VIGILAR Y RECAUDAR

Los objetivos del gobierno de Rodríguez Larreta con la nueva Ley de Seguridad Pública

 

En una sesión muy debatida y con todos los votos del oficialismo, la Legislatura porteña aprobó a principios de diciembre una modificación a la Ley de Seguridad Pública. Pocos medios publicaron la noticia y menos aún analizaron lo que ese cambio implica. En cuanto termine de afinarse la implementación de esa norma, cerca de 4.000 de agentes de calle que dependían de plantas orgánicas de distintos ministerios, de las Comunas, de las Agencias de Control o de la Jefatura de Gabinete, pasarán a integrar el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISP). Son la mayoría de los que vemos desarmados con chalecos cumpliendo trabajos de orientación ciudadana, asistencia, cuidado de plazas y otra infinidad de tareas. Esta considerable tropa ahora será parte de los programas de control civil y también tendrá la posibilidad de labrar actas contravencionales y de faltas. Lo que implica más gente para vigilar y recaudar.

Los Agentes de Calle fueron creados apenas antes de la cuarentena, en marzo de 2020, por una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA. Sus funciones no estuvieron definidas hasta que los legisladores levantaron la mano a final de año. Al nuevo cuerpo lo integran los Agentes de Prevención, los de Tránsito y Transporte, los fiscalizadores de Espacio Público de la Agencia de Control, guardaparques y los denominados “agentes con poder de Policía”, que penan en las Comunas, sin entender demasiado bien sus potestades. El nuevo cuerpo de agentes será uno de los 17 miembros del SISP, junto con la Jefatura de Gobierno, la Policía de la Ciudad, el Sistema Penitenciario Porteño, el Instituto Superior de Seguridad Pública, los Foros de Seguridad y otros tantos.

Para entender lo que implica el cambio impuesto por la ley es preciso entender qué es lo que hacen hasta ahora los grupos implicados en el cuerpo de Agentes de Calle. Los Agentes de Prevención realizan monitoreo y prevención en espacios públicos, participan del programa Senderos escolares y de operativos en eventos masivos. Esta última función fue cuestionada y denunciada por legisladores y organismos de derechos humanos, que señalaron que en protestas sociales y gremiales, policías de civil se ponían y sacaban chalecos celestes -similares a los de los Agentes de Prevención- para luego de desarrollar tareas de inteligencia ilegal. La identificación difusa de los agentes puede provocar confusiones en la gente respecto de la autoridad a la que se está refiriendo y los poderes que tiene.

Los Fiscalizadores de Espacio Público dependen de la Agencia Gubernamental de Control y se encargan de supervisar que no haya compra y venta de mercadería no autorizada, entre ellos alimentos en vía pública y pueden sancionar a quienes lo incumplan. También supervisan decomisos e inventarios de bienes incautados. Los Agentes de Tránsito y Transporte son los encargados del “ordenamiento vehicular”, del correcto estacionamiento de autos y de la vigilancia en las paradas de colectivos. La mayor parte de esos agentes dependen de la Jefatura de Gabinete porteña.  El cuerpo de Guardianes de Plazas se encarga de controlar que no se deteriore el patrimonio en los  64 espacios verdes de la Ciudad. Para que se los identifique, llevan en invierno unos camperones celestes con mangas verdes y unas gorras también verdes. En general su tarea es recorrer esos lugares, ver que no se vandalice y responder algunas preguntas de los vecinos. Los últimos en la lista de los que se incorporaron al Sistema de Seguridad porteño son los Agentes con Poder de Policía, que más allá de un nombre que sugiere mayores potestades, no participan de grandes operativos. Su tarea es secuestrar elementos que no cumplan las reglas sobre el uso de espacio (mercaderías, mesas, sillas, etc.), la higiene y el uso de esos espacios, control del arbolado, de baldíos y casas abandonadas.

Respecto de la preparación y formación que deberán tener los agentes también hay un debate. El aumento de responsabilidades no va de la mano con la capacitación. Los Agentes de Prevención -que deberán hacer tareas de apoyo a la Policía y sancionar comportamientos en la vía pública, como lo dispone la Ley 6.395- tienen que completar un curso en el Instituto de Seguridad. Para ellos, eso dura cinco semanas, con una carga de 137 horas. Producto de la pandemia y de la necesidad de acelerar plazos, se resolvió que se achicara a 4 semanas, con 38 horas. Quizás no es del todo equivalente porque tienen entrenamiento en manejo de armas, pero los agentes de la Policía de la Ciudad reciben un curso de dos años de 4.246 horas.

Todos estos agentes, que cumplen funciones de los más diversas, seguirán ampliando sus situaciones de flexibilización. A sus tareas habituales tendrán que sumarle sus tres nuevas competencias: pedir auxilio a la fuerza pública cuando se cometa un delito o una contravención que no puedan resolver con un acta y los ya mencionados labrados de actas de infracciones. No recibirán remuneración extra por esas labores ni dejarán de ocupar su actual puesto en el organigrama, cada uno en su ministerio, jefatura de origen o en las comunas. El programa que realizan está incluido en el Sistema de Seguridad, pero ellos, en lo formal, no. Esto requeriría una regularización de muchos de ellos que aparentemente el Gobierno de Ciudad, al menos por ahora, no está dispuesto a concretar. En el caso de los agentes de Prevención, por ejemplo, según el decreto de su creación de 2017, se establece que el personal “será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese, anticipadamente, sin expresión de causa”. Eso no va a cambiar.

Algunos de los agentes mencionados, como los de tránsito, podía realizar alguna multa solo referida a su actividad. Ahora podrán hacer actas de todo tipo y en funciones cruzadas, como que el guardaparques labre contravenciones de mal estacionamiento y el de tránsito sobre un hostigamiento a chicos en una plaza. Podrán sancionar y, por lo tanto, la Ciudad recaudar, por temas tan amplios como los señalados por el espíritu del Código: “Episodios que generen la alteración al orden público, de la moral y buenas costumbres o un atentado a la seguridad de las personas o de los bienes”.

“La confusión ante semejante diversidad de agentes, con diferentes orgánicas, sin identificación acorde y con funciones diversas, dificulta los controles institucionales del personal que tiene competencias en el marco del espacio público. Por otra parte, se trata de una normativa que preocupa especialmente ante el antecedente de la UCEP, bajo la Jefatura de Gobierno de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta como Jefe de Gabinete, una Unidad de Control del Espacio Público que tenía como función ‘barrer’ a los indigentes de la Ciudad”, explica la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de CABA, Claudia Neira. La legisladora del Frente de Todos, también es la titular de la Comisión de Espacio Público y fue una de las más críticas al proyecto que surgió desde el Ejecutivo.

En 2017, luego de sumar 19.500 agentes de la Policía Federal a los 5.500 que tenía la Metropolitana y de crear la Policía de la Ciudad, el Gobierno porteño constituyó una fuerza que en este momento tiene 26.080 miembros, que además conviven en distintos barrios con la Gendarmería y la Prefectura. Buenos Aires tiene casi 900 policías cada 100 mil habitantes cuando la recomendación de ONU es de 300. Ciudades con índices de peligrosidad mayores, como Ciudad de México, tiene 420.

“Lo que vemos es que la incorporación presupuestaria del Programa que incluye a los Agentes en Calle, si bien es exigua, sigue la misma línea: incorporar paulatinamente más conceptos en la función seguridad para luego sumarlas a las partidas correspondientes al traspaso de la Policía Federal, cuando claramente no guardan relación alguna”, agrega. Para conocer la posición del oficialismo, El Cohete a la Luna se comunicó con el diputado Claudio Cingolani, presidente de la Comisión de Seguridad e impulsor del proyecto, pero luego de que derivara la consulta a sus voceros, no hubo respuesta.

Respecto de ley votada en diciembre, aún no terminaron de definirse los detalles de la implementación. Uno de los problemas es que el levantamiento de actas estaba pensado hacerse de manera digital con las aplicaciones en los teléfonos de los agentes. Y al pasar por los asesores legales, recibieron advertencias sobre esa modalidad. A diferencia de una multa fotográfica vehicular, las contravenciones y faltas precisan que alguien las valide. Al no haber un acta y testigos, las multas podrían ser recusadas. “No es el único problema, hay una cuestión de competencia, que tienen que terminar de definir y comunicarlo masivamente. Muchos van a desconocer las sanciones porque desconocerán a la autoridad que se las aplica, que será un guardaparque identificado como tal. Si hay un gris, habrá problemas judiciales”, advirtieron los abogados consultados.

“El Gobierno de la Ciudad está armando todo este programa de orden y convivencia porque supuestamente todos estos cuerpos de agentes tienen que tener más relevancia y más facultades. Y cuando llegan las acciones que tienen que ver directamente con el ordenamiento de convivencia, como lo son los cortes de calle en las escuelas, pretenden que los hagan los directivos y no los agentes de calle. Yo hice un pedido de informes luego de que a los directores les dijeron que los agentes los iban a instruir pero que no harían los cortes”, alerta Neira sobre los efectos de la superposición de tareas.

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