UNA SALIDA CON AYUDITA DE LA AFI

Los rastros de un ignoto abogado en la salida del camarista Eduardo Freiler

 

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá el día martes para consensuar las primeras medidas de prueba del caso Juan Carlos Gemignani. El borrador del listado incluye pedido del chat del 8 de marzo en el que llamó delincuentes a sus colegas de la Cámara de Casación. Un peritaje psiquiátrico y una cita a las camaristas como testigos. Según los cálculos, la sensibilidad de la agenda con perspectiva de género podría acercar posiciones en este caso para llegar al acuerdo de siete de sus nueve integrantes. Adelanto de esas posiciones se vieron hasta acá en pronunciamientos que alineó a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UJEN) de Julio Piumato con un texto contra la violencia machista, principio que dentro del Consejo lideran entre otras mujeres la diputada referente del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, y Graciela Camaño. De manera inmediata, el Consejo prepara otra agenda de alto impacto político: el presidente Diego Molea tiene el objetivo de investigar administrativamente el procedimiento que concluyó en noviembre de 2017 con la escandalosa destitución del entonces juez de la Cámara Federal porteña, Eduardo Freiler.

Freiler intenta una respuesta judicial sobre su caso desde diciembre. Presentó una denuncia en Dolores para ser tenido como querellante vía la mención de la abogada Giselle Robles sobre un encuentro con Germán Garavano, durante el cual el ministro le adelantó que era uno de los tres jueces que iban a irse. El texto describe una cronología que tiene entre los puntos el 7 de agosto de 2016. Programa de Jorge Lanata. El conductor menciona tres jueces federales: Carlos Rozanski, Daniel Rafecas y Eduardo Freiler. Van a ser destituidos, dice. Y les aconseja no tomar créditos a doce cuotas. Tras el programa se reabrió una causa por enriquecimiento ilícito contra Freiler, quien había sido sobreseído tres meses antes. La causa activó el jury en el Consejo de la Magistratura, y en noviembre de 2017 su destitución. El dato nuevo en el escrito es el nombre de un abogado. Un microdato. Dos días después del programa de Lanata, el abogado se presentó en Comodoro Py para decir que había visto la televisión.

“Al día siguiente del programa de Lanata y con base en ese programa, el fiscal (Ramiro) González pide la causa al juez quien se la remite en préstamo”, dijo Freiler en el escrito. “A los pocos minutos de arribado el expediente en préstamo a la fiscalía (9/8/16) se presenta una persona quien dijo ser Marcelo Maximiliano Groetzner, abogado, quien dijo haberse presentado allí porque sabía que la causa se encontraba en la fiscalía (no se le preguntó ni dijo cómo lo sabía). El fiscal le toma declaración testimonial en una causa cerrada y archivada sin pedirle al ´espontáneo´ testigo que dé razón a sus dichos y sin tener jurisdicción para ello. El ‘espontáneo’ testigo dijo haber visto el programa (que también había visto el fiscal) donde se mostraban ciertos bienes y afirmaba que esos bienes no se habían investigado. No dijo ni le fue preguntado cómo sabía qué bienes habían sido investigados y cuáles no. Seguidamente el fiscal solicitó la reapertura de la causa al juez contrariando diametralmente lo por él afirmado el 7 de marzo de 2016, ¡5 meses antes! Y sin ningún elemento nuevo que amerite investigación”, explica porque Ramiro González había sido quien pidió el cierre de la pesquisa inicial.

Freiler continúa:

“El juez reabrió la causa haciendo lugar a lo solicitado, dejando sin efecto los alcances de la cosa juzgada y la delegó al fiscal. Esa reapertura fue funcional para, entre otras cosas, mostrar en el Consejo de la Magistratura que mi causa no se encontraba cerrada y que allí no duplicaban la persecución penal con aquella investigación que terminara con mi destitución. Se esgrimió así en el Consejo de la Magistratura la tesis de que el hecho de que estaban investigando no había sido investigado y juzgado en sede jurisdiccional. Se trató de disimular que incurrían en doble juzgamiento vulnerando el principio ne bis in idem”.

El Consejo no podía investigar una causa que estaba cerrada. La persona clave para abrirla no fue Marcelo D´Alessio. Pero el nombre del abogado Marcelo Maximiliano Groetzner remite a las mismas averías.

