Unidad para la transformación

Hay que redoblar esfuerzos para mejorar la relación de fuerzas

 

Hacia fines de 2019 el Frente de Todos (FdT) fue elegido para gobernar. El país estaba sumido en una profunda crisis de balanza de pagos. Un desagradable déjà vu: contracción de la actividad económica, incremento del desempleo, inflación y pobreza en aumento. Por tercera vez en la historia reciente de la Argentina (1976-83, 1989-2001 y 2016-2019), un modelo centrado en la especulación financiera, sin ninguna consideración por el mundo del trabajo y la producción, desembocó en un brutal estrangulamiento del sector externo.

Cuando el FdT ganó las elecciones, la Argentina ya había recurrido al FMI. En 2018 el FMI le otorgó a nuestro país el préstamo más grande en la historia del organismo. El programa se amplió y reformuló porque no daba resultado y quedó suspendido, sin lograr ninguno de sus objetivos formales. Pero el daño ya estaba hecho: la Argentina cambiaba una deuda con bonistas privados que, como el propio FMI reconoció, debió ser reestructurada —y no pagada “al contado”— en ese momento, por un préstamo con un organismo multilateral que estatutariamente no admite reestructuraciones. Como si esto fuera poco, el volumen de la deuda y el cronograma de pagos no guardaban ninguna relación con el tamaño y las posibilidades de pago de la economía argentina.

Unas pocas cifras indiscutibles dan cuenta del proceso de endeudamiento que sufrió la economía argentina durante el gobierno de Cambiemos:

  • entre fines de 2015 y 2019, la deuda pública en moneda extranjera se duplicó, pasando del 36% al 69% del PIB;
  • la inflación, que en los años previos había estado en un rango entre 20 y 25%, pegó un salto hasta un valor cercano al 50%;
  • el PIB per cápita se redujo en un 7.8%; y
  • la pobreza aumentó al 35%.

Se podrían agregar muchos otros datos, oficiales, indiscutibles, pero no vale la pena redundar. Es historia, y se trata de una realidad por todos/as conocida.

Sin importar lo que hoy digan quienes han sido responsables de esa debacle, el voto popular saldó la discusión. El programa de gobierno de Mauricio Macri y su equipo de gobierno había fracasado. En esa misma operación, las urnas ungieron Presidente de la Nación a Alberto Fernández y Vicepresidenta de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner, generando una expectativa y un entusiasmo basados en la posibilidad de barajar y dar de nuevo, poniendo a la justicia social en el centro de la política pública a través de una agenda federal, productiva y feminista. Una agenda peronista.

En ese contexto, el mandato popular era: había que recuperar la economía real y reducir la pobreza y la desigualdad, haciéndose cargo de la situación de sobre endeudamiento que pesaba sobre la Nación. Porque ese endeudamiento (el más rápido de la historia argentina) en cabeza del sector público nacional y también de algunas provincias, tenía un impacto directo sobre la economía toda, sobre las empresas, sobre los comercios y el mundo del trabajo, sobre los salarios, las jubilaciones y la obra pública, la calidad de la educación y de la salud, entre tantos otros aspectos afectados por la agenda neoliberal de Cambiemos.

99 días y después, pandemia

Así iniciamos el gobierno. Fueron 99 días y llegó la pandemia por COVID. Esto también es historia, aunque todavía no ha sido del todo superada. El plan de vacunación hoy nos permite circular, trabajar y relacionarnos de una manera casi normal. Sin embargo, los efectos de la doble crisis (Macri primero, COVID después) todavía calan hondo en la realidad productiva y social de nuestro país. Las mujeres y los jóvenes, especialmente, bien pueden dar cuenta de ello. La posibilidad de un rebrote COVID (nuevas cepas) y su eventual impacto sobre la producción tampoco puede ser descartada del todo. De hecho, los indicadores de actividad del mes de enero de este año dieron cuenta del impacto del ausentismo laboral asociado a la tercera ola de COVID. Pero también es claro que estamos, luego de dos años de pesadilla, mucho pero mucho mejor.

