UNA LEGÍTIMA PREOCUPACIÓN

Un balance institucional sobre la situación de la Justicia y su Corte Suprema

 

Durante el gobierno de Mauricio Macri se produjeron dos intervenciones aberrantes en materia institucional: en una se utilizaron los servicios de inteligencia del Estado (AFI) para obtener información sensible sobre políticos, empresarios y jueces con el fin de condicionar sus voluntades y por otra parte, en forma coordinada con la intervención anterior, se armaron causas judiciales o se diseñaron estrategias con el concurso de algunos jueces que se prestaron gustosos a esta ofensiva contra la oposición política. Como esta labor se revestía de un objetivo aparentemente noble –la defensa de la República frente a los riesgos de una deriva autoritaria—, muchas personas de diversa condición, desde la judicatura hasta el periodismo, se sumaron a esta peculiar cruzada sin reflexionar. El resultado ha sido la proliferación de una serie de causas judiciales que, bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción, han ido dirigidas a neutralizar al adversario político, en especial a conseguir la condena penal de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta contaminación general del sistema institucional por prácticas y manipulaciones de todo tipo, que han dañado severamente el juego democrático, han dado lugar a una profunda grieta política que, como un agujero negro, absorbe todas las energías que deberían estar dirigidas a objetivos más positivos y consistentes.

El Presidente Alberto Fernández, en el discurso del 10 de diciembre de 2019 con el que inauguró su mandato, formuló un fuerte compromiso de recuperar el Estado de Derecho poniendo fin a estas prácticas deleznables. En esta ocasión dijo que “una democracia sin Justicia realmente independiente no es democracia. Supo decir un penalista clásico, que cuando la política ingresa a los Tribunales, la justicia escapa por la ventana. Sin una Justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más. Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más”.

Actuando en coherencia con el compromiso contraído, el Presidente intervino la Agencia Federal de Inteligencia y puso al frente a la fiscal Cristina Caamaño, quien asumió con diligencia la tarea política encomendada ordenando el desmantelamiento de todo el aparato ilegal de espionaje montado por el anterior titular, Gustavo Arribas. De este modo se dispuso la prohibición de que la AFI interviniera en la investigación de delitos para evitar la promiscuidad de los servicios de inteligencia con los jueces que están al frente de esas causas. Se modificó la regulación del uso de fondos reservados del organismo para terminar con el secreto que era un mecanismo utilizado para desviarlos en cualquier dirección. Finalmente se dispuso también exonerar al personal irregularmente contratado y poner en conocimiento de los jueces federales todo el material que aparecía como subproducto de las investigaciones ilegales realizadas. También debe registrarse en el haber del Gobierno la decisión de acabar con el monopolio de las causas federales de los jueces de Comodoro Py, ampliando el número de juzgados federales, iniciativa que ha quedado momentáneamente paralizada en la Cámara de Diputados por falta de suficientes apoyos. De modo que en el terreno que entraba dentro de las competencias del Poder Ejecutivo los compromisos contraídos se han cumplido con eficacia y contundencia.

 

 

La cualidad democrática de Rosanvallon

Sin embargo, las intervenciones irregulares del gobierno de Macri en el Poder Judicial no han podido ser subsanadas por las dificultades propias de la división de poderes y una serie de circunstancias que se suman a lo anterior. Para entender la dificultad que encuentra el actual gobierno para actuar en este terreno, debe tenerse en cuenta el funcionamiento de ciertas instituciones como el Poder Judicial que no son el resultado de una elección popular pero que igualmente, siguiendo aquí la opinión de Pierre Rosanvallon, detentan una cualidad democrática por la forma de designación de sus integrantes que son sometidos a diversas pruebas con el fin de garantizar ciertas condiciones de competencia, independencia e idoneidad moral. En las modernas democracias, el Poder Ejecutivo carece prácticamente de competencias para intervenir en la esfera del Poder Judicial dado que corresponden al Consejo de la Magistratura los procesos de designación, supervisión, sanción disciplinaria o exoneración de los jueces. Por otra parte, la corrección de los errores en la interpretación de los hechos o en la aplicación del derecho en que incurren los jueces queda encomendado a los tribunales de apelación, en una secuencia jerárquica que termina con la intervención final de la Corte Suprema. De modo que, desde una perspectiva institucional, el Poder Ejecutivo carece de herramientas jurídicas para actuar en ese terreno.

