“En casi todos los países adheridos al famoso Fondo
Monetario Internacional se sufren las consecuencias
y se comienzan a escuchar las lamentaciones”
Juan Domingo Perón, 1966
El 20 de diciembre pasado, el Presidente Milei y el actual presidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S. A. (NA-SA) y ex empleado del JP Morgan y Goldman Sachs, Demián Reidel, presentaron la novela de fantasía titulada “Plan Nuclear Argentino” con el aval de cuerpo presente de Rafael Grossi, al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica. Desde entonces, los únicos pasos concretos preliminares son hacia la minería de uranio para exportación y la privatización del 44% de NA-SA, principal activo del país en este sector estratégico.
Hace unos días el vocero presidencial Adorni leyó que “se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de NA-SA, incluida en la ley Bases, como una de las empresas sujetas a privatización”. Agregó que la medida responde al plan delineado por Reidel, cuyo eje es “promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio, entre otras cuestiones”. Con resonancias noventistas, el vocero remató ominoso: “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sujetas a un proceso de irremediable privatización”.
Ahora bien, una cosa es inversión –que brilla por su ausencia– y otra es privatización al estilo neoliberal argento. En el proyecto original de la ley Bases, elaborado por los estudios jurídicos de las grandes corporaciones, se presentaba un listado de 41 empresas sujetas a privatización. Allí se incluía a NA-SA. La discusión parlamentaria llevó la meta de privatización del 100% a un 49% en la versión de la ley finalmente aprobada. La lógica de la privatización, que es el motor del “Plan Reidel”, incluye también la desposesión de activos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Como paso previo al inicio del proceso de privatización de NA-SA se le exige a la CNEA la entrega a la Secretaría de Energía del 20% de su participación en NA-SA.
El macrismo ya le había manoteado a la CNEA el 51% del 99% de su propiedad de la empresa Dioxitek, productora del dióxido de uranio para la fabricación del combustible nuclear. Finalmente, a comienzos de 2019, la empresa FAE (Fábricación de Aleaciones Especiales) fue fusionada con la empresa CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos). La CNEA era propietaria del 68% de acciones de FAE y de 33,33% de CONUAR. El 66,67% restante de CONUAR era propiedad del grupo Pérez Companc. Al final de la película, la CNEA terminó con el 33% de la empresa fusionada, que mantuvo el nombre CONUAR. El resto de las acciones quedaron en manos del grupo Pérez Companc. Todos negocios redondos con los activos de CNEA.
Según el último informe del Grupo EPC del 16 de septiembre, un análisis preliminar del proyecto de ley de presupuesto 2026 presentado al Congreso por el gobierno muestra que el presupuesto de la CNEA sufrirá un recorte del 14,1% respecto de 2025, que viene ejecutando un presupuesto 47% por debajo del periodo 2021-2023 (como lo muestra el siguiente gráfico).
Si disipamos el humo de colores del pintoresco y verborrágico presidente de NA-SA, lo que queda es menem-macrismo nuclear: recorte, desguace y reparto. En los hechos, se concretaron congelamientos salariales de trabajadores altamente calificados, la paralización de proyectos estratégicos como el CAREM y la extranjerización de la empresa IMPSA; el Plan Reidel va por la “lotería geológica” y por la ofrenda del 44% de NA-SA. Veamos.
Sector nuclear y modelo financiero-primarizador
El mega DNU 70/2023 y la ley Bases se consolidan como los pilares legislativos del actual modelo. Hoy resulta deprimente y paradójico que una variada fauna de “expertos” del sector energético argumente sobre el RIGI sin aludir a la ausencia de un proyecto de país, a la eliminación de cualquier consideración estratégica –concepto que funciona como el ajo para los vampiros–, o a la vertiginosa pérdida de capacidades tecnológicas e industriales y la destrucción del entramado productivo nacional. Es decir, este marco normativo-jurídico va exactamente a contramano de lo que históricamente aporta el sector nuclear a la Argentina.
Por esta razón, el plan nuclear realmente existente desemboca en una ristra de cancelaciones de proyectos, recortes presupuestarios, privatizaciones que esperan sostenerse con “la lotería geológica” que se habría ganado nuestro país, según las cavilaciones expresadas en La Nación por el apostador compulsivo de bienes públicos que hoy está al frente de NA-SA. En este contexto, la flamante YPF Nuclear creada por el titular de YPF y soldado de Rocca, Horacio Marín, debería llamarse YPF Uranio. El saqueo alcanza también a los activos simbólicos del sector. Pura entropía.
La reactivación de la exploración y explotación de uranio se ubica hoy como eslabón primario de la cadena de valor de la industria nuclear de Estados Unidos, como sustitución del uranio ruso. En igual sentido podría suceder con Francia, que busca sustituir el uranio proveniente de Níger, que representa un tercio de su importación, por los conflictos sociales en el país africano.
