Hoy la alegría no es brasileña. Con las imágenes de fondo de Río de Janeiro, nos proponemos escribir cómo sigue la historia por estos pagos conurbanos. Aquí, la costa más cercana es la del río Reconquista (Urucutaguay en guaraní, que quiere decir río de las almejas o río de las conchas) y el morro más alto es la montaña de la quema. Dentro del relleno sanitario más grande de la Argentina, el Norte IV del Ceamse, se depositan 18.000 toneladas de basura diaria provenientes de toda la región. Entre estas, están incluidas las de la ciudad más rica del país, la ciudad de Buenos Aires, que derrama sus desechos sobre nuestro río y sobre nuestros barrios. Desde este paisaje y casi como mirando al cielo, pensamos: “Brasil, decime qué se siente”.
En los últimos dos meses, con epicentro en el barrio Independencia de José León Suárez, a pocas cuadras de la última estación del tren ramal Mitre, que sale desde Retiro, se registró un aumento significativo de los homicidios. Estos tienen algunas características en común: varones muy jóvenes son víctimas y victimarios. Empuñan armas de fuego de forma desprolija, en eventos que no tienen al robo en el centro de sus motivaciones. Son otros tipos de conflictos interpersonales que se esparcen y deforman entre las voces de vecinos y vecinas, atemorizados y observados 24/7 por las cámaras públicas y privadas, parte de una política criminal que no logra prevenir ni curar.
El devenir trágico de la violencia narco en Río no es linealmente comparable con lo que pasa en nuestra patria. Pero algunas lecciones podemos tomar para pensar nuestro río, nuestros chicos, nuestro presente y nuestro futuro. En medio de la vorágine de información que circula, vemos un video donde un poblador de una favela cuenta que algo parecido pasó hace 15 años en Complexo Alemão y recordó la repercusión global del caso.
El video lo podés encontrar en Vos Das Comunidades.
Microhistoria de un segmento desigual
También hace 12 años atrás, por estos pagos, en este mismo barrio Independencia, un pibe joven vinculado a los transas de Carcova asesinó de dos tiros por la espalda a otro chico (Enzo Ledesma, de 13 años) por un problema entre ellos. Los vecinos, enfurecidos por la injusticia y la impunidad del asesino, protegido por la policía, al tercer día protestaron y atacaron la Comisaría 4.ª de José León Suárez. Quemaron autos, motos; un patrullero también ardió. “Policía corrupta”, “arruina guacho” eran las frases pintadas a modo de escrache en las paredes del destacamento. Ante semejante evento llegó Crónica TV (Firme junto al pueblo) y empezaron a acercarse cada vez más vecinos.
Eso fue después del entierro de Enzo. En vivo y para todo el país, mientras ardía parte de la comisaría, aparecieron las fotos de otros hijos muertos. Estaban la mamá del Curu, María, y Silvina, mamá de Ivonne, una nena de nueve años a quien le dispararon cuando se bajaba de un remise en la puerta de su casa. Al lado, junto a Ana, la mamá del Colo, y el papá de Enzo. Con los ojos vidriosos por las lágrimas, la imagen de familiares desesperados denunciando el asesinato de sus hijos en situaciones diversas. Todas vinculadas a las violencias y las armas en el barrio. Si en ese momento se hubiera podido seguir la huella que dejan las armas, si en vez de impunidad hubiera habido justicia, tal vez la historia en estos barrios hoy sería diferente.
Un grupo de abogados —con Alberto Palacio (actual director de la escuela técnica de la UNSAM) a la cabeza—, con militantes históricos de San Martín y del barrio Independencia, fuimos al día siguiente a buscar los otros casos de los que nos hablaban. Encontramos 20 casos más, en el mismo barrio. Desde una niña baleada en un tiroteo en la puerta de una escuela hasta un fusilamiento en la casa de un transa. La mayoría de los casos del mismo año, otros de años anteriores, todos en un radio de 20 cuadras.