No debe sorprender que instituciones que han sido concebidas para ser independientes de cualquier tipo de interés particular no siempre consigan la legitimidad de imparcialidad que las distingue de la legitimidad electoral con la que cuentan el resto de instituciones democráticas. El problema se agudiza en los casos de democracias polarizadas, cuando actores institucionales concebidos como árbitros imparciales toman partido, de un modo abierto o embozado, cumpliendo con instrucciones políticas que reciben por canales no institucionales. Por otra parte, tampoco debemos obviar el sesgo que aparece inevitablemente en cualquier intervención jurídica cuando toca el terreno de la política.

Existe un amplio consenso en la literatura jurídica sobre la existencia e influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales, sobre todo cuando afectan a cuestiones vinculadas con la ideología de los jueces. Luigi Ferrajoli añade otro dato cuando señala que la culpabilidad es el elemento del delito cuya comprobación implica mayor dificultad, ya que siempre es difícil lograr pruebas seguras y controlables. Esto permite la falta de rigor en la caracterización jurídica y en el procedimiento de comprobación empírica de la culpabilidad y abre un amplio espacio para que se cuelen valoraciones, impresiones y opciones discrecionales, que son mayores cuanto más indirecta es la relación de causalidad entre la acción y el resultado en casos complejos, donde hay concurrencia de circunstancias de oportunidad política. Más difícil aún es establecer en estos casos los límites precisos entre agravantes y atenuantes y adoptar criterios objetivos para adecuar la medida de la pena al grado de culpabilidad determinado por la prueba.

 

 

Los juicios paralelos

A las dificultades anteriores debe añadirse la patología de los juicios paralelos que llevan a cabo los medios de comunicación embarcados en el periodismo de guerra, que hacen una presentación interesada de los procesos de investigación judicial de los casos de corrupción política mediante una selección de los materiales que se publican. Estos juicios paralelos se producen por el uso abusivo del derecho a comunicar información que, al menos en teoría, obliga a actuar respetando la ética profesional que conlleva el deber de ofrecer la posibilidad de contraste a los investigados o a sus abogados evitando caer en conclusiones anticipadas que den por sentada la culpabilidad. En ocasiones se produce una concomitancia entre jueces y medios de comunicación en lo que se refiere a la preservación del secreto de las actuaciones para proteger la presunción de inocencia.

Tanto el respeto a la presunción de inocencia como el cumplimiento de los criterios deontológicos en el ejercicio del derecho a comunicar información, son presupuestos básicos para el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Esta acción deliberada de apuntalar la hipótesis acusatoria produce efectos notables en las audiencias que están sesgadas por ideologías políticas y tienden a confirmar aquello que desean. La consecuencia más notable de este juego diabólico es que los propios jueces terminan atemorizados por las consecuencias que se derivan de cualquier decisión garantista temiendo el acoso mediático.

Un ejemplo notorio de este poder que desborda los marcos institucionales lo hemos  apreciado en el caso de la revocación de la prisión provisional de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. La Sala de la Cámara Federal Penal que dispuso esa medida fue desmantelada luego de la brutal ofensiva político-mediática que se desató desde el bando de los ahora celosos defensores de la división de poderes y del respeto al Poder Judicial.

Todas estas circunstancias permiten explicar las extrañas decisiones que se adoptan en los tribunales y que no dejan de sorprender a los observadores imparciales. Solo citaremos algunas a modo de ejemplo. Han sido rocambolescos los recorridos que han tenido las causas vinculadas al fiscal Nisman, tanto la que investigaba su presunto suicidio, como la cerrada y luego reabierta de mala manera en relación con la desvariada denuncia de encubrimiento contra la ex Presidenta Cristina Fernández por el Memorándum firmado con Irán. Son incontables los esfuerzos que se hacen ahora para mantenerlas indefinidamente abiertas y evitar que acaben desacreditadas con una resolución final.

