Una mazmorra debajo de sus señorías
Hacinamiento de la unidad penitenciaria de Comodoro Py y máxima tensión en las cárceles del macrismo
El fin de semana pasado se registró una ola polar en la Ciudad de Buenos Aires. En el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, ese frío se sentía más fuerte. Setenta y nueve personas durmieron vivieron y durmieron hasta la mañana del martes sin calefacción. Son detenidos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deja alojados allí por la sobrepoblación que hay en las cárceles argentinas. La vulneración de sus derechos está a unos pisos de distancia de las oficinas de los jueces más poderosos del país, que ni se enteran de su existencia.
La mole de Comodoro Py guarda todo tipo de secretos. Los detenidos son presencias que, cada tanto, cruzan los pasillos, caminando con esposas y con integrantes de las fuerzas de seguridad detrás. Debajo del suelo que pisan a diario jueces, defensores, fiscales y abogados está la Unidad 29 del SPF. Inicialmente creada para que hasta 104 personas esperen para ser indagadas por los magistrados o que se resuelva su situación, desde el 24 de junio esta unidad funciona alojando internos.
La información surge de una resolución que firmó el juez Daniel Rafecas, diciéndole al SPF que no podían permanecer allí más de 30 personas durmiendo por noche. El juez también envío notificaciones a los ministros Germán Garavano (Justicia) y Rogelio Frigerio (Interior), para que destinen partidas para construir o remodelar los lugares para alojamiento de personas privadas de su libertad. Por otro lado le solicitó a la Cámara de Casación, que tiene la superintendencia del edificio, que no apague la caldera durante los fines de semanas. A la Corte le pidió un informe técnico para ver cuántas personas pueden ser alojadas efectivamente en la Unidad 29.
“Tal situación es producto de una política criminal que ha llevado objetivamente en los últimos años a un incremento preocupante de la población carcelaria, que no viene siendo acompañada de las precauciones necesarias para evitar la superpoblación y otros severos problemas en torno a esta cuestión”, escribió Rafecas.
Para el Gobierno no es novedad. En marzo declaró la emergencia penitenciaria, pero la justificó como un logro de la exitosa política de seguridad. Reconoció que el SPF superaba en un doce por ciento su capacidad. En diciembre de 2015, las personas detenidas eran 10.274, mientras que al 13 de marzo de 2019 eran 13.773.
La población ya supera con creces los 14.000. En los tribunales y en la cartera que lidera Garavano saben que es una bomba a punto de estallar.
Las celdas del tribunal
En la última semana hubo dos inspecciones en la Unidad 29. El viernes 5 fueron los integrantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles –que preside el juez de Casación Gustavo Hornos– y los miembros de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General.
Las descripciones que hicieron no requieren adjetivos:
- Ese día eran 109 las personas alojadas, 78 estaban a la espera de cupo en algún penal. Algunas de ellas llevaban 34 días durmiendo en Comodoro Py, aunque el Manual de Procedimiento del SPF establece que no deben pasar más de 24 horas.
- Hay dos sectores. Uno de hombres y otro de mujeres. En el de hombres, son siete celdas colectivas y ocho individuales. En las colectivas, que son de tres por cuatro metros, pueden entrar hasta doce personas, según el SPF. Pero en una había 17. En una de las celdas individuales, encontraron a cinco personas.
- El sector de mujeres es más reducido. Tiene una celda colectiva y dos individuales. El inodoro está en la celda colectiva, a la vista de todas y sin darle ninguna intimidad a quienes lo usan.
- A la noche, los penitenciarios les dan unos colchones y unas mantas. Los colchones no son ignífugos. La historia penitenciaria argentina tiene una larga tradición de masacres y tragedias que se iniciaron con fuego. Durante el día, les sacan los colchones y se sientan en el piso. Para todas estas personas hay una única ducha con agua caliente.
- Durante las noches, no hay calefacción. Tampoco los fines de semana. Sólo quedan seis penitenciarios a cargo del lugar: cuatro hombres y dos mujeres.
