Vidal no sabe ni contesta

Encadenados a la reja en la provincia de Buenos Aires

 

En la comisaría primera de Ramallo las personas detenidas pasan largas horas esposadas a una reja. El titular de la comisaría Juan Cruz Acevedo y el oficial de guardia Franco Grifonetti explicaron que «no tienen otra medida alternativa de seguridad; que no lo han informado de forma específica a los organismos jurisdiccionales”, según consta en el hábeas corpus preventivo presentado por la defensora oficial María Celina Berterame ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.

El  8 de marzo el titular del juzgado correccional nº 1 de San Nicolás, Rubén Edgardo Enz, ordenó al al comisario que instruya al personal subordinado «sobre las correctas formas de alojamiento de los detenidos, conforme las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos; erradique la práctica de esposar personas a la reja; proceda a limpiar los calabozos y sectores contiguos y a mantenerlos en buenas condiciones de higiene”.

Un colchón de gomaespuma tirado al piso; falta absoluta de higiene; falta de iluminación natural y artificial; paredes descascaradas y húmedas sumado a que “contiguo al calabozo el personal de la dependencia deposita ciclomotores secuestrados, acumulando allí también restos de colchones de gomaespuma rotos. Todo esto puede resultar altamente combustible ante posibles pérdidas de nafta de los ciclomotores”, sostuvo la defensora Berterame.

 

 

 

El fallo de la Cámara de Apelación sostuvo que las instalaciones de las comisarías de la provincia de Buenos Aires no reunían las condiciones necesarias para alojar detenidos por lapsos de tiempo prolongado indeterminado y obligó al Estado provincial a no permitir que nuevos detenidos sean alojados en dependencias policiales y se desaloje a aquellas personas que se encuentren en dichas circunstancias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky” de 2005 declaró que el encierro en estas dependencias es inconstitucional, aunque en 2014 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires habilitó los calabozos de las dependencias policiales para alojar personas y ese mismo año el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) impugnaron esa decisión. Ante una presentación del CIAJ y CELS, el 15 de noviembre de 2017 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió suspender la Resolución 642/14 que permitía alojar detenidos en calabozos de comisarías y ordenó su traslado a establecimientos en condiciones. Pero el gobierno de María Eugenia Vidal incumple la medida cautelar que ordenó al Estado provincial vaciar esas celdas y no permitir que nuevos detenidos sean alojados en dependencias policiales.

 

 

A un año de la masacre de Pergamino, cuando se le advierte de lo anormal de esa naturalidad con la que se maneja el comisario Acevedo en la comisaría primera de Ramallo al esposar a los detenidos a una reja y tener motos tiradas y mezcladas con la gomaespuma de los colchones dentro de la dependencia, el titular de la dependencia respondió con aire sobrador: “Pondremos la cabeza el día que nos toque”.

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