 

 

Más frágil que el cristal

La “causa de los cuadernos” instruida por Bonadio, gracias a la colaboración prestada por un periodista que eligió el fiscal al que entregarle los cuadernos que a su vez eligió el juez al que entregarle la instrucción, se lleva todos los premios. La reciente sentencia de la Cámara de Casación Penal que ha convalidado el uso arbitrario de la prisión preventiva para conseguir la declaración de los arrepentidos es decepcionante. Otras recientes sentencias en casos de presunta corrupción no dejan de sorprender por la extrema fragilidad de los argumentos utilizados. La impresión que deja la lectura de esos fallos es que están sesgados por una concepción rígidamente objetivista del derecho penal en virtud del cual las personas resultan culpabilizadas por su posición en el organigrama oficial en el gobierno y no por su modo de actuar.

Toda atribución del delito a título de responsabilidad objetiva, prescindiendo de la conciencia y la voluntariedad, en base a una especie de culpa in vigilando, prescindiendo de la relación de causalidad, repugna al derecho penal. Es francamente injusto que se condene penalmente a un ministro o a otro funcionario por la obsolescencia de los ferrocarriles o de los hospitales públicos en un país que tiene una infraestructura pública muy deteriorada porque el estado de las cuentas públicas y las sucesivas crisis económicas sufridas no han permitido abordar y resolver esos problemas crónicos.

 

 

Sin atajos

Como se desprende de lo expuesto, la corrección de tantos desaguisados escapa a las facultades atribuidas constitucionalmente al Presidente de la Nación. El compromiso de Alberto Fernández de recuperar el Estado de derecho le impone constricciones donde queda vedado el uso de atajos como los que utilizó Mauricio Macri. Se trata de una decisión acertada para terminar con los ciclos alternativos de uso del poder para combatir a los adversarios políticos. Lamentablemente la Corte Suprema, que tiene capacidad institucional para corregir los abusos que se cometieron en los procedimientos penales, no está a la altura de las circunstancias y parece intimidada por el poder mediático. Es una lamentable pérdida de oportunidad de que sea el propio Poder Judicial el que corrija las desviaciones de sus integrantes. Una democracia lastrada por jueces que han perdido la legitimidad que otorga el ser imparciales, permanecerá como una democracia bronca y polarizada, encerrada en un círculo vicioso de confrontación. Saltar por encima de ese nefasto laberinto es el desafío que ahora tiene la política.

 

 

 

 

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2 Comentarios
  1. Ernesto dice

    Plebiscito: 1- Sustitución de la corte suprema de justicia por la Asamblea Nacional de Control Judicial conformada por 9 a 13 miembros. 2- Reforma de la estructura del sistema judicial. 3- Todos los jueces y fiscales serán elegidos por el pueblo después de amplia y prolongada difusión de sus CV y antecedentes (fallos) y revalidar sus cargos periódicamente como los Diputados y el Ejecutivo. Si el que financia todo en la República es el pueblo el único que manejará la única caja para pagar salarios y gastos de funcionarios es el Estado (que es el pueblo). Ningún ciudadano escapará a la regla de oro de la contribución al financiamiento de la administración pública: el que tiene mucho paga más, el que tiene poco paga menos. El gobierno puede hacerlo, patear las cosas para después es gatopardismo.
    Otrosí digo: Como toda la riqueza es producida en la tierra y el mar argentinos por brazos argentinos se penalizará severamente la fuga de esa riqueza del territorio nacional. Aquel al que le tiemble la mano al firmar lo que el pueblo exige para su buen vivir que se busque otro laburo.

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su interesante artículo Aleardo Laría Rajneri menciona a Pierre Rosanvallon, autor, debo confesar, desconocido para mí. Buceando en Google me encontré con esta lúcida reseña de su libro “La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza” cuyo autor es Juan Zuluaga Díaz (Papel Político. Pontificia Universidad Javeriana-Colombia-2008). A continuación paso a transcribirla.

