La bandera de 30 metros se despliega delante del vallado dispuesto para alejar al pueblo de sus representantes: “Senadores, diputados: NO VENDAN EL ESTATUTO DEL PERIODISTA, la libertad de expresión y el derecho a la información”. La sostienen trabajadores de prensa y dirigentes de sindicatos de todo el país, que se movilizaron el jueves al Congreso para reclamar que se traten los proyectos para actualizar o prorrogar la ley que desde 1946 protege la actividad de los periodistas y su deber de informar. En la contrarreforma laboral de febrero se aprobó su derogación a partir del 1º de enero de 2027. Senadores republicanos de la UCR y bloques provinciales se comprometieron entonces a trabajar en la proclamada “modernización”, pero luego se desentendieron de su promesa. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) presentó en junio un proyecto para actualizar el Estatuto de acuerdo a la nueva realidad del trabajo en prensa. Desde entonces, hiberna en la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado que preside la cordobesa PRO-libertaria Carmen Álvarez Rivero, la misma que el año pasado puso en duda el derecho de los niños de todo el país a ser atendidos en el Hospital Garrahan. Los dueños de medios cuestionan con mesura los llamados del Presidente a “quemar en la hoguera” a los “hijos de puta” que difunden noticias molestas, pero acompañan gustosos a Milei, el PRO, la UCR y peronistas de algunas provincias en su cruzada para arrasar con los derechos laborales en sus empresas.
Una mancha más al tigre
El ataque sistemático del gobierno contra los trabajadores de prensa suma cada semana nuevos capítulos. Gases y balas de goma a la cabeza de los reporteros gráficos que cubren los operativos represivos contra manifestaciones son apenas la punta del iceberg. Los insultos del Presidente contra periodistas, las convocatorias a odiarlos, el deseo confeso de que ardan en la hoguera y las campañas sucias de la trolera a sueldo del Estado son a esta altura componentes centrales de la identidad de la gestión de Milei, Bullrich & Cía.
No tan visibles pero no menos nocivos para ejercer el oficio y garantizar el derecho a la información, también son marcas registradas de la derecha argentina el desguace de los medios públicos, el silenciamiento de la Agencia Télam, la censura en Canal 7 y Radio Nacional, las denuncias para acallar voces molestas, el ajuste sobre medios autogestivos o el desmantelamiento de organismos de defensa del público y las audiencias. El repaso de decisiones del Ejecutivo que pregona la libertad y sólo acepta entrevistas de aduladores genera nostalgia por los tiempos del “queremos preguntar” que coreaba la autopercibida prensa independiente.
La mala nueva de 2026 para los trabajadores de diarios, portales, radios y canales, que los empresarios de medios celebran y militan en voz baja, es el intento de Milei y sus aliados republicanos del PRO, la UCR y algunos bloques provinciales de eliminar el Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo, el logro fundacional del gremio de prensa en 1944, con la Secretaría de Trabajo y Previsión conducida por Juan Domingo Perón como aliada clave, según reseñó Tomás Eliaschev al cumplirse 80 años de su firma [1].
Palabra de senador
El proyecto de reforma laboral original de La Libertad Avanza y el PRO incluía la derogación inmediata del Estatuto que en 1946, ya con Perón como Presidente, se convirtió en Ley 12.908. El rechazo de los sindicatos que integran la FATPREN y el cabildeo ante legisladores de variados pelajes permitió evitarlo y postergar la derogación hasta el 1º de enero de 2027. “A los diputados y senadores que votaron la prórroga bajo el pretexto de abrir un plazo para modernizar la norma, les exigimos que honren su palabra. Deben asumir su responsabilidad institucional y compromiso, aportar al debate y garantizar que el Estatuto del Periodista Profesional sea tratado y aprobado antes de que la prórroga venza”, plantearon hace ya ocho meses, tras la aprobación de la regresión laboral.
Sin perder tiempo, los gremios se abocaron a trabajar en la modernización de la ley. A principios de junio presentaron en el Senado el proyecto de actualización, que se propone preservar los principios históricos del Estatuto pero también adecuarlo a los desafíos del presente. El texto aborda el impacto de la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales, plantea un salario mínimo nacional para la actividad e incorpora licencias específicas por violencia de género, salud mental y cobertura de exteriores en situaciones de represión, entre otros puntos.
“Necesitamos tener la certeza de que nuestro Estatuto no va quedar derogado. Esta prórroga es un aliento para discutir cualquier modernización, pero el Estatuto contiene los aspectos protectorios más importantes de nuestra norma. Está para que los periodistas no seamos presionados por ejercer nuestra labor y nos da protección ante un Presidente que pide despedir en las empresas periodísticas por la información que brindamos”, destacó entonces Carla Gaudensi, titular de FATPREN.
La anfitriona aquel 9 de junio fue la senadora Carolina Moisés, titular de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, quien expresó el deseo de lograr la aprobación de la Cámara Alta en dos meses para que siguiera su curso en Diputados. El acompañamiento de legisladores de diversos espacios políticos parecía denotar interés y apoyo transversal al reclamo de los trabajadores de prensa.
