La Argentina no está aislada del mundo: igual que en otros países, también aquí la censura avanza. En algunos casos, se mantiene en niveles de pretensión, sofrenados por la resistencia de una sociedad clarificada. En otros, los atropellos adquieren formas más extremas. En Afganistán, por ejemplo, las periodistas mujeres no tienen permiso para reírse, ni fuera del aire ni fuera de la empresa, porque si las viera alguien ligado a los talibanes podrían cerrar la emisora (ver diario El País).
De modo que en la Argentina pueden seguir haciendo de las suyas, ya que es posible retrucar con el “no vas a comparar”, argucia a mano de miembros del gobierno, como Santiago Caputo, o empresarios privados como Víctor Santa María. El primero intentó amedrentar a un fotógrafo que cumplía su labor; sobre él, claro. El segundo mandó a dejar sin empleo a miembros de su canal, en el Día de los Trabajadores.
Los intentos de acotar la labor de la prensa argentina bajan desde el titular del Poder Ejecutivo Nacional. A sus continuos improperios y al avasallamiento sobre el personal de los medios públicos, se sumaron intentos por incidir en la supervivencia de una empresa, cuya continuidad fue puesta en duda por Javier Milei durante una entrevista.
El propietario de Perfil, Jorge Fontevecchia, judicializó la situación. Atribuyó los ataques a las investigaciones de su grupo editorial, con informes sobre el entonces candidato y su vínculo con el esoterismo, los pasajes de sus libros plagiados y las denuncias de venta de candidaturas.
Para hablar de ello acaba de invitar a un editor de Clarín a la presentación de su libro Fontevecchia vs. Milei. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo, a la Feria del Libro. Allí planteó que “Milei critica a los periodistas que llegan a la clase social y educativa más alta”. La razón lo asiste si se considera las últimas amenazas de accionar en tribunales contra Carlos Pagni, analista político en La Nación, por sus palabras en el programa Odisea, donde habló de un libro sobre Hitler (minuto 3.30) y de los ataques a la prensa (5.20).
Quienes prefieran leerlo pueden hallar el texto a partir del quinto párrafo de su nota La Argentina, una torre de Babel.
Milei dice haber interpretado que Pagni comparó su ascenso con el de Hitler. El diario salió a decir que su columnista no había dicho eso, y El Cohete coincide, como podrá hacerlo cualquiera que oiga el video, donde lo que se compara es el estado de incomunicación de la clase dirigente previa al ascenso nazi.
El diario dio entidad a la cuenta de X @mileibarrial –porque es habitual que Milei la cite– donde a las 13.16 se advirtió: “Si ustedes atacan, se deben bancar el vuelto”. A las 18.39, Milei agregó: “queda en evidencia el operador serial Carlos Pagni, quien incurre en el delito de banalizar el holocausto con tal de ensuciar políticamente”. Retuiteó decenas de mensajes contra el periodista.
En esa retahíla, durante la noche entró en escena la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, lo que podría sorprender a quienes no siguen los alineamientos de la dirigencia judía. La comunicación de la DAIA se preocupa por dichos que no existieron. El texto, que tampoco está en su web, fue posteado en la red de Elon Musk y no da nombres propios, salvo el de Hitler, para diferenciarlo de “nuestro Presidente argentino”:
Nos despierta profunda preocupación y rechazo la comparación de la realidad circundante a la llegada al poder del monstruo que generó la peor tragedia de la historia universal con la realidad argentina.
Comparar las condiciones por las cuales nuestro Presidente argentino…
— DAIA (@DAIAArgentina) April 30, 2025
Milei también se refirió otros colegas. De Joaquín Morales Solá dijo que distorsionaba sus dichos sobre las retenciones: “lo quería mostrar como una apretada al campo”. A Jorge Fernández Díaz lo acusó de engañar con su afirmación de “que terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional en una situación desesperante”. A Florencia Donovan la menoscabó como “mentirosa” por referir que él “amenaza con un garrote al campo”.
Todas esas actitudes contra uno de los derechos democráticos más fáciles de respetar, como la libertad de expresión, se dan en un contexto electoral de incertidumbre para el oficialismo, aunque no sólo para él.
Fotos que inquietan
Este martes, a la salida del encuentro televisado entre candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma, el principal asesor en el gobierno nacional pretendió amedrentar a un fotógrafo tomando nota de sus datos a partir de manifestar que no quería hablar con la prensa ni que lo retrataran. Lo dijo al salir del estudio con un saco de color muy original, bamboleando su cuerpo a cada paso, saboreando una golosina.
Cuando Antonio Becerra ejerció su derecho y su obligación profesional, “el segundo hombre en importancia del gobierno” (Milei dixit) se abalanzó sobre la credencial del joven para hacerle una captura con su celular.
No le partieron la cabeza por detrás, como hicieron con Roberto Navarro, dueño de un portal de noticias y una radio crítica del gobierno, ni por delante, como el balazo disparado a Pablo Grillo durante la represión a otra forma de expresión, las movilizaciones de protesta. El asesor estrella es más sutil, por algo ubicó gente suya en lugares clave como el servicio de Inteligencia y el control impositivo.
Consultado por la prensa, Becerra negó que se planteara una denuncia penal, aunque comentó que “tanto Tiempo Argentino, el diario para el que estoy colaborando, como la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), llevan a cabo un comunicado y actividades en repudio”.
Como ahora nadie terminó con la cabeza rota, lo incomparable con aquellos dos episodios repudiables habilitó al vocero presidencial (y candidato) Manuel Adorni a minimizar: “Caputo quería ver quién era el periodista para ver si había salido bien o no en la foto; me parece bien”.
¿Y por casa?
En las empresas privadas, la situación no es mejor. Hasta allí llega la mano invisible del mercado que no puede ocultar una incidencia estatal, ya que tanto las políticas económicas que devinieron en recesión, como el recorte de las pautas publicitarias gubernamentales, contribuyen al silenciamiento de más voces.
Tal el caso del canal IP (Información Periodística) que, desde febrero, cambió tres gerencias. Por allí pasó el ex vocero presidencial Alfredo Scoccimarro, cuyo relanzamiento de programación y conductores no consiguió nuevos ingresos.
El canal es del gremialista Víctor Santa María, quien desde su Grupo Octubre controla un canal de aire, un diario y media docena de radios.
A la demora para pagar sueldos sumaron tandas de despidos que empezaron con los no inscriptos, mal denominados “en negro”, sin preaviso, con un llamado que decía: “Soy de Recursos Humanos del Canal IP. Me toca decirte que desde mañana el canal ya no va a necesitar de tus servicios. Desconozco los motivos”.
Los telefonazos de la empresa del sindicalista comenzaron este miércoles, en víspera del Día de los Trabajadores.
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