«Una tendencia preocupante en Argentina»

Informe anual de derechos humanos en el mundo: la represión a la protesta social en Argentina

Amnistía Internacional (AI) presentó el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, un análisis de 159 países entre los que se encuentra Argentina. En el contexto local, el reporte da cuenta de una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión.

Detenciones indiscriminadas e incluso muertes -como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado- tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales.

Manifestaciones a lo largo del año registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente según denunciaron algunos de sus familiares en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina.

En la concentración por el Día Internacional de la Mujer varias personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y obligadas por las fuerzas de seguridad a desvestirse por completo.

 


Fake news, una tendencia global y local

Hay una tendencia en diferentes partes del mundo en propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina entre varios otros, son ejemplo de ello. Esta tendencia muestra que la libertad de expresión va a ser un tema de agenda decisivo para los derechos humanos durante 2018.

En los últimos años en Argentina este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión. Defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, fueron agredidos con ciberataques que combinaron cuentas falsas, trolls (cuentas que publican mensajes agresivos o despectivos) y bots (cuentas con interacciones automatizadas).

 

“La retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Los ataques pretenden generar un disciplinamiento y autocensura de quienes, en ocasiones, tenemos una mirada crítica hacia ciertas políticas de gobierno, sean periodistas, académicos o defensores de derechos humanos. El problema es que estas estrategias limitan la libertad de expresión y restringen las voces disidentes, afectando así al sistema democrático”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El capítulo dedicado a Argentina también incluye otros ejes como derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer y pueblos originarios, áreas en las que aún hay profundas deudas.

 

ARGENTINA
República Argentina
Jefe del Estado y del gobierno:
Mauricio Macri

Las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal. Se siguió criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas. Los derechos de las personas migrantes sufrieron retrocesos importantes.

INFORMACIÓN GENERAL
La situación de Argentina en materia de derechos humanos se sometió al examen periódico universal de la ONU y al examen del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género y el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Argentina visitaron el país durante el año.

En noviembre, el Congreso aprobó la ley nacional de paridad de género.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando era consecuencia de una violación. La despenalización plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el Congreso de la Nación.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre se registraron al menos 254 feminicidios. El Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales.

En enero, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), una policía federal militarizada, cerraron todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut. La comunidad denunció ataques de las fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas. Se detuvo al menos a 10 miembros de la comunidad y personas que los apoyaban. En agosto, la GNA llevó a cabo una operación ilegal en esa misma comunidad, durante la cual desapareció Santiago Maldonado, persona no indígena que apoyaba al pueblo mapuche.

En octubre se encontró su cadáver en un río en ese mismo territorio. La investigación judicial sobre su muerte seguía en curso al concluir el año.El gobierno provincial de Neuquén y los sindicatos y la industria del petróleo elaboraron un plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, situado parcialmente en tierras de la comunidad indígena del Lof Campo Maripe,
sin contar con la participación de esa comunidad.Las autoridades emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio. Agustín Santillán, líder indígena del pueblo wichí en la provincia de Formosa, pasó 190 días en prisión preventiva entre abril y octubre y afrontaba más de 28 procesos penales.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
Sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 para limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones. Once años después de su aprobación, la Ley de Asilo aún no se había reglamentado plenamente, y la Comisión Nacional para los Refugiados no contaba con un presupuesto específico. El sistema de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la
educación, el trabajo, la atención médica y el aprendizaje del idioma.

Aunque Argentina se comprometió en 2016 a recibir a 3.000 personas refugiadas sirias, no se había creado ningún programa de reasentamiento. Menos de 400 personas refugiadas sirias se habían beneficiado de un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias.

IMPUNIDAD
Seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983. Entre 2006 y mayo de 2017 se dictaron 182 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevó a 756 y el de absoluciones ascendió a 74. En julio, la Cámara Federal de Mendoza emitió un dictamen histórico que condenaba a prisión perpetua a cuatro exmiembros del poder judicial y les impedía ocupar cargos públicos por contribuir a la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar.

La Corte Suprema dictó sentencia en el caso de Luis Muiña (que fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad) y estableció que cada día cumplido en prisión preventiva debía contar como dos cuando la persona en cuestión permanecía detenida más de dos años sin que se dictase condena.El Congreso aprobó posteriormente una ley para aclarar que la conocida como
“fórmula del 2×1” podía no ser aplicable a crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Continuaban las audiencias judiciales públicas en el caso del encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Un decreto gubernamental emitido en abril de 2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN
Durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se produjeron detenciones indiscriminadas. Muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo.

En abril se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos. Las personas que participaban en la manifestación denunciaron que las fuerzas policiales habían empleado gas lacrimógeno y las habían golpeado mientras las fuerzas armadas miraban sin intervenir. Al menos cuatro docentes fueron detenidos.

En septiembre, 31 personas fueron violentamente detenidas y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de policía de la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación masiva tras la desaparición de Santiago Maldonado. Las personas detenidas denunciaron que las habían golpeado, y a algunas mujeres las habían obligado a desnudarse.

En diciembre, una multitud de manifestantes tomó las calles de Buenos Aires para expresar su desacuerdo con una reforma legislativa propuesta por el gobierno. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas. No se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista Milagro Sala. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que Argentina brindara a Milagro Sala la posibilidad de cumplir arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión. Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales.

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