Con respecto a la privatización del 44% de las acciones de NA-SA, la pregunta clave es: ¿cuánto vale este paquete de acciones? En este punto, el gobierno se esfuerza por presentar a NA-SA como empresa operadora de centrales nucleares, lo cual es una parte de la verdad. NA-SA no solo opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, incumbencia que incluye la gestión de los combustibles para estas centrales. La parte que ocultan los libertarios para bajarle el precio es que NA-SA también es empresa constructora.
El relanzamiento del plan nuclear durante el gobierno de Néstor Kirchner, a mediados de 2006, a cargo del ministro de Planificación Federal Julio De Vido, incluyó la finalización de Atucha II, paralizada a comienzos de los años noventa. Concretada al final de la segunda presidencia de Cristina Fernández, se trata de un hito histórico, siendo NA-SA la primera empresa en el mundo en culminar una central nuclear sin ser su diseñadora original. NA-SA también impulsó el proyecto de extensión de vida de la central nuclear de Embalse en el período 2014-2019.
Según el Plan Estratégico 2021-2030 de NA-SA, la agenda que tiene por delante incluye la operación de las tres centrales actuales; la extensión de vida de Atucha I; asistir a CNEA en el proyecto CAREM, hoy paralizado; la construcción del almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados de Atucha II; la gestión del financiamiento para la construcción de la cuarta central nuclear modelo Hualong 1, según el contrato comercial firmado en febrero de 2022, que fue extendido hasta abril de 2025, que el gobierno anterior dejó paralizado y el actual terminó de clausurar; y, por último, la construcción de la quinta central nuclear modelo CANDU, iniciativa denominada Proyecto Nacional.
Esta síntesis alcanza para comprender que el repositorio de activos de ingeniería de NA-SA es invalorable.
FMI: yugo a los sectores estratégicos
Entre los rasgos específicos de la modalidad de neoliberalismo dependiente que le toca padecer a la Argentina desde Videla y Martínez de Hoz, se debe considerar la simbiosis entre el endeudamiento inducido a través del FMI y la disolución de la noción de sectores estratégicos como el rasgo más sombrío y, sin embargo, escasamente visibilizado.
Los servicios de deuda se pagan con trabajo argentino y, cuando ya no alcanza, con los activos estratégicos nacionales. “Da lo mismo producir acero que caramelos”. Esta frase proferida en 1977 por Alejandro Estada, secretario de Comercio de la última dictadura genocida, plantea una falacia refutada por 200 años de aprendizajes globales en economía del desarrollo, políticas proteccionistas, inversión pública en educación, ciencia y tecnología, generación de procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales, institucionales y tecnológicas con crecientes grados de autonomía.
Cada retorno del FMI a la Argentina exige privatización de empresas públicas y desmantelamiento en sectores estratégicos. En el último informe sobre Argentina del FMI (01/08), además de exigir reformas impositiva, laboral y previsional, mantener la baja de subsidios a la energía, quitar el cepo definitivamente, consolidar la desregulación de la economía (dejamos de lado los eufemismos cínicos sobre el gasto social), agrega: “Se proyecta que el mayor déficit se financie con mayores entradas de capital privado, respaldadas por la reciente flexibilización de las restricciones cambiarias, el acceso continuo a los mercados de capital, la privatización de empresas estatales y las entradas de IED [inversión extranjera directa]. Estos flujos deberían respaldar mejoras en la cobertura de reservas durante lo que resta de 2025 y 2026, en consonancia con los compromisos revisados del programa” (p. 77).
Es decir, la privatización de NA-SA sumaría al esquema de juntar reservas. El informe es tajante respecto a “fortalecer la capacidad institucional para garantizar la privatización transparente de las empresas estatales incluidas en la ley Bases, junto con la publicación de una evaluación de dichas empresas y con un plan para su privatización y concesiones (mediados de noviembre de 2025)” (p. 78).
Viendo a las grandes petroleras abandonando Vaca Muerta, a contramano de lo que demanda el FMI, empujadas por el nivel de volatilidad de las políticas del Messi de las finanzas, no es descabellado pensar que la ofrenda del 44% de NA-SA sea para algún mandarín de los grandes grupos económicos locales. La Corporación América, de Eduardo Eurnekián, ya está desembarcando en la minería de uranio y colocó asesores con sueldos millonarios en NA-SA, como contó Alejandro Bercovich a fines de julio.
