A lo largo de tres jornadas, en el Auditorio Hugo del Carril erigido sobre el basural donde los asesinaron, se desarrolló el juicio por la masacre de peronistas en 1956. Aunque no hay acusados sobrevivientes, su condena a perpetua por delitos de lesa humanidad reivindica la moral de los familiares de las víctimas, setenta años después.
Mucho más rápido llegó un periodista a preguntar a los seis meses; por él la ciudadanía se informó antes del primer aniversario; más adelante, catorce años después, una guerrilla se presentó en sociedad fusilando al fusilador, a la vez que un cineasta y actores en la clandestinidad comenzaban a filmar la historia; la extrema derecha remató esposado contra un paredón a uno de los sobrevivientes, 18 años más tarde, y la dictadura que se justificó en aquellos guerrilleros para su último asalto, integrada por participantes del bombardeo previo a la operación masacre, apresó durante un año al primer abogado de la causa, desapareció a una decena de familiares de otro de los acribillados para, por fin, cerrar el círculo sobre el escritor que inmortalizó en un libro –censurado y quemado– su investigación de 21 años antes.
Con la salida democrática de 1958 hubo presentaciones en el Congreso para que se investigara, lo que no habilitó en comisiones, según cotejó Brion (h). Desde 1962, cuando el almirante Rojas se creyó con margen para candidatearse, comenzaron a difundirse respuestas desde el campo popular.
Al libro de Rodolfo Walsh se sumaron los de Salvador Ferla, Mártires y verdugos (1964); Enrique Arrosagaray, La resistencia y el general Valle (1996); Daniel Brion, El presidente duerme (2000); la tesis de Rubén Polese, La resistencia obrera en Lanús 1955-58 (UBA, 2009), entre otros.
Desde la última recuperación de la democracia, sólo el campo popular hizo memoria: en los primeros meses, Horacio Verbitsky puso el foco en Operación masacre como “el Facundo” de Walsh. Rogelio García Lupo reparó en que, para los jóvenes de 1984, los “apenas 34 muertos” de 1956 eran una violencia “microscópica”. Desde entonces, el valor canónico de la obra de Walsh no hizo más que crecer hasta lo más representativo del bicentenario argentino, según una muestra de la Biblioteca Nacional.
Ya en este siglo, la historia fue revisitada en documentales: Los fusiladitos (2004), de Cecilia Miljiker; Patriotas (2006), de Eduardo Anguita; Los Troxler (Entre Ríos, 2013), de Francisco Senegaglia, y la entrevista (2023) a Juan Carlos Livraga por el antropólogo Alejandro Inchaurregui, declarante en este proceso.
Estas siete décadas de memoria no tuvieron el protagonismo de toda la prensa –despreocupada por la primicia–, ni de toda la sociedad –donde algunos repetían cómodas consignas contra “el tirano prófugo”–, ni de todo el séptimo arte –abocado a géneros más taquilleros o menos conflictivos–. Del mismo modo, no todo el Poder Judicial se esmeró, sino sólo los de genuina dedicación a su compromiso de “será justicia”.
Para mover la pesada maquinaria jurídico-estatal, necesitaron de un empuje surgido desde los niveles más bajos de la comunidad, allí donde la pluralidad de “nadies” iguala a todos en el anonimato. La persistencia de tales personas sumó a otras solidarias sin vínculo directo, aunque conscientes de que, cuando tocan a unos, tocan a todos. Así se conformaron las comisiones de memoria, verdad y justicia en procura de esos tres valores de consenso.
La Comisión Memoria, Verdad y Justicia San Martín (CMVJSM), conformada en procura de investigar los delitos de lesa humanidad de la dictadura iniciada en 1976, canalizó su consciencia de que el genocidio había comenzado dos décadas antes.
Ese impulso, desde el de la primera presidenta de la CMVJSM, Elena Carranza (h), hasta la más reciente Evita Morales –fallecida por cáncer hace tres meses–, recayó sobre su vice, Víctor Hugo Gómez, declarante este 17 de junio. Tal insistencia múltiple sostuvo al abogado querellante Alberto Palacio, quien junto a Walter Omar Arias representó ad honorem a los familiares de los asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión.
Ellos rechazaron la visión del fiscal Paul Starc, quien creía innecesario un juicio al que veía harto suplido por los innumerables homenajes; Starc siguió su camino con designaciones a manos del actual gobierno.
Tras cuatro años de proceso desde 2022, cuando iniciaron la causa 41041, la jueza federal Alicia Vence –en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín– notificó de la instancia oral y pública a la Procuración del Tesoro. Este es el área de abogados del Estado que dirige Sebastián Amerio, protegido por Santiago Caputo.
Según reveló el periodista Mauricio Caminos –en el sitio universitario Anfibia–, Leandro Fernández Suárez, nieto del jefe de la Policía a cargo de los asesinatos, es desde 1993 diplomático de carrera, representó al gobierno de Carlos Menem, fue cónsul de Alberto Fernández y, desde enero de este año, representa al gobierno de Javier Milei ante México. La revelación ascendió desde el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, hasta el canciller Pablo Quirno, según compartió un embajador con elDiarioAR, que habló con la familia de Desiderio Fernández Suárez, como con la de Pedro Aramburu, quienes desconocían el inicio del juicio.
