Una lección sobre el Presupuesto

La clase de Alberto Fernández al fiscal Luciani en el juicio por Vialidad

 

“En este juicio se definen decisiones políticas que no son judicializables”, lanzó Alberto Fernández pocos minutos después de iniciada su declaración testimonial en el proceso que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por la obra pública vial en Santa Cruz. El martes último, frente a los jueces que lo convocaron como testigo en su calidad de ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el Presidente explicó durante casi tres horas el “complejo” procedimiento para aprobar un Presupuesto (y aprovechó para recordar que está gobernando sin dicho instrumento), desestimó que se haya favorecido a Santa Cruz con asignación de fondos por sobre otras provincias, rechazó de plano cualquier vínculo con el empresario Lázaro Báez (“No lo conozco, lo vi una sola vez en El Calafate”, dijo) y tuvo un fuerte contrapunto con el fiscal Diego Luciani. La causa “Vialidad” se inició por una denuncia del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Javier Iguacel en enero de 2016 y fue elevada a juicio por el juez Julián Ercolini. Alberto Fernández también cuestionó el auto de elevación.

“Alberto logró demostrar ante las cámaras de televisión cómo el fiscal practica el derecho de guerra”, afirmó el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés ante la consulta de El Cohete a la Luna. Valdés y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, acompañaron al primer mandatario a los tribunales federales. Si bien tenía la posibilidad de declarar por escrito, Fernández se presentó ante el Tribunal, donde respondió preguntas de los abogados defensores de CFK y de Lázaro Báez, de los jueces y, durante casi una hora, del fiscal.

El Presidente también buscó traer al presente el contenido de las respuestas y destacar algunos logros de su gestión. Por ejemplo, cuando le preguntaron qué posibilidad tiene un primer mandatario de controlar el avance de la ejecución de una obra pública, dijo que es “imposible” saberlo todo y destacó que en la actualidad se están construyendo 3.300 obras públicas y 100.000 viviendas en la Argentina.

—¿Cuándo conoció a los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? —preguntó el abogado Carlos Beraldi, que representa a CFK.

—Conocí a Néstor hacia 1996 o 1997. Él era gobernador de Santa Cruz y yo un funcionario del Banco Provincia. Escribí un texto que le interesó, cenamos y a partir de ese momento armamos un vínculo político y de afecto. Lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las diferencias que tuvimos después.

Alberto dijo que Kirchner “tenía la convicción de pensar que si la economía estaba en crisis había que aplicar una lógica keynesiana”. “La obra pública es el gran motor de una economía en crisis, así lo pensaron Néstor, Cristina y ahora yo. Para este año tenemos previsto destinarle 2 puntos del PBI”, señaló el primer mandatario.

—¿Había un reparto arbitrario en lo que se asignaba a Santa Cruz? —consultó Beraldi.

—Definitivamente no. En un presupuesto es difícil la arbitrariedad —respondió el Presidente.

—Cuando fue jefe de Gabinete, ¿tuvo intervención en licitaciones?

—No. Hay que entender cómo funciona el Presupuesto. Si hay fondos destinados a construir un puente, van a eso. La obra pública la licitan las provincias y se otorgan certificados de obra.

—¿Sabe o le consta si Cristina Fernández o Néstor Kirchner integraron una asociación ilícita? —disparó Beraldi.

El fiscal Luciani se opuso a la pregunta. El juez Jorge Gorini, quien estuvo a cargo de guiar el debate de la audiencia del martes, reformuló la pregunta.

—¿Tomó conocimiento de un acuerdo de voluntades cuando fue funcionario para direccionar obra pública para favorecer a algún empresario en particular?—consultó el juez.

—Definitivamente no —cerró Alberto.

El abogado de Báez, Juan Villanueva, le preguntó al Presidente por los criterios para definir el presupuesto que se asigna a cada provincia. Dijo que tiene que ver con el “desarrollo” y comentó que ahora una de sus preocupaciones es que el gas de Vaca Muerta llegue al centro del país y distribuirlo. “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad”, señaló.

 

Buenos días, mucho gusto

Tras las preguntas de los abogados defensores, el fiscal Luciani continuó con el interrogatorio. La fiscalía acusa a los imputados en este juicio por una supuesta asociación ilícita entre ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y el empresario Lázaro Báez, que habría sido sostenida por 12 años y destinada a apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos.

—¿Qué cuestiones se tienen en cuenta para armar el Presupuesto? —preguntó Luciani.

—Todos nosotros creemos que la inversión pública es muy importante para activar la economía. Hay otros que piensan que es mejor que los bancos construyan casas. El criterio para definir qué obra es más importante que otra es la necesidad. Hace poco más de un año hubo un terremoto en San Juan y mandamos a construir viviendas. Nosotros creemos que la obra pública es el gran motor de la economía.

El fiscal insistía con las preguntas y repreguntas sobre cómo se arma el Presupuesto, algo de lo que ya dieron cuenta los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, que declararon durante febrero.

