VIDA O ECONOMÍA

Disyuntiva que atraviesa el mapamundi planetario desde que la pandemia comenzó a golpear

 

¿Priorizar la salud o la “normalidad” económica de una sociedad? Disyuntiva que atraviesa el mapamundi planetario desde el mismo momento que a fines del 2019 la pandemia comenzó a golpear y a dispersarse, consecutivamente, en China-Asia, luego en Europa, y más tarde en las Américas. Y que anima el debate instalado mundialmente que no deja a nadie indiferente, desde Suiza, Francia, Italia y España hasta Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos. Con tantas facetas, perspectivas y matices diferenciados, que pareciera no tener una respuesta única.

El sacrificio productivo-social, con los consecuentes corolarios de la enorme fatiga colectiva debido a la cuarentena, confinamiento, reducción de actividades y movilidad, es una realidad. Los sectores de la población mundial, a los que más se le dificulta asegurar la distancia social por sus propias condiciones de marginalidad habitacional y que dependen de las actividades informales cotidianas para sobrevivir, son, como siempre, los más vulnerables.

En algunos países, sin embargo, este debate se expresa profundamente ideologizado. Y sea cual fuere la posición del gobierno/Estado, la oposición asume el discurso linealmente contrario, para diferenciarse y tratar de sacar rédito político a la pandemia. Como que las estadísticas de infectados y los porcentajes de muertes por miles o millones de habitantes, le aportarán su correlato de votos a la hora del veredicto electoral.

 

 

 

 

¿Quién puede aportar la respuesta más acertada a esta encrucijada no resuelta en una pandemia tan desconocida como mutiladora y un debate tan ideologizado como virulento?

En un Informe preliminar del 20 de junio pasado, las Naciones Unidas definían tres aspectos esenciales para enfrentar la crisis. Según importancia, el primero, “la respuesta sanitaria a gran escala”, en la perspectiva de priorizar la vida de gente. El segundo, hacer frente a las devastadoras consecuencias socioeconómicas, humanitarias y de derechos humanos producto de la crisis. Y el tercero, el proceso de recuperación que permita reconstruir mejor. “La salida de la crisis es una oportunidad para hacer frente a la crisis climática, las desigualdades, la exclusión, las brechas de los sistemas de protección social y las muchas otras fragilidades e injusticias que se han puesto de manifiesto”, subraya el documento de la ONU (https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf)

 

 

 

Diagnóstico macro

“Si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía de los países” afirma como síntesis esencial la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) que junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicaron el 30 de julio un detallado informe.

La pandemia, subrayan los dos organismos continentales, “ha devenido en una inédita crisis económica y social y, si no se toman medidas urgentes, podría transformarse en una crisis alimentaria, humanitaria y política”.

Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/1/S2000462_es.pdf) analiza en más de 20 páginas no solo la situación macro continental, sino que anticipa propuestas para el control, la reactivación y la reconstrucción.

 

 

 

 

La CEPAL proyecta una caída del 9,1% del producto interno bruto y un aumento del desempleo de más de cinco puntos. El mismo pasará del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020, lo que en cifras reales significa que 18 millones más de personas caerán en esa situación el año próximo como consecuencia de la crisis sanitaria. Además, recuerda, se da en un escenario económico, social y político complejo, en un contexto de bajo crecimiento y elevados niveles de informalidad laboral.

Las previsiones de los organismos internacionales anticipan en el continente un aumento de la pobreza de 7 puntos porcentuales en el 2020 –es decir 45 millones de personas adicionales—, golpeando de esta forma a 231 millones de seres humanos, o lo que es lo mismo, el 37,3 % de la población total. En cuanto a la extrema pobreza condenará adicionalmente a 28 millones de habitantes del continente hasta llegar a un total de 96 millones, lo que implica un salto de 4,5 puntos para situarse en el 15,5%.

