La Libertad Avanza tiene candidatos denunciados –a veces por gente de su partido o de su familia– en Salta, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.
En todas partes, los anticasta siguen a un líder que promocionó la estafa digital $LIBRA y, para evitar las consecuencias, intentó poner al frente de la comisión para investigarlo a alguien con experiencia: una imputada por estafa.
La acusada de estafar a sus fieles es Nadia Márquez, diputada nacional por Neuquén e hija del pastor Hugo Márquez, y llegó a la política desde el culto evangélico, como se relató en La fuerza del cielo.
Bajo ese paraguas celestial, inventaron cursos de apariencia universitaria bajo los sellos de una asociación civil con sede en Morón, denominada “Universidad Regency, unidad cristiana internacional”, ligada a una “Unidad Cristiana Internacional”, por los que cobraron durante los años que dura una carrera (1999-2004), luego de los cuales no entregaron ningún título válido. Los comprobantes de cobro con las firmas de Márquez fueron posteados en Twitter por el abogado Mariano Mansilla en 2002. Junto a su séquito, fue denunciada por “estafa y otras defraudaciones” en una causa que se elevó a juicio en 2009. Cuando esa instancia se acercaba, Márquez eligió una probation: abastecer con leche a una entidad benéfica, según consta en el expediente 6982 del año 2013. Tres años después, el Poder Judicial certificó que había cumplido el castigo. Según le explicó a la periodista Paula Marussich: “Fue sólo una denuncia. Me sobreseyeron en dos instancias, nunca fui a juicio”.
La diputada, votante de Ficha Limpia, es vista como “la jefa del bloque” libertario en la práctica, en línea con el proyecto de dominación de conciencias que encaran en tándem el poder político y el de la facción evangélica más derechista, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), donde es secretaria de una Unión Iberoamericana de Políticos Cristianos (UIPC). ACIERA cobrará 177.500.000 pesos para “asistencia social”, la misma tarea que la salvó de una condena.
La puertita del señor López
El concejal salteño Pablo López acumula denuncias por abuso sexual y extorsión a militantes, registrado en sus audios, por lo que el mes pasado, el Poder Judicial ordenó secuestrarle los celulares. Fue expulsado por unanimidad a partir del “absoluto rechazo a los aberrantes hechos”, según profirió Eduardo Virgili, presidente de La Libertad Avanza Salta.
Su padrino político, un tal Gordo Dan llamado Daniel Parisini, debió despegarse: “Pido disculpas por el endorsement que le di a este hijo de puta”. Calculó que “por una cuestión estadística se va a colar siempre algún psicópata” y destacó que la diferencia está en cómo se reacciona. Su planteo es tan razonable que no resiste la comparación con otros casos.
La diputada por Salta
La difusión de los audios de López en la prensa enojó a la diputada María Emilia Orozco, quien posteó contra supuestos “periodistas ensobrados”, llamó “lacra” a uno, expulsó a otro de la sede de La Libertad Avanza, “no sos gente de bien” le avisó a un movilero del Canal 10, y postuló que “no hay difamación, opereta, ni periodista ensobrado que nos haga bajar los brazos”.
Defendía a las mujeres de La Libertad Avanza que deciden no ser madres cuando se topó con el sarcasmo del director de radio El Grito, Daniel Murillo: “Por favor libertarios, no se reproduzcan. Cuidemos el planeta”. La autodenominada “mamá perruna”, contestó: “La naturaleza es sabia, vos sos una lacra y tus hijos son hermosos”. Orozco preside la Comisión de Libertad de Expresión. No padecía una emoción violenta, porque tal actitud se extendió a lo largo de dos días.
Chubut
Quien celebró la detención de un precandidato a diputado por La Libertad Avanza fue Javier Milei. Se trata de Ricardo Bustos, quien viene de los medios de prensa y aspiraba a llegar al Congreso Nacional. Había sido denunciado por otro libertario, César Treffinger, por tomar una foto junto a su hijo menor y enviársela a su celular con un tono intimidante.
A Bustos se le impuso una restricción, pero la habría violado por asistir a un acto partidario en Esquel. Fue detenido. A la celebración de Treffinger en sus redes (“No odiamos lo suficiente a los periodistas, este individuo integra el 90% al que se refiere siempre el Presidente”) le siguió un posteo de Milei:
NOLSALP (90%).
Fin. https://t.co/5iRarhZ8w9— Javier Milei (@JMilei) July 12, 2025
Santa Fe
Más notorio fue el triunfo electoral en un pueblo donde el candidato de La Libertad Avanza ganó apenas salió de prisión. Si bien se hizo mucha bambolla con la anécdota, la construcción de su imagen no se condice con el virtual empate que resultó en una diferencia de 17 votos.
Silvio Garbolino viene de la UCR. Fue votado en 2019, 2021 y 2023 para ser jefe comunal de Melincué. A 100 kilómetros de allí, en San Gregorio, había gerenciado una sucursal de la mutual AMFAC para la que habría sacado un crédito por más de 88 millones de pesos con el aval de tres cheques de 300.000 que fueron completados con un “29” adelante, lo que permitía acercarse a los casi 90 millones a los que aspiraba, según la declaración del comerciante que le acercó los cheques en respaldo de un préstamo personal.
Tuvo un par más de denuncias. En una, imputado por “abuso de confianza”, cargó con una restricción a salir del país y una orden de presentarse en forma periódica ante los tribunales impuesta por el fiscal Julián Cochero. Con la acumulación de denuncias, terminó detenido horas antes del Día de la Bandera, por orden del fiscal Mauro Menéndez.
