UNA REFORMA IMPRESCINDIBLE

Usar lo que la carta orgánica del BCRA permite y reformar la ley de entidades financieras

 

La pandemia desnudó el carácter antisocial de las políticas neoliberales, que reinaron en el sistema mundial más de tres décadas. Algunos líderes mundiales que han participado activamente en su promoción con políticas que axialmente perseguían el desmonte del Estado, hoy han mudado su discurso en un sentido inverso, a partir de las consecuencias en muertes e infectados por el virus. Han reconocido que sus sistemas de salud desorganizados por reducciones presupuestarias y privatizaciones se encontraban desprovistos de una adecuada capacidad de atención de la emergencia sanitaria. En la mayoría de los casos, muy tardíamente recurrieron a la indicada medida del aislamiento, pues el régimen de autorregulación mercantil protegido y estimulado por gobiernos conservadores y otros que aceptaban el régimen, no concebía la posibilidad de sacrificar ganancias y por lo tanto priorizó la continuidad de la actividad económica al precio de la indefensión de pueblos y ciudadanos frente al virus.

El gobierno de Alberto Fernández resolvió con un criterio diferente, que ha significado hasta hoy una notable contención del despliegue de la infección. Consciente de la debilidad que también el neoliberalismo produjo en el sistema de salud, adoptó una rigurosa política de aislamiento social, que implica costos importantes por el sacrificio del nivel de actividad económica, que inevitablemente provocan la suspensión o reducción a nivel de emergencia de la habitualidad productiva. El impacto sobre las condiciones económicas y financieras de las empresas por la falta de actividad y ventas a la vez, tiene repercusión en la capacidad de corto plazo para el pago de salarios y otras obligaciones. Pero el gobierno decidió priorizar el derecho de la sociedad a la salud frente a continuar con una normalidad negacionista de la gravedad sanitaria. Lo hizo con la convicción de no subordinar la salud a la “economía”.

Para soportar las consecuencias de la emergencia el gobierno adoptó un conjunto de políticas de intervención que van desde los controles de precios y abastecimientos, hasta la reducción de cargas sociales, la suspensión temporaria de despidos y un paquete de medidas de ayuda crediticia dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Este incluyó desde la provisión de liquidez, hasta garantías estatales de los préstamos por parte del FOGAR y fijación de la tasa de interés para los mismos.

Sin embargo, la banca privada –que sufriera un agudo proceso de concentración y extranjerización durante los períodos de gobierno neoliberales— se manifiesta reticente a atender a sus clientelas con estas líneas de crédito. A pesar de la emergencia social, su respuesta no se aparta de las conductas que observan habitualmente respecto del riesgo y la rentabilidad. En una situación difícil y más grave que la de 2008 y 2009, su comportamiento no difiere de lo que señalaron Golonbek y Mareso en Sector Financiero Argentino 2007/2010 (CEFID-AR, 2011): “Lo que se observa hasta el primer trimestre del 2010 es la confluencia de elevadas tasas de ganancia y una reducción del crédito en relación al producto para el sector privado de la banca. La conjunción de estos fenómenos (rentabilidad récord, disminución agregada del crédito otorgado y desplazamiento del mismo hacia segmentos con rentabilidades relativas superiores —más orientados al financiamiento del consumo— y las operaciones de corto plazo) da cuenta de la desconexión entre la exitosa evolución de los beneficios privados captados por las entidades y los insuficientes beneficios sociales derivados de la intermediación financiera”. Golonbek y Mareso señalan para ese período de salida de la crisis una redefinición de los negocios por parte de los bancos privados hacia segmentos que presentan una mayor proporción de ingresos hacia negocios que proporcionan comisiones como los créditos personales, prefinanciación de exportaciones y tarjetas de crédito. Mientras, la atención crediticia contracíclica fue atendida por la banca pública, igual que en la salida de la crisis de 2001/2. Rodrigo López y Mareso, en un documento que refiere al comportamiento de la banca privada en Argentina durante una década (CEFID-AR, 2014), construyeron un modelo de comportamiento que concluye en que la banca privada prefiere prestar a las personas que a las empresas, ya que ante modificaciones de la tasa pasiva (a la que captan los depósitos y otras fuentes de fondos), la capacidad de fijar las tasas activas (a la que prestan) es mayor sobre las personas que sobre las empresas. El estudio muestra que el comportamiento difiere sustantivamente del que tienen la banca pública y cooperativa, y que los incentivos de uno y otro tipo de bancos son distintos. El trabajo demuestra que, respondiendo a la ganancia, la banca privada provoca deseconomías sociales, o sea que desoptimiza el uso del crédito, ya que en los momentos de alza su conducta es el racionamiento del crédito a las empresas. En cambio, los créditos personales resultan de una relación de desigualdad mayor en la determinación del precio del crédito, siendo claramente un mecanismo de desposesión de los sectores asalariados y populares que recurren al endeudamiento por la redistribución regresiva del ingreso que fue uno de los objetivos de la globalización neoliberal.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA del año 2012 permitió establecer líneas de crédito con una fijación del nivel de margen financiero máximo para los bancos por parte del Banco Central, así funcionaron líneas sobre las cuales la tasa era regulada y sobre porciones de la actividad bancaria que las entidades debían operar obligatoriamente en esa modalidad. Esta legislación, aun vigente, permite fijar tasas de interés para préstamos y depósitos, diferenciar encajes, promover regiones y diferenciar sectores.

