Unidad en la acción

Las políticas para redistribuir ingresos son el verdadero parteaguas del gobierno

 

Muchas veces pensé cuál era el sentido de repetir desde las páginas de El Cohete a la Luna la necesidad de armar una estrategia en materia de seguridad social, impulsando dos medidas puntuales como el Ingreso Básico Universal y la recreación de un nuevo Plan de Inclusión Jubilatorio, teniendo en cuenta que todo hacía presumir que nunca se lograría tratar algo similar. Pero la política, por suerte, brinda grandes sorpresas, y en las últimas semanas el Parlamento se transformó en caja de resonancia de la problemática social y de la eterna discusión sobre las medidas a implementar para mejorar la distribución del ingreso nacional.

En primer lugar, senadores del oficialismo impulsaron un proyecto para recuperar dinero fugado al exterior. Luego nos sorprendimos con la presentación de un nuevo Plan de Inclusión Jubilatorio, abalado por el Frente de Todos en su integralidad. Luego un proyecto de declaración de Máximo Kirchner pidiendo que el Poder Ejecutivo unifique los incrementos previstos para los próximos meses del Salario Vital Mínimo y Móvil. Para completar el cuadro, esta semana se presentó un proyecto sobre el “Salario” Básico Universal. Por otro lado, el ministro Martín Guzmán, unos días antes, había explicitado la voluntad del gobierno de impulsar un proyecto para imponer un tributo a la Renta Inesperada.

Este conjunto de iniciativas abre un escenario impensado hace apenas 15 días, un auténtico despertar y florecer de las ideas de justicia social que tanta falta nos hacían. Los medios y los interesados han repetido hasta el cansancio que las diferencias en el seno del Frente de Todos obedecen a cuestiones personales o de internas palaciegas; yo creo que la puesta sobre la mesa de estos proyectos abre un gran debate sobre las políticas sociales y la justa distribución del ingreso, el verdadero parteaguas de la coalición gobernante, que esta agenda social pone de manifiesto y expone en carne viva.

Pero vamos por partes:

  • El proyecto sobre la recuperación del dinero fugado sigue con el devenir natural de cualquier trámite parlamentario. El viernes se aprobó en el Senado y pasó a Diputados, una parada difícil debido a que Juntos por el Cambio, siempre defendiendo los intereses de los poderosos, ha manifestado reiteradamente su negativa a convalidarlo. El proyecto presenta una cuestión relevante que se relaciona con la eliminación o no del secreto fiscal. Es difícil imaginar que el proyecto logre buenos resultados si no puede investigarse adecuadamente a los fugadores de dinero. Es posible que alguien crea que este proyecto no tiene que ver directamente con las políticas sociales, pero sostengo que sí, que presenta una íntima relación ya que su sanción tendría un doble efecto: por un lado, liberaría recursos muy necesarios, y por el otro, nos permitiría recuperar soberanía económica, imprescindible para la aplicación masiva de políticas sociales.
  • El nuevo Plan de Inclusión Jubilatorio es la gran novedad, la gran esperanza para cientos de miles de mujeres que, de no hacerse nada, perderían en el corto plazo toda oportunidad de jubilarse. Claro que también importa a los hombres, pero en forma más atenuada. En cuanto al texto, hay algunas cuestiones que sería bueno corregir en el marco del debate en comisión. Sólo destacaré aquí una muy notoria: el proyecto establece que se “comprenderán lapsos que, en el caso del inciso a) del artículo 2º, sean anteriores a diciembre del año 2008”. Ahora bien, imaginemos que una mujer que se va a jubilar mediante el Plan no tiene registrado ningún aporte. Como para estar en condiciones de jubilarse se requiere que tenga 30 años de servicios con aportes, al año 2022 tiene que haber nacido en 1962, y su vida laboral haber comenzado en 1980, a los 18 años de edad; entre 1980 y 2008 cuentan 28 años, por lo que le faltaría dos años. Es decir, el Plan propuesto solo sería útil para personas que hoy tienen 62 años o para quienes tengan años de aportes con fecha posterior al 2008. Pero además el Plan dura dos años, prorrogables por otros dos, por lo que esta situación se irá agravando año a año. La ley 26.970 que se dictó en tiempos de Cristina, más precisamente en agosto de 2014, preveía una fecha de corte del 2003, nueve años después del dictado de la norma, por ello se pudo mantener un nivel de cobertura razonable a pesar de Macri.

