Y la culpa era nuestra

Funcionaries del Estado se capacitaron en materia de género

 

“¿Cómo podemos hacer que impacte la perspectiva de género en nuestras políticas?” La pregunta se las dejó rebotando, en el salón de honor del Centro Cultural Néstor Kirchner, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad a 130 funcionarios, funcionarias y funcionaries de las máximas autoridades del Estado como “tarea para el hogar”. Junto con la socióloga y arqueóloga de las luchas feministas Dora Barrancos, dieron una charla de casi una hora en el marco del cumplimiento de la Ley 27.499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. No fue cualquier día: el viernes 10 de enero se cumplió el primer mes del gobierno de Alberto Fernández y también un año de la promulgación de esta normativa más conocida como Ley Micaela por Micaela García, una joven militante de 21 años del Movimiento Evita que fue víctima de femicidio en Gualeguaychú en abril de 2017.

“Veo algunas caras asustadas pero van a promover todos, todes especialmente, no se asusten”. Así comenzó Barrancos. En las primeras filas del público estaban Alberto Fernández (de corbata verde) e integrantes del gabinete nacional sentados y sentadas. Algunos tomaban notas y hubo momentos en los que las intervenciones de Barrancos y Gómez Alcorta se interrumpieron por los aplausos. Faltaron el Ministro de Salud, Ginés González García, que estaba en Misiones por una reunión sus pares de la región NEA, y el responsable de Defensa, Agustín Rossi, que viajó a la ciudad de Mar del Plata en un homenaje a 44 tripulantes del ARA San Juan. Completaban la audiencia secretaries y subsecretaries de Estado. Casi en simultáneo, en la ciudad de La Plata el Ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán junto a la Ministra de Mujeres, Políticas de Género e Identidad Sexual Estela Díaz firmaban la adhesión a la última actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo. Ni Clarín ni La Nación se hicieron eco en sus tapas del día siguiente de estas dos noticias y hechos históricos para la lucha feminista, en particular, y para la historia política, en general.

 

 

La editora de El Cohete a la Luna, Agustina Paz Frontera, suele hacer un repaso de la semana feminista en este portal. En una sola semana juró la primera subsecretaría de Políticas de Diversidad de la Nación, Alba Rueda, y asumió la primera directora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro. Hasta este momento nunca una persona trans había tenido un rol dentro del Estado argentino en un rango tan jerárquico, ni tampoco se le había asignado una dirección específica a pensar la economía del país en clave feminista. En estos siete días, también, se lanzó Argentina Hace, que anuncia la creación de 20.000 puestos de trabajo y en el que se va a respetar la paridad de género. A su vez, por primera vez las máximas autoridades de la gestión nacional se capacitaron en temáticas de género.

El acto del viernes del nuevo gobierno es un gesto político que pretende derramar en múltiples espacios. Y la culpa —por el contrario de lo que señala el colectivo chileno Las Tesis— de cada una de estas conquistas es de los feminismos que han dinamizado la política en estos años como ningún otro movimiento político.

De todo hecho histórico es fundamental trazar una genealogía para entender procesos: la Ley Micaela, además de constituir un acto de justicia y memoria feminista con el femicidio de la joven de Gualeguay —con su nombre, con su generación y su militancia— es una normativa producto de la batalla que vienen dando los feminismos en Argentina en los últimos años, con la misma insistencia histórica pero con la potencia de lo masivo y el salto de haber sido reconocidos como voz legítima. Una pelea para que se entienda la urgencia de las demandas y denuncias, pero también para que los nuevos sentidos comunes que se construyan fuguen de los enfoques securitarios y punitivos. Las movilizaciones desde el 3 de junio de 2015, cuando salimos a las calles con el lema de Ni Una Menos, no piden más penas, ni más castigos, ni menos libertades. Reclaman otra escucha, más prevención, cuidados, equidad, justicia, mayor presupuesto y políticas públicas que restituyan la dignidad que el patriarcado se roba. Con una Ley que parte de la formación y encuadra el problema desde la prevención, la pelea por esos sentidos comunes es un primer paso en esa pelea.

 

 

La Ley Micaela fue un derecho arrancado al gobierno CEO-machista de Cambiemos, el recortador serial de derechos. A fines de mayo de 2017 dos proyectos de ley similares habían sido presentados por dos, por entonces, diputadas: Araceli Ferreyra y Analía Rach Quiroga, ahora vice gobernadora de Chaco. Fueron tratados en comisiones recién un año después: en noviembre de 2018. La Ley Micaela se aprobó en diciembre de 2018 en medio de sesiones extraordinarias tras el impulso de la denuncia pública y judicial de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación. Además de las implicancias de lo que significó el relato de la joven actriz para abrir, sostener y amplificar las historias de abusos sexuales; en ese momento se había conocido un spot institucional del por entonces Instituto Nacional de las Mujeres en el que aparecía el actor denunciado por violación. A ese marco en el que se dio su aprobación debe sumarse la indignación social que provocó el fallo por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata.

No fue la única conquista de los feminismos en tiempos de neoliberalismo explícito. La Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política se sancionó el 23 de noviembre de 2017. A mediados de 2018 se consiguió la aprobación de la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos, hijas e hijes de víctimas de femicidio. Ese año la fuerza de los feminismos consiguió que el Congreso debatiera por primera vez desde el regreso de la democracia la despenalización y legalización del aborto. La Cámara de Diputados y Diputadas le dio sanción pero no pudo saltar el cerco del Senado. En noviembre de 2019 se consiguió la ley de cupo en los festivales musicales y también una modificación a la Ley 23.485, que incluyó la violencia política como una más de los tipos de violencias machistas.

Como suele ser: entre la ley y los hechos hay largos trechos. El ex Presidente había tomado la capacitaicón con la abulia que lo caracteriza. Con celeridad, antes de una reunión de gabinete Carolina Stanley y Fabiana Túñez habían instruido a Macri y sus funcionarios presentes.

Ese gesto a medias se traslada a cómo dio cumplimiento con esta ley. Por ejemplo, no la reglamentó. Si bien esto no impide su inmediata aplicación, la dificulta. Además, no le dio partida presupuestaria. Y tiene déficits en materia de federalización. En su artículo 10, la Ley Micaela invita a las provincias a adherir. Hasta ahora lo hicieron 21 provincias y 500 municipios. ¿Qué esperan las provincias como Corrientes, Formosa y Tucumán, que todavía no adhirieron? ¿O La Rioja, que adhirió pero no acepta la obligatoriedad de esta formación?

La formación que plantea la Ley Micaela es un punto de partida que encuentra un corset cuando no se acompaña con políticas públicas día a día que piensen además de género, las opresiones de clase, la raza, las condiciones de posibilidad en el mundo de la amplia diversidad de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias: las indígenas, las mujeres con discapacidad, las que están privadas de su libertad, las afrodescendientes y un largo etcétera. El duelo y la crueldad de las violencias han convocado a los feminismos a la acción en estos años. A ese llamado todavía asistimos porque ni la capacitación más masiva frena de inmediato los abusos, las desigualdades y las muertes. La jerarquización de aquello que era demanda y hoy es política da lugar a tener más espacio para imaginar el mundo que queremos habitar con mayor entusiasmo.

 

 

 

 

1 comentario
  1. María Inés BT dice

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