A Rubén Oscar Navarro, el Curu, le dieron ocho tiros en el barrio La Carcova. Murió en el hospital dos meses después. Tenía 16 años, y después de la cirugía lo trasladaron a pediatría porque era muy menudito. El crimen nunca se esclareció, por el miedo de los testigos, por ser una “mala víctima”. A Exequiel Moija, el Colo, dicen que lo mató de un disparo un hombre que levantaba la quiniela clandestina en la puerta de su casa. Tenía 19 años.
En ese momento, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional presentó una demanda colectiva que reunía los datos de cinco casos, para proponer que en lugar de investigar hechos aislados se considere una misma matriz: un territorio desigual regado por armas, abonado con impunidad. Para nuestra generación, esta cadena de sucesos resultó muy significativa.
Cada hecho, en su contexto
Después de deliberar varias semanas qué podíamos hacer, decidimos pedirle una reunión al fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo. Con una nota redactada por nuestros abogados, la firma y el consentimiento de las familias y otras firmas con el sello de autoridades muy legítimas, como directivos de escuelas, curas villeros, concejales y hasta el rector de la universidad, fuimos a la reunión. El pedido nos parecía simple: que unifique las causas de asesinatos en el mismo barrio, para determinar patrones de violencia y conectividades. Todavía seguimos esperando.
12 años después lamentamos muchas muertes más en ese mismo barrio donde sigue viviendo la novia de Seba Carrillo, que el 24 de septiembre de 2025 recibió un impacto de bala en el ojo que entró por la ventana de la casa, en un primer piso a la calle. Una semana antes, otro chico había muerto en circunstancias similares y el jueves siguiente un fletero fue asesinado a pocas cuadras. Y ahora sumamos tres asesinatos más: Lautaro, Maxi y Alejandro, con menos de 20 cuadras de distancia y en un lapso menor a 30 días, todos menores de 20 años.
El crimen de Sebastián Carrillo (27), por ser trabajador, por tener una abogada que representa a su hermana, tiene potencial para conmover a una sociedad (mal)acostumbrada a la circulación de violencias altamente lesivas. Acostumbrada a escuchar tiros, pero no tantos.
Sería interesante contar con datos oficiales que analicen los homicidios dolosos en la franja de estos barrios que fueron creciendo desordenados sobre los bañados del río Reconquista. Entre el camino del Buen Ayre y la avenida Márquez se encadenan los barrios de Carcova, Curita, Independencia y Ciudad de Dios, en San Martín.
La violencia se huele, se siente, se comenta. Se lee sobre las nuevas formas de habitar el espacio público: los vecinos no quieren salir de sus casas.
La violencia del mega operativo desplegado contra una organización criminal de Río de Janeiro nos conmociona por la cantidad de muertos, por la tecnología desplegada, porque las mujeres llorando sus muertos son espectaculares: hay una narrativa montada como parte de una política criminal.
¿Cómo podemos lograr que nuestros muertos, por su juventud, por la cercanía, nos conmuevan y nos hagan reaccionar?
Para aprender de estas historias es indispensable ponerlas una al lado de la otra y pensar…
Lautaro
La noche del sábado 11 de octubre se organizó una fiesta en la calle 2 y Rivadavia, última calle del barrio. Parecía una de las fiestas clandestinas que se hacían en la pandemia. En esa situación, ya entrada la madrugada del 12 de octubre de 2025, asesinaron a Lautaro Uriel Benítez, de 17 años. Las pericias contarán la cantidad de disparos. En el barrio dicen que lo partieron a la mitad; su novia también resultó herida.
Lautaro es hijo de un linaje con cartel en el barrio: la Cocó y el Cefe. Ella está presa por venta de drogas. La causa es federal por la cantidad encontrada. Pero no son narcos de Parque Leloir, son transas de Carcova, se manejan en la calle 1° de mayo.
A Lautaro lo mataron dos conocidos de 19 años: su primo Agustín Torres Fierro y Elián Jeremías Velasco Mendoza, según consta en los expedientes judiciales. En el barrio dicen que son los hijos del gordo Pei, hermano de sangre de la Cocó, adversarios en el mundo transa.