Después de la visita del 5, la Comisión de Cárceles de la Defensoría presentó una denuncia. Rafecas fue el miércoles 10 y encontró una situación similar.
Eran 70 los detenidos. Sólo 25 eran para comparendo – es decir, para ver a los jueces o fiscales. Los 45 restantes dormían ahí. Cuarenta y tres estaban a la espera de que abriera algún cupo en algún penal. Uno esperaba ser trasladado a Azul.
En el SPF reconocen la situación, pero van a apelar la resolución de Rafecas. Dicen que el viernes 5 fue un día de explosión del servicio. Ese día ingresaron 320 detenidos. Todo un signo de época.
Poco queda de la cárcel modelo
El 28 de junio, los jueces de la Sala II de Casación Alejandro Slokar y Ángela Ledesma provocaron un tembladeral al interior del Ministerio de Justicia al aceptar un hábeas corpus colectivo e impedir que sigan ingresando nuevos internos al penal de Marcos Paz, justamente el que más población privada de su libertad aloja.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Cárceles de la Defensoría había interpuesto una medida de no innovar para que no se siguieran instalando camas adicionales en Marcos Paz. En el gobierno reconocen que esa práctica no se inició en Buenos Aires, sino que arrancó por las provincias del norte del país.
Entre otras cosas denunciaban que en el penal supuestamente modelo inaugurado en 1999 se había modificado el gimnasio para alojar más detenidos, y que parte de la sobrepoblación venía de la mano de la llegada de detenidos provenientes del Sistema Penitenciario Bonaerense. El 3 de junio, Casación hizo una visita y pudo comprobarlo.
El SPF apeló el fallo, y actualmente pide que Casación unifique criterios porque tiene otro fallo que le habilita estirar el cupo. El gobierno se refiere a la sentencia de la Casación como “el fallo Slokar”, porque el juez, en su voto, denunció una “reclusión low-cost”. También habló de una práctica de gran encierro importada de otros países de la región, que lleva al gobierno a estimar que la población carcelaria podría superar las 25.000 personas para 2023.
Según Slokar, las causas de la crisis deben rastrearse en los procesos por flagrancia, el convenio para alojar presos bonaerenses, el incremento de las penas y el endurecimiento para las salidas.
Casación dejó en claro que el problema no era Marcos Paz. Al cierre de esta nota, la población alojada en el SPF superaba las 14.320 personas – según datos aportados desde la cartera de Justicia. Hasta hace unas semanas el SPF publicaba una estadística diaria, pero ya no puede consultarse. Desde el organismo explicaron que se debía a una migración de la página web.
Violencia en las cárceles
En las últimas semanas, el Sistema Interinstitucional visitó también las unidades de varones y de mujeres de Ezeiza. En los dos casos, se encontraron con conflictos desatados entre las personas privadas de su libertad y el SPF.
Cuando llegaron a Ezeiza –hombres (Módulo III -Pabellón B)—, se encontraron con la unidad cerrada después de una requisa violenta, que, según relataron los presos, había incluido golpes y balas de goma. El único alimento que recibían los detenidos estaba tirado en el piso – a merced de las ratas que deambulan por ahí. El conflicto llevaba varios días y se había desatado después de que el SPF decidiera cambiar, sin aviso y sin explicación, los horarios de visita.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó al Poder Judicial que investigara las torturas relatadas por los detenidos y al Ministerio de Justicia que abriera una investigación interna.
Ante el crecimiento de la población en las cárceles, la represión aparece como la respuesta más frecuente. Un caso emblemático se registró en marzo del año pasado en la cárcel de mujeres.
Volvió a suceder el 26 de junio último en Ezeiza. En un pabellón, diez mujeres reclamaban porque no funcionaba el televisor. Es del poco esparcimiento que tienen ahí adentro, especialmente porque, en épocas de sobrepoblación, no hay talleres para todas. Fue una protesta pacífica que terminó en una represión feroz. Entró la requisa, se llevó a tres chicas a las celdas de castigo. A una la llevaron a un anexo psiquiátrico, le inyectaron algo que la dejó dos días durmiendo. A Juliana Béjar la llevaron a un “buzón” que terminó prendido fuego. La ayuda tardó 20 minutos, denuncian, y la chica terminó en terapia intensiva.
