Yo desobedezco

Un juez de Bariloche censura a la prensa

 

Un juez de control de Garantías de Bariloche impuso restricciones al trabajo en los medios de comunicación que decidí no cumplir por ser infundadas, contrarias al derecho constitucional de la libertad de prensa y, por sobre todo, por producirme violencia moral. En una audiencia de control de acusación penal realizada la última semana, a pedido de la defensa y sin argumentar su decisión, el juez Sergio Pichetto dispuso que la prensa no puede difundir la identidad de dos coimputados ni las imágenes de su presencia en esa audiencia pública. La identidad de los dos hombres de El Bolsón fue proporcionada por el propio Poder Judicial en la carátula del legajo por abigeato y violación a normas por la pandemia de Covid-19, por lo que no se ajusta a las causales de restricción previstos por el Código Procesal Penal (CPP) vigente en Río Negro.

En defensa de los estándares de libertad conquistados colectiva e históricamente por y para el conjunto de la sociedad –no sólo para lxs trabajadorxs de prensa– no respeto esa restricción judicial. Más allá del valor informativo que pueda tener la identidad y la imagen personal de los imputados, no convalidaré ese retroceso en derechos ganados por generaciones en condiciones muchísimo más adversas que las nuestras. La cordillera andina patagónica es escenario de profundos conflictos en los que lxs trabajadorxs de prensa tenemos una responsabilidad y una labor. Decisiones como las de Pichetto son a la medida de la protección e impunidad de los grandes jugadores del plan sistemático del despojo en la región.

Héctor Rubén González y Ariel Adalberto Puchi son los imputados que lograron la protección judicial. Se los investiga como presuntos autores materiales del robo y faena clandestina de un toro de raza en una estancia en Cuesta del Ternero, el mismo paraje donde en noviembre del año pasado asesinaron al joven mapuche Elías Garay Cayicol.

 

 

 

 

La audiencia

El miércoles 16 se realizó online la audiencia de formulación de cargos contra González y Puchi por el robo de un toro Aberdeen Angus de cuatro años de la estancia El Boquete, cometido entre el 29 y el 30 de mayo del año pasado, según la acusación sostenida por José Luis Torcchia de la Unidad Fiscal de El Bolsón, correspondiente a la Tercera Circunscripción judicial. Efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron una madrugada a los hombres en la ruta provincial que atraviesa Cuesta del Ternero, prácticamente en su empalme con la ruta nacional 40, a unos 12 kilómetros al norte de El Bolsón. Un procedimiento de control en el marco de las restricciones por la pandemia derivó en el registro de la camioneta de Puchi y requisa de las piezas del animal faenado con cuero. Dardo Daniel Oñate, encargado del establecimiento, denunció el robo del animal de su propiedad, según la formulación de cargos y detalle de la prueba planteada por Torcchia. Abigeato y faena clandestina, sumado a la violación a las restricciones de aislamiento social y obligatorio impuestas por la pandemia, son las figuras en las que la Fiscalía encuadró los hechos para esta etapa de la investigación los hechos.

 

 

Mónica Goye, defensora oficial, representó a los co-imputados. Anticipó que cuestionará la supuesta propiedad del toro por parte de Oñate. Diez minutos de audiencia para formalidades y fondo. Al final, Goye pidió al juez que disponga no difundir datos de sus representados para garantizar el principio de presunción de inocencia “hasta que haya una sentencia definitiva”. Torcchia no puso ninguna objeción y dijo que “son atendibles los argumentos”. Pichetto hizo lugar al planteo sin argumentar.

 

Defensora Mónica Goye.