En el período del gobierno de la Alianza Cambiemos, la banca privada –ya muy extranjerizada— se convirtió en un sector rentista, que tuvo ganancias extraordinarias a partir de la colocación primero de LEBACs y luego de LELICs, al Banco Central. Estas últimas además de ser un negocio sin riesgo de solvencia y con alta rentabilidad, tampoco implicaban asumir riesgos de liquidez por descalce de plazos. Los bancos ganaron de 2016 a 2019, $174.560, $77.385, $ 172.106 y $314.064 millones sucesivamente. Durante el régimen macrista no se utilizaron las facultades del BCRA para regular el crédito. En oposición se intentó volver a una legislación de carácter ortodoxa que garantizara el libre mercado y la autorregulación del sistema. Inclusive se firmó un compromiso con el FMI de emprender ese camino. La política monetaria centrada en un objetivo antinflacionario sólo sirvió para entregar grandes rentas financieras a las entidades y condujo a una lógica de espiralización de la inflación.

La resistencia actual de la banca privada frente a la justa política gubernamental de la pandemia, demuestra la ineficacia de un sistema de autorregulación y orientación con incentivos de mercado. En la crisis de 2001, esa banca privada extranjerizada tuvo un comportamiento procíclico que la hizo disminuir su atención a la clientela argentina, con líneas comerciales del exterior.

La emergencia requiere ahora la aplicación de todos los recursos provistos por la Carta Orgánica en vigencia, que contempla el instrumento de intervención para fijar cantidades y precios en la colocación de créditos. Resultará necesario recurrir a estas herramientas,

Y respecto del futuro, la pandemia reveló la crudeza antihumanística del proyecto neoliberal. El Presidente Fernández destacó su intención de avanzar en un proyecto distinto de sociedad, solidario y opuesto al individualismo imperante. Ese proyecto requerirá de cambios institucionales que implicarán una mayor adaptación de la Carta Orgánica a los nuevos tiempos, y reformar la Ley de Entidades Financieras sancionada en 1977, en función de ponerla en consonancia con aquélla.

Pero además implicará reformar la estructura normativa con que se rige la Superintendencia de Entidades Financieras, abandonando el paradigma de Basilea que induce a la concentración del crédito, al racionamiento de las pymes, a la autorregulación de las entidades, a los comportamientos procíclicos, a la extranjerización de las entidades y a la conformación de una comunidad financiera internacional, que induce a los bancos centrales a tener normas y políticas únicas determinadas por los centros de poder por encima de los Estados nacionales.