Desde enero de 2024 no estaba a cargo de la comuna; había renunciado tras “la crisis económica”, según los medios locales. En las PASO de abril último compitió contra su sucesora, Yamila Gallisso. Le ganó por 540 votos a 515. No cuenta con un apoyo ni irrestricto ni indiscutido. Por lo pronto, la interna en Unidos (sic) Para Cambiar Santa Fe sirvió para que el sector de Garbolino acusara una “persecución política” motorizada por la actual administración.
Para salir de la celda, Garbolino debía afrontar una fianza impuesta por la jueza Lorena Garini en 100.000 dólares. No pagó, pero ofreció a su abogado como garante y logró que se lo aceptasen el último miércoles de junio. El domingo siguiente ganó por 699 a 682 votos. Como la causa en instrucción no tiene sentencia firme, podrá asumir. Nunca mejor concebido que la libertad avanza.
Corrientes
Otro diputado, Claudio Lisandro Almirón, quien cambiaba insultos y empujones en el Congreso con su par porteño Oscar Zago, es el candidato a gobernador de LLA en Corrientes para el 31 de agosto. “No lo votará ni el primo hermano”, dicen quienes conocen la denuncia por falsificarle la firma a la abuela para apropiarse de una herencia.
Así lo denunció Eduardo Gómez, quien tenía a la abuela en común internada en terapia intensiva en 2013. En tales condiciones, el diputado quiso hacerle creer que la abuela le había firma la transferencia de un inmueble justo un día antes de morir. Según la pericia caligráfica, la “burda imitación” de la firma no coincidía con su cédula de identidad ni con otros documentos. El aval de un certificado psiquiátrico pretende ser de un hospital donde la abuela nunca estuvo y por un médico que no trabajaba allí. Aunque esa causa a manos de la jueza Gabriela Aromí prescribió, los denunciantes seguirán el reclamo civil.
Almirón lleva como compañera de fórmula a Evelyn Karsten, secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados provincial, quien fue denunciada junto con él y un tercero por ingresar de modo prepotente a un hospital en una acción de campaña, según hizo saber a los medios Mario Rodríguez, director de gestión hospitalaria en la ciudad de Sauce, a partir de la denuncia policial del doctor Juan Martín Fernández, director del Hospital San Rosa. Por algo similar fueron señalados en el hospital de Pueblo Libertador.
La esposa de Almirón, Laura Peralta Marcoré, es hija política de José María Oderda, vicepresidente de La Libertad Avanza en Corrientes, quien en agosto de 2023 creó la fundación Gea-Madre Tierra. La Secretaría General de la Presidencia le donó más de 20.000 artículos electrónicos a cinco meses de hacerse del gobierno, según reveló en su programa de TV Carlos Pagni. Se conoce el origen –rezagos aduaneros– pero no su destino final.
Misiones
En un pequeño pueblo llamado Montecarlo, Patricia Buckmayer reivindicó a la dictadura, por lo que fue suspendida de su trabajo docente y de su cargo como vicedirectora en la Escuela 661 por disposición del Consejo de Educación local, que buscó garantizar a la población que la enseñanza se desarrolle dentro del respeto a la Constitución, según difundió Misiones Opina. La apologista había sido electa concejala, por lo que el Deliberante fue unánime al repudiar el posteo que reivindicaba al “Falcon, con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando”.
A pesar de su apurado pedido de disculpas, mantiene posteos con planteos del tipo “¿A cuántos silenciaron los zurdos para no destapar la olla podrida?”
Río Negro
La diputada Lorena Villaverde, demandada por la venta irregular de terrenos, acaba de ser embargada por orden del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia 9 de San Antonio Oeste. La jueza Karina Vanessa Kozaczuk instruyó al Banco Patagonia a retener sus fondos por unos 50 millones de pesos. Según NoticiasNet, la demanda por daños y perjuicios fue iniciada por tres particulares que la acusan de la venta irregular de terrenos en la zona de Las Grutas. La historia de Villaverde y sus orígenes había sido contada en la nota Pedofilia libertaria, cuando propuso expulsar del bloque a Lourdes Arrieta por revelar la trama detrás de la visita de sus pares a los represores presos en Ezeiza.
En las Buenos Aires
Varias figuras del oficialismo con sede en la administración federal de gobierno deben dar explicaciones en sede judicial.
Sandra Pettovello fue imputada –en el mismo mes de abril en que discutían cómo tapar el escándalo LIBRA– por delitos en una transferencia millonaria para la compra de alimentos por 14.000 millones de pesos, sin la firma del jefe de Gabinete, por un monto mayor al habilitado y que no se habría concretado, amén del pago de un 3% de comisión para cubrir “costos”. Según la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero (que cayó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal federal Franco Picardi), la ministra dispuso transferir al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 7.000 millones de pesos, a la vez que acordaba con Cáritas un desembolso de más de 310 millones de pesos.
Juan Alberto Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es investigado en el juzgado de Lijo luego de que una investigación periodística de Emilia Delfino en elDiarioAR revelara que habría omitido informar sobre bienes en el exterior.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, se filmó cuando le ofrecía sus servicios de lobby sobre jueces y medios para mejorarle la imagen al norteamericano Tim Ballard, imputado por abusos sexuales.
El riojano Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tiene familiares en empresas que firman contratos con el Estado.
El ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato bonaerense, no será investigado por la confabulación que procuraba reemplazar a altos mandos policiales. Tampoco por la toma de terrenos en Florencio Varela, junto a su compadre Ignacio Ortiz Valenzuela, ya que la causa en Asuntos Internos fue archivada en 2017.
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