De entre los acribillados, sólo sobrevive Livraga, quien a finales de 1956, por intermedio del abogado Máximo von Kotsch en Berazategui, le contó todo a Walsh. A partir de su caso, hubo un expediente rechazado en la Corte Suprema, que en abril de 1957 ordenó pasarlo a la justicia militar, que exoneró a Aramburu, al almirante Isaac Rojas y al coronel retirado a cargo de la Policía bonaerense.
El juicio
Recién en la semana pasada, Livraga –refugiado en los Estados Unidos– abrió las audiencias con la lectura de una carta enviada el 27 de mayo al tribunal, en la que recuerda que el 14 de julio cumplirá 94 años, y un video testimonial de 2023 en el que ratificó los hechos: la reunión con los vecinos para oír por radio un encuentro deportivo internacional, el allanamiento en la madrugada del 10 de junio, la detención policial, el traslado colectivo a un basural en José León Suárez donde doce fueron acribillados en medio de una oscuridad sólo fragmentada por los faroles de las camionetas. Aunque se hizo el muerto, le dispararon hasta dejarlo inconsciente con la cara ensangrentada. Livraga manifestó: “[Desde entonces] no puedo dormir. Tomo píldoras. Me acuesto, llega la mañana y estoy viviendo lo que viví. Mi pasado es mi presente”.
En esa primera jornada se presentó la hija de Vicente Rodríguez, Alicia, la nena “Casandra” citada por Walsh. Relató que en la búsqueda de su padre, olvidaron en la Regional de Policía a uno de sus dos hermanos, Vicente Carlos, de seis años, presente en las audiencias. Le dieron el cuerpo, pero sin el reloj ni demás objetos personales. La viuda, Aurora Bogarín, perdió un embarazo por el estrés y le advirtió a Casandra: “No hables, porque nos van a matar a todos”. Pudo hablar recién a sus 81 años, entre llantos: “Espero que esto termine, mi niñez fusilada, mi juventud fusilada”.
Julia René Carranza Figueroa pintó una semblanza de su padre: “Evitó una tragedia al saltar entre dos vagones para impedir un choque; por eso le dieron el puesto de camarero”. Luego de la masacre, debió hacer un juicio de filiación en Lomas de Zamora, donde el archivo se incendió y luego se inundó, lo que demoró ocho años el trámite. En su trabajo, en Salud, la veían tan mal que “querían que regalara a mi hijo”.
Berta Josefa Carranza mostró la factura del ataúd que debieron pagar para que su padre fuera enterrado de apuro, como estaba vestido, sin velatorio, considerado "traidor a la patria", reprochó, antes de lanzar “que la historia del movimiento la cuenten completa”, lo que fue coronado con aplausos cerrados.
Delia Garibotti, hija de Francisco, repitió que “nunca más volvió” y estalló en llanto ante un cartón con la foto del asesinado y un “70” pegado sobre los números de aniversarios anteriores. “Vi a mi papá en el cajón, con un tiro en el corazón, es lo último que me quedó”, cerró la audiencia.
En la segunda audiencia, María Angélica Giunta, hija de Miguel Ángel, rememoró lo conversado con su padre: “Le pregunté si lo que había relatado Walsh era la realidad. Me dijo: ‘es lo que se podía decir en ese momento; era peligroso decir toda la verdad’”. Al final, pidió “reivindicar al general Valle como un patriota”, lo que no será incluido en la sentencia.
Silvia Cristina Lizaso, sobrina de Carlos, tenía cinco años en 1956. “Me siento con la responsabilidad de aportar las voces de quienes no están”, adelantó antes de resumir la tradición oral familiar.
Mónica Beatriz, hija del sobreviviente Héctor Benavídez, también repitió “la transmisión familiar y de amigos”; su padre contaba que había tomado de la mano a Lizaso, el más joven, y recordaba siempre esa mano que “se le patinaba”. Valoró la continuidad de una militancia que tuvo a un Leonardo Favio que paró la tortura en Ezeiza y cerró con su pedido de “¡Cristina libre!”.
Lucía, nieta de Edmundo Suárez, admitió: “Me enteré por Walsh. Papá no sabía. Mi abuela me confirmó que fue mi abuelo”. Había sido el representante gremial de los carteros que obtuvo copia del libro de locutores de Radio Nacional donde constaba que la ley marcial fue difundida luego de las detenciones, por lo que figura en los agradecimientos de Operación masacre.
Adriana Cristina Moyano, cuñada de Carlos Lizaso, dijo vía Zoom : “Por la pena, mi suegro falleció infartado en Uruguay, donde estaba exiliado con Arturo Jauretche” y agregó que dos décadas después, “la dictadura se llevó a casi toda la familia menos a una hermana. Fueron 12”.