En ese breve periodo de gobierno (insisto, 99 días), que podemos llamar la “pre-pandemia”, se pusieron en marcha una cantidad importante de acciones:

  • Tarjeta Alimentar,
  • medicamentos gratis para las y los afiliados del PAMI,
  • refinanciamiento de las deudas de las familias con la ANSES,
  • bonos para jubiladas y jubilados y para las y los asalariados en la base de la pirámide,
  • congelamiento tarifario y modificaciones sustantivas y progresivas en la estructura tributaria (la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fue clave en esta materia) que comenzaron a recomponer el nivel de actividad y los ingresos reales.

 

Los datos son contundentes, aunque solo se refieren a los primeros tres meses de acción gubernamental. Duró poco, ya que hacia mediados de marzo de 2020 comenzaron las limitaciones sobre la circulación de las personas en un intento por preservar la salud y evitar el colapso del sistema hospitalario. Había pandemia, todavía no había vacunas.

Luego vino el paquete de medidas para morigerar el brutal impacto de la pandemia sobre la economía, que elevó el déficit primario del sector público nacional hasta un 6,5% del PIB: ATP, IFE, muchas siglas, muchos recursos. Se trata de uno de los esfuerzos fiscales de contención productiva y social más grandes de la historia, con el sector público haciéndose cargo del pago de una parte significativa del salario de las y los trabajadores del sector privado, formal e informal. Sin embargo, el PIB se contrajo casi un 10% en 2020 y todos los indicadores laborales y sociales se vieron afectados. Como sabemos, la pérdida de ingresos golpeó más a las y los trabajadores independientes que no estaban registrados, y muy especialmente a las mujeres.

 

Restricción externa e inflación: dos pájaros de un tiro

Ya en 2021 el avance de la vacunación permitió ir recuperando cierto grado de normalidad, pero con interrupciones, marchas y contramarchas producto de las olas y picos de contagio. En ese contexto, la política de producción y empleo fue mostrando sus frutos. El despliegue de una política industrial decidida ha sido una constante de la política económica en estos dos años. Los datos de 2021 dan cuenta de una recuperación muy importante en el nivel de actividad: cerramos el año con un crecimiento del 10,3%, alcanzando un nivel de producción 7,2% superior al nivel de diciembre de 2019 y 6,7% por encima del de diciembre de 2018. La recuperación ha sido muy veloz, contra pronósticos que indicaban que alcanzar los niveles de producción pre pandemia se demoraría más de cuatro años.

La recuperación también fue generalizada entre los sectores: se destacan construcción, industria y comercio. La utilización de la capacidad instalada registrada durante el mes de diciembre 2021 está en el mayor nivel de los últimos 6 años, el empleo se recupera, los salarios le ganaron (incipientemente, es cierto) a la inflación. Por supuesto, y como ya fuera dicho una y mil veces, falta muchísimo para recuperar el poder de compra de los ingresos de las familias, luego del impacto de las políticas económicas de Cambiemos. La inversión fue el componente de la demanda que más creció, superando en un 14% en promedio los niveles de 2019. Se invierte cuando se vende, cuando se mueve el mercado interno, no al revés. Para ilustrar la recuperación hay muchos otros datos, que quizás no sean por todos conocidos o queden invisibilizados por la lógica mediática. Pero empieza a sentirse en la calle; con desbalances y heterogeneidades, es cierto, pero empieza a sentirse.

También se siente lo que falta. En particular se siente, y fuerte, la inflación. Luego de una reducción en el año 2020 (producto de las inusuales condiciones generadas por la pandemia), en 2021 la inflación retornó a los valores de 2018-2019.

La inflación es, justamente, un reclamo unánime. Si bien puede ser caracterizada como un fenómeno multicausal, los procesos de aceleración inflacionaria en la Argentina están relacionados directamente con la falta de dólares, el conocido estrangulamiento externo. En la salida de la pandemia, operaron además otros factores desencadenantes: mayores precios internacionales de las materias primas y de los costos de transporte y la energía. Lo que en otros países implicó que la inflación pasara de un “dígito bajo” a un “dígito alto”, en la Argentina resultaba mucho más difícil de manejar, luego del salto inflacionario ocasionado por la gestión Macri.

