Una marea que sube

La acumulación de un malestar popular que eclosionó en Chile y en Colombia

 

Chile y Colombia guardan ciertas semejanzas. En ambos países se desenvolvió con amplitud y persistencia una vía de desarrollo vinculada al modelo neoliberal. En Chile se inició con el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973, que gobernó dictatorialmente hasta 1990. A partir de ese año se abrió un régimen democrático restringido en el que regía como condición sine qua non el mantenimiento de la antedicha opción neoliberal, que dio lugar a una sucesión de gobiernos de centroizquierda y de centroderecha, bajo atenta tutela militar. En Colombia, el neoliberalismo se terminó de afianzar durante la presidencia de César Gaviria Trujillo (1990-1994). En el marco de esta matriz económica se alternaron gobiernos sedicentes liberales y otros de centroderecha. Unas Fuerzas Armadas muy ligadas al Comando Sur de los Estados Unidos los seguían de cerca, en virtud del largo conflicto instalado por la insurgencia guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A partir de 2019 en los dos países comenzaron intensas protestas y manifestaciones que pusieron en evidencia que el modelo económico que se venía implementando no satisfacía las necesidades y expectativas de la mayoría de sus respectivas poblaciones. Y que las ansiedades y frustraciones que se venían acumulando desde hacía ya rato habían llegado a un límite. Los reclamos, las protestas y las mareas de manifestantes se fueron intensificando. Expresaban inequívocamente la existencia de un malestar popular que se mostraba cada vez más activo y exigente. Veamos cada caso por separado.

 

 

Chile

Como bien se sabe, el 14 de octubre de 2019 estudiantes secundarios y universitarios decidieron evadir masivamente el pago del metro de Santiago. Esta práctica se mantuvo y el 18 de ese mes la protesta escaló y pasó a la destrucción de estaciones y a la interrupción del servicio. De allí en más se fueron desarrollando combativas movilizaciones populares de espectro más amplio, centradas en reivindicaciones específicas: el costo del transporte, de la educación, de la vida cotidiana en general; la insuficiencia de las privatizadas jubilaciones y el endeudamiento crediticio al que debía recurrir la gente común debido a sus bajos ingresos, entre otros motivos. Una asidua protesta tomó las calles de las principales ciudades: Santiago, Valparaíso, Concepción, Valdivia e Iquique, entre otras. Su señalamiento mayor era la inequidad. En fin, a partir de reclamos y demandas específicas, las muchedumbres se alzaron en contra de las políticas gubernamentales. Pero también, por extensión, contra los fundamentos de esa política filoglobalizadora que sostenía un ávido y excluyente sistema económico.

 

La protesta social chilena se encauzó contra las fuentes de la inequidad.

 

Como bien se sabe también, la represión policial fue intensa y brutal, pero no pudo ni desalentar ni detener la inmensa protesta social que persistía y machacaba. En noviembre de 2019, para apaciguar la situación, el Presidente Sebastián Piñera ofreció la posibilidad de convocar a un plebiscito para modificar la Constitución por medio de una Convención Constituyente, que fue aceptada. En enero de 2020, una encuesta del Centro de Estudios Políticos reveló que el apoyo al primer mandatario había caído a tan sólo un 6%. Habían pasado apenas cuatro meses desde el comienzo de la revuelta. Los remezones continuaron hasta que la aparición de la Covid-19 obligó a tranquilizar las aguas.

La elección de convencionales constituyentes acaba de realizarse junto con las de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Los resultados de la primera han abierto las puertas a un desenlace prometedor.

 

 

Colombia

La agitación colombiana comenzó el 11 de enero de 2019 con la Marcha de las Linternas, realizada en protesta ante una oleada de asesinatos de líderes sociales y por el desinterés y la aquiescencia de la Fiscalía General de la Nación ante esos deplorables sucesos. Le siguió una Marcha por la Vida en más de cien ciudades, en junio de ese año, con el mismo fin: el repudio a esos asesinatos. El 5 de noviembre se presentó una moción de censura en el Senado contra el ministro de Defensa Guillermo Botero, a quien se acusaba por abuso de violencia, como fue –entre otros casos– el genocidio de comunidades indígenas en Cauca. Al día siguiente renunció. Y de ahí en más se encendió la pradera.