Una revelación notable fue la de un ex policía, Norberto Álvarez, quien citó a sus camaradas Carlos Walter Islas y Boris Vucetich como fuente de lo que pasaba, y de cómo el oficial de guardia José Musaccio lloró al revelarle que fusilarían a los apresados. Incluso que “un nadador se salvó porque el comisario Malaspina mintió que lo tenía detenido desde enero”. Álvarez y otros policías, como los choferes de los camiones, fueron cesanteados cuando trascendió el crimen que pretendía mantenerse en secreto.
En la tercera jornada, la sobrina de Enriqueta Muñiz, Marike, contó cómo fue el proceso de hallazgo y edición del libro Historia de una investigación, que revela aspectos del trabajo que hizo junto a Walsh.
Por eso, la querella considerará a Enriqueta, “mucho más que una colaboradora, fue el sostén operativo (...) Reivindicar su rol salda una deuda con las mujeres que cimentaron el periodismo de investigación”.
Luego, declararon los investigadores históricos. Roberto Baschetti introdujo un elemento novedoso, la negativa de un militar a que los fusilamientos se realizaran en un liceo, por lo que sería exonerado, según acreditó la documentación aportada por el hijo. Brion (h) también hizo referencia a ese militar que se negó a la obediencia debida. Eduardo Anguita fue citado a partir de los aportes de su documental Patriotas, filmado con los familiares en el lugar y la hora en que ocurrió cada hecho.
Efectos
Respecto de los fusilados en la Brigada de Lanús, El Cohete cotejó con militantes humanistas de Quilmes, Avellaneda, F. Varela y Berazategui la posibilidad, que ven viable, de sumarse a un proceso equivalente, tal cual pidió la querella y avaló la sentencia.
Desde La Plata, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak sumó su patrocinio al de los abogados Carlos Bonicatto y Jerónimo Guerrero Iraola en la denuncia de los familiares de Oscar Lorenzo Cogorno, Alberto Juan Abadie, Rolando Zanetta, Ramón Raúl Videla y Carlos Irigoyen, fusilados en la capital bonaerense.
Hace 70 años negaron la democracia a fuerza de fusilamientos
Hoy, junto a los abogados Carlos Bonicatto y Jerónimo Guerrero Iraola, patrociné a los familiares en la presentación de una denuncia ante el Fuero Federal de La Plata para que se investiguen las ejecuciones sumarias de… pic.twitter.com/p0REJKMCnG
— Julio Alak (@Julio_Alak) June 18, 2026
Alegato y veredicto
Casi todo lo pedido por la querella fue avalado por la jueza, aunque una cuestión quedó sin especificar. La querella había incluido junto a Aramburu y Rojas a quienes firmaron los decretos 10362-63 que convalidaron los fusilamientos: ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana (fallecido en 1967); de Marina, Teodoro Hartung (1969); de Interior, Laureano Landaburu (1987) y de Aeronáutica, Julio César Krause (2007). Ninguno fue mencionado en el fallo.
Lo demás, sí fue convalidado por la magistrada:
- Declaró probados los secuestros de la casa sobre Yrigoyen 4519 y las ejecuciones en el basural de lo que hoy es la calle 9 de Julio, entre Rosas y Sáenz Peña, cuya notoria ilegalidad está dada porque el decreto 10362 de ley marcial fue publicado en el Boletín Oficial (entró en vigor) cuatro días después de los crímenes.
- El Estado fue responsable en la planificación, ejecución y encubrimiento del allanamiento ilegal de domicilio, concurrente con la privación ilegal de la libertad agravada y el homicidio agravado por alevosía.
- Aramburu, Rojas, el general Juan Quaranta (jefe de la SIDE), el coronel Desiderio Fernández Suárez (jefe de Policía), Rodolfo Sánchez Moreno (jefe regional) y su personal son responsables penales y les correspondería prisión perpetua.
- De acuerdo con el derecho de gentes, incluido en la Constitución Nacional, cometieron crímenes de lesa humanidad.
- Debe rehabilitarse el buen nombre y honor de todas las víctimas.
- Debe tomarse esta sentencia como una reparación.
- La Secretaría de DDHH debe investigar los documentos hallados en el Fondo Isaac Rojas e incorporarlos al Archivo General de la Nación.
- Ordenó la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial y en las webs de los gobiernos de Nación y Provincia, que deben proyectar este juicio; subir el fallo a la web de la Corte; que las áreas de Educación de Nación y Provincia incluyan el estudio de estos hechos; que coloquen placas en donde ocurrieron; que incorporen los nombres de los doce en el Registro de Víctimas del Estado. A la vez que invita a los poderes legislativos a que la sentencia sea de interés legislativo, pide a la Municipalidad y a la Provincia que creen un sitio de memoria en el predio del basural. Por último, que los legajos de los culpables incorporen esta condena.
Los fundamentos serán dados el jueves 16 de julio, cuando las familias de las víctimas reciban copia. “El juicio ha terminado”, cerró la jueza Vence.
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