Vicisitudes de la defensa nacional

Un recorrido desde el retorno democrático hasta nuestros días

 

Desde el retorno a la democracia en 1983 al día de hoy, 18 personas han ocupado el cargo de ministro/a de Defensa en la Argentina. Uno de ellos –Horacio Jaunarena– lo ha sido tres veces: bajo las presidencias de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa y durante el interinato de Eduardo Duhalde. Nilda Garré lo fue, sucesivamente, de Néstor y de Cristina Kirchner. Y Agustín Rossi lo ha sido de esta última y de Alberto Fernández. La estancia más larga en el cargo le corresponde a Nilda Garré, con más de cinco años. Y la más corta ha sido la de José María Vernet: siete días en el breve período presidencial –interino también– de Adolfo Rodríguez Saá.

Como bien se sabe, la transición por colapso desde la dictadura a la democracia ocurrida en nuestro país, a diferencia de las transiciones pactadas entre militares y políticos en otros países de la región, fue inestable, incierta y duramente conflictiva. Un indicador de esta tensión entre civiles y militares, en nuestro caso, se refleja en los siguientes números: entre diciembre de 1983 y 2003, período álgido en las relaciones cívico-militares, hubo 14 ministros de Defensa. En tanto que entre 2003 y 2021 fueron sólo 7 (véase listado abajo).

Vale la pena recordar que, en el primero de los períodos recién apuntados, las decisiones de Alfonsín sobre el tratamiento a dar a los uniformados responsables del terrorismo de Estado y de delitos atroces y aberrantes fueron voluntariosas, pero no suficientes. Sus leyes de Punto Final y Obediencia Debida no alcanzaron para resolver esos incalificables asuntos. El desarrollo del juicio a las tres primeras juntas militares que impulsó fue denso y difícil. Y cuando se avanzó hacia abajo en la cadena de mandos estallaron los levantamientos “carapintadas”. Esta conflictiva situación en el interior del Ejército quedó sin solucionar al final de su gestión presidencial y pasó como herencia para Carlos Menem.

Pragmático –y escaso en pruritos– Menem desbarató el último levantamiento “carapintada”, pero estableció también una amnistía que favoreció a no pocos uniformados acusados de delitos atroces y aberrantes. Esta última decisión fue criticada y combatida por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, que no cejaron en sus reclamos ni dejaron de hacer públicas las barbaridades consumadas por los uniformados del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Néstor Kirchner, iniciador del segundo de los períodos anteriormente indicados, impulsó, a poco de iniciar su presidencia, la ley 25.779 (aprobada en septiembre de 2003), que declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que –sin involucrar a los amnistiados– amplió la posibilidad de continuar procesando a los aterradores de uniforme. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes en junio de 2005.

Esta larga y severa porfía, desgarradoramente justa, en la que muchos participamos, fue inequívocamente encabezada por las Madres y las Abuelas, que con su mar de pañuelos blancos salvaron a nuestra democracia de la ignominia.

 

 

Control civil y defensa nacional

En este complejo y duro lapso histórico, bosquejado brevemente, se fueron configurando algunas respuestas a una pregunta crucial de aquel entonces: ¿qué hacer con los militares? Dos cuestiones aparecieron con nitidez. Era evidente, por un lado, que había que achicar lo máximo posible el intervencionismo militar en el campo político y reconvertir a los uniformados con el propósito final de que se subordinaran al poder político civil. Y por otro, terminar con la sobreviviente Doctrina de la Seguridad Nacional para dar lugar exclusivamente a la Defensa Nacional. Ambos asuntos estaban obviamente correlacionados.

Afortunadamente, esas metas tuvieron aceptación en diversos sectores de los principales partidos de aquel entonces. En tiempos de Alfonsín pudo consensuarse, luego de un largo debate, el contenido de la Ley de Defensa Nacional, sancionada en abril de 1988, que separó la defensa de la seguridad interior y estableció la subordinación militar al gobierno civil. Esto último implicó la puesta en marcha de un profesionalismo que debía dejar de entrometerse tanto en las cuestiones políticas como en las de seguridad pública. La Ley de Seguridad Interior, sancionada en diciembre de 1991 –ya con Menem en la presidencia– vino a complementar y terminar de darle sustento normativo a lo establecido en la de Defensa: de aquellas tareas se ocuparían primariamente las fuerzas de seguridad (policiales y otras). Los dos campos quedaron así firmemente delimitados. Ambas leyes conformaron un plexo normativo que alcanzó un amplio consenso político y social que afortunadamente se sostiene hasta el día de hoy.