Una cuestión adicional, preocupante a mi entender, resulta la respuesta dada por el ministro Guzmán al ser interrogado en una entrevista radial por el impacto fiscal del Plan, al indicar que era un proyecto legislativo (aun siendo presentado por el oficialismo), por lo que en breve su equipo haría los números y en unas semanas lo sabrían. ¿Cómo se entiende que un proyecto de esta envergadura, con un impacto social importante, no haya sido nunca analizado por el Ministerio de Economía? ¿Será que lo habían descartado sin siquiera analizarlo por razones ideológicas o por temor a las reacciones del FMI? Sea por lo que sea, me parece que es de una falta de sensibilidad que lastima la inteligencia.

  • La idea de Máximo Kirchner corrió mejor suerte: rápidamente el gobierno recogió el guante y el martes a la noche confirmó que efectuaría la unificación de cuotas del Salario Vital Mínimo y Móvil. Un atinado pedido que se transformó en una buena noticia.
  • Esta semana se presentó un proyecto para la creación de un “Salario” Básico Universal. Una enorme noticia que abre uno de los debates más subyugantes de la Seguridad Social y que debemos recibir con mucha alegría. No obstante, debo aclarar que no me parece atinado identificar el Ingreso Básico Universal como Salario Básico Universal. Muchos creerán que es solo una cuestión semántica, pero está lejos de ser así. ¿Qué es un salario? Según la Real Academia española, es la “cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena”. Es decir que solo tendrían derecho “los trabajadores”. Pero, ¿qué pasa con los que no son trabajadores? Por ejemplo: las amas de casa, los discapacitados, las personas en situación de calle y una larga lista de casos que no son “trabajadores”. Para la legislación nacional, resulta factible entonces que la burocracia los descarte por no ser trabajadores, por lo cual seguirán quedando librados a su suerte. Por otro lado, hay una incoherencia entre la definición de salario y la concepción de universalidad, las sociedades hoy son mucho más complejas de lo que imaginamos.

Los sistemas de seguridad social nacieron en Alemania en los albores de 1880 como una forma de dar cobertura a trabajadores que, por cuestiones diversas, perdían capacidad de trabajar. Pasaron 60 años hasta que William Beveridge creó la Seguridad Social Universal, donde ya no era obligatorio acreditar que se era trabajador sino que bastaba con demostrar la necesidad para ser beneficiario del sistema. Más cerca en la geografía, los pueblos originarios del norte argentino tenían un sistema que se denominaba “minga”, por el cual todos los trabajadores participaban en la plantación y recolección de las cosechas, y luego los frutos de esa labor eran distribuidos equitativamente entre todos, sean trabajadores o no. Por lo tanto, creo que volver al concepto de que para recibir una prestación de la seguridad social hay que ser trabajador es un retroceso.

  • Cuando el ministro de Economía adelanto que se impondría un tributo a la Renta Inesperada, los empresarios pusieron el grito en el cielo. La renta inesperada es aquella que alguien recibe por cuestiones ajenas a su esfuerzo. En este caso se trataba de compensar los ingresos extraordinarios obtenidos por algunos empresarios producto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin duda una buena idea que podía acercar unos cuantos dólares a las alicaídas arcas de las reservas de nuestro país. Pero ocurre que desde el momento del anuncio a la fecha nada sucedió, y lo que es más preocupante es que el ministro cerró la boca. Pareciera que los poderosos lo retaron y ello motivó un silencio aterrador.