No hay salidas fáciles para el tema de la inflación. Porque está explicada, principalmente, por factores estructurales (heterogeneidad productiva y dolarización) y su transformación requiere tiempo y consistencia. Se trata de variables que se desenvuelven a otras velocidades: instalar una fábrica, desarrollar un nuevo producto, incorporar conocimiento científico-tecnológico novedoso, exportar, mejorar procesos, contratar personal, capacitarlo, adaptarse a la demanda, tener buena logística (interna e internacional), desplegar un plan de obra pública para pegar un salto cuanti y cualitativo en la infraestructura, entre muchas otras cuestiones. No son cosas que se puedan lograr en un par de meses. Llevan años. Y políticas públicas sostenidas en favor de la producción.

Lo mismo cabe decir sobre la dolarización. Ese es otro problema profundo, de larga data y que llevará años para su reversión.

Porque se trata de cuestiones de fondo, estructurales, es que resulta tan relevante que podamos focalizar las acciones de gobierno (y enfocar la acción política) en torno a una agenda transformadora (transformadora de un orden neoliberal que no triunfó en 2019, pero que no deja de acechar las posibilidades de desarrollo y realización). Sin transformaciones estructurales el sector externo seguirá siendo un problema endémico y, con él, la inflación, que afecta directamente la viabilidad de las empresas y las condiciones de vida de gran parte de las familias, azuzando la falta de expectativa sobre el futuro.

Son estas transformaciones las que definen la agenda de nuestro gobierno para los próximos dos años. En esa dirección se inscriben un conjunto de proyectos de ley que ya está en el Congreso y otro que será enviado para su tratamiento, que fueron enumerados por el Presidente de la Nación en su discurso del 1° de marzo. Nombro solo algunos de los proyectos para que tomemos dimensión del trabajo que tenemos por delante:

  • Proyecto de ley para facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza,
  • Monotributo Productivo para impulsar la inclusión de cooperativas y simplificar su formalización,
  • Proyecto de ley Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030,
  • Proyecto de ley de inversiones automotrices para estimular nuevos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo
  • Proyecto de ley de electromovilidad para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de valor del litio
  • Proyecto de ley de Compre Argentino para fortalecer el poder de compra del Estado como elemento de tracción para el desarrollo industrial
  • Proyecto de ley del sistema nacional de calidad para dotar a nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo que permita evitar los frecuentes casos en que la Argentina no puede exportar productos de clase mundial
  • Proyecto de ley agrobioindustrial para estimular la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales
  • Proyecto de ley para establecer un sistema integral de cuidados con perspectiva de género.
  • Proyecto de ley de un régimen de licencias parentales igualitarias.
  • Proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación ambiental.
  • Proyecto de ley de modificación de la ley de bosques nativos
  • Proyecto de ley de hidrógeno que estimule y reglamente el desarrollo de esta actividad
  • Proyecto de ley para el desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial (con media sanción)

Vale tener toda esta agenda presente mientras discutimos el tema del acuerdo con el FMI. No se trata de un mero listado de proyectos, sino que refiere a los grandes temas que tenemos que encarar: desde el apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria al impulso a la ciencia y la tecnología nacionales; desde las políticas que impulsan la igualdad de género y que procuran revertir las injusticias que persisten en materia de cuidados al desarrollo productivo nacional y el impulso a la transición energética, por citar algunos de los ejes principales.

Mantra versus estructura

Como ya fuera dicho, la política de promoción de la producción, las exportaciones y la inversión no está desvinculada de nuestros principales desafíos macroeconómicos. Para crecer, para generar trabajo, para que nuestras empresas dispongan de las máquinas y los insumos necesarios para expandirse, necesitamos generar divisas. Sólo lo que exportamos, no el endeudamiento externo, las pueden proveer, si no queremos volver a recaer en el tipo de crisis que le infligieron al país las políticas neoliberales.