La muerte de Lautaro pudo haber sido una tragedia anunciada. En el fuero de responsabilidad penal juvenil tenía varias causas: la primera en octubre de 2021, archivada en diciembre de ese mismo año. En junio de 2023, se le abrió una nueva causa por circular en una moto robada, pero esta se archivó en julio.
¿Con esto queremos reclamar que los chicos pierdan su libertad? ¡No! No necesariamente. Estamos diciendo que el Estado los vio pasar y los dejó solos. Lo que se cuestiona es la forma de actuar de todos los poderes del Estado, el Judicial y el Ejecutivo: ¿qué hacemos ante estas situaciones? ¿Cuáles son los mecanismos que se activan para tratar de incidir en estas vidas breves y rápidas, cargadas de furia y violencia?
Maxi Godoy
Una semana después, el lunes 21 de octubre por la noche, Maximiliano (19) acompañó a un amigo en moto a comprar algo, ya de madrugada. Cuando pasaron por la intersección de las calles Palacios y Rivadavia, otros pibes del barrio, que le tenían bronca al que manejaba la moto, les dispararon.
El tiro entró por la cintura y salió por la ingle de Maxi, que viajaba atrás, como acompañante. Lo llevaron al hospital Fleming y murió esperando el traslado. Iba con su novia Azul María Ludmila. Los presuntos asesinos son Leo y William Suárez, hermanos entre ellos, que también viven en el barrio y están prófugos.
Maxi vivía con su pareja en una casa ubicada dentro de uno de los pasillos de Palacios. Su mamá, conocida como la Cloti, trabaja en la recicladora, y su abuelo es remisero en Suárez.
No está claro qué pasó, por qué le dispararon, cuál es “el móvil” del crimen. Algo no se dice. Sí se dice que Maxi robaba con una banda del barrio UTA, para los presos que le mandan autos y cosas al barrio, según los vecinos. Otra versión es que el padrastro de la mamá de Maxi es el tío de un transa, y que Maxi trabajaba para él, que obviamente es mayor. Estas hipótesis no están presentes en la causa.
Maxi también inició una serie de registros judiciales cuando todavía era menor de edad: en 2022 se abrió una investigación en la que ocupa el lugar de imputado por “amenazas”. En octubre de 2024, en otra causa, se lo acusó por “encubrimiento”, por andar con una moto con pedido de secuestro. En diciembre de ese mismo año se le abrió otra causa, con mayores, por violación de domicilio, pero se archivó en agosto de 2025. Y una cuarta causa, también de diciembre del año pasado, por robo agravado por tenencia de arma, que resultó archivada el 14 de febrero de 2025.
Puede ser que los más grandes les den las armas a los más chicos, aprovechando que las penas del fuero de responsabilidad penal juvenil son más leves. Pero tampoco se activaron las alarmas del sistema de protección: ¿dónde estaban el organismo provincial de niñez, el servicio local, la escuela, la familia, la comunidad entera? ¿Quién le pone límites a los adolescentes que se exponen a riesgos letales al manipular armas?
Alejandro Romero
El siguiente hecho tuvo lugar cuatro días después, el 25 de octubre. Dos pibes iban armados a robar una moto al camino del Buen Ayre, apuntaron a un motociclista que resultó ser un policía de civil, y este —en defensa propia— les disparó. Alejandro Romero murió, y su compañero, herido, fue aprehendido.
Alejandro tenía 20 años al momento de su muerte. Pero también contaba con causas judiciales de cuando era menor de 18 años. En septiembre de 2020 se lo acusó de robar un auto. En esta oportunidad intervino el programa municipal “Responsabilidades compartidas”, perteneciente a la Dirección de Niñez del gobierno local. Esta causa se cerró en marzo de 2021.
Su nombre se volvió a imprimir en un parte ya como mayor de edad, este año, en octubre, el día 25, a las 12.30 h, cuando el oficial disparó un número incierto (aún) de tiros contra Romero.
José, sobreviviente de la impunidad
Cuesta mucho crecer bien. Se rompió esa narrativa que nos sostenía como comunidad, soñando que mi hijo viva mejor que yo. Se rompió esa narrativa que nos hacía confiar en que podíamos progresar gracias al estudio y al trabajo. Entre Independencia y Carcova nació y creció José.