Las negras también juegan
Al finalizar esta nota, la privatización del 44% de NA-SA se presenta como un arduo campo de batalla en el frente legislativo, donde el gobierno las viene perdiendo todas. A modo de ejemplo, citemos el proyecto de ley que presentó la senadora de Río Negro, Silvina Larraburu, que busca establecer la prohibición de privatizar, concesionar o extranjerizar las empresas y organismos que integran el sistema nuclear declarándolos “bien estratégico, inalienable e inembargable de la Nación y patrimonio del pueblo argentino”. Entre ellos se encuentran la CNEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), NA-SA, Dioxitek, la Planta Industrial de Agua Pesada y el Centro Tecnológico Pilcaniyeu.
En la misma dirección, la diputada Agustina Propato presentó un proyecto de resolución donde se pide al PEN que aclare los siguientes puntos:
- Cuáles son las razones económicas que justifican la privatización y venta del 44% de las acciones de la empresa NA-SA, toda vez que actualmente es una empresa con superávit económico-financiero. También que “aclare marco jurídico y presente los balances de la empresa 2023, 2024 y 2025 (últimos tres trimestres)”, además de “Actas de Directorio y/o Asamblea de Accionistas en las que se ha consentido esta decisión de privatización y venta, donde se detallen votos de cada Director y la intervención de la Comisión Fiscalizadora de la SIGEN, si la hubiere”.
- Si ante la eventual intervención de la SIGEN, su titular, Alejandro F. Díaz, se abstuvo de emitir opinión dado “el evidente conflicto de intereses existente al haberse desempeñado como Gerente de Auditoría en NA-SA previo a su designación al frente de la SIGEN”. También se pide indicar si Díaz sigue siendo empleado de NA-SA.
- Que se informe sobre “el registro de ingresos y egresos (fichada) a instalaciones de NA-SA del presidente del Directorio, Demian Reidel, y enumere la cantidad de reuniones de Directorio de las que ha participado y las resoluciones que ha firmado en calidad de presidente de la compañía”. También que se informe “si cuenta con vehículos de la compañía NA-SA a disposición para sus traslados personales y/o chofer a su disposición”, y si Reidel “hace uso de recursos de la compañía en conceptos de ‘gastos de representación’”. Si así fuera, se pregunta por el monto y destino de dichos gastos.
Y así continúa, a lo largo de ocho páginas, con demanda de información mínima para que la privatización no sea un carnaval carioca.
En este punto, la pregunta clave parece ser: ¿cómo salir de este laberinto? Si pensamos que durante el período 2019-2023 se recuperó la inversión para proyectos nucleares devastados por el macrismo pero que no hubo política nuclear –incluso, se congeló el acuerdo nuclear con China por falta de una política exterior consistente–, la respuesta obvia es recuperar la política nuclear abandonada en diciembre de 2015 por el macrismo, que el gobierno de las siete plagas no supo recuperar y que los libertarios se apresuran a sepultar.
Es decir, el verdadero Plan Nuclear Argentino que hay que recuperar debe incluir entre sus principales objetivos: la recuperación del acuerdo original con China, gestionado por Cristina Fernández, que establecía la construcción de una central de tipo CANDU y una central de tipo Hualong I; el inicio del proceso de puesta en marcha de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (Neuquén); la finalización de la nueva planta de Dioxitek en Formosa; la finalización del prototipo de pequeño reactor modular CAREM, del reactor multipropósito RA-10 y del Centro Argentino de Protonterapia; el apoyo a la empresa INVAP para comercializar el ACR-300 en Estados Unidos; la recuperación de la agenda de colaboración nuclear con Brasil.
Declarar de manera urgente la emergencia nuclear podría ayudar a blindar al sector de las improvisaciones suicidas del terrorismo financiero en curso y recomponer salarios ayudaría a frenar el éxodo de trabajadores. Si el gobierno insistiera en avanzar con la privatización parcial de NA-SA se podría pensar en habilitar mecanismos desde la provincia de Buenos Aires para adquirir las acciones de NA-SA puestas a remate por el Plan Reidel.
Dado que la provincia alberga muchas de las principales instalaciones del sector, luego del respaldo electoral contundente puede y debe actuar como “anticuerpo neoliberal” en defensa de los intereses nacionales. La creación de una empresa provincial de energía –siguiendo la experiencia de ENARSA– podría ser un paso clave para construir un verdadero escudo de soberanía.
La taba está en el aire, hay una responsabilidad histórica.
* Nicolás Malinovsky es autor de Crítica de la economía política (2025), doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), magíster en Gestión de la Energía (UNLa), ingeniero electricista (UNRC), especialista en el sector nuclear, diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), analista de Nodal, docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky.
Diego Hurtado es profesor-investigador en la Escuela de Humanidades-LICH (UNSAM-CONICET). Redes: @dhurtado171045.
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