Una muestra de impunidad

Tras seis años de espera, intentan suspender el juicio oral en el caso de Emilia Uscamayta Curí

 

El pasado jueves, la fiscal Graciela Patricia Rivero solicitó la suspensión del juicio oral por el caso la joven que murió ahogada, en La Plata en 2016, durante una fiesta clandestina organizada al calor del poder político y judicial local. El objetivo es que se realice un juicio abreviado, reprogramado para una nueva fecha. Como respuesta, la Asamblea Justicia por Emilia Uscamayta Curí convoca mañana a una concentración en la puerta de los juzgados platenses para exigirle a la Justicia que esta solicitud no sea aceptada.

Esta no es la primera acción que la familia de la víctima sufre: han sido años de experimentar que el Estado jamás muestre interés por esclarecer los hechos. Mañana se manifestarán para que el juicio comience el 25 de octubre, tal y como estaba previsto, y confían en que la condena les traiga paz.

 

El pedido de la fiscal para la suspensión del juicio oral.

 

 

El Cohete a la Luna habló con el abogado de la familia, Adrián Rodríguez Antinao, y esto decía acerca de los hechos:

—ARA: A esa fiesta se la había clausurado en horas de la mañana del 31 de diciembre y se habían puesto unos móviles durante el transcurso del día y de la tarde en la zona, pero alrededor de las 20 horas los policías que estaban custodiando el lugar recibieron un llamado de un personal policial de apellido Peña, que les indicó a los móviles que se retiren. Así fue que el evento se realizó y lamentablemente horas después apareció Emilia muerta en una pileta de natación, que había allí sin ningún tipo de recaudos ni medidas de seguridad.

¿Qué se sabe acerca de cómo fue que finalmente se hizo la fiesta?

—ARA: En el expediente nos encontramos con que no sólo se trató de una fiesta desarrollada de forma ilegal, sino que un funcionario público municipal de apellido Zamudio, que vivía en la zona adyacente a la quinta donde se hizo el evento, trató de impedirlo por pedido de los vecinos. Ya se habían hecho varias fiestas de ese estilo en el barrio y la gente que vive ahí tenía muchos motivos para no querer que esto siguiera sucediendo. Uno de ellos es que a estas fiestas concurría gente del centro de la ciudad, de los barrios de mayor poder adquisitivo y se encontraban con los chicos del lugar. Melchor Romero es una zona humilde de La Plata, y ahí se producían siempre conflictos. Por otro lado, se cortaban calles para el evento, no ponían ni baños químicos, los laburantes se encontraban con la situación del ruido, de la gente orinando en las veredas, e incluso en ese marco se llegaban a hacer picadas. Bueno, por decirlo llanamente, era un despelote. Zamudio trató de impedir la realización de la fiesta y otros funcionarios municipales le dijeron: “No te metás, que esto ya está arreglado”.

—¿Cómo avanzó la investigación respecto a la coima que se pagó para que la fiesta se haga?

—ARA: Con el tema de la coima, al día de la fecha solamente hay un ex funcionario público, Daniel Piqué, en su rol de subsecretario de Seguridad del Municipio de La Plata, que está imputado con un pedido de elevación a juicio oral y público por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En lo que tiene que ver con el cohecho y toda la gran cantidad de funcionarios involucrados, no se ha podido avanzar en nada, pese a la gran cantidad de pruebas que hay. Nos encontramos con algo más fuerte que un muro de concreto. El Estado no quiso investigar porque había funcionarios de Cambiemos del Municipio. Recordemos que este crimen sucedió cuando la gobernadora era (María Eugenia) Vidal. Pero tampoco pasó nada con el cambio de gobierno provincial: antes los funcionarios judiciales tenían temor de ser perseguidos por investigar y ahora, también. Realmente los imputados tienen una protección increíble dentro de lo que es el aparato judicial en la provincia de Buenos Aires. En la medida en que comenzó la búsqueda de justicia, se fueron destapando una serie de cuestiones que involucran a funcionarios municipales, empresarios de la noche y toda una cadena de corrupción entre sectores privados y públicos de la ciudad de La Plata.

—¿Por qué se habla de complicidad judicial?

—ARA: Este es un caso donde lo que se jugó es el poder real. El poder real es que la persona que estaba gestionando toda esta articulación del evento desde el lado estatal era Juan Manuel Martínez Garmendia, que es hijo de la jueza de Garantías (Marcela) Garmendia de La Plata. En la causa, él está sindicado aunque no imputado, porque no se lo investigó. Estamos ante un caso de una enorme protección judicial, y hay sectores que se sienten muy cómodos con estas lógicas. Imaginate si le cuesta a la Vicepresidenta avanzar en la búsqueda de justicia, ¿qué se puede esperar para una chica universitaria que era militante por las comunidades indígenas? Si se hubiese tratado de otra víctima o si los imputados hubiesen sido de otro signo político, sería otra la historia. Con esto quiero decir que lo que pasa en Capital Federal en Comodoro Py o en la Justicia Federal se replica, a menor escala, sobre los distintos sectores del Poder Judicial, ya sea en la ciudad de La Plata o en cualquier otro pueblo. El mensaje es ese desde arriba y eso se va afianzando hacia abajo.

—¿Qué expectativas tienen respecto al juicio?

—ARA: Se han robado pruebas, se han robado CDs de la causa y aun así nosotros creemos que es tanta la cantidad de elementos probatorios, que no tiene que haber otra respuesta por parte del Poder Judicial que no sea una condena a los organizadores. Van a tratar de hacer pasar el hecho como si se tratase de un accidente, pero en realidad acá lo que hay en juego es el ánimo de lucro desmedido de esta gente, que con tal de ganar dinero no tuvo reparos en suprimir cualquier mecanismo de seguridad. En su afán de lucrar sin límites, menospreciaron la vida. Nosotros estamos pidiendo la pena correspondiente a homicidio simple con dolo eventual con dos hechos de desobediencia, que tienen que ver con los dos momentos que rompieron fajas de clausura.

