviese en juego la vida de Milagro. El galán Pablo Walter, por ejemplo, hoy es directivo de AYSA e integrante el Consejo Nacional del PRO. Walter sin embargo saltó a la fama en Tucumán, fue senador nacional por Fuerza Republicana, el espacio del genocida general Domingo Bussi, uno de sus mentores políticos.

El 28 de julio de 2011, un grupo de tropas del CEOP entró por un camino interno del Ingenio Ledesma para desembarcar en un territorio ocupado por organizaciones nucleadas en la Corriente Clasista y Combativa. Entre los muertos hubo un policía y changos que no pertenecían a la organización y no estaban en la toma. Siempre se dijo que la represión empezó con una orden de desalojo del juez que la precedió: Jorge Samman. Samman dice que no fue así. Lo que queda en todo caso es una revisión de los hechos y de las fechas, cruces que nunca se hicieron en el marco de una investigación que aún sigue pendiente. Datos a partir de los cuales es posible reconstruir el camino burocrático de una orden de desalojo, entender que ella muy probablemente tuvo en manos un alerta y podría haber impedido la masacre. Esa revisión también recuerda el fracaso de las investigaciones posteriores. Pero revela también datos muy llamativos: un corrimiento de fechas de seis días y un encuentro entre la administración del Ingenio Ledesma y funcionarios del gobierno en un evento público en Salta el día previo.

 

 

La reconstrucción, con Blaquier en las sombras

La memoria se construye en clave de recuerdos y de olvidos. Pero es curioso que las crónicas de época o artículos posteriores hayan olvidado detenerse en el análisis de las fechas, un dato central para entender responsabilidades. Los artículos de la prensa pero también las publicaciones especializadas de los abogados de la CCC, señalan como si se tratara de tiempos continuos que Samman dejó firmada la orden de represión antes de salir de vacaciones y que la jueza intentó parar el operativo a las 9.30 de la mañana, luego de la muerte del policía, pero fue desobedecida por la policía. Pero, como se dijo, entre uno y otro momento pasaron 6 días: Samman firmó la orden el 22 de julio, los hechos ocurrieron el 28.

La CCC estaba llevando a cabo negociaciones con el intendente de Ledesma y con el Ingenio para ocupar tierras ociosas. El día 20 de julio, el Ingenio denunció penalmente a los integrantes de la organización ante el juzgado penal de San Pedro y pidió el desalojo. En Jujuy había feria judicial,  del 11 al 22. Por disposición del siempre presente Superior Tribunal de Justicia, el juzgado quedó a cargo de su juez natural, es decir Jorge Samman. El viernes 22 de julio terminó la feria. Ese día, Samman firmó la orden de desalojo. Y efectivamente salió de vacaciones a partir del 25 tal como también lo dispuso esa misma acordada. Pérez Rojas asumió su juzgado en ese caso como jueza habilitada.

El miércoles 27 de julio hubo un acontecimiento en la ciudad de Güemes en la provincia de Salta que reunió a los representantes políticos del norte: la inauguración de la cárcel federal donde hoy está Milagro. La celebración reunió a los que por entonces eran gobernadores de Jujuy y de Salta, Walter Barrionuevo y Juan Manuel Urtubey, a funcionarios de primera línea como el ministro de Gobierno de Jujuy y el responsable de relaciones institucionales del ingenio Ledesma, el hombre de las operaciones políticas de carácter doméstico: Federico Gatti. Informantes de San Pedro aseguran que Gatti le pidió en ese encuentro a Barrionuevo o a su ministro de gobierno que acelere el desalojo. Y les dijo que ya tenían el instrumento legal para hacerlo: la orden que había firmado Samman. Esa conversación pudo haber existido o no existido. La verdad es que horas mas tarde comenzaba la represión.

 

A la salida del sol

La policía entró a las 6.15 por el camino interno del Ingenio sin aviso previo ni negociaciones. Antes de las 9.30 de la mañana, un disparo mató al policía Alejandro Farfán. La CCC le atribuyó ese disparo a la seguridad del Ingenio bajo la hipótesis de que buscaba enervar a policía contra los dirigentes de la organización. Tiene sentido: enterada de la muerte, a las 9.30 de la mañana, la jueza subrogante Pérez Rojas ordenó frenar el desalojo, pero los uniformados no obedecieron. Tres horas después murieron Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan Velázquez. Hubo francotiradores que "disparaban directo al corazón", relató la madre de Félix Reyes. La autopsia al cuerpo de Ariel Farfán reveló una bala calibre 9mm. Como se dijo, la policía quemó carpas y colchones. Hubo decenas de heridos. Dos con balas de plomo. Golpes y personas con las caras deformadas por el impacto a poca distancia de balas de goma.