Fijar criterios
La explosión de las tasas de encarcelamiento no sólo tuvo impacto en los tribunales. El jueves, el mismo día del fallo de Rafecas, hizo una reunión preparatoria el Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura para discutir la situación de las personas privadas de la libertad en el anexo de Diputados del Congreso.
En los últimos meses, el Comité –que se constituyó recién el año pasado— realizó visitas en las tres provincias donde se concentra la mayor tasa de personas privadas de su libertad, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El hacinamiento fue una constante en esos monitoreos.
La ley 26.827 le confiere al Comité no sólo la potestad de hacer visitas a los establecimientos donde hay personas alojadas, sino también la capacidad de fijar cuáles son los cupos que deberían manejarse en esos lugares. Tiene que hacerlo siguiendo los standards internacionales. Fijar los criterios implica no sólo decir cuántos detenidos puede alojar una unidad, sino también cuánto personal se necesita para atenderlos y qué comodidades debe tener el lugar. Un test que Argentina difícilmente pueda pasar en este momento.
A la larga mesa del Comité se sentaron, entre otros, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles –presidido por Hornos—, la Procuración Penitenciaria, el subdirector del Servicio Penitenciario Federal, la Defensoría General, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), universidades y organizaciones de la sociedad civil.
La discusión se muda a Casación
El viernes 5, cuando Carlos Mahiques se enteró que iba a realizarse una inspección en la Unidad 29 de Comodoro Py, le dijo a sus pares que había que hacer un plenario para tratar la situación. Es lo mismo que viene pidiendo el SPF.
La situación de Mahiques –quien está estrenando página web propia— es curiosa. Ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, pasó de la Casación ordinaria sin escalas –y sin concurso— a la federal. Lo acompañó la suerte y el hecho de que su hijo Juan Bautista fuera el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. También, antes de su mudarse a la fiscalía general de la Ciudad, Juan Bautista tuvo a su cargo el SPF como subsecretario del Ministerio de Justicia.
Después de que Juan Carlos Gemignani dejara la presidencia de la Casación Federal –acorralado por denuncias de maltrato contra una secretaria y contra una colega—, Mahiques quedó como titular del máximo tribunal penal del país.
También tuvo la suerte de que sus colegas lo eligieran para integrar la comisión que se formó después de que, en marzo de este año, el gobierno declarara la emergencia penitenciaria por tres años. Causó sorpresa que fuera Mahiques y no Hornos, que venía desde hace años trabajando en las cárceles, el elegido.
Está previsto que el próximo viernes se reúna la comisión y, por otro lado, que los casadores reciban a Emiliano Blanco, el titular del SPF. Blanco viene protestando contra las resoluciones de Rafecas y de la Sala II de la Casación, pero, por el momento, no tiene demasiadas respuestas para proponer desde el Ejecutivo.
El SPF va a insistir con las listas de personas que pueden ser excarceladas. Esas listas tomaron estado público en marzo del año pasado, cuando se conoció que habían incluido a varios de los genocidas más emblemáticos de la última dictadura. Justicia licitó 6.000 tobilleras electrónicas. La resolución podría estar recién en agosto, después de la feria.
En el gobierno, están mirando cómo readecuar unos edificios en San Telmo o en Inmigrantes para ser usados como alcaidía o centro de distribución de detenidos. Recién para el año que viene podrían estar terminadas las reformas en Marcos Paz para trasladar el penal de Devoto. En Mendoza están terminando unos pabellones y siguen las reformas en el complejo Agote de Mercedes.
Una curiosidad post declaración de emergencia es que el gobierno quería ampliar la Unidad 34 de Campo de Mayo – que es donde están alojados los represores. Como cada vez son más los genocidas en domiciliaria o excarcelados y ante la falta de respuesta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), esa propuesta quedó en la nada.
Al fin y al cabo, es la única población carcelaria que se encoge en la Argentina.
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