Groetzner es un abogado de Lomas de Zamora que se presenta como perito Liquidador de Siniestros y Averías, es especialista en algo que denomina Justicia Terapéutica y es conocido en las averías de Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús. En los pasillos de la universidad de Lomas de Zamora recuerdan haberlo echado de una cátedra porque se daba aires de abogado con chapa y credencial. Y en 2017, moderó una charla sobre Justicia Terapéutica en el Colegio de Abogados de la Ciudad. El invitado estrella era Juan Bautista Mahiques.

 

 

Entre las disertantes estaba Silvia Loreley Bianco, esposa del entonces jefe de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia, El Enano Juan Sebastián De Stefano.

 

 

Terapéutico. Silvia Lorelay Bianco al lado del abogado espontáneo.

 

Suele decirse en Comodoro Py que muchas de las causas se inician con denuncias anónimas que entran debajo de una puerta. Y esas denuncias son atribuídas a servicios de inteligencia. Lo que vimos a partir del caso D´Alessio es que esas denuncias tenían atrás abogados que de alguna manera reportaban orgánica u inorgánicamente a la AFI. Acá también tenemos esa relación.

En 2018, Groetzner aparece todavía más cerca de esa trama. Es parte de un lote de abogados que intentaba cambiar los domicilios de sus matrículas desde Lomas de Zamora hacia Avellaneda y Lanús. Disputaban lugares en las elecciones del Colegio de Abogados. Quienes habían cambiado sus direcciones querían quedarse con la conducción del Colegio que estaba presidido por una abogada de la Cámpora de nombre Adriana Coliqueo. La disputa tuvo el fragor de allanamientos y de escándalo en la Provincia. Detrás del lote de abogados que se movía de un distrito al otro había un aspirante a la conducción. Su nombre era Gabriel Fabián De Pascale. Un abogado que se presenta como constitucionalista pero, según pudo constatar El Cohete, también era un agente orgánico de la AFI donde revistió de febrero de 2017 a marzo de 2020.

 

 

Primera hoja del dictamen del Colegio de Avellaneda-Lanus sobre la migración de abogados.

 

 

Entre los abogados volantes aparece también Silvia Lorelay Bianco.

 

 

 

Y el espontáneo:

 

 

¿Su presentación espontánea tendrá que ver con esas relaciones? Es una pregunta que deberán responder quienes investiguen, pero estaba vinculado con el mecanismo que buscaba sacar al camarista. En agosto de 2017, Freiler fue suspendido. Así lo explicó en su presentación:

“Mi suspensión, a los efectos de ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento, fue un escándalo de público conocimiento. Fue festejada por el Presidente Macri en una conferencia de prensa junto al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, donde señaló que la salida del camarista traerá previsibilidad e inversiones. ‘Quiero felicitar a los consejeros que tomaron la medida de hoy. Por este camino vamos a ser más confiables y previsibles, predecibles, creíbles y eso va a generar una reducción sistemática de la pobreza’, resaltó Macri».

En noviembre de 2017, cuando el Consejo de la Magistratura votó la destitución, se iniciaban los mails de la llamada Mesa Judicial. En marzo de 2018, los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero excarcelaron a Cristóbal López y Fabián de Souza. La Corte Suprema pidió una investigación sobre los jueces. Macri explotó. Farah fue trasladado al fuero penal económico y en mayo Ballestero pidió una licencia y luego renunció. Los tres jueces que habían estado diez años en la Cámara se fueron. Para la llegada de la causa Cuadernos, en sus lugares se sentaban los jueces del recambio.

 

 

 

 

El dilema de la querella

Desde hace casi un año, la causa de la Mesa Judicial intenta llevar al plano penal la intervención estructural del gobierno de Mauricio Macri sobre la Justicia. Declararon ocho jueces y juezas, cuatro con rango de camaristas desplazados o amedrentados luego de sus fallos vía el Consejo de la Magistratura. Freiler aún no declaró. Ni lo llamaron. Los casos hablan de una época: están los jueces que pararon tarifazos, reincorporaron trabajadores, excarcelaron a empresarios del Grupo Indalo o fueron presionados por el Memorándum de Irán. La causa también revisa el desplazamiento de la Procuradora Alejandra Gils Carbó. Es uno de los expedientes más importantes, sin embargo, hoy está en un dilema: quienes declaran sólo son jueces y juezas y lo hacen como testigos pero no como víctimas. Magistrados y magistradas sostienen que eso es mejor porque consolida la calidad de la prueba. Mientras tanto, fiscalía y juzgado rechazan inclusión de otros damnificados y la causa sin víctimas tampoco tiene querellas. La única acción penal corre en este momento por cuenta de la fiscalía cuyos pedidos se encuentran permanentemente bloqueados por la hiperactividad de las defensas.