Nunca apareció el nombre de Pérez Rojas ni sugerido entre las responsabilidades. La CCC, apuntó directo a Samman desde el comienzo, denunció vínculos con el Ingenio y le pidió juicio político. En las primeras horas, más de dos mil personas  rodearon el juzgado. Se dijo que Pérez Rojas lloraba de impotencia en el escritorio después de la muerte del policía. Es cierto que la jueza más tarde ordenó las primeras investigaciones por los crímenes. Hizo una inspección ocular en el territorio. Y convocó testigos a declarar. Pero con la perspectiva del tiempo, todo parece una acción disuasiva más destinada a calmar a la gente enfurecida, que a encontrar la verdad.

 

Las discusiones en tiempo real entre uno de los abogados de San Pedro, y sus contactos de la red.

 

La orden de desalojo

Alrededor del juez Samman aseguran que Pérez Rojas no se enteró de lo que pasaba luego de la muerte del policía, sino antes del operativo. Lo llamaron, pero ya se había ido de vacaciones. Según esa fuente, entonces le avisaron a la jueza que el operativo estaba en marcha. Pero, si es así, ¿eso basta? ¿Sólo le avisaron? ¿Qué debe hacer un juez en un caso así? ¿Está obligado a seguir una orden firmada por otro juez que se fue seis días antes? ¿Quién es la autoridad? ¿El juez o la Policía?

Una experta en derecho penal de la provincia explica lo siguiente: en Jujuy hay dos tipos de órdenes de desalojo. Unas, con una parte resolutiva: el juez pone fecha y hora del desalojo y envía el oficio a la Policía. Otras, sin resolución. La fecha y la hora quedan a cargo de la Jefatura de Policía. Pero en cualquiera de los dos casos, antes de realizar el procedimiento la Policía avisa sí o sí al juzgado. "Siempre, siempre, la Policía de la provincia pregunta. Siempre debe darle el aviso a la jueza o juez. Deben decir: informamos que estamos por realizar el procedimiento en tal causa. Nunca, jamás, dejan de avisar".

Sí es así, la jueza sabía. Luego de los hechos  abrió una investigación. La abogada Mariana Vargas en representación de la CCC objetó en ese momento la intervención en la causa del Ingenio porque se presentó como querellante, de esa manera las víctimas quedaban al filo de una posible imputación. Ese doble carácter, obligó a la CCC a repensar estrategias para que su gente pueda declarar como testigos e impulsar la pesquisa, pero no quedar entrampados en una imputación.

Entre los dirigentes que declararon estuvo Quique Mosquera, uno de los principales testigos. Mosquera estaba en el acampe. Y declaró cuatro horas en el juzgado. Identificó responsables y aportó pruebas. Pero durante la declaración ocurrió algo.

 

 

Mosquera declaró en el juzgado pero no estaba la jueza, sino un secretario y los abogados de Ledesma. Pérez Rojas volvió cuando los abogados de Ledesma le estaban preguntado sobre la toma de tierra en clave de impugnación. La jueza paró en seco a los abogados. "Acá estamos viendo el tema de los muertos", dijo. Pero los abogados no se dieron por vencidos. Dejaron pasar unos minutos. Se pararon. Fueron a la puerta. Le pidieron un momento a Pérez Rojas. Ella los siguió. Salieron los tres. Luego de unos minutos volvieron. Y entonces la jueza dijo en voz alta, adelante de todos, que, por supuesto, Mosquera iba a quedar imputado por usurpación. Luego los abogados de Ledesma dejaron la sala.

¿Usted me está acusando de usurpación?, le preguntó Mosquera. Los integrantes de la CCC explican que la denuncia al final no avanzó, que la jueza parece alguien de la que no hay nada para decir. Una persona correcta. Hasta que agacha la cabeza y cede. Ante las presiones, cede, es así, señalan. "Obviamente, creo que ella no podía hacer demasiado, porque de un lado los tenía a ellos y del otro a nosotros, dos mil personas", dicen. "No íbamos a hacer nada pero estábamos ahí, esperábamos respuesta. Al final, las causas se murieron por el paso del tiempo. Los asesinatos quedaron impunes. Se perdieron las pruebas. Nosotros siempre supimos quiénes fueron y de donde salieron las balas. Y ella lo máximo que hizo fue citarnos. A mí y a varios testigos. También hizo una pericia ocular. Algo movió el expediente, pero nunca imputó a la Policía sobre las que tenía todas las pruebas. Ahora, si todo eso es por presión o por susto, son conjeturas".