    Introducción

    El historiador y filósofo político Pierre Rosanvallon, director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) y profesor del Collége de France, analiza en su más reciente texto el desarrollo histórico y el devenir de la democracia en cuanto a los mecanismos de control y resistencia de las sociedades civiles frente al poder de los elegidos. El objeto del texto es el de “comprender las manifestaciones de la desconfianza en un marco global que reubique de manera articulada y coherente sus características más profundas, es decir, en síntesis, entenderlas en cuanto conforman políticamente un sistema” (Rosanvallon, 2007, p. 25). Para tal propósito, el autor intenta describir la tensión y la complementariedad entre los mecanismos del régimen electoral-representativo y las prácticas y mecanismos de la organización de la “desconfianza” ciudadana.

    La sociedad de la desconfianza

    Teniendo como base la historia de la democracia, Rosanvallon inicia el análisis señalando la discordancia en aquello que la teoría de los regímenes representativos habían ligado al proceso electoral: la legitimidad y la confianza. Aquí se resalta y se describe el carácter fundamental de estas cualidades políticas, su diferente naturaleza y su disociación, que ha sido la constante en los regímenes democráticos, constituyéndose en un problema central en la historia de los mismos. Señala el autor que en las cuestiones de la legitimidad se han centrado los principales estudios de historia y teoría política, al tiempo que la mayor parte de los esfuerzos se han realizado en búsqueda de ella, a través de una mayor participación en las urnas u otros mecanismos de democracia directa. No obstante, de manera paralela, se han venido desarrollando un conjunto de prácticas, de contrapoderes, que intentan compensar la erosión de la confianza mediante la organización de la desconfianza. Si bien esta dimensión ha sido objeto de análisis puntuales, estos no han sido resituados en un conjunto articulado dentro del propio sistema democrático, de su historia y su teoría, lo cual constituye parte de la novedad de la propuesta de Rosanvallon. Dentro de lo que el autor plantea como expresión de la desconfianza a lo largo de la historia, señala dos grandes vías, la liberal y la democrática. En la primera, distingue algunos pensadores liberales del siglo XVIII, en cabeza de Montesquieu, los cuales ven en la desconfianza un “poder de prevención”, mostrando un interés central por la forma de contener la acumulación de poderes y no por la constitución de un gobierno bueno y fuerte. En cuanto a la vía democrática, en la cual se inscribe el análisis de Rosanvallon, la expresión de la desconfianza busca como objetivo el velar porque el poder sea fiel a sus compromisos, centrándose en la puesta a punto de mecanismos de control y veeduría ciudadana que actúen como contrapoderes. Esta desconfianza democrática se expresa, según el autor, de múltiples maneras, entre las que distingue tres modalidades principales: 1) los poderes de control; 2) las formas de obstrucción, y 3) la puesta a prueba a través de un juicio. “A la sombra de la democracia electoral-representativa, estos tres contrapoderes dibujan los contornos de lo que propongo llamar como contrademocracia” (Rosanvallon, 2007, p. 27). Así vista, la contrademocracia no es lo contrario de la democracia, sino una forma de democracia que se antepone a la otra —con la cual conforma un sistema—, y que está constituida por poderes indirectos diseminados en la sociedad. Para Rosanvallon, la importancia y amplitud de estos poderes indirectos hace de esta condición una verdadera forma política, bajo la cual se organiza la desconfianza frente a la democracia de la legitimidad electoral.