Algo de esto ya está sucediendo. El año 2021 cerró con una significativa recuperación de las exportaciones, no solo debido al aumento de los precios internacionales de las materias primas que exportamos, también por el crecimiento de las cantidades. Las exportaciones alcanzaron el valor más elevado desde 2012. En cantidades exportadas,  2021 marcó el segundo mejor año desde 2011.

También hemos avanzado en un proceso de sustitución de importaciones en diversas ramas, producto del cambio de incentivos que favoreció la producción y el desarrollo de las cadenas de valor, como se nota entre otros en el sector automotor. El aumento en las ventas externas de nuestro país y la sustitución de importaciones resultaron clave para financiar la reactivación productiva demandante de importaciones.

No tenemos dudas acerca de la importancia de integrar la economía argentina al mercado mundial. Pero no como un mantra ideológico o como producto de la fe en la infalibilidad de los mercados. Sino como parte de un plan estratégico, asentado en el desarrollo de las capacidades nacionales, fortaleciendo al mercado interno y promovido por la acción estatal, como la condición para relajar la restricción externa que caracteriza a nuestro país. Se trata de generar un entramado productivo más diversificado, eficiente y competitivo, y a través de él, lograr una mejora en el empleo y en los salarios.

Sin embargo, en una economía bimonetaria, la escasez de divisas no solo depende del saldo del comercio exterior, es decir de la economía real. Tiene, también, un fuerte componente financiero. Por este motivo, postergar y extender en el tiempo la demanda de divisas asociada al pago de la deuda que Macri tomó con el FMI nos amplía —al igual que la reestructuración de la deuda externa con bonistas privados realizada en 2020—el horizonte para que la política de transformación productiva y social realice todo su potencial.

El acuerdo con el FMI no es la solución a los problemas de la Argentina. Pero, llegados a este punto, es un paso necesario para poder implementar la solución. ¿Se podría haber negociado otra cosa? Como sugiere Jorge Alemán (si no interpreto mal sus palabras), para evitar lo que él define como un «declaracionismo voluntarista», hay que tener bien en claro «qué mayoría social está conectada con las decisiones que se ponen en juego», y «qué proyecto político las puede asumir de un modo duradero». Quizás la pandemia lo dificultó, quizás no encontramos la forma. Pero no es momento de llorar sobre la leche derramada, como dice el refrán.

El acuerdo con el FMI que hoy está sobre la mesa tiene elementos novedosos y es bastante razonable. Reconoce algunas explicaciones sobre la realidad económica argentina que no son las tradicionales u ortodoxas. No compromete “reformas estructurales” características en estos programas, muy alineadas con lo que estableció, hace ya muchos años, el Consenso de Washington: reforma laboral, reforma jubilatoria, privatizaciones, etc. No estamos, necesariamente, en las vísperas de una nueva noche neoliberal.

Porque, más allá de lo que dice el acuerdo, el problema sigue siendo la estructura económica argentina. Por eso deberíamos unificar esfuerzos y desplegar la agenda de transformación productiva con la mayor eficacia y celeridad posible, en todo el territorio nacional, con todas las fuerzas militantes, con las y los trabajadores, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con la comunidad científica. Es por ahí. No es tarea del FMI, es tarea nuestra. Es aquí y es ahora, y el peronismo es la única fuerza política en la Argentina capaz de desarrollar un programa de estas características.

Las discusiones con el FMI van a seguir. Si, visto a través del espejo retrovisor, nos preguntamos si la construcción política de alternativas legítimas y socialmente aceptadas ha sido suficiente para acumular el poder necesario para mejorar la relación de fuerzas en la negociación, nunca es mal momento para redoblar esfuerzos. De hecho, hasta aquí las negociaciones sobre el contenido del acuerdo en relación con los textos tradicionales del FMI han sido valiosas y tuvieron un efecto positivo al mejorar en varios aspectos, y en beneficio de los sectores populares, el programa que hoy tiene el Congreso para su discusión. En cualquier caso, el que gobierna no puede darse por vencido. Tenemos la agenda, interpelemos a la sociedad en torno a las transformaciones que nos parecen necesarias para modificar la vida cotidiana de la mayoría, porque de eso se trata el 2023, tanto para la política como para la población.

 

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