Con el correr de las semanas, las presiones de los empresarios nucleados en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobre los senadores surtieron efecto. “Nos da mucha impotencia que los mismos bloques que nos dijeron ‘traigan una propuesta para discutir’ ahora no quieran debatir la actualización del Estatuto”, denunció en julio Agustín Lecchi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). “No puede pasar un día sin Estatuto del Periodista porque sería una regresión enorme para la libertad de expresión y para el derecho a la información de la ciudadanía. Y en eso está de acuerdo también FOPEA. No es un tema sólo gremial. Hay un consenso en nuestra actividad, desde los periodistas de mayor renombre hasta el trabajador de prensa que recién se inicia en la profesión”, destacó.
A fines de julio, desde el bloque de Convicción Federal se planteó la necesidad de incorporar con urgencia a la agenda de comisiones del Senado el proyecto de reforma, que Victoria Villarruel había sido girado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social presidida por Álvarez Rivero, quien jamás la activaría.
En agosto el tema se planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia sobre la reforma laboral. “Reformar no es destruir. El gobierno no propuso modernizar el Estatuto, sino aniquilarlo y dejarnos sin protección ante las poderosas empresas periodísticas”, advirtió Francisco Rabini, secretario adjunto del SiPreBA y delegado histórico de Clarín. “Al eliminar protecciones específicas, el Ejecutivo despojó a los periodistas de su principal escudo de autonomía. Un periodista precarizado es un periodista silenciable”, explicó.
En septiembre la Comisión de Libertad de Expresión encabezada por Moisés recibió a representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y le solicitó una vez más a Álvarez Rivero un plenario de comisiones para tratar el proyecto. “Si no se puede dialogar ni debatir entre nosotros, difícilmente vamos a llegar a un texto”, advirtió la jujeña. Citado entonces al Senado, el periodista tucumano Fernando Stanich, titular de FOPEA, consideró “sumamente peligroso” que se derogue el Estatuto “en este escenario de debilidad para el ejercicio del periodismo”, y destacó que “el periodista profesional desempeña una función de servicio del bien común y el interés público que sólo puede ser ejercida bajo ciertas condiciones, por eso es importante que el Estatuto no pierda vigencia”.
De la protesta ante el Congreso participaron dirigentes de prensa de todo el país, representantes de carreras de comunicación y organizaciones sociales. La titular de FATPREN agradeció “a los senadores que nos siguen recibiendo” y lamentó la actitud de quienes deshonraron su palabra. “Senadoras y senadores, escúchennos, es muy desigual la pelea y necesitamos que no vendan el Estatuto”, exigió. La escuchaban los senadores Mariano Recalde, Marcelo Lewandowski, Ana Inés Marks, María Teresa González y Cristina López, y el diputado Esteban Paulón.
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En paralelo se presentó el pedido formal para que Álvarez Rivero y el resto de los miembros de la Comisión de Trabajo se reúnan y traten de una buena vez el proyecto, para evitar que la inacción parlamentaria decante en un vacío legal que exponga al periodismo a una situación de mayor vulnerabilidad aún frente a las presiones políticas, económicas y judiciales.
La nota apunta en particular a los senadores que se comprometieron a discutir la actualización de la Ley 12.908 en el marco de la prórroga, como los radicales Eduardo Vischi (Corrientes) o Carolina Losada (Santa Fe, ex periodista), la misionera Sonia Rojas Decut (del grupo de legisladores que despegaron de Carlos Rovira para alinearse con el gobernador Hugo Passalacqua), el santacruceño José María Carambia o la propia Moisés.
Para que la Comisión de Trabajo se reúna son necesarias las firmas de nueve de sus 17 integrantes, que incluye a cuatro libertarios, una procaz y tres radicales. Por ahora hay sólo seis firmas: los peronistas Recalde, González, Lewandowski, Juliana Di Tullio y Jorge Capitanich, y la salteña Flavia Royon. Con tres de las once restantes se llegaría al número para destrabar el tratamiento.
“Desde la sanción de la reforma laboral, la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado no se volvió a reunir ni una sola vez. Las y los senadores que muchas veces hablan de la regulación laboral no están haciendo su laburo”, denunció Lecchi, del SiPreBA. “En un contexto de gran ataque a la libertad de expresión, donde el Presidente dice que nos quiere quemar en la hoguera, los empresarios de medios aprovechan la política laboral de este gobierno para derogar una ley que nos protege y resguarda la libertad de expresión”.
Ayer sumó su voz el Círculo de Periodistas Parlamentarios, que cuestionó la displicencia de Álvarez Rivero para referirse a la precarización laboral.
“Debería promover soluciones legislativas en lugar de limitarse a describirla”, advirtieron los cronistas que cubren el día a día del Congreso. Consideraron “especialmente preocupante que la senadora, además de relativizar la situación de los trabajadores de prensa, obstaculice el tratamiento de los proyectos legislativos presentados para abordarla. Impedir esos debates supone desatender sus responsabilidades institucionales y debilitar el funcionamiento democrático del Congreso”.
Sobre el debate por la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional y la no apertura del debate en la Comisión de Trabajo por parte de @carmenAlvarezR el Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) expresó: https://t.co/1viZwifu2b
— fernando fraquelli (@ferfraquelli) October 31, 2026
[1] En eso llegó Perón, por Tomás Eliaschev. En Perón y el gremio de prensa. A 80 años del Estatuto del Periodista, SiPreBA, 2024.
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