    La democracia de control

    Si bien la dimensión más evidente del principio democrático la constituye el derecho de sufragio, mediante el cual se intenta dar legitimidad a los gobiernos, este vínculo electoral no ha sido prerrogativa para obligar a los elegidos a mantener sus compromisos. Frente a esta condición se superpuso la práctica efectiva de un cuestionamiento permanente y una presión organizada de manera más difusa y más exterior que sirviera de contrapoder. Señala Rosanvallon que desde los años próximos a la revolución francesa se designa esta forma complementaria de soberanía como el “Control”; cuando se habla de control estamos hablando de mantener una mirada permanente sobre los actos de los gobernantes, un estado de alerta que permita la vigilancia sistemática de sus actuaciones. Este control trata de encastrar la legitimidad electoral con la legitimidad social, haciendo de la reputación un factor determinante de la confianza en los individuos o en los regímenes. Entre las modalidades de estos poderes de control, Rosanvallon destaca la vigilancia, la denuncia y la calificación. La idea de vigilancia de las actuaciones de los gobernantes se da, en primera instancia, como una vigilancia cívica, la cual es directamente política, manifestándose en intervenciones de prensa, de asociaciones, de sindicatos, huelgas, etc. Después aparece otra forma de vigilancia, llamada por el autor como vigilancia de regulación, que se manifiesta como un flujo continuo de evaluaciones y críticas a un nivel muy descentralizado, y que opera a través de canales como encuestas o informes, intervención en las comisiones especializadas o la publicación de reportajes, influenciando los debates sobre la sociedad y estableciendo al público como una suerte de termostato regulador de las decisiones políticas. De esta manera, la figura del ciudadano-vigilante se superpone a la del ciudadano-elector.

    Señala Rosanvallon que la vigilancia se declina en la segunda modalidad de poder de control: la denuncia. Esta modalidad se extiende de manera vigorosa durante el tiempo de la revolución, y se la vincula directamente con la acción cívica. Se trata del control de los actos de los gobernantes por medio de la publicidad, dando a conocer, haciendo saber, develando las malas formas o las actuaciones inconvenientes de los mismos. Apunta el autor que durante el siglo XIX la denuncia perdió algo de su fuerza original para decantarse hacia el escándalo, donde se mezclan dos dimensiones: la estigmatización de los poderes y la fe en las virtudes políticas de la transparencia. El escándalo promueve una conversión en la mirada y cumple la función de presión y regulación, al tiempo que propone una lección de civismo, aunque puede caer en una versión populista con la estigmatización de los poderes. Esta modalidad de control resulta de suma importancia en el mundo contemporáneo, donde toma cada vez mayor valor la idea de transparencia en el universo político, y en donde la denuncia afecta directamente el capital simbólico y la reputación de los involucrados. En cuanto al tercer poder de control, la calificación, apunta el autor que este “consiste en una evaluación documentada, técnicamente argumentada, a menudo cuantificada de acciones particulares o de políticas más generales” (Rosanvallon, 2007, p. 66). En este caso, el objetivo es el de peritaje de la calidad y la eficacia de la gestión. También es una reputación la que se pone a prueba, pero de orden técnico; en algunos casos, sirve como escudo protector frente a la crítica o a la oposición como también para la emergencia de contrapoderes (organizaciones, instituciones, ONG especializadas en evaluación y calificación). Luego de la ampliación de estas modalidades de formas de control, Rosanvallon entra a desgranar otros aspectos de lo que él llama la contrademocracia. Describe pues a los actores del control, donde destaca el paso del control como actividad multiforme de la sociedad a una forma de actividad mediática, en donde la prensa se manifiesta como el poder contrademocrático por excelencia durante el siglo XIX. Ya en el siglo XX, se posicionan otros agentes e instancias como organizaciones ciudadanas, autoridades de vigilancia independientes, así como un nuevo tipo de instancias de evaluación y nuevas formas políticas como Internet.

