Una reforma integral

La justicia federal debe descentralizarse y acercarse al interior

 

El sistema de organización de la justicia Federal en la Argentina está perimido, obsoleto y muy pero muy alejado de la necesidad del ciudadano común y de los intereses económicos de ese ciudadano que vive puertas afuera del ejido de la Avenida General Paz y/o el AMBA (Área metropolitana de la Capital Federal y gran Buenos Aires).

La historia reciente, y no tanto, nos demuestra que nuestra República viene siendo dañada en su independencia de los poderes del Estado, por la fuerte influencia en los asuntos del Poder Judicial por la esfera política del Poder Ejecutivo, y la manipulación desde el Poder Judicial Federal en las decisiones de las sentencias de los Jueces Penales que habitan en Comodoro Py. La descentralización del fuero penal que funciona con los 12 Juzgados, no hay dudas, debe desarmarse.

Quiero ejemplificar técnicamente, desde mi experiencia como abogado litigante en el fuero federal del interior del país, durante más de 30 años en el ejercicio, alguno de los temas que tornan inexplicables los argumentos en contra de encarar la reforma; y por qué, políticamente, deviene necesario tomar la decisión de acompañar la reforma Judicial Federal propuesta por el Presidente Fernández, con las modificaciones que proponemos.

Demoras inexplicables. Con sanciones internacionales sobre estas demoras y sin visos de cambiar. Véase por ejemplo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Furlan” (sentencia del año 2012), donde recién después de 12 años de demora se dictó la sentencia, o la causa “Spoltore”, en la que también se dictó sentencia después de 12 años en junio del año 2020.

Trabajo en la pandemia. Es el Poder que menos trabajó durante el año 2020. Recién comenzó a trabajar parcialmente en el mes de agosto. Se mantuvo cerrado desde el mes de marzo. Y si un ciudadano común pretende ingresar en un Juzgado Federal, no hay manera de que lo pueda hacer.

Resistencia comprobada a todo tipo de cambio que permita mejorar el funcionamiento.

Sueldos abultadísimos. Aun con la reforma al sistema jubilatorio del año 2020, el promedio actual de estas jubilaciones es de 272.000 pesos.

Concentración de los procesos en la capital en contra del interior. Véase la causa “Protectora c/ ENARGAS – P.E.N. p/ amparo colectivo”. Se tramitó en la jurisdicción de Mendoza pero al momento de resolver, por orden del Ministro Aranguren, terminó siendo resuelta en C.A.B.A. por la jueza Viotti del fuero contencioso administrativo, en favor de las empresas distribuidoras de gas y en contra de más de 400.000 familias afectadas por el abuso y el lobby de los proveedores.

El cuello de botella que se produce en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más de 25.000 causas ingresan por año, de las cuales quedan pendientes anualmente más de 7.000. No hay tribunal intermedio, desvirtuado totalmente el proceso de decisiones políticas del máximo tribunal.

Demoras inexplicables para resolver todos los casos relacionados con los gobiernos de turno, falta de imparcialidad, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en ninguno.

Incumplimiento del ingreso democrático al poder judicial. Los cargos deben ser ocupados de manera transparente, para que no se termine designando a los familiares.

Sirva este punto como una mera enumeración que puede continuar, pero que es ejemplificativo del drama por el que atraviesa un servicio del Estado obsoleto, perimido y necesitado de cambios profundos.

 

El aspecto NO PENAL de la necesidad de reforma

El proyecto presentado por el Presidente Fernández adolece de faltas que desde nuestra fuerza política entendemos se pueden remediar, encaminar y resolver de manera que la reforma sea integral y no solamente desde el punto de vista del fuero penal y su centralización.

Hay una deuda enorme con el sistema de protección de los derechos de los consumidores. Se aprobó la generación del fuero pero no se puso en funcionamiento ni siquiera parcialmente.

No hay fiscalías para los grandes delitos de consumo, y está desdibujado el rol del Ministerio Público para salir en defensa del medio ambiente y los consumidores.

Seguimos sin contar una justicia federal especializada en temas ambientales, cuando estos temas son usualmente trans provinciales y de competencia del fuero federal.

No tenemos protección efectiva con temas de internet, que son de competencia federal.

Todos los problemas con las concesiones de servicios públicos nacionales, en donde la protección de los intereses de los usuarios y consumidores es central, son de competencia federal (tarifas de gas, audiencias públicas).

Falta grave de acceso al servicio de Justicia Federal de los ciudadanos que habitamos puertas afuera de AMBA, por la alta concentración de la Justicia Federal en las capitales de provincia en la mayoría de los casos.

Falta total de una justicia adaptada para tratar los grandes casos colectivos. No se ha tratado la ley que reglamenta el ejercicio de las acciones colectivas. Seguimos sin una ley de acciones colectivas y nos enfrentamos ante una serie de arbitrariedades constantes en los fueron inferiores.