El gobierno sostiene con énfasis que el camino es el crecimiento económico. Matías Kulfas se atrevió a decir que es el único camino posible, es decir la única verdad, al mejor estilo de la era menemista, pero la gran pregunta es: el crecimiento por sí mismo, ¿traerá aparejado el bienestar de la población? La respuesta emerge clara en estos tiempos: el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente. De hecho, la economía creció el 10,3% durante 2021 y, según datos extraoficiales, en lo que va del año creció alrededor del 4%; quiere decir que en un año y 5 meses la economía creció alrededor del 14,3%. ¿Cuánto de ese crecimiento llegó a los sectores populares? Es más: ¿cómo es posible que con ese crecimiento el gobierno haga oídos sordos a los proyectos presentados en el Congreso, que los minimice y los ningunee? Como prueba de esa “verdad revelada” de Kulfas, el gobierno habla de un crecimiento de los puestos de trabajo del orden de 1,2 millones. Sin embargo, en el último informe del CEPA se muestra con claridad que cuando empezó la pandemia los trabajadores privados registrados eran 5.983.000 y a febrero de 2022 había 6.041.000, lo que equivale a decir que aumentaron 58.000 puestos. Y si tomamos el pico más bajo producido por la pandemia, a julio de 2020 había 5.799.000 trabajadores y a febrero de 2022 hay 6.041.000, es decir 242.000 nuevos puestos. En mi cuenta faltan, al menos, un millón de nuevos puestos. Podría ser que a esa suma le agregáramos el crecimiento de los monotributistas, que ascienden a 154.000, aunque vale aclarar que, tal como todos sabemos, los monotributistas son trabajadores semi-precarios, muchas veces con actividades económicas informales o no registradas. También podría agregarse a la suma el incremento en los trabajadores del sector público, con 142.000 personas. Si sumamos todo esto tenemos que el crecimiento de los puestos de trabajo alcanzó los 538.000 nuevos lugares, en lugar del 1,2 millones del ministro. Obviamente, esta cuenta no registra a los trabajadores informales, porque no querría pensar que el Estado pueda llegar a computarlos. Así que, desmintiendo al ministro Kulfas, creo que otro camino es posible y se vincula con la inclusión, enfrentando todos y cada uno de los desafíos que impondrá la realidad, pero finalmente, transformándola.

Percibo, en el seno del Frente de Todos, la presencia de un debate interesantísimo: o se gobierna en favor de las minorías privilegiadas o se defienden los intereses de los que menos tienen. Recuerdo que, durante la campaña, el Presidente Fernández recalcaba que cuando algo estuviera mal se lo hiciéramos saber, y creo que los representantes del pueblo, los Diputados y Senadores se lo han hecho saber, por lo que emerge como su obligación y compromiso atender los reclamos, las ideas y las propuestas que devienen de la voluntad popular. Yo me siento acreedor de este gobierno: trabajé cuanto pude para ayudar a que gane y obviamente lo voté. Por lo tanto, me permito pedirle, más bien exigirle, que atienda cada uno de estos proyectos. No creo que alcance con decir que primero están los que más necesitan, ni que entre los bancos y los jubilados se elija a los jubilados o que a los primeros que hay que atender es a los más vulnerables. Hay que demostrarlo con hechos, con acciones, con coraje, con políticas transformadoras y con mucho amor.

La Argentina, a partir de los proyectos presentados tanto en el Senado como en Diputados, marcó un camino que es necesario seguir. Si solo se debatieran estas cuestiones en una mesa y se avanzara en una mejora drástica de los ingresos de los trabajadores activos y pasivos, si se atendiera realmente la situación de los que más necesitan, sería suficiente para encontrar una unidad en la acción, que es lo que necesita el pueblo argentino.

 

 

 

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