El drama es más grave estos días. La Cámara Federal de Apelaciones debe pronunciarse por primera vez sobre el caso, para definir la pertinencia de una prueba. Cuatro de los seis integrantes de la Cámara se excusaron rozados por algunas de las denuncias. La defensa recusó además al camarista Roberto Boico. Y el viernes había un único juez que se preparaba para rechazar o aceptar recusaciones de sus colegas. Era Leopoldo Bruglia, quien al mismo tiempo debía pedir acceso formal al expediente porque ni él mismo sabía si estaba tocado por alguna denuncia.

¿Los jueces y juezas deben ser querellantes en la causa? ¿Por qué no lo hacen? ¿Eso es lo único que bastaría para hacerla avanzar?

La causa comenzó en mayo de 2020 con una denuncia del entonces diputado Martín Soria, luego de escuchar a Ana María Figueroa en un programa de radio. La camarista de Casación había hablado de presiones del gobierno anterior cuando analizaba el fallo del Memorándum de Irán. La causa quedó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, con instrucción delegada al fiscal Franco Picardi. Incorporó más tarde una serie de mail localizados en la AFI, enviados desde la casilla de Marcos Peña hasta la de Gustavo Arribas, invitándolo regularmente a reuniones de una mesa que llamaron de Coordinación de Justicia. A la causa se presentó inicialmente como amicus curiae la Asociación por la Justicia Social (AJUS), presidida por el abogado Emanuel Desojo. La Asociación había activado años antes una presentación ante la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en noviembre de 2019 emitió un durísimo informe sobre el vínculo del macrismo con la justicia. Fiscalía y juzgado rechazaron el amicus curiae. AJUS no apeló originalmente porque entendía que fiscalía y juzgado trabajaban en línea correcta. Pero eran los inicios de la causa. Los imputados no habían desatado la batería de estrategias que bloquea cada pedido fiscal, en una fiscalía que hoy comienza a asumir la falta de querellantes como dificultad.

¿Pueden presentarse quienes ya declararon? Sí. Pero no lo hacen. ¿Por qué? La mayor parte de los jueces sigue en actividad. Y eso pesa. Por un lado, esgrimen que podrían tener que dejar causas que denunciaron y aún intervienen. Pero tampoco eso es lo único.

“Creo que es muy importante que jueces y juezas nos presentemos como testigos”, señala uno de ellos. “Como querellantes debilitamos el testimonio. En lo personal, no tengo problema en hacerlo siempre y cuando no fuera una actitud individual sino colectiva o como asociación. Cuando hubo que denunciar la persecución la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo fue la única asociación de magistrados que hizo un pronunciamiento público. Fueron a Uruguay y enfrentaron cara a cara al gobierno y denunciaron lo que había pasado en pleno poder del macrismo. Por otro lado, yo mismo entiendo que no puedo ser un francotirador. Me gusta participar de procesos grupales de conciencia. Considero que hice lo que me dictaba mi conciencia. Después hay un fiscal y una jueza, que ojalá tengan otros elementos que les permita avanzar”.

AJUS u otras asociaciones de integrantes del Poder Judicial podrían presentarse. También podrían hacerlo jueces y juezas retirados si los que están en funciones no quieren hacerlo. Pero el límite de las presentaciones también podría ser revisado con una discusión sobre el eje de la causa.

 

 

Son ocho los moros

Picardi investiga al Ejecutivo de Mauricio Macri para verificar si existieron presiones o extorsiones sobre magistrados y magistradas de manera directa o vía impulso de procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura luego de fallos contrarios a los intereses del gobierno. Hasta ahora, declararon:

