“Va a ser ley”

 

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad cumple un año el próximo mes. La Ministra Elizabeth Gómez Alcorta da su opinión sobre el ingreso del proyecto de ley de aborto y dice “nosotros no especulamos con un escenario similar al de 2018”, ya que cree “que va a ser ley”. A lo largo de la entrevista repasa el primer tramo de su gestión y confiesa que “es difícil autoevaluarse”. Gómez Alcorta asumió la tarea de crear y gestionar un ministerio sin cimientos. Una tarea poco sencilla a la que describe como “ardua”, “invisible” y obstaculizada por la pandemia. El Ministerio tiene ahora nuevos objetivos y desafíos. El trabajo para un sistema integral de cuidados está en la agenda y ya tiene conformada una Comisión Redactora que se ocupará de su articulado. “Entendemos que ahí está el corazón de las desigualdades en nuestra sociedad. Allí está el corazoncito del patriarcado”, describe la Ministra.

—La promesa de campaña sobre el aborto se materializó el martes en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados. ¿Cómo imagina el debate sobre la ley de interrupción del embarazo? 

—Por muchísimas razones imaginamos un debate distinto al del 2018. Primero porque en aquel entonces tuvimos la posibilidad —no sólamente en el Congreso— sino en términos sociales de escuchar y transitar más de setecientas exposiciones desde ángulos absolutamente diversos sosteniendo proyectos distintos. Con movilizaciones callejeras que formarán parte de los hitos de la historia del movimiento de mujeres y seguramente del movimiento nacional y popular en nuestro país. Más allá de que esto será parte de las decisiones del Poder Legislativo, imagino un debate con otras características. Seguramente con menos necesidades respecto de reuniones informativas como hubo en el anterior tratamiento. 

—¿Qué diferencias identifica con respecto al 2018?

—Son dos aunque podría mencionar más. La primera es que ya transitamos ese debate y ese debate lo transitamos socialmente, por lo cual fuimos atravesadas todas y todos en la Argentina. Contando para el momento con mucha más información. Después porque el debate sobre la clandestinidad de algún modo se hizo público un tema que había sido durante muchísimo tiempo tabú en algunos lugares. Y la segunda gran diferencia es que esta es la primera vez en la historia de nuestro país donde un Poder Ejecutivo envía un proyecto tomando una decisión que fue una promesa de campaña. Esto también es algo nuevo y diferente a otros años. 

—Muchos especulan sobre un escenario similar al de 2018, holgado en Diputados y ajustado en el Senado. ¿Por qué el Poder Ejecutivo decidió enviar ahora el proyecto de ley ILE? 

—Nosotros no especulamos con un escenario similar al de 2018. Sobre todo porque creemos que va a ser ley. Por lo tanto, en ese sentido no lo imaginamos similar. Creemos que están dadas las condiciones para el tratamiento del proyecto, creemos que los votos y los consensos se van a alcanzar en cada una de las dos Cámaras. 

El Poder Ejecutivo decidió enviar ahora el proyecto primero porque había sido anunciado en marzo que iba a ser enviado en las próximas semanas. El proyecto estuvo trabajado desde el mes de febrero con el equipo del Ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Ante la inminencia del envío es que nos encontró la pandemia. El 19 de marzo la declaración del ASPO, el Congreso no sesionando durante un período, después sesionando en razón de algunas leyes y algunos proyectos en particular. Luego hubo un determinado momento en donde el Ministerio de Salud se encontró abocado exclusivamente al tratamiento de la pandemia. Lo cierto es que en este momento teniendo en el horizonte la vacuna, empezando a declinar hace varias semanas la cantidad de contagios diarios y ante la inminencia del cierre de sesiones legislativas ordinarias y eventualmente extraordinarias, es que se tomó la decisión de efectivamente enviar el proyecto.

—¿Qué le diría a las y los legisladores que aún no han tomado una postura frente al tema o que se encuentran indecisos?

—Les diría que más allá de las posiciones personales en términos religiosos, éticos o morales, nosotros entendemos que la criminalización efectivamente no previene la práctica y lo que genera la criminalización está vinculado a la clandestinidad y a la inseguridad de cerca de 350.000 a 520.000 mujeres por año en nuestro país. Esa clandestinidad y esa inseguridad aumenta la mortalidad materna. En Argentina entre treinta y cuarenta mujeres por año mueren producto de abortos clandestinos, otro tanto tienen complicaciones y consecuencias en su capacidad reproductiva futura. En ese sentido, entendemos que este proyecto —en clave de salud pública— lo que busca es disminuir la mortalidad materna. Es decir, salvar vidas y eliminar los riesgos en la salud de las mujeres.

—Quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo justifican parte de su posición haciendo hincapié en que el aborto “colapsaría” o “saturaría” el sistema de salud. ¿Cuál es su opinión?