Entre los más afectados, el sector informal, que representa el 54% del empleo total en la región; las mujeres, que se encuentran sobrerrepresentadas en las actividades económicas más debilitadas por el virus; los pueblos indígenas, es decir uno de cada diez pobladores; así como los afrodescendientes, dos de cada diez habitantes de América Latina y el Caribe.

La pandemia, adicionalmente, exacerbará la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados. Y representa un riesgo especial para ciertos grupos, como los 85 millones de mayores de 60 años y los 70 millones que padecen algún tipo de discapacidad.

 

 

Imposible relanzar con pandemia

“Sin controlar la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica”, enfatiza el informe. Que afirma que, en ese combate sanitario en todas sus fases, las políticas de salud, sociales y económicas deben respetar ciertos principios fundamentales. “La vida, la salud y el bienestar son primordiales y constituyen prerrequisitos para reactivar la economía. La reducción de las desigualdades es un eje orientador. La protección social, una herramienta central. La priorización de la salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud, principalmente priorizando la atención primaria, serán los cimientos.

 

 

 

 

Según la tesis de los dos organismos internacionales, el “fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado es una condición sine qua non... en un contexto de salud pública dinámico. Y proponen, en tanto opción política, consolidar un plan nacional y un consenso intersectorial.

La respuesta, subrayan, debe ser estructurada en tres fases —no lineales e interrelacionadas— de control, reactivación y reconstrucción, con la participación de actores técnicos y representativos del campo de la salud, social y económico. El aumento de la inversión pública en salud es una condición esencial para controlar la pandemia.

La constatación de la Organización Panamericana de la Salud es que los presupuestos para ese sector dejan mucho que desear. El promedio en el continente es de 3,7% del PIB, lejos del 6% recomendado. Actualmente, el 34 % de los gastos de salud son asumidos por los bolsillos familiares; 95 millones de personas realizan gastos catastróficos en salud y cerca de 12 millones se empobrecen como consecuencia de dichos desembolsos.

 

 

 

Control de la pandemia

Si no se controla la curva de contagios, no hay apertura económica posible, enfatizan la CEPAL y la OPS en su informe del 30 de julio. Las medidas de salud pública en esta fase son la suspensión de actividades no esenciales, distanciamiento social, trazabilidad de los casos –y aislamiento en la situación de los positivos—, y monitoreo de los contactos y la intensificación de pruebas de diagnóstico.

En esta misma fase se requiere la “generación de espacio fiscal” –aumento de presupuestos— para los sectores de la salud y la protección social, así como preservar la capacidad productiva de la economía. Se debe también eliminar los obstáculos de acceso al diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y las co-morbilidades, sin comprometer la atención de otras enfermedades. Es fundamental reforzar la protección de los trabajadores de la salud. La implementación de un ingreso básico de emergencia, equivalente al valor de una línea de pobreza por seis meses para la población en situación de pobreza es una medida esencial, enfatizan las dos organizaciones.

La fase de reactivación, con gran incertidumbre y riesgo de rebrotes, debe aplicarse una vez que la transmisión comunitaria esté controlada y se cuente con la capacidad efectiva de vigilancia de nuevos casos, disponibilidad de pruebas, seguimiento de contactos y monitoreo continuo.

La reconstrucción, después de la pandemia, implica implementar una concepción de la salud como derecho humano y bien público, garantizado por el Estado, con el correspondiente presupuesto que le permita funcionar. Debe asegurar el acceso universal a la salud y fortalecer los sistemas de salud con un enfoque basado en la atención primaria, priorizando las poblaciones particularmente vulnerables. “Es fundamental concebir al sector salud no solo como un sector de gobierno sino como un sector económico dinámico que tiene un efecto expansivo sobre el resto de la economía”, concluyen los dos organismos regionales.

Para las dos organizaciones continentales, en suma, no hay duda alguna en los que podría considerarse una falsa disyuntiva entre la salud y la vida de la gente o la actividad económica “a la normal”. La lectura de la realidad que ellas hacen es contundente: sin frenar la curva de la pandemia no hay relanzamiento económico posible.

 

 

 

 

*Desde Berna, Suiza

 

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