José ya es un muchacho de 32 años que conocimos en la pandemia. Supo tener una casa de material en Carcova y una hija (que ya no le habla), pero fue perdiendo todo por el consumo. Es hijo de una compañera muy solidaria que tiene un comedor en su casa en Carcova, y es sobrino de otra vecina del barrio Independencia que también dirige un comedor.
Algunos chicos crecen torcidos por falta de derechos. Ese es el caso de José. Cuando se dictó la cuarentena en marzo de 2020, en el barrio decían que la gente de la calle iba a ir presa. Nos asustamos y tuvimos miedo por él. Entonces su mamá y su tía nos pidieron que lo busquemos para llevarlo a la casa. Nosotros teníamos un permiso para circular porque repartíamos lavandina y comida para los comedores.
José estuvo internado un tiempo en Mercedes, y después volvió y se quedó. De a poco fue mejorando su salud; trabajaba y hasta ayudaba en el comedor. Se portaba bien, pero le molestaba que sus amigos le dijeran que estaba “gobernado” por su tía, más que por su mamá. En San Martín las áreas verdes son escasas; es uno de los distritos más densamente poblados, y para pasar el tiempo los chicos se agrupan en las esquinas. Pero la culpa no es de la esquina.
En el medio de estos barrios está “la montaña”, un descampado lleno de autos quemados, que se eleva en la llanura pampeana con relleno sanitario que no se logra descomponer bien. Ahí no se pueden construir viviendas ni instalar casillas porque está muy contaminado el suelo: se hace un pozo y sale agua marrón.
A José le dieron 12 puñaladas en 2023, en Carcova; se peleó con dos pibes y una piba. Tiene un pulmón perforado, una oreja cortada.
Después de estos eventos violentos, las mamás, las tías, las abuelas, respiran profundo, se alivian y cuidan. Como si cuidar fuera mantener adentro, evitar el contacto con el barrio, como si las almas se contaminaran por contacto.
El 10 de abril de este año, José estaba en Carcova cuando allanaron “un búnker” y allí adentro estaba su DNI. Estaba mirando como curioso en la esquina y lo metieron para adentro. Cayó detenido y cumple prisión preventiva desde entonces.
Los pibes empeñan sus DNI como garantía cuando le deben plata al transa. Según los vecinos, los transas de ese búnker volvieron a vender con normalidad. “La señora sigue vendiendo”; la sensación de injusticia, de impunidad para algunos y crueldad estatal para otros, es un condimento ideal para torcer chicos, para hacerles sentir que ningún esfuerzo vale la pena.
¿Alcanza un perejil para hacer estadísticas? ¿Y si es más de uno? ¿Quiénes están presos por tenencia con fines de comercialización? ¿Peones descartables? ¿Consumidores que dejan sus DNI empeñados? ¿Se penaliza el consumo?
José es apenas un caso que sirve de muestra para el dato estadístico que publicamos el domingo pasado:
- Fuero Provincial (MPBA 2024):
117.376 IPP iniciadas en San Martín, el 10,9% de toda la provincia.
- Fuero Federal (PROCUNAR 2023–2024):
Solo nueve causas fueron iniciadas en la jurisdicción de San Martín.
Como en la favela, parece que en nuestro país hay barrios donde el Estado no entra, no llega, no gobierna. Lo que ordena es otra cosa, el narco. Pero cuando hablamos de narcotráfico, no hablamos de soldaditos pobres en barrios pobres. El crimen organizado es el que llega a un despacho judicial e impide que se vea lo que todos vemos, que se lea en los expedientes lo que todos leemos. El que ordena el tráfico de armas, el que corrompe a policías y políticos, el que construye edificios, el que lava sus ingresos ofreciendo elegantes negocios, con camisa y saco de vestir. Narco en la Argentina es el que pide cárcel o bala. El que dice en redes sociales que gana con la timba financiera, tomando dos litros de agua mineral por día. El que se sirve de estructuras intermedias, pobres y empobrecidas, que terminan por poner el cuerpo y sus vidas para garantizar un gran negocio del que solo son el descarte. Barrio Independencia, decime qué se siente.
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