—Viendo las experiencias comparadas en otros países, la legalización disminuye los abortos. Contrariamente a lo que se cree que es que los aumenta. No implica una saturación en el sistema de salud porque cerca de 40.000 internaciones hospitalarias por año se producen en virtud de abortos inseguros y actualmente las interrupciones legales del embarazo se llevan adelante por medio farmacológicos o por la toma de una droga que es el Misoprostol o la combinación con el Misoprostol o la Mifepristona. Entonces no requiere utilización de camas, ni intervenciones. Es un tratamiento ambulatorio entonces efectivamente la legalización desestresaría el sistema de salud. 

Por último les diría que los estudios que se han llevado adelante en relación a Argentina también indican que la legalización no implica más costos para el Estado. Por lo tanto, lo único que está en juego no es aborto sí o aborto no, sino que es abortos clandestinos e inseguros que provocan muertes o abortos seguros.

—La pandemia expuso a los antivacunas, anticiencia y antiderechos en un mismo sector. ¿Qué opina de los discursos de odio?

—Creo que esos discursos en particular y otros que también incluyo, están latentes en términos comunitarios y quizás la pandemia lo que hizo fue exponerlos de un modo que no tiene precedentes por lo menos en nuestro país. Hay otros países, por ejemplo en Europa donde uno puede ver niveles de legitimidad pública y política respecto a los discursos de odio que son alarmantes para nosotros y nosotras. Son parte de una cultura de la cancelación que implica una absoluta intolerancia a la opinión diversa, a la pluralidad de voces que conduce a una reafirmación de lo que se sostiene y piensa cancelando sobre todo cualquier posibilidad de un otro u otra que opine de un modo distinto. Es algo con lo que tenemos que trabajar socialmente, culturalmente e incluso desde el propio gobierno porque no hay nada más antidemocrático que la imposibilidad de tener diversas voces, tener distintas posiciones porque esa bandeja de colores es lo que hace más democrático una sociedad, una cultura y un país.

 

 

 

 

—Hace unos días encabezó la Comisión Redactora del anteproyecto que tiene como objetivo la creación de un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género. Allí dijo que la pandemia dejó traslucir la desigualdad en la organización social de los cuidados. ¿Cuáles serán los principales puntos de la iniciativa? 

—Para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad las políticas de cuidado son una de las políticas más estratégicas. Entendemos que ahí está el corazón de las desigualdades en nuestra sociedad. Allí está el corazoncito del patriarcado. Centralmente porque en esta división sexual del trabajo y en esa asignación cultural teñida de naturalidad —respecto de las tareas de cuidado— es donde nacen las desigualdades en todos los otros ámbitos. 

Trabajamos con cuatro puntos centrales. El primero fue la creación de una comisión interministerial en febrero donde intervienen catorce ministerios y organismos descentralizados. El segundo una Campaña Nacional de Cuidar en Igualdad. Después la creación y puesta en marcha de un mapeo federal para poner en valor los servicios que hay. Y el cuarto punto es la Comisión Redactora que tiene como función un anteproyecto de un Sistema Integral que establezca los derechos y las obligaciones que tienen que tener quienes cuidan y quienes tienen el derecho a ser cuidados. 

—¿Cuál es el impacto en términos de género y clase social? 

—Las últimas estadísticas del uso del tiempo en la Argentina son del 2014. El año que viene esperamos tener actualizadas estas cifras. Allí el promedio de cantidad de horas que las mujeres utilizan en nuestro país para estas tareas son de seis horas en relación a dos de los varones. Sin embargo, cuando vemos que el quintil superior disminuye en esas seis horas a tres es porque en términos de clase pueden tercerizar esas tareas. Y cuando vamos al quintil inferior lo que observamos es que en vez de seis aumentan a ocho horas. Estas diferencias en clave de horas hacen fundamental las desigualdades. Ese tiempo que nosotras usamos y que nos asignan naturalmente son en relación a tareas desvalorizadas social y económicamente. Esto genera desigualdades en la autonomía económica y en el mundo del empleo. 

—La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género hacia las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido ¿Cuál es el rol del Ministerio en las distintas áreas de gobierno?

—La Ley Micaela pone en cabeza al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad la capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y también la puesta en marcha y la producción de materiales en el ámbito del Poder Ejecutivo. El 10 de enero el Presidente fue capacitado junto al resto del gabinete en un hecho que tuvo una trascendencia simbólica fundamental porque también implica predicar con el ejemplo. El 4 de marzo se capacitaron los senadores y senadoras, los primeros días de mayo las y los diputadas.

—¿Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

—La Corte hasta la fecha se ha negado a ser capacitada por el Ministerio como indica la ley. 

—¿Cómo fueron esas experiencias? 

