UNA TRANSFERENCIA CON PREMIO

Cien mil millones que Macri le regaló a Edenor y a Edesur que el actual gobierno puso en pausa

 

Edenor y Edesur se lanzaron en busca del premio, apenas se sancionó la ley presupuestaria de 2018 que promovía el traslado de sus concesiones nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires.

Cuando comenzó el proceso respectivo para ejecutar la sugerencia fiscal, intentando perfeccionar la fragilidad jurídica de esa disposición, obtuvieron el beneplácito del Secretario de Energía Gustavo Lopetegui, y de su asesor Juan Garade, para conseguir que esa medida no las perjudicara, al contrario, sacar beneficio de aquella decisión presupuestaria promovida por algún dirigente provincial.

Como el tema de alguna manera era competencia del ENRE, intentaron que la Secretaría de Energía evitara una auditoría seria y profunda sobre los créditos y deudas de las dos distribuidoras con el Estado Nacional, reclamada desde tiempo atrás por muchas organizaciones, y eludir alguna sorpresa desagradable.

Auditoría que revisara los años del gobierno anterior, aquella etapa de congelamiento de las tarifas, que contuvieron limitaciones pero también perdones y subsidios y, por supuesto, la cuestión principal: el cumplimiento o no de sus obligaciones en aquel período de más de 10 años, posteriores a las renegociaciones de 2005.

Con el fin de omitir esto último, ya que el servicio público en esa etapa se deterioró de manera importante en todo el territorio concesionado a ambas, lograron que aquellos funcionarios le ordenaran al ENRE hacer el cálculo de créditos y débitos. Y le ordenaron al regulador una metodología precisa que no ingresara en los incumplimientos de la inversión en esos años, más allá de las obligaciones contractuales esenciales de “abastecer adecuadamente la demanda en cantidad y calidad” en una concesión de 99 años, habiendo transcurrido solamente 13 años. El objetivo preciso era otorgarles el denominado “activo regulatorio”, o sea considerar la tarifa que dejaron de percibir, sin importar si cumplieron su parte contractual de inversiones para asegurar la calidad del servicio de aquel período.

El ENRE cumplió la orden superior sin comprometerse demasiado en la filosofía subyacente, remitió los cálculos que el método elegido presuponía y la Secretaría decidió.

Llamó a las distribuidoras y como parte del proceso de transferencia de ambas concesiones se les otorgó, en un Acuerdo Económico por aquella etapa, una compensación o subsidio de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000) aproximadamente, entre ambas.

Ese Acuerdo fue parte de una serie de Actas entre el Estado Nacional, las dos empresas y la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, por las cuales se fueron tramitando las exigencias normativas de la transferencia. Opiniones autorizadas de juristas sobre lo realizado en ese proceso plantean su inconstitucionalidad, o por lo menos la ausencia de legalidad de todo el proceso.

Terminados durante el gobierno de Mauricio Macri esos trámites de la transferencia, quedaba organizar el nuevo control de las distribuidoras, ya no del ENRE que tiene competencia nacional, sino de un nuevo ente que se creaba al efecto, local o bilocal si se nos permite el abuso de léxico, un disparate regulatorio en el esquema de las leyes eléctricas y la jurisprudencia sobre el tema.

En ese momento aparece el actual gobierno y decide en tres artículos de la ley de Solidaridad Productiva, una nueva actitud frente a esta transferencia, que es motivo de un análisis profundo de varias organizaciones de consumidores del área del Gran Buenos Aires.

En ese estudio plantean que esta última ley ordena al ENRE retomar su jurisdicción regulatoria sobre Edenor y Edesur, le indica revisar todo lo realizado en 2017 sobre las tarifas, y más aún analizar todo lo actuado en esa materia, aún en los Acuerdos mencionados en el proceso de transferencia, otorgándole un plazo de hasta un año si fuere necesario. Con lo cual se crea una nueva situación.

Esta circunstancia pone en un paréntesis legal y regulatorio aquel acuerdo económico de magnitud respecto de las tarifas, denunciado ya penalmente, y eventualmente a la misma transferencia.

Siempre ha quedado la duda en el ambiente eléctrico si la transferencia de las concesiones no funcionó como cobertura y pretexto para esa ahora enorme transferencia de fondos, sin argumentos serios y sólidamente fundados, a las dos empresas distribuidoras. Un premio.

 

 

 

* Instituto de Energía Scalabrini Ortíz.

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