El nuevo régimen financiero deberá disponer la función del Banco Central de direccionar el crédito y reglamentar los mecanismos para fijar la tasa de interés de acuerdo a las necesidades sociales y productivas. Es razonable que el crédito se regule en función de un proyecto productivo nacional, por lo tanto el crédito a las empresas deberá atender a ese objetivo. La integración nacional requiere de regulaciones diferenciadas por región. La eficiencia del sistema requiere de una banca especializada. La diferenciación por tipos de banco necesita definir las funciones específicas que desempeñará la banca extranjera. Los créditos personales deben estar regidos por decisiones de endeudamiento que no respondan a la insuficiencia de los salarios, y la tasa de interés no puede ser un mecanismo de desposesión de los sectores populares.

Pero Argentina no es una excepción a un orden global que adoptó la financiarización como régimen del capitalismo hegemónico actual. Frente a la crisis del 2008/2009 las intervenciones estatales estuvieron más dirigidas a salvar los “templos de las finanzas” que a recuperar las economías. Prueba de lo cual fue la recesión de las economías del sur europeo, que recibieron la pandemia con sus aparatos productivos en retroceso y sociedades en proceso de desorganización y descomposición política. Analizando esa crisis, Delucchi concluye un documento sobre La crisis global y la política monetaria norteamericana (CEFID-AR,2015) afirmando que “la crisis ha demostrado la necesidad de expandir la demanda agregada a través de estímulos fiscales y de avanzar hacia un proceso de redistribución progresiva del ingreso a fin de evitar los riesgos sistémicos asociados a modelos de crecimiento basados en la sustitución de salarios por crédito al consumo y residencial. En este sentido, el abandono de la austeridad fiscal se plantea como una necesidad… para la estabilidad financiera y la expansión de la economía mundial”.

Argentina hoy recorre ese camino. No ha dudado de emplear recursos que expanden el gasto público para atender las necesidades de la emergencia. El papel del Estado en la coyuntura ha sido indispensable frente al mercado que se desorganizó e indisciplinó, mostrándose impotente como supuesto regulador automático frente a la crisis.

En el documento que escribimos con Rodrigo López, La Regulación Bancaria en Argentina 1810-2010 (CEFID-AR, 2010), decimos: “El sistema financiero… refleja como pocos el nivel de conflicto que significó la puja por dos modelos de sociedad, uno conservador-liberal, impulsado  la mayoría de las veces por dictaduras militares, y otras (tantas) por el extravío del rumbo de gestores que consumieron su legitimidad de origen. El otro que se reconocía en el paradigma del nacionalismo democrático y popular… Cada vez que uno de… esos dos bloques políticos llegaba al poder… modificaba… la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Bancos o posteriormente la Ley de Entidades Financieras… las reformas más importantes se dieron en… 1935, 1946, 1957, 1969, 1973, 1977, 1992, 2002” En el mismo texto, en un epígrafe del comienzo citamos a Jauretche en aguda mirada: “El que maneja el crédito y lo orienta, maneja a la economía del país con mucha más eficacia que el gobierno. El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito estimula determinadas formas de producción y debilita otras; el que maneja el crédito establece qué es lo que se ha de producir y qué es lo que no. El que maneja el crédito crea moneda de pago y poder adquisitivo. El que maneja el crédito decide qué se produce en el país y qué no se produce, quién lo produce, cómo lo produce, cómo lo vende y cómo lo acapara, adónde lo exporta y en qué condiciones; determina las condiciones de la plaza, incide en la bolsa, todo, en una palabra. El secreto de la prosperidad o la decadencia, del desarrollo o del atraso, está en gran manera en los bancos”. Es todo el fundamento para una reforma imprescindible para una economía periférica que busca su desarrollo con una lógica de solidaridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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