La movilización de los ciudadanos palestinos de Israel ha convertido a sus representantes en actores decisivos para la formación de un nuevo gobierno. Netanyahu vuelve a imponerse electoralmente, pero su bloque no alcanza la mayoría parlamentaria necesaria. La posibilidad de una alianza entre partidos judíos y árabes abre una disputa que va mucho más allá de la investidura: pone a prueba los límites de la democracia israelí, la persistencia del racismo y el futuro de la convivencia en un país profundamente dividido.
La jornada electoral volvió a mostrar hasta qué punto el miedo continúa siendo uno de los principales instrumentos de la política israelí. Benjamín Netanyahu recurrió una vez más a una estrategia conocida: presentar a los ciudadanos árabes como una amenaza para el país, incluso cuando lo único que estaban haciendo era ejercer masivamente su derecho al voto. Cuando los primeros datos de participación en las localidades árabes reflejaron una movilización considerable, el Primer Ministro acusó a sus adversarios de estar “robando” las elecciones. Su partido, el Likud, mantuvo esa denuncia incluso después de cerrarse las urnas.
El episodio resume una de las contradicciones centrales de Israel. Los ciudadanos palestinos que permanecieron en sus tierras tras la creación del Estado en 1948 y sus descendientes representan cerca del 20% de la población. Sin embargo, su participación política continúa sometida a una desconfianza que los sitúa en una posición de permanente excepcionalidad. Son ciudadanos del Estado, pero una parte significativa de la mayoría judía sigue percibiéndolos como un colectivo ajeno, cuando no como una amenaza.
En este contexto, la movilización electoral de la población árabe ha adquirido un significado que trasciende el reparto de escaños. No se trata únicamente de una respuesta al discurso de Netanyahu ni de un voto de castigo por la guerra en Gaza y la situación en Cisjordania. También constituye una reivindicación de igualdad política y una llamada de atención sobre los problemas cotidianos de unas comunidades que denuncian abandono institucional y una expansión del crimen organizado ante la insuficiente respuesta de las autoridades.
Los resultados han situado a los partidos árabes en el centro de una ecuación parlamentaria que puede determinar quién gobierna Israel. Según las últimas cifras, el bloque de Netanyahu suma 53 escaños, el encabezado por Gadi Eisenkot alcanza 48 y las formaciones árabes reúnen 19. El dato político fundamental es inequívoco: sin alguna forma de cooperación entre fuerzas enfrentadas durante la campaña, la formación de una mayoría estable resulta extraordinariamente difícil.
Netanyahu ha vuelto a desmentir las encuestas y ha logrado que el Likud se convierta en la fuerza más votada, con una ventaja considerable sobre Yashar, el partido de Eisenkot. Pero ganar las elecciones no equivale a disponer de una mayoría parlamentaria. El bloque favorable a Netanyahu no ha alcanzado los 61 escaños necesarios para controlar la Knesset, el Parlamento israelí. Su ventaja sobre la oposición tampoco garantiza que pueda reproducir la coalición gobernante. Para conseguirlo, tendría que atraer a alguna formación del campo contrario, una posibilidad complicada por las diferencias políticas y personales acumuladas durante años de enfrentamiento.
El resultado abre, por tanto, un escenario de bloqueo. Netanyahu dispone de 42 días para intentar formar gobierno, pero las alternativas dependen de decisiones que hasta ahora han estado condicionadas por líneas rojas ideológicas. La primera opción consiste en reunir una coalición de al menos 61 diputados. La segunda sería constituir un gobierno minoritario que recibiera el apoyo parlamentario de los partidos árabes sin incorporarlos formalmente al Ejecutivo. Una tercera posibilidad sería un gobierno de unidad nacional entre las principales fuerzas judías, capaz de prescindir tanto de los partidos religiosos como de los árabes. La cuarta, si ninguna fórmula prospera, sería el estancamiento y la convocatoria de nuevas elecciones.
Una movilización que cambia las reglas del juego
La participación de los ciudadanos árabes ha sido uno de los elementos más significativos de estos comicios. El conjunto de las elecciones registró una participación cercana al 78%, la más elevada desde 1999, según los datos recogidos en el documento. En las comunidades árabes, la movilización permitió a sus representantes obtener uno de sus mejores resultados históricos y reforzar su capacidad de condicionar la formación del próximo Ejecutivo.