—Un Presupuesto no es la decisión de un Presidente. Pasa por la Oficina de Presupuesto, del Ministerio de Economía, por la Jefatura de Gabinete, por el Congreso —respondió ya algo molesto Fernández, ante la reiteración.

El fiscal consultó por la relación entre el entonces jefe de Gabinete y el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, imputado en este juicio. Fernández dijo que tenía el mismo vínculo que con otros ministros. “Hay una suerte de fantasía de que se juntaban dos o tres personas y decían: ‘Mandemos plata a alguien’. Y no es así”, explicó el Presidente. Luciani también indagó sobre el vínculo entre Fernández y José López, secretario de Obras Públicas y segundo de De Vido en el Ministerio. “No tenía relación, no dependía de mí”, se limitó a decir.

El fiscal insistió con que se le exhibiera al Presidente una planilla anexa al Presupuesto 2008 que detallaba una obra en la ruta 3. Fernández contestó que, pese a que tiene buena memoria, no recordaba dicha obra en particular.

—Me parece que no me escuchó [sobre que no se acordaba de esa obra] —dijo Alberto ante la insistencia del fiscal.

—Lo escuché —respondió Luciani.

—Entonces no me comprendió —retrucó el Presidente.

—No me falte el respeto —reclamó el fiscal.

—No le quise faltar el respeto, es descriptivo. ¿Qué quiere que le diga? —aventuró el primer mandatario.

—¿Quién le planteaba a usted la necesidad de reasignar fondos? —quiso saber Luciani.

—La realidad —cortó Alberto.

—¿Cómo usan los recursos los ministerios? – preguntó Luciani.

—Los ministerios ejecutan los presupuestos, no reasignan partidas. La reasignación no va al ministerio sino a un programa, por ejemplo de Turismo, o al programa de vacunación contra el Covid-19, del Ministerio de Salud —respondió el Presidente.

 

 

Alberto y el fiscal Luciani. Sólo faltaron las filminas.

 

 

Tras más de dos horas de audiencia, Luciani recordó una entrevista radial que Alberto Fernández dio al día siguiente de la detención de José López en 2016, luego de la difusión de las imágenes de la cámara de seguridad del convento en el que arrojó bolsos con casi nueve millones de dólares.

—No recuerdo esa entrevista, pero sí tengo opinión sobre lo que pasa, sobre este juicio. Pero en esta declaración testimonial estoy evitando dar mi opinión.

En ese momento se generó un debate entre las partes sobre si correspondía hacer preguntas por declaraciones del pasado. Los abogados defensores cuestionaban esa idea y el fiscal insistía. El TOF 2 hizo salir a Alberto de la sala para deliberar y por mayoría (Gorini y Andrés Basso votaron a favor, Rodrigo Giménez Uriburu en contra) desestimaron la pregunta del fiscal.

—¿Por qué renunció al cargo de jefe de Gabinete de Ministros? —volvió a la carga Luciani.

—El gobierno había sufrido un desgaste grande después de la resolución 125. Y consideré que no iba a tener la misma fuerza que con Néstor Kirchner.

—¿Tiene un grado de conocimiento de Lázaro Báez?

—No conozco a Lázaro Báez. Lo vi una sola vez en El Calafate. Recuerdo el diálogo, fue el siguiente: “Buenos días, mucho gusto”.

El breve encuentro, dijo Alberto, se dio en el parque de la casa que estaba construyendo Kirchner en El Calafate. Báez estaba allí haciendo obra. Fue entre 2003 y 2004. En una declaración periodística antes de ser Presidente, Fernández había situado dicho encuentro en el hotel Los Sauces.

—¿Sabía a qué se dedicaba Báez? —preguntó Luciani.

—Vi infinidad de denuncias, pero todo por los diarios.

—¿Conoce Austral Construcciones o Gotti?

—No.

—¿Sabe de los vínculos comerciales de Néstor y Cristina Kirchner con Lázaro Báez? —consultó el fiscal.

—No, no tengo idea.

—¿Con Ernesto Clarens? —indagó Luciani.

—No —respondió Alberto, ya con fastidio.

 

 

Cartelización

El fiscal Luciani recordó que en una reunión de empresarios de la construcción en 2005, el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna hizo un comentario sobre la cartelización de la obra pública, en particular en las obras viales.

—Me acuerdo de ese comentario, fue en un acto por el aniversario de la Cámara de la Construcción. No recuerdo haber dialogado con Lavagna sobre cartelización —dijo el Presidente.

—¿Se hizo una auditoría para ratificar o descartar los dichos? —preguntó el fiscal.

—Pienso que fue un comentario genérico. El Estado es víctima de eso. Es algo que hacen los empresarios privados para jorobar la vida al Estado —remató el Presidente.

 

Lo que viene

Esta semana declarará otro ex jefe de Gabinete de Cristina: Sergio Massa, actual titular de la Cámara de Diputados. Y aún está pendiente el testimonio de Iguacel, quien inició la causa como titular de la DNV durante la gestión de Macri y hoy es intendente de Capitán Sarmiento.

 

 

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