  • Ana María Figueroa, que inscribió al entonces subsecretario de Justicia Juan Bautista Mahiques como quien la apuró con el Memorándum.
  • Martina Forns, jueza federal de San Martín que se opuso al incremento de tarifas tuvo pedido de jury en septiembre de 2016.
  • Luis Raffaghelli y Diana Cañal de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal restituyeron a despedidos del AFSCA en septiembre de 2016. Y Raffaghelli denunció la visita de Triaca a la Cámara del Trabajo del 29 de marzo de 2016 durante la cual uno de los funcionarios les pidió consensuar la doctrina de fallos para garantizar seguridad jurídica. Fueron denunciados en mayo de 2017.
  • Recientemente declaró el juez Enrique Arias Gibert del fuero laboral, que avaló la negociación colectiva de bancarios y exigió al Ejecutivo no interferir. El 21 de febrero de 2017 el ministro de Trabajo lo denunció junto a la jueza Marcela Marino. Y el 2 de junio de 2017, Macri lo mencionó en el Colegio de Abogados de la City porteña cuando habló de “la mafia de la industria del juicio”. “Cada vez que uno de esos malos abogados, ligados a malos jueces laborales como Arias Gibert y Marino logran una sentencia, se condena una pyme a cerrar”.
  • La camarista civil Marcela Pérez Pardo que falló contra la IGJ cuando el organismo exigía al Instituto Patria la difusión de socios. Le iniciaron jury en junio de 2018.
  • Eduardo Farah que ordenó con Ballestero desde la Cámara de Apelaciones Federal la excarcelación de Cristobal Lopez y Fabián de Souza en marzo de 2018. En abril de 2018 lo trasladaron al Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 y en noviembre de 2018 al TOF de San Martín vía decreto de Macri.

La falta de querellas convive con otro problema. La descripción de los hechos en investigación. Fiscalía y juzgado entienden que los hechos son aquellos: presiones a jueces y fiscales. Entienden que así la causa es acotada. Descartaron una ampliación de la denuncia presentada por el aún diputado Martín Soria tras el hallazgo de los ingresos de Gustavo Hornos a Casa Rosada. Y una presentación del defensor de Amado Boudou que denunció al camarista Pablo Bertuzzi, porque entiende que la mesa judicial no era sólo un dispositivo de castigos sino de premiación.

“Nosotros pudimos ver durante todo el macrismo una ingeniería institucional que permitía desplegar una política de persecución y de extorsión sobre arrepentidos. O para conseguirlos con el uso de prisiones preventivas arbitrarias”, dice el defensor Alejandro Rúa. “Todo eso que sucedió a partir de 2018, fue posible porque antes se usó un sistema de desplazamiento de jueces que yo llamo de premios y castigos. Por un lado había jueces que no estaban dispuestos a integrar esa maquinaria, y salían. Y luego un sistema de premios con asignación a dedo o manipulación de los sorteos para que otros pudieran intervenir en todos los casos. El caso más evidente es Bonadío. O la casación con Borinsky y Hornos. En 2016, ellos integraban dos de las cuatro salas de Casación. Lo mismo sucedía en la Cámara de Apelaciones. Al principio, los sorteos tocaban en la sala de Irurzun hasta que consiguieron la otra sala desplazando a los jueces que estaban ahí y poniendo a dedo a otros que podían sostener las prisiones preventivas arbitrarias. Así con dos jueces, dos fiscales, camaristas de apelaciones y dos camaristas de casación garantizaron los avances en Comodoro Py, que estaba garantizado a su vez por la Corte con la orden de no intervenir en ninguna queja que las defensas hicieran. Entonces, todo quedaba garantizado en esta maquinaria de ocho jueces de Comodoro Py por eso me parece importante que se advierta esto en la investigación de la mesa judicial porque estaba a la vista de todos”.

En lo inmediato la Cámara de Apelaciones debe resolver un planteo de la defensa del ex secretario de legal y técnica Pablo Clusellas contra un pedido de Picardi, quien quiere incorporar como prueba el listado de ingresos a Casa Rosada. Pero también debe trazar y decidir cuáles son los límites de esta investigación. Picardi rechazó la presentación de Alejandro Rúa con este planteo de premios y castigos. Capuchetti mandó la denuncia a sorteo. Le tocó a Ariel Lijo, quien dijo lo que parece más razonable: que el tema debe investigarse en el marco de la causa de la mesa judicial porque el sistema de castigos tenía como contracara los premios. Capuchetti trabó conflicto de competencia. Y la discusión ahora quedó en la Cámara Federal. Los conflictos de competencia entre dos jueces los resuelve el presidente de la Cámara. Martín Irurzun está recusado por su lugar de director de la Dirección de escuchas de la Corte. Otra vez, habrá que esperar cuál de todos los jueces no ha sido tocado.

 

 

 

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