Veredas limpias, justicia sucia

 

De los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, cuatro militaron en las filas de la Unión Cívica Radical. Dos de ellos fueron designados por el actual gobernador Alfredo Cornejo, quien aterroriza a los desorientados opositores con la amenaza de designar dos miembros más con un proyecto de ampliación. La minoría la componen dos ministros de reconocida militancia justicialista. El único miembro de la Corte que no acredita militancia política partidaria es Omar Palermo, con trayectoria en el Poder Judicial, antecedentes académicos y justificado reconocimiento en materia de Derechos Humanos por su desempeño en el juicio a los jueces cómplices del terrorismo de estado que fueran condenados por delitos de lesa humanidad el año pasado.

El caso de los militantes de la Túpac Amaru mendocina deja en evidencia cómo funciona esa corte adicta. El 4 de septiembre de 2017 Nélida Rojas, su marido, sus dos hijas y su nuera salieron en libertad por resolución de la Octava Cámara del Crimen que calificó la persecución como arbitraria. Estaban detenidos acusados por estafas, extorsiones, coacciones y asociación ilícita. Los miembros de la Cámara dijeron que las estafas no existieron, que las supuestas extorsiones y coacciones no constituían delito. Y que la imputación por asociación ilícita había sido manipulada para justificar las detenciones.

Los miembros de la Cámara fueron denunciados ante el Jury de Enjuiciamiento por el estudio de un alto funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, alentado por declaraciones del gobernador, quien cínicamente oculta haber firmado la certificación del avance de obra real de las obras de la Tupac Amaru como intendente. El Jury fue rechazado por un voto, en medio escandalosas operaciones políticas, cumpliendo un mensaje disciplinador.

 

 

Este fallo fue recurrido por el Procurador, también designado por Cornejo, ante la Sala Penal de la Corte, de tres miembros, la única donde Cornejo no había logrado mayoría automática debido a la presencia de Omar Palermo, quien fue separado de la causa a través de maniobras dilatorias hasta que se le otorgó licencia para acceder a una beca, bajo amenazas de legisladores radicales de pedidos de jury y destitución.

Con la exclusión de Palermo la sala quedó conformada con mayoría radical. El Presidente de la Sala Penal, José Valerio, es un ex legislador designado por Cornejo. Según surge de declaraciones de altos funcionarios, Valerio presionó a una jueza para que ordene la detención de los militantes mendocinos y se encargó de dilatar los procedimientos para separar a Palermo. El otro, Pedro Llorente, quien fue legislador y se desempeñó como vice gobernador, ya adelantó opinión votando por la destitución de los miembros de la Cámara en el Jury por dictar la resolución que ordenó la libertad.

Durante el trámite recursivo no se ha respetado ni el plazo razonable, ni el derecho de Nélida Rojas a ser oída ni el derecho de defensa, ya que se dispone a dictar un fallo “inaudita parte”, sin participación de la defensa para contradecir una descabellada acusación.

Es probable que si la Corte revoca la sentencia, Nélida Rojas, su esposo Ramón Martinez, sus hijas Carla y Leonela Martinez y su nuera Fanny Villegas queden nuevamente detenidos. Pero no serán los únicos. La sentencia de la Octava Cámara del Crimen se aplicó por efecto extensivo a otros imputados, por lo que también podrían ordenarse más de 20 detenciones a delegados de la Túpac Amaru, una medida que puede afectar a los 64 imputados por asociación ilícita. Esa decisión debería esperar, como corresponde, a que el recurso quede firme tal como volvió a establecerlo la justicia la última semana con la liberación de Amado Boudou luego de la condena.

 

La guerra jurídica que se ha instalado en nuestra región tiene su versión cuyana y exige una justicia cómplice. Cornejo lo sabe. Habrá que ver hasta dónde puede llegar, en tierras donde se logró una histórica condena a la complicidad judicial con el terrorismo de Estado.

 

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