VACUNAS ANTIMONOPÓLICAS

El régimen de propiedad intelectual impide la distribución y el acceso a las vacunas en el mundo

 

La humanidad no solo se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y social. Le aparecen, día a día, nuevas preguntas sobre gobernabilidad, formas de producción, paradigmas distributivos. Los derechos intelectuales sobre las vacunas anti Covid-19 marcan la cancha y suscitan un debate de repercusión global.

El régimen de propiedad intelectual imperante impide la distribución y el acceso a las vacunas en todo el mundo. Así se lo confirmó a El Cohete A La Luna Patrick Durisch, responsable de política de salud en la organización suiza Public Eye (La mirada pública).

Su organización, junto con Amnistía Internacional y otras veinte ONGs helvéticas, enviaron a fines de enero una carta al Consejo Federal —ejecutivo colegiado— pidiéndole que apoye la propuesta de exención (“waiver”, en inglés) de las normas internacionales de propiedad intelectual para permitir una producción descentralizada de las vacunas y así combatir, más eficazmente, la crisis pandémica.

 

 

 

 

 

Democratizar la producción

Para los firmantes, una situación como la actual, que amenaza dramáticamente la salud y la estabilidad mundial, exige que la comunidad internacional tome medidas osadas para liberar, rápidamente, la capacidad productiva de estos medicamentos esenciales.

En otras palabras: todas estas organizaciones sostienen que una empresa local que cuente con los conocimientos necesarios puede lanzarse a la producción de dichos medicamentos sin necesidad de largas negociaciones para obtener una licencia antes de hacerlo. Esta exención no sólo ahorraría tiempo esencial, sino que también aseguraría la libertad de acción para multiplicar las vacunas y cubrir, de esta forma, las necesidades locales o regionales imprescindibles. (https://medecinsdumonde.ch/news/pour-un-acces-non-discriminatoire-aux-traitements-et-vaccins-anti-covid-19/.)

Lo que está en juego, como señala Durisch en diálogo con El Cohete A La Luna, son dos visiones del mundo: la de los monopolios farmacéuticos y la de la democratización de la producción nacional descentralizada y sin control transnacional.

Contradicción que no se reduce a un simple debate ideológico. Lo trasciende. Más de 100 países ya apoyan la solicitud presentada por India y Sudáfrica –y auspiciada conjuntamente por Zimbabue, Kenia, Mozambique, Esuatini y Pakistán— ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Proponen la derogación temporal de determinadas normas internacionales del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS, en inglés). (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm.) El mismo garantiza a las empresas farmacéuticas amplios derechos para la protección de la propiedad intelectual.

 

Paises que apoyan -en verde- introducir una excepcion en los Acuerdos internacionales para descentralizar la produccion de vacunas.

 

 

La iniciativa cuenta con el apoyo de prácticamente toda América Latina, a excepción de Brasil, y el Caribe; África; China y la mayor parte de las naciones asiáticas (https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1e7xeGH0ANcEe8qGo5VGOp1DwuV8BaXmO&ll=38.181324132205795%2C94.26830912868655&z=4). Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza, Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido se oponen a cualquier exención. Brasil también, haciéndole el juego a los países más poderosos, negando el drama epidémico que enfrenta internamente y subestimando sus propios problemas de abastecimiento.

Estas naciones “desarrolladas”, donde se ubican las sedes de las principales transnacionales químicas y farmacéuticas, alegan que la propiedad intelectual no es un obstáculo y que ya existen mecanismos, como las licencias obligatorias, para establecer excepciones en los países de bajos ingresos.

 

 

La Organización Mundial del Comercio, congelada


Esta organización, que ha estado sufriendo una crisis paralizante durante los últimos años, por el momento se limita a tirar la pelota para adelante, a tratar de despejar la cancha y ganar minutos—-tiempo político— para evitar el riesgo de una definición inesperada del partido.

Ngozi Okonjo-Iweala, de nacionalidad nigeriana y norteamericana, y nueva directora de la OMC, pretende evitar una querella comercial mediante la utilización de las «flexibilidades» del sistema actual. En sus primeros días del nuevo mandato intenta no entrar en la médula del asunto. Y apela a mejorar la distribución de las vacunas existentes también entre los países de bajo y mediano ingreso.

Según Okonio-Iweala, el mecanismo COVAX de Naciones Unidas, el cual vela por la financiación, producción y distribución de vacunas Covid-19 en particular entre las naciones más necesitadas del planeta, debe agilizarse. Este mecanismo prevé la distribución de 2.000 millones de dosis antes de fin de año. Aunque cuenta con un significativo apoyo financiero internacional, COVAX no logra competir con los países ricos, que acaparan cuanto pueden en el mercado internacional en esta primera fase de la producción.

 

 

 

 

“Aunque bien intencionada, la propuesta de COVAX se queda en un ejercicio casi filantrópico y no interpela las causas de fondo de una mala distribución de las vacunas, la falta de transparencia del sistema y el tema de la gobernabilidad mundial”, explica Patrick Durisch.