No hay Juicio por jurados. Desde el año 1853, está ordenado en la constitución y nunca implementado por resistencia a los cambios de los miembros del poder judicial.

 

¿Cuál es nuestra propuesta?

La inclusión de Juzgados y secretarías especializadas en la de Protección de los Consumidores y Usuarios, del Medio Ambiente y de Procesos Colectivos, en las cinco provincias con mayor población.

Debemos generar secretarías especializadas en la Protección de los Consumidores y Usuarios, del Medio Ambiente y de Procesos Colectivos, para poder acelerar y dar mejor tratamiento a todos los casos complejos que se generan y que actualmente son por las secretarías civiles y comerciales o contencioso administrativas de los fueros federales del interior del país.

La inclusión, a su vez, de fiscalías especializadas en las cinco provincias con mayor población. En el mismo sentido que la propuesta sobre secretarías, es necesario generar las fiscalías que cumplan el actualmente gravoso rol de “fiscal de la ley” y de impulso en los múltiples casos relativos a la Protección de los Consumidores y Usuarios, del Medio Ambiente y de Procesos Colectivos.

Estos procesos tienen complejidades diferenciadas y actualmente son encaradas, mayormente, por fiscales con formación puramente penal, dificultando la tramitación y obstaculizando el logro de los objetivos de protección colectiva, problema grave en casos particularmente complejos.

Requerimos de competencia federal del territorio en los procesos colectivos. Actualmente, al no contar con una ley de procesos colectivos, sigue habiendo problemas al requerirse la remisión de expedientes en los que se demanda al Estado nacional, por parte de la justicia federal radicada en la capital federal. De esta manera, el conflicto se aleja de su lugar de origen y de las partes que intentan hacer valer su derecho.

Esta herramienta ha causado enormes demoras en la tramitación y efectivamente una falta de acceso a la justicia. De igual manera, la falta de claridad de las reglas de resolución de competencia en estos procesos hace que muchas veces los procesos ni se inicien, o se concentren en la capital federal, alejando así la justicia de los ciudadanos del interior. Para revertir esto debemos establecer reglas claras de competencias, que permitan radicar los procesos en los lugares en donde haya puntos de conexión claros y respetando la jurisprudencia en esta materia ya dictada por la CSJN.

Debemos asegurar el respeto por el ingreso democrático a la justicia (Ley 26.861), la que sigue sin ser aplicada correctamente por el poder judicial, aun cuando el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa aplican la misma sin mayores conflictos. Esta demora en su aplicación es otro de los problemas que aleja a la justicia de sus beneficiarios y hace imposible el ingreso de nuevas perspectivas al poder judicial, así como en sí mismo, implica una violación al sistema democrático que requiere ser revertida cuanto antes.

Para ello, se propone enfatizar el cumplimiento de la norma en todos los nombramientos que se generarán en la estructura propuesta, así como garantizar que los mismos aseguren la proporción de género (otra deuda grave del sistema judicial).

Un debate que venimos dando desde el 2018 es la sanción de la Ley de acceso a la Justicia Colectiva, que pretende regular los procesos judiciales para la tutela de los derechos de incidencia colectiva indivisibles inter jurisdiccionales o para la tutela de derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos con efectos en más de una jurisdicción, sea que tramiten ante la justicia ordinaria provincial o nacional o ante la justicia nacional federal.

Se aplicará también la presente ley a los procesos judiciales que tramiten ante la justicia nacional ordinaria o federal, para la tutela de derechos de incidencia colectiva indivisibles no inter jurisdiccionales o para la tutela de derechos de incidencias colectivas individuales homogéneas que no tengan efectos en más de una jurisdicción.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley la tutela de los derechos enumerados en los párrafos anteriores cuando sea realizada por medio del proceso de amparo, habeas corpus o habeas data regulados por leyes provinciales o nacionales. En estos casos, los principios e institutos de la presente ley serán de aplicación en tanto no afecten la rapidez e idoneidad del proceso, a excepción de la inscripción en el Registro Nacional de Procesos Colectivos, que deberá realizarse en la primera oportunidad procesal posible.

Como se podrá observar a lo largo de este extenso escrito, a partir de la propuesta y puesta en agenda del Presidente Fernández hay una necesidad técnica de modificar el sistema de organización de la Justicia Federal, y una oportunidad política de que ello ocurra.

El proyecto original no prevé asegurar impunidad ni prerrogativas políticas, por lo que el mismo, con las adecuaciones propuestas, es perfectamente posible de ser acordado por todas las fuerzas políticas que tenemos responsabilidad con nuestros representados.

 

* El autor es diputado nacional del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

 

 

 

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