 

El Código Procesal Penal en Río Negro es la ley 5.020. Tiene dos artículos vinculados a la publicidad de los actos judiciales, que no fueron citados por Goye ni mencionados por el fiscal ni el juez que tomó la decisión:

  • El artículo 73 sostiene: “Las audiencias serán públicas. No obstante el juez o tribunal podrá decidir fundadamente que se realice total o parcialmente en forma privada cuando: 1) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o ello implique una amenaza para la integridad física de alguno de los intervinientes. 2) Peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial cuya revelación pueda causar un perjuicio grave. El Tribunal podrá imponer a las partes que intervinieren en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron. No podrán ingresar a la sala de audiencias personas que se presenten en forma incompatible con la seguridad y el orden de la audiencia ni los menores de catorce (14) años de edad, salvo cuando sean acompañados por un mayor que responda por su conducta”.
  • El artículo 74, sobre medios de comunicación, asegura: “Los representantes de los medios de difusión podrán presenciar las audiencias e informar al público sobre lo que suceda. El juez o el Tribunal señalarán en cada caso las condiciones en que se ejercerán esas facultades y, por resolución fundada, podrá imponer restricciones cuando sea perjudicial para el desarrollo del debate o puedan afectarse los intereses indicados en el artículo anterior. Si la víctima, el imputado o un testigo solicitan que no se autorice a los medios de comunicación a que se grabe su voz o su imagen, el tribunal examinará los motivos y resolverá en función de los diversos intereses comprometidos”.

El legajo en cuestión y la situación procesal de González y Puchi no quedan comprendidas en ninguna medida de protección en vigencia, según consultas realizadas a abogados y funcionarios del Poder Judicial local.

 

 

 

 

Área de conflicto

El cuatrerismo es una práctica endémica en el eje El Bolsón/El Maitén/Ñorquinco, ubicación del establecimiento donde trabaja el denunciante. La estancia El Maitén del grupo Benetton es blanco privilegiado de esa práctica, lo que le consta a buena parte de la población local y a la policía provincial. A la vez, los pobladores mapuche sufren la falta de reconocimiento de los derechos propios al momento de documentar la propiedad de sus animales, trasladarlos y faenarlos. La discrecionalidad de los agentes estatales para perseguir a unos y hacer la vista gorda ante otros está muy documentada por parte de las comunidades mapuche.

Así, el avance judicial en un caso de presunto abigeato es poco frecuente. La identidad de los imputados fue el dato informativo fundamental para solicitar asistir a la audiencia de formulación de cargos del miércoles pasado.

Además, El Boquete es vecina a la estancia de Benetton. Los dos establecimientos sufrieron los incendios de pastizales, bosques y forestaciones en febrero y marzo del año pasado. Parte de su superficie está en territorio de Río Negro, otra al sur del paralelo 42 en Chubut. Se accede por la ruta provincial 6, tanto desde El Bolsón como desde El Maitén.

El aprovechamiento económico de los árboles quemados fue la razón por la que se instalaron en el paraje Martín Cruz Freilberg y Marcos Ravasio, co-imputados por el crimen de Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera, ambos integrantes de la Lof Quemquemtrew. El año pasado, otro juez de Garantías de Bariloche, Víctor Gangarrossa, dispuso que la prensa no publique imágenes de los co-imputados detenidos en un penal provincial en Viedma, quienes asistieron en forma conjunta a una audiencia pública que se realizó online.

 

 

En febrero de este año se realizaron 1.122 audiencias penales en todas las circunscripciones judiciales, según la documentación institucional. No hay constancias de restricciones a la prensa en otras circunscripciones –sólo en la zona andina–, de acuerdo a la verificación con funcionarios públicos del área de Comunicación del Poder Judicial.

 

 

 

Gatos y liebres

El invierno del ’99 nevó mucho en la zona de Zapala, en el centro de Neuquén. Estaba alerta porque estaban programadas las audiencias del juicio oral y público contra Mario Del Campo, un administrador de campos que recurría frecuentemente a las armas de fuego contra pescadores y cualquiera que caminara por las rutas cercanas. Raúl Granillo Ocampo, ministro de Justicia de Carlos Menem, llegó en helicóptero al aeródromo de Zapala. La audiencia pública de la Cámara Penal se hizo a las dos de la madrugada, según me enteré al día siguiente. Después, Del Campo fue contratado por Ted Turner para administrar su campo en Collón Curá.

Aquellos episodios oscurantistas aparecen larvados en estos de Pichetto y Gangarrossa, con alcances políticos y prácticos que es mejor analizar a tiempo.

 

 

 

 

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