    La soberanía de la obstrucción

    Dentro del modelado que hace Rosanvallon de su teoría señala lo que para él constituye la segunda dimensión de la contrademocracia: el poder de obstrucción. Esta figura del universo contrademocrático atañe al derecho de resistencia que históricamente han tenido los pueblos para estatuir, impedir, modificar o anular las actuaciones de sus gobernantes o las condiciones del régimen. Con el advenimiento del sufragio universal se dieron nuevos enfoques de esta capacidad, como la emergencia de un poder organizado de oposición que consolida lo que se denomina como “soberanía crítica”, la cual da paso hoy en día hacia lo que considera el autor como una política negativa. En búsqueda de las distintas manifestaciones en el tiempo de esta dimensión de contrapoder, Rosanvallon realiza un barrido histórico de las formas que adopta la resistencia y la obstrucción tanto en la antigua Roma (tribunos del pueblo) como en la Edad Media, la época prerrevolucionaria y las sociedades modernas, así como la reflexión política de algunos autores como Althusius y Fichte en torno a la idea de un contrapoder de oposición y a una soberanía crítica. Aquí señala el autor que, dadas las condiciones socioculturales del mundo contemporáneo, se configuró igualmente la crisis de la representación social y la política para dar paso a la sensación de vacío. En este contexto, al que denomina como la “era de la deselección”, la institucionalización de la oposición ya no puede constituir el horizonte de una perspectiva de estructuración del poder de obstrucción en la democracia, imponiéndose así la política negativa, que consiste en la entrada en una democracia de sanción, donde las elecciones son más un juicio sobre el pasado que una oportunidad de optar por diversas orientaciones. “Ya no se trata de distinguir sino de eliminar”. Es de resaltar que el ciudadano moderno no solo dispone del voto para manifestar su rechazo, sino que también puede tomar parte en acciones más difusas de obstrucción como manifestaciones callejeras, movimientos de opinión y derecho al veto, entre otros.

    El pueblo juez

    Si bien el controlar y el impedir son dos maneras de condicionar a los gobernantes, existe una tercera dimensión de la contrademocracia, el enjuiciamiento. Juzgar consiste en examinar una conducta o una acción, prolongando el ejercicio de una sospecha y haciendo necesario que se llegue a una conclusión definitiva (Rosanvallon, 2007, p. 191). Cuando Rosanvallon destaca la prueba de un juicio, no lo reduce al ejercicio de un poder judicial autónomo sino que está ligado en profundidad a la idea de un juzgamiento de los gobernantes por la sociedad, entendiendo que los ciudadanos quieren alcanzar como jueces lo que consideran no haber podido alcanzar como electores. Otro aspecto que rescata el autor de las actividades del ciudadano juez, cuando este hace parte de un jurado civil, es la de restablecer o modificar el espíritu de la ley en la formulación de los veredictos. En este caso se trata de una actividad correctora. Después de revisar en retrospectiva el papel del enjuiciamiento a los gobernantes en diferentes sociedades y en distintas épocas, Rosanvallon encuentra en este el poder de las minorías, de los dominados o de los electores para examinar, responsabilizar o revocar el mandato de los funcionarios electos. Tanto los tribunales del pueblo en Atenas, el jury de la Edad Media, el Impeachment inglés como el recall en Estados Unidos, son procedimientos que permiten considerar el juicio como forma política en la que los ciudadanos participan no solo de un acto deliberativo, sino también como productores de normas. Esta dimensión de la contrademocracia toma vital importancia con el desplazamiento en nuestros días de lo político a lo penal, en donde las actuaciones políticas, cada vez más difíciles de imputar políticamente, conllevan una responsabilidad penal. Puede decirse, entonces, que nos encontramos en el paso de las democracias de confrontación y de representación a las de imputación, lo cual conlleva a un aumento de poder de los jueces, en lo que se ha denominado “gobierno de los jueces”.

    La democracia impolítica

    Si bien la tendencia hoy en día en cuanto al discurso sobre la política es la de considerar que existe una amplia despolitización de los ciudadanos, según Rosanvallon esto no sería del todo cierto, pues aunque deba considerarse cierta apatía con respecto a la participación y la actividad directamente política, se están generando cada vez más ejercicios indirectos de soberanía de acuerdo con formas no organizadas por las constituciones, unas formas de participación no convencional, que indican no una nueva era de apatía política, ni un repliegue a la esfera privada, sino una mutación en la relación del ciudadano con la política. Según Rosanvallon, el problema hoy no sería el de la despolitización sino el de la impolítica, que sería la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de un mundo común. Esto representa un aumento de la distancia en la relación entre la sociedad civil y las instituciones, la cual muestra un carácter complejo y problemático en el que se mezclan elementos positivos de aumento de poder social y las tentaciones populistas reactivas que facilitan la fragmentación y la diseminación a cambio de la coherencia y la globalidad

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