—Los imputados son los cuatro organizadores del evento: el relacionista público Raúl “El Peque” García, los empresarios Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, y Carlos Bellone, propietario de la casa quinta donde se realizó el evento. García ha sido un empresario de la noche en La Plata desde la década del ’90, cuando organizaba fiestas en el Centro de Estudiantes de Bahía Blanca y estaba al frente de una peña para hinchas de Boca, donde comenzó su amistad con el actual intendente Julio Garro. En 2015 festejó la victoria de (Mauricio) Macri junto a él, arriba del escenario y bailando entre globos, y son públicas sus fotos con la primera línea de Cambiemos.

 

 

Mauricio Macri junto a Raúl “El Peque” García.

 

 

En cuanto a Haramboure, se encuentra con prisión domiciliaria. En 2009 obtuvo una condena de 10 años en el caso del asesinato del joven Juan Maldonado, a metros del local bailable Alcatraz, en Berisso. ¿Qué podrías decir sobre los imputados?

—ARA: Es muy conocida la figura del “Peque” García, quien ha estado en actos políticos con Vidal, con Elisa Carrió, y otros miembros de Cambiemos. Y Juan Manuel Martínez Garmendia –ligado a la coima que se pagó para que la fiesta se hiciera– es actualmente concejal de Cambiemos. Ponerlo como concejal fue un mensaje claro de Julio Garro, una muestra de impunidad terrible. Sabemos que son muy poderosos y que la familia judicial está amparando a Garmendia. Realmente esto es un mal de época. Vemos cómo este Poder Judicial se arroga la potestad de disponer de la vida, de la libertad, de las riquezas… Ellos deciden a quién le dan justicia, a quién se la niegan, a quien persiguen, con una actitud monárquica. Esto es realmente alarmante. Necesitamos la democratización del Poder Judicial de manera urgente. La Justicia está teniendo una muy mala imagen y la responsabilidad de esta imagen no la tiene la prensa, la generan ellos mismos cuando no investigan, con el hecho de que no pagan impuestos, porque están metidos en escándalos de espionaje, como sucede con el fiscal (Carlos) Stornelli, y todo sigue igual. Es lamentable. Cuando ocurren casos como el de Emilia, lo único que se hace es incrementar el enojo de la gente porque, insisto, no se trata de hipótesis nuestras: hay una realidad que es la que arroja la prueba y aun así parece que no saben leer español. La verdad que no lo entiendo.

 

 

 

Emilia

Emilia tenía 28 años, estudiaba Periodismo y estaba involucrada con los pueblos originarios y con la comunidad boliviana de su barrio, de la cual su madre y su padre son parte. Fue a esa fiesta con su hermano Cristian. Desde entonces, y como pasa en todos los casos, es la familia la que se ha puesto al hombro la tarea de que se haga justicia. En la Argentina ocurre algo insólito: se ha naturalizado que no es el Estado el que brega porque los casos se resuelvan, sino los damnificados. Es decir, se acepta como algo “natural” que si no hay una familia u organizaciones ejerciendo presión, la justicia no llega.

Aunque parezca idílico imaginarlo o tonto plantearlo, es importante recordar que al menos en términos formales, el sistema está pensado para que la familia pueda quedarse sentada en su casa haciendo el duelo, que ya con eso bastante tienen, y que un día reciba la noticia de la condena. Sin embargo, en todo el país miles de familias trabajan, ad honorem durante años, para que la Justicia avance. Investigan por su cuenta, consiguen testigos, hacen difusión, radios abiertas, buscan recursos. Verdaderamente la labor que ha hecho la ciudadanía argentina, sin ningún tipo de formación ni recursos, para que el Poder Judicial funcione, es impresionante. Ya sería hora de tomar alguno de los dos caminos posibles. O salimos de este delirio en el que sin familiares no hay condena, y la Justicia se vale de sus trabajadores para lograr su cometido, o se formaliza lo que ocurre en los hechos y se reconoce de alguna forma a las familias como los actores centrales que son, se les asignan recursos, una oficina, medios para trabajar.

Mientras escribo me doy cuenta de que esto ya se pensó y ya se hizo. Lo organizó Néstor Kirchner. Armó una suerte de gran oficina donde las madres de los pibes víctimas de violencia institucional podían trabajar. Ahí tenían teléfono, Internet, fotocopiadora, escritorios, y todo lo que necesitaban para la labor inmensa que llevaban adelante. Hace algunos años entrevisté a muchas de estas mujeres, y al observar el enorme lazo que tenían, les pregunté si lo habían forjado en las manifestaciones. Y me dijeron que no, porque en general cada una se manifestaba por su caso en particular. Se habían conocido en ese espacio que armó Néstor para las familias que eran el verdadero motor del Poder Judicial.

En el caso de Emilia, por la causa ya pasaron tres fiscales. De hecho, el primero de ellos, Álvaro Garganta, le dijo a la familia Uscamayta Curí: “No voy a poder mover la causa porque la gente que está arriba es muy pesada”. Y ahora la tercera fiscal pide anular el juicio oral. Emilia era una joven sin ningún problema de salud y en la autopsia se verificó que no estaba alcoholizada. Solamente no sabía nadar. Si hubiese habido un guardavidas o un médico, estaría viva. Recaudaron 3 millones de pesos en una noche, pero no fueron capaces de pagar un sueldo.

 

 

 

 

*Cualquier persona que haya estado en la fiesta y quiera acercar su testimonio, puede comunicarse a [email protected]. Su identidad será preservada.

 

 

 

 

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