Néstor Kirchner le dio una vuelta más al tornillo de la defensa hacia el final de su presidencia. Estableció el Primer Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, que debía plasmarse en específicas Directivas de Política de Defensa Nacional (DPDN), a renovarse cada cuatro años. Por intermedio de ellas se establecen apreciaciones sobre las situaciones global y regional y se definen orientaciones y propuestas de desarrollos y acciones en el campo de la defensa, que encuadran el quehacer de las Fuerzas Armadas. La primera DPDN fue impartida por Cristina Kirchner en noviembre de 2009. La última ha sido recientemente presentada por Alberto Fernández.

Cabe aclarar que durante el mandato de Mauricio Macri se procuró un retorno a la reasociación de los uniformados a los asuntos de seguridad y defensa por la espuria vía de un decreto reglamentario, que, de hecho, modificaba la propia Ley de Defensa Nacional. Con Alberto Fernández ya en el gobierno, ese decreto fue reemplazado por otro virtuoso, que repuso las condiciones vigentes con anterioridad.

 

 

DPDN 2021

Recientemente Alberto Fernández estableció una nueva, consistente y copiosa DPDN. Sesuda y analítica, examina los contextos global y regional en los que despuntan cambios significativos y desarrollos incipientes –y por lo tanto, no consolidados– con cuidado, mesura y profundidad. Y aborda también la problemática de nuestras propias políticas de defensa y militar.

 

 

La nueva Directiva de Política de Defensa Nacional retoma la clara delimitación de seguridad y defensa.

 

Resulta imposible reseñar una pieza de 39 páginas en este breve espacio. Mencionaré tan sólo dos cuestiones específicas contenidas en ella, a modo de ejemplo. Respecto del escenario global, se indica sensatamente que “se presenta complejo y multiforme, en un contexto de vulnerabilidades significativas para los Estados nacionales”. Y se añade que “el principal reto en un contexto de fragmentación, fluctuación e inestabilidad, consiste en encontrar un balance provechoso entre la cooperación mutuamente beneficiosa con los actores globales que controlan el acceso a recursos y la capacidad de definir y proteger autónomamente los intereses del país”. En lo que respecta propiamente a la defensa, merece ser señalada –entre muchas otras apreciaciones– la referencia a  la presentación efectuada por nuestra Comisión Nacional del Límite de la Plataforma Continental (COPLA) ante la Convención de la Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que ha validado lo elevado a ella por nuestro país. Esta exitosa gestión ha ampliado significativamente nuestra plataforma continental, lo que ahora exige el desarrollo de capacidades para poder defenderla adecuadamente y no dormirse a la vera de un derecho formal, per se incapaz de contener la voracidad de los depredadores y/o usurpadores del Atlántico Sur.

 

 

Final

Al cierre de esta nota, no ha sido aún designado el/la reemplazante de Agustín Rossi en el cargo de ministro de Defensa. Es una pena que su salida se haya empastado, por decirlo de alguna manera. En esa cartera él ha sido, sin dudas, uno de los mejores. Va a ser difícil encontrar a alguien que esté a su altura. Por otra parte, como resultado del trabajo en la última campaña electoral y de la amplitud de Rossi en el manejo de ese ministerio, se consolidó una valiosa comunidad epistémica y política –obviamente peronista/frentetodista– que sería valioso que no se dispersara y pudiera mantenerse activa.

 

 

 

Ministros de Defensa 1983-2021

Raúl BORRAS                                   10/12/1983 – 27/05/1985

Roque CARRANZA                          27/05/1985 – 08/02/1986

Germán LOPEZ                                08/02/1986 – 02/06/1986

Horacio JAUNARENA                   02/06/1986 – 08/07/1989

Italo LUDER                                    08/07/1989 – 26/01/1990

Humberto ROMERO                     26/01/1990 – 31/01/1991

Guido DI TELLA                             31/01/1991 – 01/03/1991

Antonio Erman GONZALEZ         01/03/1991 – 09/12/1993

Oscar CAMILION                            09/12/1993 – 07/08/1996

Jorge DOMINGUEZ                       07/08/1996 – 10/12/1999

Ricardo LOPEZ MURPHY            10/12/1999 – 05/03/2001

Horacio JAUNARENA                   05/03/2001 – 21/12/2001

José M. VERNET                             23/12/2001 – 30/12/2001

Horacio JAUNARENA                    03/01/2002 – 25/05/2003

José PAMPURO                               25/05/2003 – 01/12/2005

Nilda GARRÉ                                    01/12/2005 – 15/12/2010

Arturo PURICELLI                          15/12/2010 – 30/05/2013

Agustín ROSSI                                  30/05/2013 – 10/12/2015

Julio MARTINEZ                             10/12/2015 – 17/07/2017

Oscar AGUAD                                   17/07/2017 – 10/12/2019

Agustín ROSSI                                  10/12/2019 – Renuncia presentada aún sin convalidación presidencial