El voto expresa distintos malestares que no deben confundirse. Por un lado, constituye una protesta contra la guerra en Gaza y contra la situación de los palestinos en Cisjordania, marcada en el documento por la denuncia del apartheid. Por otro, responde a problemas internos que afectan directamente a la población árabe de Israel: la discriminación, la marginación de determinadas localidades y el avance del crimen organizado. La movilización combina así solidaridad nacional palestina, rechazo a la política del gobierno y reivindicaciones sociales y de seguridad.
La cuestión es especialmente relevante porque los partidos árabes han sido excluidos tradicionalmente de las coaliciones gubernamentales. Su presencia parlamentaria no se ha traducido de manera proporcional en influencia sobre las decisiones del Ejecutivo. Ahora, sin embargo, la fragmentación del voto convierte esa representación en una pieza potencialmente decisiva.
La victoria de los partidos árabes no significa necesariamente que vayan a formar parte del gobierno ni que compartan un programa común. Su fuerza consiste, sobre todo, en disponer de los votos que pueden facilitar una mayoría alternativa o sostener a un Ejecutivo minoritario. El resultado les concede capacidad de negociación, pero también los enfrenta a una disyuntiva: aprovechar su influencia para obtener cambios concretos o mantenerse al margen de un sistema político cuyas condiciones de participación consideran, en algunos aspectos, inaceptables.
La representación árabe está dividida en dos grandes espacios. Por un lado, se encuentra Raam, o Lista Árabe Unida, de orientación conservadora, religiosa e islamista, liderada por Mansur Abbas. Por otro, la Lista Conjunta, una alianza de tres partidos de izquierda que reúne sensibilidades diversas: desde el nacionalismo árabe próximo al de Fatah, vinculado a la Autoridad Palestina, hasta sectores procedentes del antiguo partido comunista y una formación que integra a ciudadanos árabes y judíos. Las diferencias entre ambas formaciones son importantes. No representan una única visión sobre la sociedad, la religión, el conflicto palestino-israelí o la relación con el Estado. Sin embargo, comparten un interés potencial en reducir la influencia de Netanyahu y abrir un espacio de negociación para las demandas de sus comunidades.
Raam ya desempeñó un papel decisivo en la formación del gobierno de coalición encabezado por Naftali Bennett y Yair Lapid, que permitió apartar a Netanyahu del poder. Abbas ha sostenido que aquella experiencia no cumplió las expectativas que había depositado en ella. Ese precedente pesa ahora sobre cualquier negociación: apoyar a una coalición judía opositora no garantiza que las promesas de cambio se traduzcan en resultados concretos.
La Lista Conjunta, por su parte, ha expresado su disposición a facilitar la formación de un gobierno alternativo sin exigir necesariamente una participación formal en el Ejecutivo. Esa posibilidad constituye una de las claves del nuevo escenario. Los partidos árabes podrían votar a favor de la investidura de un candidato opositor o proporcionar una “red de seguridad” parlamentaria para un gobierno minoritario, evitando entrar en una coalición que, por razones ideológicas, seguiría resultando inaceptable para una parte de sus integrantes.
La alianza que la oposición no termina de aceptar
Youssef Jabareen, dirigente de la Lista Conjunta, ha defendido la necesidad de construir una “verdadera alianza judeo-árabe” para poner fin al gobierno de Netanyahu. Su planteamiento parte de una idea sencilla: ninguna alternativa política será realmente viable si la oposición continúa tratando el voto árabe como un elemento marginal o prescindible. “Quien quiera ofrecer una alternativa sustancial y real al gobierno sangriento de Netanyahu tendrá que hablar con nosotros para allanar el camino al cambio que anhela el pueblo israelí”, declaró Jabareen, según el documento. El dirigente insistió en que su formación estaba preparada para facilitar la destitución del Primer Ministro y planteó el dilema en términos políticos y morales: o persisten el racismo, la exclusión y la supremacía, o se construye una alianza efectiva entre judíos y árabes.
La iniciativa ha recibido apoyos dentro del campo opositor. Yair Golán, líder de Los Demócratas, pidió a los partidos contrarios a Netanyahu que unan fuerzas con las formaciones árabes. “No tenemos futuro aquí si no dejamos de tener miedo. Y si no acabamos con el racismo”, escribió en un comunicado. Golán cuestionó expresamente la división entre votos judíos y votos árabes promovida por el Primer Ministro y sostuvo que la oposición debe aprender de los resultados.
Las declaraciones evidencian que la batalla no se libra únicamente entre Netanyahu y sus adversarios. También enfrenta a quienes consideran indispensable incorporar a los ciudadanos árabes a una alternativa de gobierno y a quienes temen el coste electoral o ideológico de esa decisión. La oposición puede compartir el objetivo de desplazar al Primer Ministro y, al mismo tiempo, discrepar profundamente sobre quién tiene legitimidad para participar en el nuevo Ejecutivo.