—El Presidente planteó que había que comenzar por las máximas autoridades y no por los trabajadores/as que es como se había comenzado a realizar en el año 2019. Desde el Ministerio trabajamos con las máximas autoridades de los veinte ministerios y con organismos descentralizados. Fueron experiencias maravillosas entendiendo que siempre hay que trabajar con capacitaciones situadas que impliquen no solamente incorporar conceptos, sino poder formularse preguntas que estén relacionadas con la praxis cotidiana de cada funcionario y funcionaria.

 

 

 

 

—Al asumir contó que Alberto Fernández le dijo que cuando terminara su mandato como Presidente de la Nación deseaba que “no quede normativa sin perspectiva de género en Argentina”. ¿Por qué es importante una mirada transversal de género como una política de Estado?

—Porque si nosotros tenemos en cuenta y vemos el mapa de la desigualdad en el mundo del trabajo, de la producción, en la economía, en la política, en el plano sindical, académico, en la salud, en el Poder Judicial —si vemos ese mapa y alguien supone que exclusivamente se va a poder trabajar para achicar esas brechas de desigualdad desde un ámbito exclusivo del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal—, queda claro que es una ficción. Y el efecto de la desigualdad tiene que ver con las violencias por motivos de género.

No hay posibilidad de apurar los plazos para achicar estas brechas de desigualdad. Las Naciones Unidas hablan de 170 años a este ritmo si nosotras no trabajamos transversalmente. Es decir, si no podemos pensar cada uno y cada una desde el lugar en el que está en el Estado cuál es el impacto que tiene la política pública que diseña, ejecuta, pone en marcha en clave de género. Por eso es tan trascendental y por eso es que el Presidente dictó un decreto por el cual se creó un gabinete nacional para la transversalización de las políticas de género. Porque justamente entendemos que necesitamos que todos y todas los que ejercemos la función pública u ocupamos roles en el empleo público tengamos en cuenta que las transformaciones las tenemos que llevar adelante entre todos y todas.

—En un mes se cumplirá un año desde tu asunción como Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Cuál es la evaluación del primer año de gestión?

—Es difícil autoevaluarse. Pero yo estoy conforme centralmente porque poner en marcha, construir un Ministerio es una tarea muy invisible y muy ardua. Principalmente en salto cuantitativo y cualitativo que dimos. En términos de institucionalidad es enorme en relación al Instituto Nacional de las Mujeres. 

—¿Qué obstáculos tuvo la cartera para instalar las políticas del Ministerio? 

—A los tres meses de comenzar esa tarea apareció el obstáculo que fue la pandemia. Montar, construir equipos, crear programas, proyectos, generar circuitos en el marco del Covid-19 ha sido uno de los principales desafíos. Creo que hemos podido llevar adelante una marca vinculada a las políticas de cuidado que como hice mención para nosotros es central. No tengo ninguna duda que el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias es un plan contundente llevado a cabo de forma participativa, que además establece una gran cantidad de proyectos y programas. 

El más importante es el Programa Acompañar. En el contexto de la pandemia y a pesar de la crisis económica producto de los cuatro años de neoliberalismo, el Presidente entendió que había que invertir —y es el modo en que hay que decirlo, porque no es gasto— para que las mujeres en situaciones de violencia de género puedan tener un apoyo económico del Estado Nacional y salir de esas situaciones. El decreto de cupo laboral trans también es absolutamente fundamental para las transformaciones de vida de muchísimas mujeres. El modo en el que hemos podido implementar la Ley Micaela en un contexto tan adverso. 

A su vez, el Programa Igualar para achicar las brechas de desigualdad en el mundo del empleo, de la producción y del trabajo. También la puesta en marcha de la red de promotoras/es territoriales ha sido parte de las tareas que nos dimos y que reforzaremos el año que viene. Entendiendo que el trabajo territorial es el trabajo en el cual cientos de compañeras y compañeros todos los días ponen el cuerpo como primera barrera de contención de las prevenciones, asistencia y de la protección de las mujeres en situación de riesgo. 

—¿Cómo interpretaron hacia dentro del Ministerio el envío del proyecto de ley de aborto?

—Sin lugar a dudas el envío del proyecto de ILE corona un año para un Ministerio que se construyó en el marco —como decimos nosotras— de un barco que teníamos que navegar y nos agarró una tormenta.

—¿Cuáles son los desafíos y los próximos pasos?

—Los desafíos son seguir construyendo institucionalidad. Continuar construyendo información fidedigna que el Estado la requiere siempre para generar políticas públicas y hay una enorme ausencia. Trabajar para federalizar todos los programas y políticas que llevamos adelante. Acompañar a cada provincia, municipio y fortalecer las áreas de género locales que son absolutamente centrales. Y seguir transversalizando las políticas en todos los ámbitos en los que el Estado interviene. 

 

 

 

 

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