En principio, la OMC está tratando de arreglar, mediante consenso, estas divergencias. La excepción que India y África del Sur proponen —con el apoyo de esa centena de países y una parte cada vez más robusta y significativa de la sociedad internacional—, se perfila como esencial, pero genera roces tan inevitables como irritantes.

En caso de aceptarse, haría posible que otras empresas produzcan y distribuyan vacunas y medicamentos contra el Covid-19 en todo el mundo. Cada Estado miembro de la OMC podría optar por prescindir de las exigencias de propiedad intelectual que regulan las pruebas de diagnóstico, los tratamientos y las mismas vacunas mientras dura la pandemia. En la práctica, «una empresa local con los conocimientos necesarios podría producirlos sin tener que negociar durante mucho tiempo una licencia”, explican las ONGs suizas.

Public Eye, junto con otras 400 organizaciones internacionales, le comunicaron a la OMC su apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica de eximir de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y el tratamiento del Covid-19. (https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/cso_letter_s.pdf).  “En una pandemia mundial en la que todos los países se ven afectados, necesitamos una solución mundial”, enfatiza la comunicación conjunta.

Los mecanismos existentes “son claramente insuficientes para garantizar un acceso rápido y equitativo a los medios de lucha contra el virus. Tienen un alcance limitado y consumen demasiado tiempo dada la emergencia sanitaria mundial», argumenta Durisch.

Pablo Cruchon, responsable de campaña de Amnistía Internacional, Suiza, sostiene por su parte que «apoyar la exención de los ADPIC es un paso importante hacia el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de salud y derechos humanos. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todos los países compartan los beneficios de la investigación científica y tengan acceso a los productos y tratamientos médicos necesarios para combatir el Covid-19”.

 

 

Unos mucho, otros nada

Los principales países o regiones poderosas, como la Unión Europea, han suscrito contratos comerciales bilaterales para garantizar la compra de miles de millones de dosis de vacunas para sus poblaciones.

El problema es que otros países, los menos pudientes, tendrán que esperar varios meses o incluso años para obtener el suministro básico de vacunas.

 

 

 

 

Según Public Eye, en la situación actual casi 70 naciones no podrán vacunar a más de una persona de cada 10 durante el 2021. Según Amnistía Internacional, 9 de cada 10 personas en los países de menos recursos no recibirán ni una dosis en 2021 (https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/12/campaigners-warn-that-9-out-of-10-people-in-poor-countries-are-set-to-miss-out-on-covid-19-vaccine-next-year/).

Ejemplo ilustrativo: Suiza ha firmado contratos con cinco empresas fabricantes por un total de 32 millones de dosis de vacunas. Es decir, el doble de lo que se necesita para vacunar a toda su población de apenas 8 millones de habitantes.

Este «nacionalismo de las vacunas» por parte de los países ricos, agravado por la insuficiente producción mundial, socava los esfuerzos globales para garantizar una disponibilidad suficiente y una distribución equitativa de este medicamento preventivo a escala internacional. Es el resultado directo de un sistema que favorece la fabricación exclusiva por parte de los grandes conglomerados farmacéuticos, en lugar de una producción descentralizada y multiplicada.

En noviembre pasado, un grupo de nueve expertos de la ONU emitieron una declaración conjunta para celebrar la propuesta de exención de determinados aspectos del Acuerdo sobre los ADPIC. La misma considera que el actual marco de dichos acuerdos puede tener efectos negativos sobre los precios y la disponibilidad de los productos médicos. (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26484&LangID=E#_ftn18.)

Diversas instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, también apoyan esta exención argumentando que la misma está ligada, únicamente, a una cuestión de voluntad política de Estados y entidades multilaterales.

 

 

El caso en el Consejo de Seguridad

El director de la Organización Mundial de la Salud coincidió el pasado 26 de febrero con que “los países de pequeños y medianos ingresos se beneficiarían tremendamente con un levantamiento provisional de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas” (https://reliefweb.int/report/world/la-oms-pide-al-consejo-de-seguridad-que-aborde-la-exenci-n-de-propiedad-intelectual-de).

La OMS también celebró la resolución el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del último viernes de febrero, en virtud de la cual se pide el cese al fuego en todos los conflictos armados para facilitar la vacunación contra el Covid-19 en zonas de tensión. Pero enfatizó que esa organización mundial podría hacer aún más para ayudar a acabar con la pandemia; entre otras cosas, abordando la cuestión de la propiedad intelectual de las vacunas.

“Hay que tomar en serio la exención de la propiedad intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo, si hay voluntad política… Hay que dar pasos concretos para aumentar la producción y la vacunación y acabar con este virus lo antes posible”, subrayó el doctor Tedros Adhanon Ghebreyesus, director de la OMS. Además explicó que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio hay provisiones para compartir propiedad intelectual, pero que este asunto sigue siendo “el elefante en la habitación” del que nadie quiere hablar.

“Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual, vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasa una vez cada 100 años. Si la provisión [de exención] no se puede aplicar ahora, entonces ¿cuándo?; si no podemos [hacer exenciones] durante tiempos difíciles y bajo condiciones sin precedentes, ¿entonces cuándo? Esto es serio”.