 

La libertad no es un Milagro

Los crímenes desencadenaron una ola de violencia con tomas de tierras en toda la provincia. Milagro se solidarizó por las muertes. Participó en algún acto con la CCC. Y también apuntó al personal de Ledesma. Viajó a Buenos Aires porque estaba haciendo un tratamiento. Entonces recibió el llamado del entonces diputado Eduardo Fellner, como lo contamos en el libro La Libertad no es un Milagro.

–¡Veni Flaca, dame una mano!

Le dijo. Fellner estaba reunido con la mesa chica de Jujuy. Barrionuevo y los empresarios de los medios más importantes: ambos del PJ, Rubén Rivarola de El Tribuno y Guillermo Jenefes, de Canal 7 y entonces vicegobernador. Le pidieron que vuelva. "Yo estaba con ella y le pidieron que por favor vuelva a la provincia y trate de colaborar para parar esa cosa que era una locura total", dice Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Túpac.

La Flaca les dijo:

—Voy pero si están todos de acuerdo.

Le pusieron el teléfono en altavoz. Y decían: Sí, sí, si, estoy de acuerdo.

Cuando llegaron a Jujuy, Milagro le pidió a Barrionuevo un instrumento. Algo con qué negociar esas tomas. Ese fue el origen del programa "Un lote para cada jujeño". Pero además es el comienzo de su contacto con el mundo de los pobres que estaban fuera de la Túpac, y el momento en el que entiende que la organización debe convertirse en un partido político para resolver los problemas de su gente.

Hubo episodios memorables narrados en el libro. Milagro en el auto. Milagro en la ruta. La llegada a San Pedro. Coco miró. A la izquierda había una toma. Amanecía. Entraron ahí. Encontraron un kilombo. Lleno de gente. Todo loteado. Todo caótico. Ella que ya sabía algo porque durante el viaje hablaba por teléfono, se había hecho su propio diagnóstico. Los vecinos se peleaban con otros vecinos. Llegaron. Milagro bajó. Encaró. Y parecía como que la gente la estaba esperando.

–¡Hola Milagro! ¡Hola!

La saludaban. La gente empezó a arremolinarse alrededor suyo. En un momento, volteó para mirar a Coco. Y le dijo: Porteño, meté la camioneta de culata. Coco metió la camioneta de culata. Y en medio del campo, del caos, ella se subió a la parte de atrás de la camioneta, con un megáfono. Hizo una gran asamblea. Y de pronto había dos mil personas en asamblea. Ni sabía quiénes eran, pero dijo:

–Vamos, vamos a parar. Hay que parar. Hay que censar. Hay que organizar.

Dijo que era un disparate salir a tomar tierras indiscriminadamente. La gente escuchaba. A todo le decían que sí. Y ella seguía. Que no hay que matarse entre pobres. Y oían. Milagro hablaba tranquila. Tenía un liderazgo y magnetismo natural entre la gente. Les dijo que ellos no tenían que dejar las tierras. Que eran tierras fiscales. Pero había que organizar la toma. Que la toma no podía ser un asentamiento. Que si ellos iban a hacer un asentamiento, se iba. La gente decía: ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y ella:

—Bueno, vamos a hacer un lote para cada uno. Acá hay que abrir calles. Hay que poner agua. Luz. Y esto tiene que ser un barrio, digno para la gente, para ustedes y no un asentamiento. Y si es asentamiento yo me corro.

Ahí mismo Milagro abrió una elección de delegados. Estuvo todo el día. Hasta las seis de la tarde. En ese momento apareció un tipo borracho y sacó al borracho. A otro le dijo: Traé la olla. A otro: Cociná. O pongan la comida, allá. Eligieron delegados. Se reunió con los delegados. Llegó un funcionario de Jujuy con las planillas y papeles para coordinar los primeros acuerdos. Y de pronto, escuchó que la venían a buscar de otro asentamiento.

Milagro Sala y Ana Carolina Pérez Rojas. Detenerse en estas dos mujeres permite entender el fracaso del sistema de Justicia de Jujuy, los aprietes ante los cuales se doblegan juezas y jueces y, claro, las razones del escarmiento.

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí