No son las bombas, ni los militares, ni los misiles los que actualmente están hundiendo a la Argentina, sino —aunque parezca mentira— el propio gobierno del país electo por la ciudadanía.
No es un hundimiento total por el cual todos los connacionales son afectados. Se observan reducidos grupos sociales que no sólo se salvan, sino que se los nota felices, triunfadores en medio del desastre generalizado. Son aquellos que ejercen como cónsules de los grandes conglomerados económico-financieros extranjeros; los aprovechadores de todo lo que remata a precio vil el gobierno nacional: concesiones mineras, petroleras, de pesca, tierras y empresas públicas.
En la actualidad, desde una apreciación supuestamente eficientista que no tiene en cuenta la soberanía y la cultura nacional, se rifan valiosísimos activos públicos mientras se ignoran los porqués de su existencia, se denigra la historia. Se rifan —entre tantos— los enormes esfuerzos que demandaron al país la formación de investigadores científicos que están al más alto nivel internacional, la constitución de equipos médicos de excelencia en hospitales modelo a nivel continental, la formulación de marcos normativos de actividades que los requieren (alimentos, medicamentos, transporte público, construcción, minería e hidrocarburos, energía atómica, organismos de vialidad). Se tronchan las carreras de profesionales y técnicos involucrados en esas actividades. Además, sus vidas familiares se ven seriamente afectadas.
En la esfera privada, cientos de empresas pequeñas y medianas debieron bajar sus cortinas por una política económica que no las apoya —como sí lo hace en todos los países—, sino que las devasta. Muchas empresas grandes han sufrido también y, entonces, para subsistir en el mercado, se vuelcan a la importación; así, despiden empleados que en el actual contexto no encontrarán otro empleo, y se quedan con una dotación mínima de personal.
En el ámbito de la interacción público-privada, especialmente entre institutos de ciencia y tecnología y empresas, un espacio dinamizador de la sociedad donde generalmente se encuentran firmas innovadoras que suelen ser exportadoras, en gran medida, se ha paralizado la inversión. El futuro se ha visto ennegrecido no sólo por la política económica en general, sino por el absoluto desamparo a las actividades de ciencia y tecnología y la cancelación de programas de apoyo a la innovación empresarial.
Frente a semejante desolador panorama, ¿podemos imaginar qué será del futuro del país y de los argentinos? ¿Qué podremos esperar hacia el final del actual gobierno?
Resulta muy difícil responder a esos interrogantes y, por ende, pensar qué se podrá hacer —después de Milei— para reconstruir el país y la sociedad argentina. No obstante, es necesario empezar a pensarlo —en primer lugar— para poder hacerlo cuando llegue ese momento. Es necesario imaginarnos cómo sería posible otra Argentina, una nación donde el pueblo tenga un futuro deseable. Aun cuando es evidente que, con lo actuado hasta el momento por el elenco gobernante, la viabilidad de una nación con futuro para los argentinos ha quedado muy en duda desde todos los ángulos por los compromisos asumidos y por los profundos daños ocasionados.
Antes que nada, habrá que analizar cómo salir del cepo de deuda pública que restringe férreamente los márgenes de maniobra del país para llevar adelante un gobierno que decida trazar su propio rumbo. Será imprescindible conseguir un amplio apoyo popular —basado en una propuesta política decididamente emancipadora— que legitime una renegociación de deuda acorde a las necesidades de la reconstrucción nacional.
También, posiblemente retomando la relación con los BRICS como organismo y, en especial, afianzando la relación con China, en el marco de la cooperación Sur-Sur, puedan establecerse alianzas de mutua conveniencia. Estas serían capaces de contribuir al desarrollo económico y social que el país tanto necesita.
Al respecto, habrá que tener muy presente que el modelo de crecimiento económico de los últimos 15 años, basado fuertemente en exportaciones con escaso valor agregado acompañado de fuga de divisas, se demostró económicamente inviable y socialmente de escaso dinamismo. Esto hizo que el desempleo se volviera crónico y que las divisas nunca alcancen, debido a que los mismos quienes las generan enseguida las fugan.
Entonces aparece la pregunta clave de qué sectores productivos elegirá el Estado para apalancar en procura de su consolidación, teniendo muy en cuenta cómo pueden aportar al dinamismo de la estructura económica y social.
Un caso paradigmático al respecto es el sector automotor argentino, históricamente virtuoso. Este, aun con las limitaciones intrínsecas por pertenecer a un país periférico, fue un complejo productivo dinamizador de la economía, además de haber actuado como formador y capacitador de mano de obra. Sin embargo, se ha ido transformando por conveniencias empresariales en una cuasi-armaduría de partes y componentes importados, incorporando en el país escaso valor agregado. Además, es un sector que goza de prerrogativas especiales —la más notoria, la importación de enorme cantidad de vehículos terminados, subconjuntos, componentes y partes—, con un resultado grandemente deficitario en divisas. Ello lleva a pensar qué hacer a futuro con este sector; cuál sería la lógica de seguir apoyándolo.
En las antípodas, las mayorías populares metropolitanas soportan carencias humanas fundamentales que un gobierno verdaderamente popular no puede dejar de atender de forma reparadoramente prioritaria. Un porcentaje significativo de la población tiene necesidades básicas muy insatisfechas, como ser la carencia de vivienda. Mientras que muchos de los que la poseen no cuentan con servicios de agua potable y cloacas, así como de conexiones de gas (en un país que exporta ese combustible).
Semejantes necesidades implican una inmensa inversión que induciría, entre tantas, la demanda de materiales de construcción, productos siderúrgicos, mano de obra especializada y no especializada; en definitiva, generaría una amplísima movilización de la sociedad, de empresas productoras, de recursos humanos públicos y privados. A su vez, esta dinamización económica y social tendría su efecto multiplicador a través del consumo e inversiones de los individuos implicados.
En los párrafos anteriores se plantean situaciones dispares —la del sector automotor y la de las carencias populares—; ambas, merecedoras de ser atendidas por un renovado Estado basado en un movimiento popular de carácter emancipador que se ocupe del bienestar de las mayorías del país.
Hasta aquí nada se ha dicho de las cuestiones ambientales involucradas en el desarrollo económico y social del país y que deben ser tenidas muy en cuenta —antes que por las convenciones internacionales existentes al respecto, porque habitualmente son ignoradas de manera sustancial—. Están siempre presentes (de manera implícita) en las problemáticas del desarrollo y mayormente afectan y perjudican a los sectores sociales más vulnerables y vulnerados de la sociedad.
En el caso de la planta automotriz, la contaminación debida a la combustión de hidrocarburos es apenas una parte del problema. La decisión política de privilegiar el transporte privado antes que el transporte público es la que conlleva subsidiar al sector, invertir ingentes recursos públicos en carreteras, privilegiar la construcción de estas sobre humedales, bosques, dunas, glaciares y otros paisajes tan necesarios para una vida más saludable. Mientras, los sectores de bajos ingresos deben viajar muchas veces varias horas diarias abarrotados en trenes y colectivos. No cabe duda de que esto tiene relación directa con las condiciones ambientales de la vida humana en sociedad.
En el segundo caso analizado, es muy evidente que las carencias de infraestructuras que afectan la salud y calidad de vida de las personas en sus hogares inciden negativamente en las condiciones ambientales de los grupos sociales vulnerados, quienes tienen derecho a gozar de una existencia digna.
Por último, cabe enfatizar que para poder concretar semejantes propuestas emancipadoras será necesario construir un nuevo Estado nacional capaz de entender y atender las necesidades populares en el marco de la nueva sociedad global, la crisis civilizatoria y la actual era tecnológica.
Va de suyo que recién entonces se podrá con el apoyo del pueblo decidir qué hacer con ese Estado: recorriendo el país, hablando con la gente, haciendo reuniones de discusión acerca de las problemáticas barriales, zonales, regionales, planteando alternativas de soluciones para lograr la dignidad de las personas. Todo esto llevará tiempo, aunque se tendrá la ventaja de que los recursos que se invertirán serían bien apreciados por los beneficiarios y el conjunto de la sociedad.
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