Ahmed Tibi, quien pertenece y lidera el partido político árabe-israelí Ta'al, traducido como Movimiento Árabe para la Renovación, ha instado a Eisenkot y a sus aliados a demostrar si realmente están dispuestos a sustituir al Gobierno. Su propuesta comienza con una medida parlamentaria concreta: reemplazar al presidente de la Knesset, Amir Ohana, y utilizar ese movimiento como punto de partida para construir una mayoría alternativa encabezada por Eisenkot. Según Tibi, la Lista Conjunta está dispuesta a facilitar ese proceso, incluso si desemboca en un gobierno minoritario. La formación también ha ofrecido votar a favor del candidato opositor a la presidencia del Parlamento, una forma de demostrar que su disposición a negociar no se limita a declaraciones de campaña.
El problema es que Eisenkot ha mantenido hasta ahora condiciones difíciles de aceptar para los partidos árabes. Durante la campaña aseguró que no contemplaría esa opción y exigió, entre otros requisitos, el reconocimiento de Israel como Estado judío. También reclamó que Hamás fuera designado como organización terrorista. Las formaciones árabes no han aceptado esas condiciones y rechazan que constituyan una base viable para una alianza. Tibi ha calificado esas exigencias de “declaraciones preelectorales”, una fórmula que deja abierta la posibilidad de que el dirigente opositor revise su posición. No obstante, la diferencia entre una rectificación táctica y un acuerdo político duradero sigue sin resolverse.
Para los representantes árabes, el reconocimiento de Israel como Estado judío entra en conflicto con su reivindicación de igualdad ciudadana y con su identidad nacional palestina. Para sectores de la oposición judía, esa negativa constituye un obstáculo fundamental para compartir el poder. La controversia no es nueva. El Comité Electoral Central había rechazado la participación de estos partidos alegando su negativa a reconocer a Israel como Estado judío y democrático y su rechazo a calificar a Hamás de organización terrorista. Finalmente, la Corte Suprema autorizó su participación tras la correspondiente apelación. El episodio ilustra cómo las disputas sobre la legitimidad política de los representantes árabes se trasladan también a las instituciones que deben garantizar las reglas electorales.
Una eventual coalición entre Eisenkot y los partidos árabes sería, en cualquier caso, un hecho inédito en un país donde la integración de esa minoría en el Poder Ejecutivo continúa siendo inaceptable para una parte de la población. La alternativa de un apoyo externo podría sortear parcialmente ese obstáculo, pero no eliminaría las tensiones de fondo.
La prueba democrática
La participación árabe ha colocado a Israel ante una contradicción que no puede resolverse únicamente mediante maniobras parlamentarias. El sistema necesita una mayoría de 61 diputados para formar gobierno, pero los representantes que podrían contribuir a construirla siguen sometidos a exigencias de reconocimiento nacional que chocan con su identidad y sus reivindicaciones políticas. La oposición dispone de una oportunidad para explorar una alternativa, aunque debe decidir si está preparada para abandonar las barreras que históricamente han separado a sus partidos de los representantes árabes.
El desenlace dependerá de negociaciones concretas, de la disposición de Eisenkot a revisar sus condiciones y de la capacidad de las formaciones árabes para convertir sus votos en compromisos políticos efectivos. Ninguna de esas variables está resuelta. Tampoco está garantizado que un acuerdo permita construir un Ejecutivo estable ni que una nueva coalición pueda superar las fracturas que atraviesan el país.
Lo que sí ha cambiado es el peso parlamentario de los ciudadanos árabes. Su movilización ha impedido que puedan ser ignorados sin consecuencias y ha demostrado que su participación puede resultar decisiva incluso cuando una parte de la clase política pretende presentarla como una amenaza. La victoria de sus partidos no supone, por sí misma, el fin de la discriminación ni el comienzo de una convivencia igualitaria. Es, más bien, una oportunidad para comprobar si el sistema político israelí está dispuesto a reconocer en la práctica la igualdad que proclama formalmente.
El verdadero resultado de estos comicios no se medirá únicamente por quién ocupe la oficina del Primer Ministro. También dependerá de si Israel es capaz de convertir la participación política de sus ciudadanos árabes en una oportunidad para ampliar la democracia o si, por el contrario, seguirá alimentando una división que debilita sus instituciones, profundiza la polarización y oscurece las perspectivas de futuro.
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