El 21 de noviembre, el Comité Nacional del Paro –una entidad heterogénea que agrupa algunas centrales obreras, sindicatos autónomos y diversas organizaciones de la sociedad civil, y que no necesariamente tramita huelgas, como se desprendería de su nombre– convocó a una marcha. Llamaba a la defensa de los derechos de la población y a reaccionar contra las políticas neoliberales impulsadas por el Presidente Iván Duque. Entre sus reclamos se encontraban: desactivar el proyecto de reforma tributaria, descartar la reforma del sistema de pensiones, rechazar la privatización de bienes del Estado y garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, que posibilitaron el armisticio con las FARC y el abandono de la lucha armada de la mayoría de sus integrantes. Esta convocatoria tuvo amplia repercusión en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras ciudades.

Los paros se multiplicaron en noviembre y diciembre. Una seguidilla de acciones tuvo lugar en múltiples ciudades, sin dar prácticamente tregua durante esos meses. Continuó más espaciada hasta el 25 de marzo de 2020, cuando la pandemia provocó un inevitable receso.

El 28 de abril de 2021 las protestas y manifestaciones retornaron a las calles, convocadas nuevamente por el Comité Nacional del Paro, que retomó la agenda de reclamos mencionada precedentemente. Se han extendido nuevamente por numerosas ciudades y al cierre de esa nota aún se mantienen muy activas. Como consecuencia de estos eventos, se han registrado alrededor de 50 muertes y no menos de 300 heridos a manos de las fuerzas policiales, así como 280 detenidos.

 

En Colombia, la pandemia no amedrentó las ansias de combatir las políticas del Presidente Duque.

 

 

 

Horizontes

Colombia y Chile muestran condiciones socioeconómicas y políticas parecidas. Un dinamismo económico a la baja y una actitud predominante de buena parte de sus sociedades que, con el paso del tiempo, han optado por el rechazo de un modelo que es duramente inequitativo y no satisface ni sus necesidades ni sus expectativas.

El retorno de la agitación antigubernamental en Colombia, aún en un contexto de pandemia, denota la existencia de una situación social y política muy delicada. Y muestra también una debilidad creciente de Duque. La próxima elección presidencial está programada para mayo de 2022. Probablemente, el primer mandatario navegue con penuria hasta entonces, pero no habría que descartar que se abra alguna otra variante: un año bajo estas condiciones puede ser demasiado largo. El tiempo irá diciendo. Duque y el Comité mantienen cada tanto conversaciones, pero hasta ahora no ha surgido nada positivo.

Chile, en cambio, ha dado pasos gigantescos. La elección de constituyentes ha abierto un nuevo escenario. La coalición oficialista (“Vamos por Chile”), que aglutinó a toda la centroderecha, no pudo alcanzar el tercio que necesitaba para vetar en la Convención Constituyente cualquier iniciativa que no le satisfaga: logró apenas 37 escaños de los 52 requeridos. Y es prácticamente imposible que sume aliados de las otras agrupaciones intervinientes. Por su parte, la lista del Partido Comunista y del Frente Amplio (“Apruebo Dignidad”) y la de la centroizquierda (“Apruebo”) sumaron respectivamente 28 y 25 escaños. Una de las sorpresas de la elección fue el desempeño de las agrupaciones llamadas “independientes”: “Del Pueblo” obtuvo 24 escaños, “Nueva Constitución” 11, y otros agrupamientos, 13 en total. Restan finalmente los 17 escaños de los pueblos originarios que difícilmente se alíen con “Vamos por Chile”. El conglomerado no oficialista, en cambio –si se articula convenientemente– puede superar con amplitud los dos tercios necesarios para modificar la Constitución.

De las 16 gobernaciones regionales sólo hubo definición en tres: dos fueron para la centroizquierda (Aysén y Magallanes) y una para la izquierda (Valparaíso). Las demás deben ir a segunda vuelta. En las elecciones de alcalde hubo cierta dispersión. Algunas de las más importantes, como Santiago de Chile y Viña del Mar, fueron también para la izquierda.

El cambio ha sido drástico, al punto que puede decirse que las y los chilenas/os se acostaron en un país y se levantaron en otro. Quizá esta experiencia pueda servir de espejo para Colombia: dadas las semejanzas que se han expuesto precedentemente, eso no sería improbable.

 

 

 

 

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